STC3900-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3900-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa y \u00aba proferir pronta y debida justicia\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar los autos de\u2026 veintiocho\u2026 de septiembre de dos mil veintiuno\u2026 y tres\u2026 de noviembre de dos mil veintiuno\u2026\u00bb; en consecuencia, se ordene al juzgado convocado que \u00abprofiera el mandamiento de pago impetrado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva, \u00abde conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 428 del C.G.P.\u00bb, contra Geo Casamaestra SAS, con la finalidad de obtener el pago de $81\u2019091.500, \u00abcomo cantidad principal y que corresponde al precio pagado seg\u00fan obra en el contrato de promesa de compraventa de\u2026 24 de septiembre de 2015\u00bb, que se ados\u00f3 como soporte de la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n de los intereses moratorios, \u00abliquidados mensualmente sobre la suma principal y de conformidad con las fechas en las cuales se hicieron los abonos al precio\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con providencia del 28 de septiembre de 2021, se neg\u00f3 la orden de pago, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con auto del 3 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que los despachos judiciales convocados \u00abactuaron al margen del procedimiento establecido en el art\u00edculo 428 del C.G.P., que acoge la ejecuci\u00f3n de manera directa por perjuicios a la cual tiene acceso el acreedor al cual su deudor le incumple obligaciones de hacer\u00bb, presupuestos que se reun\u00edan en el caso de autos, al no haberse cumplido en la \u00abejecuci\u00f3n de dos hechos, como son la no suscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica de compraventa y la no entrega de un inmueble, obligaciones plasmadas en la promesa de compraventa de\u2026 24 de septiembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia destac\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales invocados, por cuanto la decisi\u00f3n adoptada, fue producto de la valoraci\u00f3n de los insumos que obraban en el plenario, junto con la interpretaci\u00f3n de las normas que era dable aplicar al caso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva y descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal accionado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto para sostener la negativa del mandamiento de pago que deprec\u00f3 el tutelante en el tr\u00e1mite acusado, interpret\u00f3 err\u00f3neamente lo dispuesto en el art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, al restringir la ejecuci\u00f3n por perjuicios que esa norma consagra, a cierto tipo de obligaciones, limitaci\u00f3n que no contempla esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En efecto, para desestimar la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el ejecutante contra el prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 el mandamiento de pago que aquel reclam\u00f3 en el asunto criticado, el ad quem cuestionado precis\u00f3 que: <\/p>\n
En el presente caso, se advierte que el demandante pretende que se libre el mandamiento de pago al estimar como ejecutables por perjuicios, la falta de cumplimiento de las \u201cobligaciones de hacer\u201d, contenidas en el contrato de promesa, respecto de la entrega de inmueble descrito en el negocio y su trasferencia, es decir, que los dineros pretendidos constituyen para el apelante, un reemplazo monetario ante el incumplimiento de las conductas contratadas. <\/p>\n
Sin embargo, bien pronto aflora la impropiedad jur\u00eddica del mecanismo ejercido por el demandante, pues la ejecuci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo 428 del C.G.P. ata\u00f1e con \u201cel pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero, o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho\u201d, situaciones distintas al incumplimiento de un contrato de promesa compraventa, cuyo compromiso principal (hacer el contrato \u2013 otorgar la escritura p\u00fablica -), puede reclamarse por la v\u00eda definida en el art\u00edculo 434 del C.G.P., sin que tal \u201checho\u201d, corresponda con los ejecutables por el medio utilizado, ni que esta obligaci\u00f3n (la de otorgar la escritura p\u00fablica) pueda \u201creemplazarse\u201d por una suma l\u00edquida de dinero, que la sustituya, pues en \u00faltimas, a eso intenta llevar el debate el censor, a pesar de que la demanda habla de obligaciones dinerarias directamente (…); tampoco el cr\u00e9dito derivado de la entrega del inmueble, podr\u00eda estimarse como ejecutable por la v\u00eda descrita, pues esta se refiere a la entrega de bienes muebles o bienes de especie o de g\u00e9nero distintos de dinero, sin que estas pudieran corresponder en su naturaleza a la ejecuci\u00f3n de un hecho, como predica el demandante. <\/p>\n
