STC3887-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3887-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de febrero de 2022 por la Sala de Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Luis Alberto Ram\u00edrez Junca en representaci\u00f3n de su hijo Santiago Ram\u00edrez P\u00e9rez, le instaur\u00f3 al Juzgado Trece de Familia de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el decurso debatido. <\/p>\n
1. El libelista, obrando en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda de las garant\u00edas al \u00abdebido proceso e inter\u00e9s superior del menor\u00bb, para que \u00abse deje sin efecto la providencia proferida por el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, en cuanto por privilegiar una forma procesal que no alteraba ni afectaba los intereses ni derechos de ninguna de las partes, vino a vulnerar los derechos fundamentales de [su] hijo y a colocarlo de nuevo, en grave riesgo de afectaci\u00f3n de su salud, tanto f\u00edsica como emocional\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que desde el a\u00f1o 2020 solicit\u00f3 protecci\u00f3n ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Envigado frente a su expareja Sara Luc\u00eda P\u00e9rez Luna porque le imped\u00eda tener relaci\u00f3n directa con su descendiente Santiago Ram\u00edrez P\u00e9rez de cuatro a\u00f1os de edad, lo que deriv\u00f3 en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (13 may. 2021) en el que se le otorg\u00f3 la custodia provisional del menor (28 oct.), materializada el 4 de noviembre de esa calenda. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la Comisar\u00eda declar\u00f3 \u00aben vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb al peque\u00f1o como consecuencia de \u00ablas conductas ejecutadas por su madre y adopt\u00f3 medidas de protecci\u00f3n definitiva a su favor como la ubicaci\u00f3n del ni\u00f1o en el hogar paterno, lo referente a alimentos, visitas y acudir a procesos psicoterap\u00e9uticos, a fin de adquirir herramientas para la resoluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos de pareja\u00bb (Resoluci\u00f3n n\u00b0 005 de 12 nov. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que en desacuerdo, P\u00e9rez Luna formul\u00f3 el recurso de homologaci\u00f3n, en virtud del cual, el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn declar\u00f3, de oficio, la nulidad \u00abde todo lo actuado desde la resoluci\u00f3n # 005 proferida por la Comisar\u00eda de Familia 2 de Envigado\u00bb, al estimar que \u00abel menor reside desde el 4 de noviembre de 2021 con su padre en Medell\u00edn, por tanto, la autoridad administrativa de Envigado no ten\u00eda competencia para emitir el fallo objeto de homologaci\u00f3n\u00bb y \u00aborden\u00f3 remitir el expediente a la Comisar\u00eda de Medell\u00edn, quien ser\u00e1 la encargada de emitir un nuevo fallo\u00bb (14 en. 2022). <\/p>\n
En su criterio, con tal disposici\u00f3n se afectaron los atributos esenciales del menor, pues \u00absi bien es cierto que la competencia hoy es del comisario de Medell\u00edn, tambi\u00e9n lo es que el proceso estaba ya con toda la prueba recaudada de todo un equipo interdisciplinario conformado desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o con la inmediaci\u00f3n del Comisario de Envigado que conoci\u00f3 a plenitud los detalles y con su resoluci\u00f3n protegi\u00f3 los derechos constitucionales de [su] hijo\u00bb, y \u00abla juez se supedit\u00f3, de manera mec\u00e1nica, a la aplicaci\u00f3n de criterios meramente t\u00e9cnicos procesales, sin considerar los efectos da\u00f1inos que genera a [su] hijo el cambio de equipo multidisciplinario y la tardanza para que un nuevo funcionario y su equipo, puedan conocer a fondo la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn se opuso al ruego, con cimiento en que \u00abse presenta incumplimiento del requisito de subsidiariedad\u00bb por cuanto no \u00abse interpuso el recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la nulidad\u00bb y no existe vulneraci\u00f3n de privilegios supralegales al infante. <\/p>\n
La Comisar\u00eda Segunda de Familia de Envigado rog\u00f3 amparar \u00ablos derechos deprecados\u00bb, por cuanto con el prove\u00eddo atacado se crea \u00abuna clara inseguridad jur\u00eddica y hasta sujeta a capricho, no s\u00f3lo para aquellos que de manera delegada administramos justicia para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes sino para ellos mismos\u00bb. <\/p>\n
El Procurador 120 Judicial II de Familia requiri\u00f3 \u00abtutelar los derechos invocados\u00bb, ya que \u00abuna vez aprehendida la competencia, al juzgador le est\u00e1 vedado modificarla, a\u00fan en el evento que existiere cambio de domicilio del menor\u00bb. <\/p>\n
