STC3875-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3875-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00915-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga contra la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2020-00015. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 26 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Civil Oral del Circuito de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia anticipada en el proceso ejecutivo singular de radicado 2020-00015, promovido por Carlos Duque S\u00e1nchez y Paula Andrea Casas contra Piedad Cecilia y Diego Casas Id\u00e1rraga, en la que dispuso no declarar probadas las excepciones propuestas y continuar con la ejecuci\u00f3n1, decisi\u00f3n que fue apelada por la parte vencida2. <\/p>\n
2.2. El 24 de mayo siguiente, el ad quem natural concedi\u00f3 t\u00e9rmino para sustentar la alzada, lo cual fue realizado por la recurrente3. <\/p>\n
2.3. El 26 de octubre ulterior, la abogada de la aqu\u00ed accionante remiti\u00f3 memorial al juez de segunda instancia poniendo en conocimiento, como un hecho nuevo, el auto dictado el 22 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Sincelejo en el que se decidi\u00f3 no aprobar el contrato de transacci\u00f3n del 27 de septiembre de 2019, que indic\u00f3 es el \u00abes el t\u00edtulo dentro del se\u00f1alado proceso ejecutivo\u00bb4. <\/p>\n
2.4. El 16 de noviembre de 2021, el Tribunal accionado rechaz\u00f3 el documento aportado, indicando que, \u00abconforme lo establece el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, no es esta la oportunidad procesal para aducir pruebas y por tanto tal documento no se tendr\u00e1 en cuenta\u00bb5. Contra esa determinaci\u00f3n, la solicitante inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n6. <\/p>\n
2.5. El 15 de diciembre posterior, el estrado judicial adecu\u00f3 el medio impugnatorio impetrado y le dio el tr\u00e1mite de recurso de s\u00faplica7, el cual fue desatado, mediante prove\u00eddo del 7 de marzo, confirmando lo resuelto8. <\/p>\n
Adicionalmente, adujo que la se\u00f1alada probanza \u00abdemuestra en s\u00ed misma la falta de claridad y exigibilidad del t\u00edtulo en ejecuci\u00f3n, toda vez que las condiciones existentes en el contrato de transacci\u00f3n no fueron ni han sido cumplidas y por el contrario hubo un abuso del derecho sobre ese acto y por lo tanto no se puede demandar con fundamento en ese t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se ordene al Tribunal accionado dejar sin efectos las decisiones adoptadas en torno a la prueba aludida y que se imponga tenerla como tal, por tener \u00abincidencia directa en el se\u00f1alado proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Unitaria de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y la titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, indicaron que en el expediente de la causa natural obran las razones de hecho y de derecho que sustentan sus decisiones, por tanto, no adicionaran nuevos argumentos. <\/p>\n
2. Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga y Carlos Duque S\u00e1nchez, solicitaron que se mantenga inc\u00f3lume la decisi\u00f3n de la Sala Dual de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en lo referente a no tener como v\u00e1lida la prueba sobreviniente presentada por Piedad Cecilia Casas. Esto, como quiera que no se avizora lesi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de la actora. <\/p>\n
3. Diego Alberto Casas Id\u00e1rraga alleg\u00f3 memorial coadyuvando las pretensiones de la promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se amparen las garant\u00edas superlativas invocadas, las cuales considera vulneradas por la autoridad judicial convocada como consecuencia de la negativa de incorporar la prueba sobreviniente solicitada al expediente. <\/p>\n
2. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de subsidiariedad, debido a que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, se est\u00e1 resolviendo la alzada interpuesta contra la sentencia del 26 de enero de 2021, en la cual la apoderada recurrente cit\u00f3, entre otros argumentos, el tr\u00e1mite de un proceso de nulidad del contrato de transacci\u00f3n suscrito el 27 de septiembre de 2019 y solicit\u00f3: <\/p>\n
\u00abRevocar la sentencia apelada por falta de la pr\u00e1ctica probatoria rechazada u desestimada por el Ad quo, que imped\u00eda la expedici\u00f3n de una Sentencia Anticipada desconociendo el precedente Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Revocar la Sentencia por incurrir el fallador en favor raciocinio la Claridad del T\u00edtulo Ejecutivo, por encontrarse en tr\u00e1mite Nulidad de Contrato de Transacci\u00f3n. <\/p>\n
Revocar la Sentencia por incurrir el A Quo en la claridad de la obligaci\u00f3n de suscribir acto para dirimir tr\u00e1mite ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por delitos de Oficio. <\/p>\n
Revocar la Sentencia por la nulidad del contrato de transacci\u00f3n conforme los art\u00edculos 2472, 2475 y 2476 del C\u00f3digo Civil\u00bb9 (Se subraya). <\/p>\n
En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que, al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice, no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; m\u00e1xime que uno de los reproches es la ausencia de requisitos para dictar sentencia anticipada por ser procedente la pr\u00e1ctica de pruebas y, por tanto, ser\u00e1 el ad quem quien determine lo pertinente. Lo anterior, aunado a que, como bien se puso de presente en el auto del 7 de marzo de 2022, la autoridad judicial conserva \u00abla facultad oficiosa de decretar pruebas (inciso 1\u00ba del art. 327 del CGP\u00bb10. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. <\/p>\n
En cuanto al car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala ha determinado que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
En igual sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-335 de 2018, rese\u00f1\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-17, archivo \u201c44 Sentencia anticipada \u2013 ejecutivo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 13-31, archivo \u201c7d56f049-9897-4d23-9bf6-cea637a31a56\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, 32 y 33. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, 49-64. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, 65. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem, 66 y 67. <\/p>\n
8\u0002 Folios 68-71, archivo archivo \u201c7d56f049-9897-4d23-9bf6-cea637a31a56\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Memorial sustentaci\u00f3n apelaci\u00f3n. <\/p>\n
10\u0002 Folios 68-71, archivo archivo \u201c7d56f049-9897-4d23-9bf6-cea637a31a56\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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