STC3893-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3893-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00116-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores del amparo deprecaron, mediante apoderado, la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales \u00abDE DEFENSA, CONTRADICCI\u00d3N Y DEBIDO PROCESO\u00bb, presuntamente conculcados por los juzgadores encausados, dentro del dossier punitivo n.\u00b0 \u00ab2019-01141\u00bb, el cual se surte respecto a ellos por el punible de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a las determinaciones all\u00ed tomadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de conocimiento de Sincelejo, quien adelanta el expediente arriba descrito, a trav\u00e9s de auto de 21 de julio de 2021, proferido en audiencia preparatoria, dispuso remitirlo con destino al paginario n.\u00b0 \u00ab2018-00363\u00bb que tramita su par despacho Tercero \u00eddem contra los aqu\u00ed promotores, por el mismo delito referido a espacio y el de \u00abfalsedad material en documento p\u00fablico\u00bb. Lo anterior, luego de acceder a la \u00abconexidad procesal\u00bb solicitada por el defensor t\u00e9cnico en dicha diligencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El estrado judicial receptor (el Tercero Penal) rehus\u00f3 la cognici\u00f3n conjunta de ambos consecutivos en interlocutorio del d\u00eda 29 siguiente, en el cual opt\u00f3 por enviarlos al Tribunal Superior; corporaci\u00f3n esta que en virtud de su Sala Penal hubo de devolver las actuaciones al Juzgado Cuarto con providencia de 20 de septiembre posterior, al esgrimir que era la dependencia que deb\u00eda asumir la direcci\u00f3n de los dos procesos.<\/p>\n
3. Finalmente, se tiene que el mencionado despacho Cuarto dej\u00f3 sin efectos, en determinaci\u00f3n del d\u00eda 28 postrero, lo decidido el 21 de julio, tras esgrimir que los expedientes han de agotarse \u00abpor cuerdas separadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los tutelantes criticaron, en s\u00edntesis, que con sus resoluciones el tribunal y el juzgado cuarto repelidos pasaran por alto la necesidad del conocimiento conexo de ambos decursos punitivos y, por ende, lo previsto en el art\u00edculo 52 de la ley 906 de 2004. Adujeron que no tienen otro camino para demostrar el desacierto de tales falladores. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los dispensadores de justicia fustigados (juzgados tercero y cuarto penales) se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus proveimientos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La fiscal\u00eda compareciente en el plenario n.\u00b0 \u00ab2019-01141\u00bb relat\u00f3 estarse a las resultas del debate de marras. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La procuradur\u00eda adscrita al mismo proceso se mostr\u00f3 a favor del resguardo implorado contra el estrado cuarto, con motivo del auto de 28 de septiembre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, \u00abtoda vez que (\u2026) no puede emplearse para retrotraer las etapas y tr\u00e1mites\u00bb del dossier punitivo n.\u00b0 \u00ab2019-01141\u00bb, el cual se halla en curso, m\u00e1xime si en el consecutivo \u00ab2018-00363\u00bb est\u00e1 programada la audiencia preparatoria el 19 de febrero de la anualidad que transcurre, en donde la parte actora podr\u00eda perseverar en la \u00abconexidad\u00bb pretendida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por los convocantes, bajo la vocer\u00eda de su mandatario y en discrepancia del a-quo constitucional, bajo la reiteraci\u00f3n de sus censuras. Insistieron en que s\u00f3lo les queda este camino. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abno es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene carente de ventura la acudida de marras, pese a las argumentaciones de los memoriales primigenio e impugnatorio, merced a que el proceso punitivo materia de cuestionamiento se halla en curso, en fase preparatoria de juicio oral, igual que el n.\u00b0 \u00ab2018-00363\u00bb; es decir, ni siquiera se han sentenciado. <\/p>\n
Entonces, el amparo no es el canal id\u00f3neo para elucidar aspectos relacionados con la viabilidad de la \u00abconexidad procesal\u00bb atribuidas, ya que la ley penal ofrece a los sujetos involucrados precisas herramientas de defensa judicial a fin de que expongan ante el juez natural sus planteamientos o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00ba del decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, la Corte puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 01155-01; replicada, entre muchas otras, en STC10591, 3 ago. 2016, rad. 01093-01). <\/p>\n
Y en similar sentido precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb\u2026 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 00084-01; y STC5429, 28 abr. 2016, 00332-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, vislumbrada la improsperidad del resguardo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual es dable discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el fallador constitucional, este queda relevado de analizar el fondo del asunto, porque de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del juez ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que los promotores tildan de irregulares, pues lo cierto es que, como qued\u00f3 dicho, a\u00fan no se han zanjado, de forma definitiva, las causas penales que se surten en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se reafirmar\u00e1 el veredicto de primer grado, por lo consignado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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