STC3895-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3895-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00894-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Luis Guillermo Cort\u00e1zar Garc\u00eda, Juan Carlos Echavarr\u00eda Due\u00f1as, Gloria Portilla de Villamil, Virgilio Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez, Ricardo Lomanto del Castillo, H\u00e9ctor Fernando Garc\u00eda Parra, Arcadio Dimat\u00e9 P\u00e9rez y H\u00e9ctor Julio Pach\u00f3n Ca\u00f1\u00f3n, quienes aducen actuar en nombre propio y como miembros del Consejo de Administraci\u00f3n del Condominio Campestre El Pe\u00f1\u00f3n P.H. contra la Sala de Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpersoner\u00eda jur\u00eddica\u00bb, \u00abcumplimiento de fallos judiciales\u00bb, \u00abpropiedad privada\u00bb y \u00ablibertad de asociaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, dejar sin efecto el auto de 7 de marzo de 2022 por medio del cual el Tribunal revoc\u00f3 las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Alba Yolanda G\u00f3mez Revollo, Hern\u00e1n Francisco Hern\u00e1ndez y la Sociedad Grupo Tovar Romero S.A.S. incoaron contra el Condominio Campestre El Pe\u00f1\u00f3n de Girardot juicio de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea y nulidad de decisiones adoptadas por la asamblea general, criticando la celebrada el d\u00eda 6 de julio de 2020, por cuanto no se convoc\u00f3 a ning\u00fan copropietario, no se determin\u00f3 el coeficiente de cada unidad privada, no se public\u00f3 la convocatoria, no darse cumplimiento a los requisitos previstos para su realizaci\u00f3n establecidos en el reglamento y violar las normas relativas a la emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 16 de diciembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, decretando la nulidad de todas las decisiones adoptadas en la citada asamblea, as\u00ed como en las actas del consejo de administraci\u00f3n y orden\u00f3 a la secretar\u00eda de gobierno de Girardot inscribir a los representantes que se encontraban inscritos antes de la reuni\u00f3n celebrada el 6 de julio de 2020, as\u00ed como al administrador convocar a asamblea general de copropietarios virtual; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 2 de julio de 2021 por el Tribunal; determinaci\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Refirieron los quejosos que, en cumplimiento del referido fallo, adelantaron la asamblea virtual donde, entre otros, fueron elegidos como el nuevo consejo de administraci\u00f3n a trav\u00e9s del acta n\u00b0 88 de 6 y 10 de marzo de 2021; que ante dicha situaci\u00f3n pidieron medida cautelar; que el 21 de septiembre de 2021 el Juzgado, con fundamento en el literal c) del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso accedi\u00f3 a tal cautela, ordenando a los miembros del consejo de administraci\u00f3n, cuya elecci\u00f3n fue anulada con el fallo se abstenga de realizar cualquier acto relacionado con la administraci\u00f3n del condominio, as\u00ed como disponer que la Secretar\u00eda de Gobierno de Girardot inscriba la decisi\u00f3n adoptada en la asamblea general ordinaria realizada los d\u00edas 6 y 10 de marzo de 2021, que se hab\u00eda convocado en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 16 de diciembre de 2020 y suspender provisionalmente la resoluci\u00f3n 059 de 25 de julio de 2021, que dispuso la inscripci\u00f3n del actual represente legal; ello, por cuanto \u00ablos miembros del consejo de administraci\u00f3n cuya elecci\u00f3n fue anulada, han venido realizando asambleas ordinarias y extraordinarias en los mismos t\u00e9rminos, han terminado contratos y han movido sumas exorbitantes de dinero de las cuentas del condominio\u00bb; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 7 de marzo de 2022 el Tribunal, en sede de alzada, revoc\u00f3 el referido prove\u00eddo, al considerar que los presupuestos para dichas medidas no est\u00e1n dados, pues, lo evidenciado es un inconformiso entre un grupo de copropietarios con otros, sin que de dichas actuaciones se derive un da\u00f1o, adem\u00e1s, porque el fallo que dej\u00f3 a los miembros de administraci\u00f3n anterior, est\u00e1 en tr\u00e1mite de recurso de casaci\u00f3n, sumado a que, por mandato legal el condominio debe citar pr\u00f3ximamente a asamblea, donde se debe definir quienes ser\u00e1n los que asuman esas funciones para el periodo que viene, por lo que tal cautela no tendr\u00eda sentido; determinaci\u00f3n frente a la cual solicitaron aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, del auto referido a espacio, pues, deducen, \u00abes confuso y no indica con claridad, si bajo el anterior contexto procesal y f\u00e1ctico en que se han desarrollado los hechos y tomado decisiones sociales del Condominio Campestre El Pe\u00f1\u00f3n, en