STC3901-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3901-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00574-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Intermediaci\u00f3n Crediticia SAS (Intercredit SAS) contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos el auto de 10 de junio de 2021\u00bb y, en consecuencia, se ordene al juzgado criticado que \u00abprofiera auto aprobatorio del remate llevado a cabo el 26 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banistmo Colombia SA (quien cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Intercredit SAS), promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Promotora de Infraestructura Log\u00edstica Ingenier\u00eda y Concesiones SA, Fabio Ar\u00edstides Ru\u00edz Garc\u00eda, Alirio Hern\u00e1n Garc\u00eda y Sociedad Zonas Log\u00edsticas SAS, tr\u00e1mite en el que se cautelaron tres inmuebles de propiedad de la \u00faltima de las mencionadas ejecutadas. <\/p>\n
2.2. Tras disponerse la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, el 26 de marzo de 2021, se realiz\u00f3 el remate de los referidos bienes, siendo adjudicados a la cesionaria del cr\u00e9dito, entidad que, el 6 de abril de 2021, aport\u00f3 los comprobantes de pago que consider\u00f3 necesarios para la aprobaci\u00f3n de la almoneda. <\/p>\n
2.3. El 4 de mayo de 2021, se inform\u00f3 al juzgado accionado sobre la admisi\u00f3n, por parte de la Superintendencia de Sociedades, del proceso de reorganizaci\u00f3n de Zonas Log\u00edsticas SAS con providencia del 29 de abril de 2021, por lo que, mediante auto del 18 de mayo siguiente, se requiri\u00f3 a la parte demandante para que manifestara \u00absi desea[ba] continuar con la ejecuci\u00f3n\u2026 en contra de los dem\u00e1s demandados\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, la ejecutante manifest\u00f3 que no era su deseo continuar con el proceso en contra de los dem\u00e1s enjuiciados, por lo que, con prove\u00eddo del 10 de junio de 2021, el a quo querellado orden\u00f3 la remisi\u00f3n del litigio a la Superintendencia de Sociedades, poniendo a disposici\u00f3n de esa autoridad \u00ablas medidas cautelares practicadas en contra de\u2026 Zonas Log\u00edsticas SAS\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n se abstuvo \u00abde emitir pronunciamiento alguno sobre la aprobaci\u00f3n o no de la almoneda realizada\u00bb. <\/p>\n
2.5. Contra esta decisi\u00f3n, la parte demandante formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con prove\u00eddo del 29 de julio de 2021, con el que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada \u00abpor improcedente\u00bb. <\/p>\n
2.6. Frente a la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n el actor interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, medios de impugnaci\u00f3n que se desecharon con autos del 25 de agosto de 2021 y 7 de diciembre siguiente, respectivamente. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado criticado incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, porque \u00abno profiri\u00f3 el auto aprobatorio del remate, cuando el adjudicatario hab\u00eda cumplido con sus cargas\u00bb, a pesar de que dicho estrado \u00abdebi\u00f3 pronunciarse en el t\u00e9rmino de cinco\u2026 d\u00edas, pero para ese acto\u2026, sin justificar la mora, se tom\u00f3 65 d\u00edas\u00bb, actuaci\u00f3n con la que \u00abpermiti\u00f3 a la sociedad demandada que\u2026 se sustrajera de la aprobaci\u00f3n del remate de los bienes, que ya hab\u00edan sido adjudicados en p\u00fablica subasta, acto \u00e9ste respecto del cual se hab\u00eda configurado el efecto de la cosa juzgada formal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.8. De otro lado, destac\u00f3 que el Tribunal convocado \u00abdesconoci\u00f3 los fundamentos en los cuales descansa el principio de la doble instancia\u00bb, habida cuenta que \u00abopt\u00f3 por una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, para evitar impartir justicia\u2026 y exhibi\u00f3 un formalismo extremo\u2026\u00bb, pues inobserv\u00f3 que el auto censurado en apelaci\u00f3n \u00abs\u00ed tiene la virtualidad de cesar el proceso ejecutivo que no puede seguir adelant\u00e1ndose y ello torna apelable dicho prove\u00eddo, seg\u00fan el numeral 7\u00b0 de la misma disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.9. Adicion\u00f3 que el ad quem querellado tampoco tuvo en cuenta que \u00ablos dem\u00e1s ejecutados dentro del proceso quedaron liberados de [la] ejecuci\u00f3n por efectos del art\u00edculo 70 de la ley 1116 de 2006\u00bb, por lo que dicha sede judicial \u00abno puede\u2026 sostener v\u00e1lidamente\u2026 que el proceso ejecutivo no ha