Estos aspectos descartan que pueda considerarse que la demanda de ahora concierna con la de perjuicios prevista en el art\u00edculo 428 del C.G.P., porque sus pretensiones coinciden con sumas l\u00edquidas de dinero que otrora, dijo el demandante, hab\u00eda entregado por cuotas, a la prometiente vendedora como parte del precio del apartamento 13G de la Torre 3 del Conjunto Residencial y Comercial Cibeles, Urbanizaci\u00f3n Villa Liliana, ubicado en la carrera 40 No. 51-41 y calle 52 No. 40-85 de la ciudad de Armenia. <\/p>\n
As\u00ed, las aspiraciones del demandante se refieren al cobro de un capital de $81\u2019091.500, al que a\u00f1adi\u00f3 intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s, sobre cifras desagregadas (cuotas) y a partir de la fecha de la entrega de estas; de manera que tales pagos parciales ($29\u2019658.810, $9\u2019000.000, 8\u2019000.000, $15\u2019600.000, $1\u2019000.000, $5\u2019000.000, $3\u2019000.000, $3\u2019150.000, $864.000, $5\u2019800.000), daban lugar a intereses a partir de las fechas en que presuntamente ocurrieron dichos pagos (5 de octubre de 2015, 28 de abril de 2017, 28 de agosto de 2018, 4 de septiembre de 2018, 12 de septiembre de 2018, 8 de octubre de 2018, 9 de noviembre de 2018, 3 de diciembre de 2018, 22 de febrero de 2019 y 1\u00ba de marzo de 2019), con lo cual, ninguna duda queda respecto de la orientaci\u00f3n de las pretensiones, vale decir, la restituci\u00f3n de los dineros que se dicen pagados por el prometiente comprador a la prometiente vendedora, sin que pueda darse cabida a la interpretaci\u00f3n que propone el apelante, pues en realidad, las obligaciones de la demandada consist\u00edan, seg\u00fan el libelo, en la entrega de un bien inmueble y el otorgamiento de una escritura p\u00fablica, d\u00e9bitos que carecen de posibilidades para ejecutarse en la forma pretendida por el recurrente, ni tampoco en la prevista en la demanda original, por diferentes que estas sean. <\/p>\n
En que resulta inapropiado acudir a la ejecuci\u00f3n por perjuicios cuando se trata de una obligaci\u00f3n de entregar un bien inmueble y\/o otorgar escritura p\u00fablica, pues dicho mecanismo procesal solo resulta aplicable a la ejecuci\u00f3n forzada de obligaciones de dar bienes muebles de especie o g\u00e9nero distinto de dinero o la realizaci\u00f3n de hechos distintos a los descritos, en tanto para ellos existen otros medios que adecuados son para ventilar dichas pol\u00e9micas, como la ejecuci\u00f3n por incumplimiento del compromiso de suscribir documentos (art. 434 del C.G.P.) y la entrega de la cosa por el tradente al adquirente (art. 378 del C.G.P.), caminos procesales que, con la debida secuencia, podr\u00edan calzar en los prop\u00f3sitos de la demanda emprendida por el censor. <\/p>\n
De otro lado, n\u00f3tese que el art\u00edculo 428 del C.G.P. concuerda con los art\u00edculos 433 y 437 ib\u00eddem, cuya interpretaci\u00f3n supone que la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer debe atender a la naturaleza de la misma, de manera que si dicha conducta ha sido desconocida por el demandado, debe pretenderse y eventualmente librarse mandamiento de pago para que el deudor ejecute el hecho en un plazo prudencial y los perjuicios moratorios si se pretendieron; ahora, si se intenta la ejecuci\u00f3n por perjuicios, los compensatorios reemplazar\u00e1n a la conducta principal y la moratoria, la tardanza en su realizaci\u00f3n, todo ello, deja ver el descarr\u00edo de las pretensiones elevadas ahora. <\/p>\n
De acuerdo con lo antes trascrito, evidente es que el Colegiado accionado consider\u00f3 que, en trat\u00e1ndose de obligaciones de hacer, consistentes en la suscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica y la entrega de un inmueble, no procede la ejecuci\u00f3n por perjuicios que consagra el art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, pues en esos casos el acreedor debe, imperativamente, acudir a las otras v\u00edas que contempla el ordenamiento jur\u00eddico, enfiladas a obtener el cumplimiento forzado de tales compromisos, como lo ser\u00edan las ejecuciones por obligaciones de hacer y de suscribir documentos. <\/p>\n
4.2. No obstante, conforme se anunci\u00f3 previamente, tal restricci\u00f3n no se extracta de la redacci\u00f3n del invocado canon 428 del C\u00f3digo General del Proceso, el que, en su inciso primero, establece que: <\/p>\n
