STC3898-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3898-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00319-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, que aducen conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdeclarar la nulidad y ende, la invalidez de todo lo actuado, a partir del auto de fecha 31 de agosto de 2017, inclusive, y ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, rehacer toda la actuaci\u00f3n invalida, teniendo por contestada en tiempo la demanda presentada por la Sociedad Construcciones Civiles DHG SAS, con el cual se le garantiza el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y subsanar las v\u00edas de hecho que afectaron la actuaci\u00f3n normal del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosalba P\u00e1ez Castro promovi\u00f3 demanda contra Junior Rafael Vega Montero, Mar\u00eda Elcy Parra Valencia y Duperly Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez en representaci\u00f3n de Construcciones Civiles DHG S.A.S., pretendiendo se declarara la nulidad absoluta de los contratos de compraventa celebrados mediante escrituras p\u00fablicas Nro. 5843 de 10 de diciembre de 2009 de la Notar\u00eda 51 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, n\u00b0 1616 del 4 de agosto de 2011 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1 y n\u00b0 6190 de 21 de noviembre de 2011 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Villavicencio, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, que luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 27 de mayo de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, el tr\u00e1mite impartido quebrant\u00f3 sus garant\u00edas y la de la sociedad que representa, comoquiera que, la notificaci\u00f3n se le remiti\u00f3 a una direcci\u00f3n que no correspond\u00eda, sin embargo, \u00abconcedi\u00f3 poder al [apoderado]\u2026 quien, de manera inexplicable, dej\u00f3 transcurrir el t\u00e9rmino y\u2026 se vio obligado a darle poder a [otra abogada], pero ante la premura del tiempo, se le olvido firmar la contestaci\u00f3n de la [demanda]\u00bb, raz\u00f3n por la que el 13 de septiembre de 2017 el despacho dio por no contestado el libelo inicial, pese a que el poder estaba debidamente rubricado, situaci\u00f3n que, refiere, los dej\u00f3 sin defensa. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que al no haber contestado la demanda, le negaron la pr\u00e1ctica de pruebas, asimismo, porque, se orden\u00f3 el traslado de un dictamen \u00abexperticia grafol\u00f3gica rendido por el CTI de la Polic\u00eda Judicial de Villavicencio, de un radicado 500016105671201080160, que no existe en Villavicencio, sin embargo se aport\u00f3, documentos que no fueron objeto de traslado a las partes como lo ordena el art\u00edculo 227 y 228 del CGP, para su objeci\u00f3n y contradicci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s que, no le fue notificada a su correo el fecha de la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que, dichas irregularidades deben ser atendidas, sumado a que, \u00abestuvo hu\u00e9rfano de una defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que, al estar hu\u00e9rfano de defensa, \u00abno tuvo la oportunidad de reclamar, al menos, el reconocimiento y pago de las mejoras plantadas en el lote, pues la beneficiaria con la sentencia, el d\u00eda 21 de enero de 2022, tomando una v\u00eda de hecho y de facto, irrumpi\u00f3 en el lote, destruyendo todo lo que all\u00ed hab\u00eda construido como mejoras, cuando en derecho, le corresponde iniciar una acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 insto la improcedencia del resguardo, al considerar que incumple los presupuestos de inmediatez e incuria, pues, de un lado, el fallo data de m\u00e1s de 2 a\u00f1os y, por otra parte, no fue recurrida en apelaci\u00f3n; agreg\u00f3 que el promotor no contest\u00f3 la demanda, no present\u00f3 escrito de excepciones, no se present\u00f3 a ninguna de las audiencias, ni justific\u00f3 tales inasistencias; que el proceso se adelant\u00f3 con apego a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras concluir que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, sumado a que, verificado el asunto, el despacho requiri\u00f3 a la apoderada de la demandada para que firmara el escrito de excepciones y la contestaci\u00f3n de la demanda, empero, ante el incumplimiento de dicho llamado, dio por no contestado el libelo, adem\u00e1s que, a la audiencia de fallo asisti\u00f3 la apoderada, quien no apel\u00f3 el fallo, de ah\u00ed que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de los promotores de la salvaguarda se dirige contra el tr\u00e1mite impartido en el juicio de nulidad de los negocios jur\u00eddicos, promovido en su contra, que culmin\u00f3 con sentencia de 27 de mayo de 2019, pues, en su sentir, no fueron debidamente enterados del juicio, no se atendi\u00f3 su contestaci\u00f3n a la demanda y excepciones, lo que llev\u00f3 a no decretar las pruebas pedidas, todo esto, por cuanto no tuvieron una defensa t\u00e9cnica, adem\u00e1s, tampoco tuvieron la oportunidad de reclamar el reconocimiento y pago de mejoras, irregularidades que, deducen, afectan la validez de dicho fallo; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n
2.1. En efecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la decisi\u00f3n de 27 de mayo de 2019, mediante el cual se accedi\u00f3 a la nulidad pretendida; y la interposici\u00f3n de la tutela el 16 de febrero de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n se advierte la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que la actora tuvo a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que critica, dictada el 27 de mayo de 2019 por el fallador acusado, medio ordinario de defensa del que no hizo uso y era procedente de conformidad con el art\u00edculo 3211 del C\u00f3digo General de Proceso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso del instrumento legal para la defensa de sus derechos, sin que sean de recibo los argumentos que por esta v\u00eda excepcional expone, pues lo cierto es que, contrario a lo afirmado, verificado el plenario, espec\u00edficamente la audiencia adelantada el 27 de mayo de 2019, la apoderada de confianza de los promotores acudi\u00f3 a la misma, sin que all\u00ed manifestara ning\u00fan reparo. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Apelaci\u00f3n. Procedencia\u2026 Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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