terminado respecto de todos los co-ejecutados\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que en la providencia criticada \u00abse hizo un an\u00e1lisis de la normatividad aplicable a la materia y su aplicaci\u00f3n al caso concreto\u00bb, por lo que dijo remitirse \u00aba las consideraciones expuestas en la decisi\u00f3n materia de debate constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta localidad precis\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas en el proceso [cuestionado], no constituyen\u2026 violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados por el actor, por cuanto\u2026 ha tramitado el proceso conforme a derecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que ha adelantado en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de Zonas Log\u00edsticas SAS. <\/p>\n
4. Zonas Log\u00edsticas SAS, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que el gestor cuestion\u00f3: (ii) el prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2021, que declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto proferido el 10 de junio de 2021\u00bb; y (ii) la prenotada decisi\u00f3n del 10 de junio, a trav\u00e9s del cual el juzgado accionado, entre otras determinaciones, se abstuvo \u00abde emitir pronunciamiento alguno, sobre la aprobaci\u00f3n o no, de la almoneda realizada el\u2026 26 de marzo de 2021\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, se concluye que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que, al margen de las consideraciones que adujo el Tribunal para declarar bien denegada la alzada que formul\u00f3 la quejosa contra el auto de 10 de junio de 2021, lo cierto es que dicho recurso resultaba improcedente, comoquiera que la decisi\u00f3n concreta que el cesionario cuestion\u00f3, sin duda alguna, no era susceptible de censurarse por v\u00eda de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, examinado el referido prove\u00eddo de 10 de junio, constata la Sala que se adoptaron varias determinaciones, teniendo en cuenta que en la parte resolutiva de ese auto se dispuso: <\/p>\n
Como corolario\u2026, el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE BOGOT\u00c1, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Tomando en consideraci\u00f3n que la sociedad Zonas Log\u00edsticas SAS, fue admitida en proceso de Reorganizaci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Sociedades, mediante auto\u2026 de\u2026 29 de abril de 2021, y de conformidad con el art\u00edculo 20 de la ley 1116 de 2006, se dispone: <\/p>\n
a. ORD\u00c9NASE la remisi\u00f3n \u00edntegra del presente asunto a la Superintendencia de Sociedades para sea incorporado al proceso de reorganizaci\u00f3n en cita\u2026 <\/p>\n
b. En tal virtud, p\u00f3ngase a disposici\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, las medidas cautelares practicadas en contra de la\u2026 demandada Zonas Log\u00edsticas SAS\u2026 <\/p>\n
c. Cumplido lo anterior, por secretar\u00eda, FINAL\u00cdCESE el proceso en el sistema siglo XXI, de manera que no haga parte del inventario de este despacho judicial. <\/p>\n
SEGUNDO: Por lo anterior, el despacho se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre la aprobaci\u00f3n o no, de la almoneda realizada el\u2026 26 de marzo de 2021, en el proceso del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
Contra la citada providencia, el cesionario del cr\u00e9dito interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, medios de impugnaci\u00f3n que sustent\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
1.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACI\u00d3N <\/p>\n
Es de anotar, que, en la providencia recurrida, se termin\u00f3 el proceso de ejecuci\u00f3n que nos ocupa en contra de la totalidad de los aqu\u00ed ejecutados, especialmente, respecto de aquellos que en aplicaci\u00f3n al art. 70 de la ley 1116 de 2006, se prescindi\u00f3 de perseguir ejecutivamente y respecto de Zonas Log\u00edsticas SAS, se termina la actuaci\u00f3n y se env\u00eda al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial. Es por ello que de conformidad con el numeral 7 del art. 321 del CGP, es apelable el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso. <\/p>\n
2.- DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA Y SUS MOTIVOS. <\/p>\n
Se trata del auto del 10 de junio de 2021, mediante el cual, su se\u00f1or\u00eda: ordena remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades y finalizar el proceso que nos ocupa. <\/p>\n
Para esta decisi\u00f3n, su se\u00f1or\u00eda se funda en jurisprudencia que nos dice que, al no haber ocurrido la aprobaci\u00f3n del remate, [el demandante] no tiene ning\u00fan derecho que deba ser protegido. <\/p>\n