El acreedor podr\u00e1 demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero, o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho, estim\u00e1ndolos y especific\u00e1ndolos bajo juramento si no figuran en el t\u00edtulo ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de inter\u00e9s mensual, para que se siga la ejecuci\u00f3n por suma l\u00edquida de dinero. (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Del tenor literal de la citada norma, se extracta que son tres los casos en los que el acreedor puede reclamar desde un principio la ejecuci\u00f3n por perjuicios, a saber: (i) cuando no se entreg\u00f3 una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero diferentes al dinero; (ii) por la ejecuci\u00f3n de un hecho; y (iii) por la no ejecuci\u00f3n de un hecho. <\/p>\n
As\u00ed pues, se concluye que el primero de los casos relacionados se refiere a la inobservancia de obligaciones de dar, circunscrito a especies muebles o a bienes de g\u00e9nero distintos al dinero; el segundo, al incumplimiento de obligaciones de abstenerse de hacer, es decir, se trata de la ejecuci\u00f3n de un acto, que la parte se hab\u00eda comprometido a no realizar; y, el tercero, al desconocimiento de obligaciones de hacer, esto es, la inejecuci\u00f3n de un hecho. <\/p>\n
4.3. En trat\u00e1ndose del tercero de los eventos se\u00f1alados, que es el que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, el legislador no incluy\u00f3, valga anotar, ning\u00fan tipo de limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n, por el contrario, dej\u00f3 abierta la posibilidad de que el acreedor reclamara, por esa v\u00eda, la ejecuci\u00f3n por los perjuicios que se le ocasionaron con el incumplimiento de cualquier obligaci\u00f3n de hacer, como lo son, res\u00e1ltese, la de suscribir un documento y la entrega de un inmueble. <\/p>\n
4.4. En este punto, mem\u00f3rese que la Corte Constitucional en sentencia C-472 de 1995, se refiri\u00f3 a la ejecuci\u00f3n por perjuicios, al examinar la constitucionalidad del art\u00edculo 4951 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pronunciamiento que resulta relevante para el caso de marras, comoquiera que el contenido literal del citado canon se reprodujo, \u00edntegramente, en el ahora analizado art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la que dicha Corporaci\u00f3n expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 495, tambi\u00e9n se permite al acreedor reclamar el pago de perjuicios compensatorios \u00abpor la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distinto de dinero, o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho, estim\u00e1ndolos y especific\u00e1ndolos bajo juramento sino figuran en el t\u00edtulo ejecutivo en una cantidad como principal y otra como tasa de inter\u00e9s mensual\u00bb. En este evento, obviamente no se demanda la entrega del respectivo bien ni la realizaci\u00f3n del hecho, sino su equivalente o compensaci\u00f3n en dinero, de manera que el cobro coactivo se asimila o convierte en una ejecuci\u00f3n por suma de dinero. <\/p>\n
Lo que caracteriza y a la vez asimila las situaciones reguladas en las normas mencionadas anteriormente, es que el cobro ejecutivo de los perjuicios, en ambos casos, se puede adelantar en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 491 y 498 del C.P.C., a pesar de que la obligaci\u00f3n no versa sobre una cantidad l\u00edquida de dinero ni consta expresamente en el t\u00edtulo de recaudo ejecutivo, defiri\u00e9ndose al acreedor la facultad de estimarlos y concretarlos bajo juramento. <\/p>\n
Como es f\u00e1cil deducirlo, el juramento constituye el instrumento eficaz, autorizado por la ley, para cumplir las exigencias del recaudo y complementar el t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n, en los eventos previstos por \u00e9sta. (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
4.5. As\u00ed pues, se reitera, el art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, faculta al acreedor para exigir, por la v\u00eda ejecutiva, los perjuicios compensatorios (aquellos que \u00abequivalen a la sustituci\u00f3n por dinero de la obligaci\u00f3n principal\u00bb2), que se le ocasionaron \u00abpor la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero, o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho\u00bb. <\/p>\n
Sobre este particular, cabe a\u00f1adir que, de vieja data, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que, ante el incumplimiento de obligaciones contractuales: <\/p>\n
