STC3886-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3886-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2022-00053-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que Fernando Rodr\u00edguez Beltr\u00e1n le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia y a la Comisaria Segunda de Familia, ambos de esa misma ciudad, extensiva a Mariana Silva Calder\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Valentina y Miguel Rodr\u00edguez Silva pidi\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, para que se ordenara a las autoridades accionadas \u00abdeclaren nula toda actuaci\u00f3n en mi contra por el proceso iniciado por mi esposa la se\u00f1ora Mariana Silva Calder\u00f3n, por solicitud de interposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n y cualquier otro que se haya iniciado con ocasi\u00f3n de la misma\u00bb. <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que el 12 de mayo de 2020 la Comisaria cuestionada admiti\u00f3 la solicitud de medida de protecci\u00f3n por presunta violencia intrafamiliar que en su contra inco\u00f3 Mariana Silva Calder\u00f3n por hechos acaecidos el 10 de mayo anterior. <\/p>\n
Adver\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n 019 de 2020 se adopt\u00f3 \u00abmedida de protecci\u00f3n definitiva\u00bb en favor de Silva Calder\u00f3n, manifest\u00e1ndose en la misma que \u00e9l \u00aben descargos de manera voluntaria, parcialmente aceptados los hechos de la denuncia radicada en su contra el pasado 10 de mayo de 2020, dado que la situaci\u00f3n presentada la interpreta como conflictos de pareja y familia (\u2026)\u00bb, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y el Juzgado Segundo de Familia confirm\u00f3, se\u00f1alando que la \u00abprueba decretada no fue tomada ni tenida en cuenta para el fallo como se evidencia en la p\u00e1gina 61 del expediente 2020\/8399 donde figura el proceso, pero considerando suficiente mi supuesta confesi\u00f3n espont\u00e1nea y con ello mi culpabilidad\u00bb (9 jul. 2020). <\/p>\n
Esboz\u00f3 que el 3 de noviembre de 2021 su esposa reiter\u00f3 la rogativa, abri\u00e9ndose el tr\u00e1mite incidental respectivo; raz\u00f3n por la que nuevamente fue citado sin saber el motivo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que se impuso \u00ab(\u2026) una medida de protecci\u00f3n sin el cumplimiento de las pruebas ordenadas por el despacho y que el mismo d\u00eda de la presentaci\u00f3n de los descargos la comisaria fallo en mi contra, sin saber que en esa audiencia yo har\u00eda unos descargos, o que ten\u00eda posibilidad de allegar pruebas o contradecir las que ya obraban en el expediente, pues nunca se me dio la oportunidad procesal para ello\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia y la Comisaria Segunda de Familia de Manizales, resumieron las actuaciones surtidas en el litigio objetado y se opusieron al resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 el ruego por no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el libelista con las mismas alegaciones del escrito genitor, agregando que \u00ab(\u2026) Se nota que ni siquiera se estudi\u00f3 el expediente para determinar si efectivamente se violaron mis derechos de defensa, contradicci\u00f3n y debido proceso, pues la misma Magistrada menciona que es imposible en este momento dado el lapso transcurrido examinar si las conclusiones o los procedimientos agotados por las autoridades administrativas fue el correcto, demostrando con sus observaciones como esta \u201cpues de ser tan crasos los errores y adversas sus consecuencias, debi\u00f3 el se\u00f1or Fernando, desde el momento mismo en que ocurrieron, acudir a los estrados constitucionales, m\u00e1s no aguardar semejante lapso,\u201d la falta de estudio de mi caso con ocasi\u00f3n a la preceptuado por la corte frente a la interposici\u00f3n de la tutela en tiempos m\u00e1s extensos de lo usual, recordando que para la tutela no hay caducidad y debe examinarse la circunstancia especifica en cada caso, como parte del ejercicio que deben hacer los jueces y magistrados en ejercicio de su profesi\u00f3n y como administradores de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses posteriores al instante en que se produjo la aparente conculcaci\u00f3n, lo que tiene fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la herramienta prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre tal t\u00f3pico, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo\u2026por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n \u2026\u201d (STC1777-2020, reiterada en la STC13271-2021). <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, en atenci\u00f3n el 9 de julio 2020 resolvi\u00f3 \u00abconfirmar las medidas de protecci\u00f3n definitivas adoptadas por la Comisaria Segunda de Familia de esta ciudad, mediante Resoluci\u00f3n Nro. 019-20 del 11 de junio del 2020 dentro del procedimiento administrativo por violencia intrafamiliar (\u2026)\u00bb; sin embargo, entre dicha data y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (1\u00b0 mar. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de un (1) a\u00f1o y ocho (8) meses, lo cual significa que, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer el resguardo. <\/p>\n
De modo que dicha dilaci\u00f3n, impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se tard\u00f3 en elevar la queja constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida imputable a los organismos acusados. <\/p>\n
3.- Por otro lado, se avizora que el 3 de noviembre de 2021 se admiti\u00f3 el \u00abtr\u00e1mite incidental\u00bb propuesto por Silva Calder\u00f3n y se cit\u00f3 al querellante para recibirle declaraci\u00f3n sobre los nuevos hechos aducidos por aquella; no obstante, \u00e9ste en dos ocasiones ha pedido el aplazamiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que, si el descontento del impulsor se extiende al prove\u00eddo que abri\u00f3 la articulaci\u00f3n por presunto desacato a la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb, es en el curso natural de dicho diligenciamiento donde debe exponer sus inconformidades, para que sea el juez ordinario el que las solvente; pero contrario a ello, se ha mostrado renuente, lo que torna inviable este sendero, pues bien es sabido que este camino <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC1423-2020 y STC11965-2021 entre otras). <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 el veredicto de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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