Sara Luc\u00eda P\u00e9rez Luna rese\u00f1\u00f3 los conflictos acontecidos entre ella y el tutelante en relaci\u00f3n con su convivencia como c\u00f3nyuges y padres, adem\u00e1s de las acciones judiciales y administrativas que ha adelantado, y suplic\u00f3 se desatienda la salvaguarda. <\/p>\n
El Comisario de Familia de la Comuna Catorce El Poblado de Medell\u00edn expres\u00f3 que despu\u00e9s de declarada la invalidez objeto de controversia, le fue enviado el asunto \u00abpor la autoridad administrativa de Envigado\u00bb; sin embargo, el 14 de febrero de 2022 se abstuvo de conocerlo \u00aben raz\u00f3n a que el t\u00e9rmino para resolver estaba vencido, por tanto, declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n a los jueces de familia de Medell\u00edn, correspondi\u00e9ndole al Quince de Familia\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Quince de Familia de esa urbe dijo que la citada Litis fue allegada de manera incompleta, por lo que exhort\u00f3 al \u00abComisario de la Comuna Catorce El Poblado\u00bb y no ha asumido el \u00abconocimiento de las diligencias\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el amparo tras cavilar que \u00abla jueza accionada no tuvo en cuenta la prevalencia de los derechos del ni\u00f1o, su protecci\u00f3n integral y su inter\u00e9s superior al declarar de oficio la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida por la Comisar\u00eda con fundamento en una causal inexistente, por lo que incurri\u00f3 en una indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 97 y 100 par\u00e1grafo 5 de la Ley 1098 de 2006, as\u00ed como de las normas del estatuto procesal civil en las que bas\u00f3 su decisi\u00f3n y, por el contrario, se abstuvo de resolver la homologaci\u00f3n, motivo por el cual la situaci\u00f3n del ni\u00f1o se encuentra a la fecha indefinida, m\u00e1xime que como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Suprema de Justicia, la autoridad competente para conocer de este tipo de procesos es la del lugar donde se encuentre el menor al momento de presentarse la situaci\u00f3n que origina la apertura de la actuaci\u00f3n y su variaci\u00f3n con posterioridad no constituye por regla una excepci\u00f3n al principio de perpetuatio iurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso \u00abdejar sin efecto el auto proferido el 14 de enero de 2022\u00bb para que el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, \u00abcontinu\u00e9 con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de homologaci\u00f3n (\u2026) la que deber\u00e1 resolver en un t\u00e9rmino no superior al contemplado en el inciso 8 del art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018, que modific\u00f3 el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
La funcionaria implicada replic\u00f3 el veredicto, para cuyo efecto revel\u00f3, que \u00abante la disparidad de criterios de los Magistrados de la Sala de Familia del Tribunal de Medell\u00edn e inclusive de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema\u00bb, en cuanto \u00aba que para unos no es posible la alteraci\u00f3n de la competencia de oficio, trat\u00e1ndose de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, cuando el menor con posterioridad al auto de apertura del asunto var\u00eda su residencia\u00bb no se le puede imponer un criterio de interpretaci\u00f3n, por lo que a su juicio \u00abel presente fallo desborda el campo de acci\u00f3n del Juez Constitucional, al querer imponer su criterio sobre una norma\u00bb. <\/p>\n
De igual modo refut\u00f3 Sara Luc\u00eda P\u00e9rez Luna reiterando los argumentos esbozados en su contestaci\u00f3n y, agreg\u00f3 que \u00aba pesar de las denuncias por violencia intrafamiliar, con las respectivas medidas de protecci\u00f3n; a pesar de evidenciar hasta la saciedad que el accionante representa un peligro contra la suscrita y [su] hijo, en un procedimiento abiertamente arbitrario, el ICBF retira el ni\u00f1o del medio familiar y entrega custodia al padre, en cumplimiento de lo ordenado por el Comisario Segundo de Envigado, quien desde el inicio demostr\u00f3 de manera inigualable su desconocimiento al obligarla entre otros a confrontar al victimario cara a cara, prohibici\u00f3n expresa contenida en la ley de violencia contra las mujeres (\u2026) De las actuaciones de este servidor, muchas madres han denunciado serias irregularidades a trav\u00e9s de las redes sociales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la ratificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de primera instancia, porque ninguno de los reparos del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, siendo necesario aclarar que, pese a que Luis Alberto Ram\u00edrez Junca no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la providencia que \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de oficio desde la Resoluci\u00f3n 005 de 12 de noviembre de 2021\u00bb, a pesar de que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n era viable para cuestionarla, tal omisi\u00f3n debe superarse ante la evidente infracci\u00f3n de prerrogativas superlativas, que involucran a un menor de edad. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u2026\u201d (STC5062-2021, reiterada en STC6569-2021). <\/p>\n