\u2026 se han distinguido dos tipos de indemnizaci\u00f3n, exigibles a opci\u00f3n del acreedor, como cumplimiento del contrato por parte del deudor constituido en mora: la moratoria y la compensatoria. Corresponde la primera al retardo (falta transitoria de pago), y la segunda, a la inejecuci\u00f3n absoluta o ejecuci\u00f3n imperfecta de la obligaci\u00f3n (falta definitiva de pago en todo o en parte). La diferencia entre la una y la otra radica en que la indemnizaci\u00f3n moratoria se agrega a la ejecuci\u00f3n del objeto tal como se pact\u00f3, en tanto la compensatoria excluye esta ejecuci\u00f3n, pero comprende, en cambio, el valor o precio del objeto debido, en todo o en parte. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Para finalizar lo concerniente a la segunda premisa que se estudia, s\u00f3lo resta determinar cu\u00e1ndo puede el acreedor exigir el objeto debido m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n moratoria y cuando la compensatoria, es decir el \u201cprecio de la cosa\u201d m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n por los \u201cperjuicios de la mora\u201d. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La nueva doctrina que ahora sienta la Corte puede pues resumirse en esta proposici\u00f3n: \u201cel incumplimiento del contrato\u201d, a que se refiere el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, puede efectuarse dos manera distintas: ora ejecutando el deudor moroso su obligaci\u00f3n tal como fue contra\u00edda (cumplimiento en especie), ora pagando al acreedor el precio o valor del objeto pactado (ejecuci\u00f3n en equivalente), en ambos casos con indemnizaci\u00f3n por los perjuicios de mora. El precio o valor del objeto m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n moratoria, se llama en t\u00e9cnica jur\u00eddica la \u201cindemnizaci\u00f3n compensatoria\u201d3. <\/p>\n
4.6. Conforme al marco conceptual antes rese\u00f1ado, concluye la Sala que la viabilidad de la ejecuci\u00f3n por perjuicios compensatorios de que trata el art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, depende del cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
(i) La existencia de una obligaci\u00f3n consistente en: (a) la entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero; (b) la no ejecuci\u00f3n de un hecho; o (c) la ejecuci\u00f3n de un determinado hecho. <\/p>\n
(ii) El incumplimiento de alguna de esas obligaciones. <\/p>\n
(iii) La estimaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados con tal incumplimiento, los cuales pueden versar en el t\u00edtulo ejecutivo o, de no haberse pactado en el mismo, deber\u00e1n ser estimados, \u00abbajo juramento\u00bb, por el demandante, \u00aben una cantidad como principal y otra como tasa de inter\u00e9s mensual, para que se siga la ejecuci\u00f3n por suma l\u00edquida de dinero\u00bb. <\/p>\n
5. Bajo ese horizonte y aplicado al caso de autos, examinados los elementos de juicio adosados a este tr\u00e1mite, se verifica que en la demanda g\u00e9nesis del tr\u00e1mite acusado, el ejecutante reclam\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 por los tr\u00e1mites del proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda y de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 428 del C.G.P., se libre orden de pago en favor del demandante Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez y en contra de la demandada Geo Casamaestra SAS, por las siguientes cantidades: <\/p>\n
1.- Por la suma de $81’091.500 como cantidad principal y que corresponde al precio pagado seg\u00fan obra en el contrato de promesa de compraventa de fecha 24 de septiembre de 2015\u2026 <\/p>\n
2.- Por los intereses moratorios liquidados mensualmente sobre la suma principal y de conformidad con las fechas en las cuales se hicieron los abonos al precio antes mencionado, a la tasa m\u00e1xima permitida por la ley\u2026 <\/p>\n
Como soporte de tales s\u00faplicas, en el ac\u00e1pite denominado \u00abJURAMENTO ESTIMATORIO\u00bb, expres\u00f3 el all\u00ed demandante que: <\/p>\n
Para los efectos se\u00f1alados en el art\u00edculo 428 del C.G.P., bajo la gravedad del juramento manifiesto que estimo los perjuicios ocasionados a Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez por el incumplimiento de Geo Casamaestra SAS en la ejecuci\u00f3n de los dos hechos mencionados, suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de compraventa y entrega del inmueble prometido en venta, en la cantidad principal de $81.091.500 precio que pag\u00f3 completamente el prometiente comprador Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez a la prometiente vendedora Geo Casamaestra SAS, sin recibir de esta \u00faltima absolutamente nada a cambio, y como tasa de inter\u00e9s mensual la tasa m\u00e1xima legal permitida por la ley por tratarse de un contrato de promesa de compraventa comercial, celebrado con una sociedad constructora\u2026 <\/p>\n
