STC3882-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3882-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mar\u00eda Emma G\u00f3mez L\u00f3pez le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Manizales, a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Porvenir S.A. -, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2016-00593. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora, en nombre propio, invoc\u00f3 los derechos al \u00abm\u00ednimo vital, debido proceso, igualdad y seguridad social\u00bb, para que se declarara que, en las sentencias dictadas en las instancias del juicio laboral de la referencia, \u00abse present\u00f3 un defecto sustantivo (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 que se le concediera \u00abla pensi\u00f3n de sobrevivientes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, en el litigio que le promovi\u00f3 a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Porvenir S.A. – para el reconocimiento de la \u00abpensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb por el fallecimiento de su hijo Santiago Atehort\u00faa L\u00f3pez (rad. 2016-00593), neg\u00f3 las pretensiones (19 ag. 2018); determinaci\u00f3n que el superior en grado de consulta convalid\u00f3 (18 sep. 2018). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero no se quebr\u00f3 el veredicto del ad quem (SL1889, 10 jun. 2020). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los juzgadores \u00abindicaron que en el presente caso no puede aplicarse la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n solicitada toda vez que no es posible aplicar la ley m\u00e1s favorable ya que de hacerlo se desconocer\u00eda el imperativo mandato art\u00edculo 16 del CST (\u2026)\u00bb y, desconocieron \u00ab(\u2026) lo expuesto en la sentencia C-020 de 2015, que condicion\u00f3 la exequibilidad del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo de la Ley 860 de 2003, (\u2026) en el entendido de que se aplique, en cuanto sea m\u00e1s favorable, a toda la poblaci\u00f3n joven que en el caso de marras seria nuestro camino a seguir\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral destac\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al auxilio, aduciendo que \u00ab(\u2026) si se estudiara de fondo la acci\u00f3n ello a nada conducir\u00eda, pues la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, principio inspirado por la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, se aplica dentro de los contornos que la Corporaci\u00f3n, m\u00e1ximo \u00f3rgano judicial en el trazado de la uniformidad de dichos criterios, ha delineado en las dos \u00faltimas d\u00e9cadas, no siendo viable para un asunto como el que se trat\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n censurada por esta v\u00eda, tal cual se explic\u00f3 con suficiencia en la misma. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales resumi\u00f3 las actuaciones surtidas en la lid objetada y requiri\u00f3 que no accediera al resguardo suplicado. <\/p>\n
Porvenir S.A. dijo que \u00abde conformidad con el estudio de la norma anteriormente transcrita PORVENIR S.A. procedi\u00f3 a verificar si el se\u00f1or SANTIAGO ATEHORTUA GOMEZ (q.e.p.d.) cumpl\u00eda con el requisito de las cincuenta semanas de cotizaci\u00f3n para acceder al beneficio de pensi\u00f3n en los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento. El estudio demostr\u00f3 que el se\u00f1or SANTIAGO ATEHORTUA GOMEZ (q.e.p.d.) NO cotiz\u00f3 las 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento 14 de noviembre de 2012, por lo tanto NO CUMPLI\u00d3 con el requisito de semanas para acceder al beneficio pensional. Por tal raz\u00f3n, esta Administradora remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n, en la cual se le informa a la se\u00f1ora MARIA EMMA GOMEZ LOPEZ la causal de RECHAZO de la solicitud pensional. Igualmente, dentro de la citada comunicaci\u00f3n se inform\u00f3 a la accionante acerca del derecho que ten\u00edan para acceder a la entrega de los recursos existentes en la cuenta individual de ahorro pensional de la se\u00f1ora SANTIAGO ATEHORTUA GOMEZ (q.e.p.d.) en los t\u00e9rminos de lo dispuesto en el Art\u00edculo 78 de la Ley 100 de 1993 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego por mora en la activaci\u00f3n de este instrumento y porque la resoluci\u00f3n cuestionada es \u00abrazonable y debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
La actora replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor, agregando que \u00ab(\u2026) corresponde al Juez de tutela valorar el cumplimiento del principio de inmediatez, para lo que cuenta con los criterios indicados por la corte Constitucional en su jurisprudencia, teniendo en cuenta lo acaecido en cada caso en particular. (\u2026) la demanda se present\u00f3 con el fin de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de mi hijo Santiago Atehort\u00faa L\u00f3pez, quien contaba con 20 a\u00f1os de edad y ten\u00eda cotizadas en el a\u00f1o anterior a su fallecimiento 28 semanas para el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, indicando que si bien es cierto no cotiz\u00f3 las 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento como lo exige la ley, si cotiz\u00f3 28 semanas, densidad que era suficiente toda vez que se trata de una persona joven que apenas estaba empezando a trabajar y en ese sentido se debe acudir al precedente jurisprudencial respecto de las cotizaciones efectuadas por los j\u00f3venes, adem\u00e1s hay que tener en cuenta que si bien mi hijo no cotiz\u00f3 las 26 semanas en vigencia de la Ley 797 de 2002, no es menos cierto que la densidad de semanas que fue incrementada, no puede ser atribuible a una persona joven y por se hace el llamado a la excepci\u00f3n de retrotraer la aplicaci\u00f3n de la norma sobre las 26 semanas y aplicar a la poblaci\u00f3n joven\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque la querellante atac\u00f3 tambi\u00e9n los pronunciamientos del Juzgado Segundo Laboral del Circuito (19 ag. 2018) y el Tribunal Superior de Manizales (18 sep. 2018), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al cerrar el debate suscitado (SL1889, 10 jun. 2020). <\/p>\n