2.- Ahora bien, lo anhelado puntualmente por el quejoso, es que se ordene al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn dejar sin efecto la susodicha providencia, porque \u00abpor privilegiar una forma procesal que no alteraba ni afectaba los intereses de ninguna de las partes, vino a vulnerar los derechos fundamentales de [su] hijo, y a colocarlo de nuevo, en grave riesgo de afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto basta con advertir, que conforme lo pregona el art\u00edculo 9 de la Ley 1098 de 2006, \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb, por lo que el convocado debi\u00f3 propender por garantizar el goce efectivo de los derechos del peque\u00f1o Santiago, entendiendo por inter\u00e9s superior \u00abel imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb (art. 8 ib\u00eddem), lo cual deriva en la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedir o retrasar su goce efectivo. <\/p>\n
Revisada el interlocutorio de 14 de enero de 2022, se contempla que el estrado accionado decret\u00f3 de oficio la nulidad desde la Resoluci\u00f3n n\u00b0 005 de 12 de noviembre de 2021 emitida por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Envigado, dentro del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos en favor del menor, tras colegir que \u00abno ten\u00eda competencia para resolver\u00bb en raz\u00f3n a que el infante se traslad\u00f3 a la ciudad de Medell\u00edn desde el 4 de noviembre de ese a\u00f1o, en virtud de la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb decretada en el mismo asunto, sin tener en cuenta que ninguna causal de invalidez se configur\u00f3 en este caso, pues el funcionario administrativo no actu\u00f3 \u00ab(\u2026) en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u2026\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba, art. 133 del C. G. del P.), dejando de lado, adicionalmente, una adecuada ponderaci\u00f3n de los principios jur\u00eddicos en conflicto, al hallarse \u00abinvolucrado un sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ello, por cuanto, al margen de si existe un criterio unificado de la jurisprudencia en torno a la aplicabilidad o no del principio de la perpetuato jurisdictionis a asuntos donde el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente involucrado cambia de domicilio, lo cierto es que el motivo de nulidad en el cual se soport\u00f3 la juzgadora no se materializ\u00f3, en tanto, al no haberse solicitado por los intervinientes en las diligencias el env\u00edo de las mismas a otra Comisar\u00eda \u2013en este caso a la de Medell\u00edn-, no hubo declaraci\u00f3n de falta de competencia y, en esa medida, el Comisario de Familia de Envigado continu\u00f3 actuando v\u00e1lidamente hasta decidir el tr\u00e1mite; m\u00e1xime cuando el traslado del menor de Envigado a Medell\u00edn obedeci\u00f3 a que en el diligenciamiento cuestionado, el 28 de octubre de 2021 se adopt\u00f3, como medida provisional, la entrega del ni\u00f1o a su padre quien reside en la \u00faltima localidad. <\/p>\n
En un caso de similares perfiles al actual, esta Sala, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abY es que, como lo expres\u00f3 el fallador de primera instancia, la falta de competencia, en materia de restablecimiento de derechos, es una irregularidad de naturaleza subsanable, tal y como se infiere de lo dispuesto en el inciso final del par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el cual dispone que \u00ab[e]n caso de declararse falta de competencia respecto de quien ven\u00eda conociendo a prevenci\u00f3n, lo actuado conservar\u00e1 plena validez, incluso la resoluci\u00f3n que decida de fondo el proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidente es que el legislador no contempl\u00f3 la ausencia de competencia como un vicio de tal entidad que conllevara la invalidez insubsanable de la actuaci\u00f3n administrativa, al punto que, una vez resuelta con decisi\u00f3n de fondo, ninguna injerencia irradia que se declare la prenotada falta de competencia. <\/p>\n
Luego, a\u00fan de entenderse que hab\u00eda alguna duda sobre la competencia de la defensor\u00eda de familia para conocer del proceso de restablecimiento de derechos de la menor ABC, lo cierto es que cualquier anomal\u00eda que pudo surgir sobre el particular se vio saneada al no haber sido alegada por ninguno de los intervinientes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 136 (numeral 1\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de restablecimiento de derechos, en virtud de la remisi\u00f3n normativa consagrada en el art\u00edculo 100 (par\u00e1grafo 6\u00b0) del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