5.1. As\u00ed las cosas, evidente es que los valores cuyo pago reclam\u00f3 el ejecutante en el juicio censurado correspond\u00edan, de un lado, al c\u00e1lculo del perjuicio compensatorio, que justific\u00f3 a partir de los dineros que entreg\u00f3 en cumplimiento del contrato de promesa que pregon\u00f3 desatendido por su contraparte; y, de otra parte, los intereses mensuales causados sobre el monto fijado a t\u00edtulo de \u00abcantidad principal\u00bb. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, para sustentar tales s\u00faplicas el actor relat\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
1.- Entre Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez como prometiente comprador y Geo Casamaestra SAS como prometiente vendedora se celebr\u00f3 el\u2026 24 de septiembre de dos mil quince\u2026, una promesa de compraventa que versa sobre el apartamento 13G de la Torre tres\u2026 del Conjunto Residencial y Comercial Cibeles\u2026, contrato que obra por escrito. <\/p>\n
2.- En la menciona promesa\u2026 las partes pactaron un precio por\u2026 $81.091.500, que el prometiente comprador se oblig\u00f3 a pagar de la siguiente forma : A) La suma de\u2026 $8.109.150 cancelados a la firma del contrato de promesa\u2026; B) \u2026 $16.218.300 pagaderos en diez cuotas mensuales, cada una por la suma de $1.621.830, a partir del d\u00eda 24\/10\/2015 y hasta el d\u00eda 24\/07\/2016; C) \u2026 $56.764.050 cancelados con recursos propios y\/o con cr\u00e9dito bancario que el prometiente comprador se compromete a tramitar ante el Banco, contra entrega del inmueble, tal como obra en la cl\u00e1usula cuarta. <\/p>\n
3.- Igualmente las partes pactaron perfeccionar el acuerdo\u2026 a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica a otorgarse en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo Notarial de Armenia, Quind\u00edo, el d\u00eda treinta y uno\u2026 de agosto de dos mil [diecis\u00e9is]\u2026 a las tres (3) de la tarde, tal como obra en la cl\u00e1usula novena del contrato. <\/p>\n
4.- La prometiente vendedora\u2026, se oblig\u00f3 en el contrato aludido, a entregarle al prometiente comprador\u2026 el apartamento\u2026 prometido en venta, una vez est\u00e9 totalmente cancelado el precio y firmada la escritura p\u00fablica de compraventa, tal como obra en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera del contrato. <\/p>\n
5.- En el contrato de promesa de compraventa\u2026 la prometiente vendedora\u2026 declar\u00f3 en su cl\u00e1usula s\u00e9ptima, que el inmueble objeto de negociaci\u00f3n\u2026 estaba libre de hipotecas y de grav\u00e1menes. <\/p>\n
6.- Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez\u2026 le pag\u00f3 a Geo Casamaestra SAS\u2026, la totalidad del precio pactado\u2026, en varios pagos tal como obra en el estado de cuenta expedido por Geo Casamaestra SAS… <\/p>\n
7.- Llegado el d\u00eda treinta y uno\u2026 de agosto de dos mil [diecis\u00e9is] (2016) la prometiente vendedora\u2026 no compareci\u00f3 a la Notaria Primera del C\u00edrculo Notarial de Armenia a cumplir con su obligaci\u00f3n de suscribir la Escritura P\u00fablica de la compraventa prometida, es decir, no ejecut\u00f3 el hecho al cual se oblig\u00f3, consistente en perfeccionar el acuerdo de la promesa de compraventa. <\/p>\n
8.- A su turno, el prometiente comprador\u2026 s\u00ed compareci\u00f3 el d\u00eda treinta y uno (31) de agosto de\u2026 2016 a la Notaria Primera del C\u00edrculo Notarial de Armenia a cumplir con su obligaci\u00f3n de suscribir la Escritura P\u00fablica de la compraventa prometida y pagar el saldo del precio y ante la ausencia de Geo Casamaestra SAS, exigi\u00f3 del Notario mencionado certificar su asistencia en la fecha y hora pactadas, tal como obra en la certificaci\u00f3n que se anexa. <\/p>\n
9.- Igualmente la prometiente vendedora\u2026, no ejecut\u00f3 el hecho al cual se oblig\u00f3 en la promesa de compraventa de marras, de entregar el inmueble\u2026, al prometiente comprador\u2026 <\/p>\n
10.- El apartamento\u2026, no era de propiedad de la prometiente vendedora\u2026, al momento de la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa y tampoco lo es en la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda, pues tal como obra en el certificado de tradici\u00f3n y libertad correspondiente, es de propiedad de Alianza Fiduciaria SA\u2026 <\/p>\n