3.- DE LOS MOTIVOS DE LA I[M]PUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
Conocidas por todos, la jurisprudencia que su se\u00f1or\u00eda se\u00f1ala, y que se traduce en que obstante haber sido el inmueble adjudicado, falt[\u00f3] un paso para que ocurriera el t\u00edtulo traslaticio de dominio, esto es, la aprobaci\u00f3n del remate. Por tanto, para l[o] que nos ocupa y para que los derechos del adjudicatario tuvieran firmeza, solo se requer\u00eda\u2026, el auto aprobatorio del remate. <\/p>\n
Pero la cosa no es tan sencilla como la presenta su despacho, pues alg\u00fan efecto jur\u00eddico debe tener que el adjudicatario cumpla con las obligaciones que impuso su se\u00f1or\u00eda en el acta de remate, que sin enumerarlas, ni citarlas, simplemente decimos, se cumplieron en su totalidad, a cabalidad y en el t\u00e9rmino concedido. Por tanto, alg\u00fan derecho se gener\u00f3 con dicha actividad. <\/p>\n
Adicionalmente y como usted bien lo sabe, el t\u00e9rmino para aprobar el remate, se\u00f1alado por la ley es de 5 d\u00edas, pues no otra cosa advierte el art. 555 del CGP y dicha aprobaci\u00f3n no ocurri\u00f3 en el plazo que su se\u00f1or\u00eda ten\u00eda. <\/p>\n
Es de anotar, que estamos frente a un t\u00e9rmino legal, cuyo cumplimiento es perentorio u obligatorio para su se\u00f1or\u00eda, pero entonces, el punto ser\u00eda, si dicho incumplimiento tiene alg\u00fan efecto procesal y a su vez sustancia respecto del adjudicatario y ejecutante que se encuentra perjudicado o lesionado por el no cumplimiento de su despacho. <\/p>\n
Para el caso que nos ocupa, el expediente se encontraba al despacho con la \u00fanica finalidad de aprobar o no el remate, y vencidos los 5 d\u00edas, su se\u00f1or\u00eda no se pronunci\u00f3 y despu\u00e9s de esto, lleg\u00f3 la solicitud de enviar el proceso a la Superintendencia al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, por tanto, al haber cumplido el adjudicatario con las cargas que le impusieron, era claro que el auto que debi\u00f3 haberse proferido, no era distinto de aprobar el remate y de contera o por sustracci\u00f3n de materia informar a la Superintendencia que se le enviaba el expediente en esas condiciones, pues el remate hab\u00eda sido aprobado; no obstante, su se\u00f1or\u00eda invirti\u00f3 el turno, olvidando que quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho, que es una premisa que rige el desarrollo de la totalidad de los proceso, y as\u00ed, sin m\u00e1s ni m\u00e1s, desconoci\u00f3 u olvid\u00f3 que el proceso se encontraba al despacho pendiente de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tenemos que el incumplimiento de los t\u00e9rminos por parte de su se\u00f1or\u00eda, no puede perjudicar a la parte a la que se le adjudic\u00f3 el bien y de una u otra manera, est\u00e1 pr\u00f3ximo a un derecho adquirido, que, si bien es cierto, no se hab\u00eda consolidado, s\u00ed debi\u00f3 respetarse y d\u00e1rsele la prioridad que el caso acredita. <\/p>\n
En este orden de ideas, es claro que los planteamiento de su se\u00f1or\u00eda y jurisprudencia citada en el auto recurrido, tienen apenas, una aplicaci\u00f3n parcial, pues en el caso particular o concreto de estudia, vencido el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, la \u00fanica providencia que se pod\u00eda emitir, era la de aprobaci\u00f3n del remate, ya que, repetimos, la solicitud de enviar el proceso al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, lleg\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s (vencidos los cinco\u2026 d\u00edas) y esta es una situaci\u00f3n que no se puede desconocer, ni perder de vista, pues si se pudiera actuar de manera distinta, ser\u00eda tanto como pensar que si su se\u00f1or\u00eda no resuelve sobre la aprobaci\u00f3n del remate, durante meses, el inmueble est\u00e1 sujero a todas las vicisitudes que puedan ocurrir, por ejemplo, una liquidaci\u00f3n de alguno de los ejecutados, un concordato, un embargo de la DIAN, etc.\u2026 y as\u00ed, la adjudicaci\u00f3n no tendr\u00eda ning\u00fan efecto jur\u00eddico y ser\u00eda mejor, que se reformara el C\u00f3digo General del Proceso y que la adjudicaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n ocurriera en un solo auto, ya que vistas las cosas como su se\u00f1or\u00eda las ve, esta es la situaci\u00f3n que se ha de presentar una y otra vez. <\/p>\n