De acuerdo a lo dilucidado, evidente es que el estrado acusado, al margen de no tener competencia para conocer, en sede de homologaci\u00f3n, el asunto criticado, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un yerro al declarar la nulidad del mismo\u00bb (STC063-2021). <\/p>\n
V\u00e9ase que adem\u00e1s de ser infundada \u00abla decisi\u00f3n de la juez\u00bb, la misma gener\u00f3 \u00abtraumatismo o dilaci\u00f3n injustificada\u00bb en la soluci\u00f3n efectiva que demanda el peque\u00f1o, como quiera que despu\u00e9s de esa \u00abnulidad\u00bb se halla acreditado en el plenario que el paginario fue enviado al Comisario de Familia de la Comuna Catorce El Poblado de Medell\u00edn, quien \u00abse abstuvo de avocar el conocimiento por cuanto el t\u00e9rmino para resolver estaba vencido y declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia\u00bb y lo remiti\u00f3 al Juzgado Quince de Familia de ese lugar, autoridad que \u00abno ha asumido el conocimiento\u00bb por encontrarse \u00abincompletas las diligencias\u00bb, lo que se ha convertido en un \u00abestancamiento de la actuaci\u00f3n\u00bb y, por ende, en una lesi\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n de justicia que requieren los intervinientes de esa controversia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se divisa que la increpada con su actuar, se abstuvo de resolver la homologaci\u00f3n que le fue asignada desde enero de 2022, motivando que al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del peque\u00f1o se hallara sin definir, resultando, en \u00faltimas, que \u00abel remedio podr\u00eda resultar peor que el mal que pretende conjurar\u00bb; recu\u00e9rdese que el principio \u00abdel inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb consagrado en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y otros instrumentos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, como la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Ni\u00f1os adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por Colombia mediante Ley 12 de 1991, opera \u00abcomo norma de procedimiento\u00bb, esto es, \u00absiempre que se tenga que tomar una decisi\u00f3n que afecte a un ni\u00f1o, el proceso deber\u00e1 incluir una estimaci\u00f3n de las posibles repercusiones (positivas o negativas) que puede tener para el ni\u00f1o o los ni\u00f1os interesados. La evaluaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o requieren garant\u00edas procesales\u00bb (STC13786-2021). <\/p>\n
Al punto, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha adoctrinado, que: <\/p>\n
\u00abcuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria \u2026\u201d (STC11177-2020, reiterado en STC12755-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, vale la pena precisar, la juez accionada, adem\u00e1s de no controvertir el fundamento del \u00abveredicto del a quo constitucional \u2013la inexistencia de la causal de invalidez decretada-\u00bb, toda vez que centr\u00f3 en argumentar la disparidad de criterios sobre la \u00abaplicabilidad del principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb en eventos como el presente, no demostr\u00f3 tales aseveraciones, en tanto el precedente de esta Corte que le sirvi\u00f3 de base a su impugnaci\u00f3n -sentencia STC3070-2021-, declar\u00f3 la \u00abrazonabilidad de la decisi\u00f3n que sanciona con multa a la sociedad infractora, por el retardo injustificado en el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia en un caso de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, escenario muy distinto al que aqu\u00ed nos convoca, raz\u00f3n de m\u00e1s para impartir integral confirmaci\u00f3n al fallo confutado. <\/p>\n
3.- Finalmente, en torno a las manifestaciones de la tambi\u00e9n recurrente Juliet Tatiana Orozco Giraldo, en el sentido que \u00abla labor del Comisario Segundo de Envigado, se caracteriz\u00f3 entre otras cosas, por vulnerar la ley al confrontarla al victimario sin reparo alguno y desestimar las denuncias penales y dem\u00e1s acciones que en su contra ha promovido\u00bb alteraciones que podr\u00edan entra\u00f1ar la posible comisi\u00f3n de conductas disciplinarias y\/o penales, es a ella a quien corresponde noticiarlas directamente a las autoridades competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida con ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se impone la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3887-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3887-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62380"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62380\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}