11.- Por cuanto la prometiente vendedora…, NO es la propietaria del inmueble prometido en venta\u2026, no es procedente demandar la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de suscribir la escritura p\u00fablica de compraventa (art.434 del C.G.P.) <\/p>\n
12.- El prometiente comprador\u2026 es acreedor de la prometiente vendedora\u2026, por las sumas de dinero pagadas y procede la ejecuci\u00f3n por perjuicios establecida en el art\u00edculo 428 del C.G.P., puesto que la deudora no ejecuto los hechos de suscribir la escritura p\u00fablica ni la entrega del inmueble\u2026 (Negrillas ajenas al texto) <\/p>\n
5.3. De acuerdo con lo expuesto, no cabe duda de que la acci\u00f3n que promovi\u00f3 el hoy tutelante, correspond\u00eda a la que contempla el tantas veces mencionado art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que lo que pretendi\u00f3 el accionante fue el pago de una suma l\u00edquida de dinero, a t\u00edtulo de perjuicios compensatorios, ante el supuesto incumplimiento de su contraparte de dos de las obligaciones de hacer pactadas en la promesa adosada como base del recaudo, espec\u00edficamente, la de suscribir el contrato de compraventa prometido y la entrega del bien objeto de tal acuerdo. <\/p>\n
Entonces, ante dicho escenario, compet\u00eda al juez de la ejecuci\u00f3n, con miras a resolver sobre la viabilidad de dicho reclamo, verificar el cumplimiento de los requisitos antes mencionados4, lo que no hizo, pues se limit\u00f3 a expresar que ese tipo de ejecuci\u00f3n resultaba improcedente, en trat\u00e1ndose de obligaciones de hacer, consistentes en suscripci\u00f3n de documentos o entrega de bienes, restricci\u00f3n que, tal y como qued\u00f3 expuesto, no establece la citada disposici\u00f3n. <\/p>\n
6. Aunado lo anterior, verifica la Sala que el anotado yerro que cometi\u00f3 el Tribunal criticado, al interpretar lo previsto en el citado art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, llev\u00f3 a la citada autoridad, adicionalmente, a desconocer el tr\u00e1mite all\u00ed previsto en trat\u00e1ndose de las ejecuciones por perjuicios compensatorios, por lo que el ad quem cuestionado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales del ejecutante. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
7. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal criticado dejar sin efecto el prove\u00eddo de 3 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 28 de septiembre de esas mismas calendas, para que proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia que, tras dejar sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 3 de noviembre de 2021, en el proceso objeto de queja constitucional (radicaci\u00f3n 63001-31-03-001-2021-00255), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del referido juicio, emita una nueva determinaci\u00f3n en la que resuelva la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 28 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, donde actualmente se encuentran las diligencias, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de ese distrito judicial, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Establec\u00eda la citada norma, en su inciso primero, lo siguiente: \u00abEl acreedor podr\u00e1 demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero, o por la ejecuci\u00f3n o no ejecuci\u00f3n de un hecho, estim\u00e1ndolos y especific\u00e1ndolos bajo juramento si no figuran en el t\u00edtulo ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de inter\u00e9s mensual, para que se siga la ejecuci\u00f3n por suma l\u00edquida de dinero\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 MORA G. Nelson R. Procesos de Ejecuci\u00f3n. Tomo 1. Segunda Edici\u00f3n. P\u00e1g. 138. Editorial Temis. 1973. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC, 3 nov. 1977. GJ CLV, n\u00b0 2396, p\u00e1g. 320. <\/p>\n
4\u0002 Conforme se expres\u00f3 en esta providencia, los requisitos son: 1. La existencia de una obligaci\u00f3n consistente en: (a) la entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero; (b) la no ejecuci\u00f3n de un hecho; o (c) la ejecuci\u00f3n de otro; 2. El incumplimiento de alguna de esas obligaciones; y 3. La estimaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados con tal incumplimiento. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3900-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3900-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samir Eduardo Rodr\u00edguez Su\u00e1rez contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62389","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62389"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62389\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}