No podemos olvidar que su se\u00f1or\u00eda debe hacer prevalecer el derecho sustancial y no resulta razonable, que estando al despacho el expediente y pasados los 5 d\u00edas que se tienen para aprobar el remate, en vez de salir aprob\u00e1ndolo, se emita una providencia resolviendo una solicitud posterior, lo que rompe de plano con el derecho sustancial que tienen las partes al debido proceso. Dicho de otra manera, tenemos que afirmar que cuando el legislador consagr\u00f3 un t\u00e9rmino legal m\u00e1ximo de cinco d\u00edas, no fue por cosa distinta que evitar situaciones como la que hoy nos ocupan y no dejar el derecho del adjudicatario a los vaivenes\u2026 que hoy lo martirizan. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, su se\u00f1or\u00eda tendr\u00e1 que reconocer, que no es de recibo que, estando el proceso al despacho, pendiente de una solicitud anterior y vencido el t\u00e9rmino para resolver, llegue una nueva petici\u00f3n y se resuelva primero \u00e9sta, d\u00e1ndole privilegio, desconociendo los que ordena el art. 455 del CGP. <\/p>\n
La situaci\u00f3n que nos ocupa, es de normal ocurrencia en los juzgados y tribunales del pa\u00eds y consiste en que las solicitudes se deben resolver, respetando el turno o la oportunidad en que fueron hechas y, en el caso que nos ocupa, su se\u00f1or\u00eda no respet\u00f3 dicho turno, como ejemplo, podemos citar el caso en el que el proceso est\u00e1 al despacho para resolver medida cautelar y llega un embargo de remanentes, caso en el cual, desde luego, se debe decretar la medida de ingreso en primera instancia. <\/p>\n
Por lo anterior, ruego revocar la providencia recurrida o, en su defecto, conceder el recurso de alzada. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que la inconformidad de la ejecutante se circunscribi\u00f3 a la decisi\u00f3n contenida en el numeral \u00abSEGUNDO\u00bb de la parte resolutiva del prove\u00eddo de 10 de junio de 2021, esto es, mediante la cual el juzgado accionado se abstuvo de resolver sobre la aprobaci\u00f3n del remate que se efectu\u00f3 en la ejecuci\u00f3n objeto de cr\u00edtica constitucional, pues el actor consider\u00f3 que, previamente a remitirse el diligenciamiento a la Superintendencia de Sociedades, el fallador debi\u00f3 pronunciarse sobre la aprobaci\u00f3n de la referida subasta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el ordenamiento procesal vigente, no contempla la posibilidad de recurrir en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n que se abstiene de resolver sobre la aprobaci\u00f3n de un remate realizado en un proceso ejecutivo, evidente es la improcedencia de la alzada que formul\u00f3 la gestora del resguardo contra la determinaci\u00f3n adoptada en el numeral segundo de la parte resolutiva del auto de 10 de junio de 2021, circunstancias que, sin duda, dejan sin sustento el reclamo de la tutelante. <\/p>\n
Entonces, las supuestas anomal\u00edas que la quejosa enrostr\u00f3 al Tribunal convocado, es una cuesti\u00f3n que resulta intrascendente, pues lo cierto es que, se reitera, la prenotada apelaci\u00f3n resultaba improcedente para atacar la determinaci\u00f3n que se abstuvo de resolver sobre la aprobaci\u00f3n del remate realizado en el juicio acusado. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las quejas de la accionante, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 10 de junio de la anualidad anterior, que se abstuvo de resolver sobre la aprobaci\u00f3n del remate efectuado en la ejecuci\u00f3n objeto de censura constitucional, no luce arbitraria, comoquiera que el juzgado criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable pronunciarse sobre tal aspecto, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ser\u00eda del caso\u2026 resolver lo atinente a la aprobaci\u00f3n de la almoneda llevada a cabo en el asunto de marras, el\u2026 26 de marzo de 2021\u2026, sino fuera porque avizora el Despacho una situaci\u00f3n sobreviniente y especial\u00edsima, que impide, en un todo, proseguir con el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, emerge del dosier\u2026, auto emanado de la Superintendencia de Sociedades, el\u2026 29 de abril de 2021, mediante el cual\u2026 se admiti\u00f3 a la sociedad Zonas Log\u00edsticas SAS\u2026, al proceso de reorganizaci\u00f3n regulado en la ley 1116 de 2006, hecho que\u2026 condujo a que el representante legal de aquella, noticiara a esta dependencia judicial tal determinaci\u00f3n. A fin que, en cumplimiento a lo prescrito en el art\u00edculo 20 de la comentada Ley, se remita el expediente al juez del concurso. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, se tiene que la jurisprudencia\u2026 ha dado alcance a la naturaleza jur\u00eddica del remate y la calidad que ostenta el rematante, anunciando, para tal efecto, entre otras cosas, que \u201c(\u2026) \u2026 Conforme ha sido explicado por la doctrina y la jurisprudencia, la diligencia de remate es un acto de naturaleza \u201ch\u00edbrida\u201d, por cuanto desde un punto de vista tiene un car\u00e1cter sustancial, pero desde otro es un tr\u00e1mite procesal. Ciertamente, el remate aparece de un lado como un modo de adquirir el dominio\u2026 Aunque la doctrina contempor\u00e1nea discute que el remate pueda asimilarse a una tradici\u00f3n, como lo hace el C\u00f3digo Civil en la norma citada [art\u00edculo 741], considera que las providencias judiciales de adjudicaci\u00f3n constituyen un modo at\u00edpico de adquirir el dominio. M\u00e1s exactamente, considera que el conjunto de providencias judiciales proferidas con ocasi\u00f3n del remate, constituyen un acto jur\u00eddico complejo, que desde una perspectiva sustancial configura un modo especial de adquirir el dominio \u201c(\u2026) antes de que el remate sea aprobado y el auto respectivo quede en firme, el rematante tampoco puede ser considerado como titular de un inter\u00e9s sustancial que resulte protegible dentro del proceso ejecutivo. S\u00f3lo cuando el remate se decreta, se realiza, es aprobado y dicho auto aprobatorio queda en firme, puede hablarse propiamente de la adquisici\u00f3n del derecho de dominio por el rematante. En este momento aparece un inter\u00e9s jur\u00eddico protegible. No antes, cuando solo puede hablarse de expectativa de derecho (\u2026)\u201d1\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De igual forma, no puede perderse [de] vista, lo referido en el art\u00edculo 20 de la ley 1116 de 2006\u2026, el cual en su tenor literal consagra: \u201c\u2026A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada. El Juez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno. El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastar\u00e1 aportar copia del certificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que conste la inscripci\u00f3n del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrir\u00e1 en causal de mala conducta\u201d … <\/p>\n
As\u00ed, acogiendo tal precepto normativo, apropiado es anunciar, que a juicio de esta falladora, no es factible desde ninguna \u00f3ptica seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ya que cualquier actuaci\u00f3n de car\u00e1cter procesal, que se impulse al interior del sub judice, estar\u00eda viciada de nulidad. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, los argumentos esbozados por el demandante (adjudicatario), quien entre otras cosas, asever\u00f3, que acat\u00f3 las exigencias sustanciales y procesales de la subasta, con lo que seg\u00fan su dicho, se abre paso el benepl\u00e1cito de la almoneda siguiendo el rigorismo del art\u00edculo 455 del CG del P, no pueden ser de recibo en la hora de ahora\u2026, por cuanto el escenario que se avizora en el expediente, es totalmente distinto al que en \u00faltimas establece el canon en cita. <\/p>\n
Y es que, si bien es cierto, en tiempo y con anterioridad a la aceptaci\u00f3n de la sociedad Zonas Log\u00edsticas SAS\u2026 al proceso de reorganizaci\u00f3n regulado por la ley 1116 de 2006, el adjudicatario cumpli\u00f3 los deberes descritos en el art\u00edculo 453 del Estatuto Procedimental, tambi\u00e9n lo es que\u2026 seg\u00fan lo comentado por la escasa jurisprudencia \u201cantes de la firmeza del auto que aprueba el remate no puede hablarse de ning\u00fan derecho consolidado en cabeza del rematante\u201d2 y bajo esa aserci\u00f3n, no ser\u00eda dable predicar trasgresi\u00f3n alguna de los derechos del adjudicatario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juzgado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial y concluy\u00f3, con fundamento, adem\u00e1s, de jurisprudencia relacionada, que al haberse admitido a Zonas Log\u00edsticas SAS a ese proceso concursal, imposible era continuar con la ejecuci\u00f3n, pues cualquier actuaci\u00f3n que se adelantara, incluida la aprobaci\u00f3n del remate, quedar\u00eda incursa en causal de invalidez, lo que no se ve\u00eda alterado por el hecho de que el adjudicatario hubiese cumplido con las cargas necesarias para obtener la mentada aprobaci\u00f3n, pues lo cierto es que en su cabeza no radicaba ning\u00fan derecho consolidado, cuya protecci\u00f3n se impusiera. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCorte Constitucional, Sentencia T-659\/06\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abCorte Constitucional, sentencia T-659\/06\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3901-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3901-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00574-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Intermediaci\u00f3n Crediticia SAS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}