2.- Se advierte que, si bien es cierto la presente acci\u00f3n se radic\u00f3 un (1) a\u00f1o, seis (6) meses y cinco (5) d\u00edas, despu\u00e9s de expedido el fallo confutado, tambi\u00e9n lo es que, el presupuesto temporal establecido por la jurisprudencia para la viabilidad de la \u00abtutela\u00bb se tiene por superado, cuando la controversia recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se considera actual, como ac\u00e1 sucede (STC20333-2017, que memor\u00f3 lo esbozado por la Corte Constitucional en la SU1073-2012). <\/p>\n
3.- De la evidencia allegada al plenario muy pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, debido a que se avizora que la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (20 jun. 2020) que no cas\u00f3 la de 18 de septiembre de 2020 expedida por el Tribunal de Manizales, no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del paginario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 razonablemente las pruebas que soportaron el pleito, de cara a la \u00abviabilidad del reconocimiento de la pensi\u00f3n por sobreviviente\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, la Colegiatura censurada, inicialmente precis\u00f3 que Santiago Atehort\u00faa L\u00f3pez falleci\u00f3 el 14 de noviembre de 2012, por lo que \u00abla norma que regula la posible pensi\u00f3n de sobrevivientes que de tal hecho jur\u00eddico se deriva es la prevista en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en la forma como modific\u00f3 el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, <\/p>\n
\u00abla norma que rige la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente a la fecha de la muerte del causante, para este caso, la contenida en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en la forma como modific\u00f3 el art\u00edculo 46, numeral 2 de la Ley 100 de 1993, que exige, antes que todo, haberse cotizado por el causante por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento. Y como en esta situaci\u00f3n tampoco queda duda que las 26.17 semanas de cotizaci\u00f3n del causante lo fueron entre el 14 de noviembre de 2009 y el mismo d\u00eda y mes de 2012 tal cual lo dio por probado el Tribunal, es decir, a\u00f1os despu\u00e9s de que hubiere entrado en vigencia la Ley 797 de 2003 y hubiere sido modificada la norma original de la Ley 100 de 1993 –29 de enero de 2003–, la demandante y ahora recurrente no tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en la norma que en verdad gobierna el caso\u00bb. <\/p>\n
Frente al \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb aducido, adver\u00f3 que como el causante no cotiz\u00f3 en vigencia de ninguna otra norma distinta a la enunciada, <\/p>\n
\u00abno es posible acudir a la f\u00f3rmula excepcional (\u2026), para el acceso a pensiones como la de sobrevivientes, por ser presupuesto ineludible de la aplicabilidad del mismo que frente a la norma pretendida como rectora de la situaci\u00f3n alegada se hubiere ostentado la \u00abcondici\u00f3n\u00bb de cotizante, con independencia de la que se pretenda como tal, dado que la teleolog\u00eda de dicho principio lo que persigue es que la vigencia de una norma no afecte la situaci\u00f3n jur\u00eddica que se ten\u00eda ante una anterior, pero que a\u00fan no hab\u00eda operado por estar pendiente solamente del acaecimiento de la contingencia o infortunio que aquella proteg\u00eda y que la nueva normativa modific\u00f3 en desmedro de esa particular y concreta situaci\u00f3n, aunque lo hubiere hecho en forma positiva sobre la condici\u00f3n o situaci\u00f3n general y universal de los potenciales beneficiarios de la nueva disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, dijo frente a la C-020 del 2015, que <\/p>\n
\u00abcondicion\u00f3 la exequibilidad del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, en la que se reformaron algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en el entendido de que la prestaci\u00f3n de invalidez all\u00ed contemplada se aplique, en cuanto sea m\u00e1s favorable, a toda la poblaci\u00f3n joven , la cual puede entonces acceder a la pensi\u00f3n si adem\u00e1s de cumplir los restantes requisitos tiene 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la estructuraci\u00f3n de la invalidez o a su declaratoria\u00bb <\/p>\n
Aclar\u00f3 que <\/p>\n
\u00abaplica \u00fanicamente en trat\u00e1ndose de pensiones de invalidez como acertadamente lo estableci\u00f3 el Tribunal, por manera que no puede ser sost\u00e9n de la pretensi\u00f3n pensional de la actora con el simple pretexto de que la norma invocada hubiere previsto el reconocimiento del derecho con la exigencia, entre otras, de contar con 26 semanas de cotizaci\u00f3n, pues de verse as\u00ed f\u00e1cilmente se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que siempre procede, pues no hay norma alguna que de manera similar hubiere facilitado el derecho pensional con tan reducido n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n en toda la vida del trabajador. <\/p>\n
4.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de este mecanismo, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
5.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el prove\u00eddo refutado, advirtiendo que para esta Corte es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo resuelto por el juez natural (STC13808-2021). <\/p>\n
6.- Lo dicho conlleva a la refrendaci\u00f3n de lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3882-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3882-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00019-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62376","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62376\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}