este momento la revocatoria de medidas cautelares tienen alg\u00fan efecto pr\u00e1ctico sobre la copropiedad, pues si bien la asamblea extraordinaria 087 de enero 9 de 2021 se tomaron determinaciones, estas fueron revocadas en la asamblea ordinaria realizada el 6 y 10 de marzo de esa misma anualidad, en la cual, en esencia se ratific\u00f3 al representante legal que exist\u00eda antes de la asamblea ilegal del 6 de julio de 2020, se nombr\u00f3 un nuevo consejo de administraci\u00f3n y una nueva revisor\u00eda fiscal\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indicaron que las medidas cautelares solicitadas y que fueron decretadas por el a quo tiene respaldo en el fallo del juicio declarativo, pues devienen de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda lugar a revocar las mismas; adem\u00e1s que, al revocar tales cautelas quedan \u00aben el limbo jur\u00eddico, a pocos d\u00edas de realizar [su] asamblea general ordinaria que ser\u00e1 este 26 de marzo de 2022\u00bb, relievando que, \u00ablas medidas cautelares se adoptan antes, durante o despu\u00e9s de un proceso para asegurar o garantizar como ya se indic\u00f3 la eficacia de los derechos que se est\u00e1n viendo vulnerados\u00bb. <\/p>\n
2.7. Manifestaron que las cautelas fueron decretadas \u00aba precipitud de la urgencia que del manejo del Condominio se estaba dando por los se\u00f1ores del Consejo de Administraci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, con dichas medidas \u00abse estaban protegiendo los derechos de la persona jur\u00eddica, mientras se desarrollaba la asamblea pr\u00f3xima a materializarse este 26 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agregaron que de la decisi\u00f3n criticada solicitaron aclaraciones, las que est\u00e1n pendientes de decisi\u00f3n, sin embargo, tales peticiones no se tratan de alg\u00fan recurso, por lo que, de proceder o no \u00absegui[r\u00e1n] en el mismo limbo jur\u00eddico, pues como ya se indic\u00f3 en l\u00edneas anteriores, se agotaron todos los mecanismos para salvaguardar [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot manifest\u00f3 que con auto de 21 de septiembre de 2021 accedi\u00f3 a las medidas cautelares solicitadas, decisi\u00f3n recurrida en alzada, sin que a la fecha tenga conocimiento de la resoluci\u00f3n de segunda instancia; defendi\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por ese despacho; que adem\u00e1s del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, tramita un proceso de reivindicatorio y de nulidad de usufructo, de ah\u00ed que conoce la problem\u00e1tica de la propiedad horizontal \u00abdonde ese jaleo pro la administraci\u00f3n tambi\u00e9n sale a relucir en algunas ocasiones durante la realizaci\u00f3n de unas diligencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. Juana Mar\u00eda S\u00e1nchez pidi\u00f3 suspender la asamblea general ordinaria virtual convocada para el 26 de marzo de 2022, por las diferentes irregularidades presentadas. <\/p>\n
3. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Cundinamarca remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. Eduardo Tapias Serna, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de \u00abla parte demandada dentro del proceso con radicado 2020-00070\u00bb, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto los quejosos critican que el auto de 7 de marzo de 2022 por medio del cual el Tribunal revoc\u00f3 las medidas cautelares decretadas por el a quo al interior del juicio declarativo 2020-00070. <\/p>\n
Ahora, muy a pesar de las alegaciones de los promotores, surge evidente la improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que, como se dej\u00f3 dicho, contra el referido prove\u00eddo se formul\u00f3 peticiones de aclaraci\u00f3n, de donde se desprende que la decisi\u00f3n criticada no est\u00e1 en firme, por lo que, entre otros, el supuesto limbo jur\u00eddico que alegan los promotores fue planteado ante el fallador natural, sin que a la fecha exista decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se itera, el amparo rogado deviene improcedente, en la medida en que el auto de 7 de marzo de 2022 -supuestamente vulnerador de garant\u00edas fundamentales-, no ha cobrado firmeza, puesto que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n las aclaraciones formuladas, de donde deviene presurosa la interposici\u00f3n de este excepcional medio de protecci\u00f3n judicial, al inobservar el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo gobierna, al pretenderse que se usurpen funciones propias del funcionario judicial com\u00fan encargado de desatar la situaci\u00f3n fustigada. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No.1100102030002012-00728-00). (CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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