STC3907-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3907-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00877-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nicol\u00e1s Felipe San\u00edn Campillo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas al despachar adversamente sus objeciones frente al trabajo de partici\u00f3n elaborado en el juicio criticado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, revocar las sentencias aprobatorias de la aludida distribuci\u00f3n y ordenar \u00abse provea de conformidad, en procura de los fines esenciales del trabajo de liquidaci\u00f3n, partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes sociales y con observancia de los imperativos de la equivalencia y el derecho de igualdad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal impulsado contra el accionante por Piedad de las Mercedes Escobar Paucar, surtidas las etapas de rigor, el 11 de febrero de 2021 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia en la cual declar\u00f3 impr\u00f3speras las objeciones propuestas por aqu\u00e9l frente al trabajo de partici\u00f3n y, en consecuencia, aprob\u00f3 el mismo; determinaci\u00f3n que el 4 de septiembre siguiente confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela, insistiendo en los planteamientos propuestos en las objeciones y en el recurso de apelaci\u00f3n, el quejoso critic\u00f3 tal distribuci\u00f3n por \u00abinconveniente, inequitativ[a] y lesiv[a]\u00bb, por cuanto con ella, incurriendo en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, al carecer \u00abdel apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se pretende sustentar la decisi\u00f3n\u00bb, no se \u00abalcanza el cometido esencial de liquidar la comunidad\u00bb. <\/p>\n
Lo dicho, porque a su antagonista le fue satisfecha la necesidad habitacional al concederle el 50% sobre el \u00abapartamento, parqueadero y \u00fatil de la Urbanizaci\u00f3n Origami\u00bb, adem\u00e1s, se le asignaron los \u00fanicos predios que generan renta; mientras que a \u00e9l le dieron el otro 50% de los primeros bienes, manteni\u00e9ndolos en la indivisibilidad, lo que implica que deba agotar ahora un nuevo juicio, a la vez que para \u00e9l \u00e9stos no satisfacen un uso habitacional; aunado a ello, los inmuebles que se le asignaron \u00abest\u00e1n afectos [a su] ejercicio profesional\u00bb como m\u00e9dico ortopedista. <\/p>\n
Asimismo, afirm\u00f3 que el valor total de los predios adjudicados a su contraparte asciende a $451.738.829, pero los dejados a \u00e9l apenas llegan a los $378.255.750, lo que implica una diferencia en su disfavor de $73.483.079, la que, actualizada a la fecha, de acuerdo a una experticia que contrat\u00f3, suma $127.843.742,24. <\/p>\n
De otro lado, por gananciales, a \u00e9l se adjudicaron \u00abmayores cantidades de participaci\u00f3n en unas sociedades sin figuraci\u00f3n en la bolsa de valores\u00bb; as\u00ed mismo, tambi\u00e9n con acciones, que \u00aben el mercado de bienes carecen de valor\u00bb, se le pagaron las recompensas reconocidas a su favor. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en las hijuelas para el pago del pasivo se presentaron algunos \u00abenunciados abstractos\u00bb y ajenos a la realidad, pasando por alto la singularizaci\u00f3n y precisi\u00f3n que al respecto exige el numeral 4\u00ba del canon 508 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que bajo la consigna de no deteriorar el \u00abestado de confort\u00bb del que gozaba su demandante \u00abdurante la vigencia de la sociedad\u00bb, aplicando una aparente perspectiva de g\u00e9nero, sin justificaci\u00f3n, se le result\u00f3 negando a \u00e9l \u00abla posibilidad de obtener una renta inmobiliaria que le permita sustentar la vida en condiciones dignas\u00bb, inobservando que \u00absupera los 62 a\u00f1os de edad que, no s\u00f3lo debe enfrentar la inexorable disminuci\u00f3n natural y obvia de las condiciones f\u00edsicas y laborales, sino tambi\u00e9n los riesgos de productividad que afectan actualmente al gremio de la salud\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abse apoy\u00f3 en par\u00e1metros que conforme a derecho, garantizaron el proceso debido (art\u00edculo 29 superior), en sus n\u00facleos b\u00e1sicos de contradicci\u00f3n y defensa\u2026[,] y contrario a lo adverado por el accionante\u2026, fue debidamente motiva[da], refiriendo a los aspectos objeto de la controversia suscitada y los argumentos de hecho y derecho pertinentes, satisfaciendo as\u00ed el deber de motivaci\u00f3n de las sentencias, contenido en el C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculos 42-7, 279, 280 y 328\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Familia de la capital antioque\u00f1a deprec\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abno existe vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Oscar Alonso Velilla G\u00f3mez, quien dijo actuar como \u00abapoderado judicial de\u2026 Piedad Escobar Paucar\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de amparo sin adjuntar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. La Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se\u00f1al\u00f3 \u00abcarece[r] de competencia para conocer y pronunciarse sobre lo expuesto en la acci\u00f3n de tutela, toda vez que es una petici\u00f3n que compete exclusivamente resolverla a la Sala de Familia del Tribunal [encausado]\u2026 y [a]l Juzgado [accionado]\u00bb. <\/p>\n
5. Julia Victoria Monta\u00f1o Bedoya, como partidora dentro del proceso cuestionado, adujo que \u00ablas pretensiones [del quejoso] deben ser desestimadas, dado que la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo constitucional para revivir procesos terminados, y espec\u00edficamente para reaparecer etapas ya cumplidas, invocando hechos nuevos\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que su proceder se ci\u00f1\u00f3 a lo reglado en los c\u00e1nones 1394 del C\u00f3digo Civil y 508 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como a los inventarios y aval\u00faos aprobados, en consonancia con la dignidad humana y la igualdad, advirtiendo, sin menoscabar los derechos del quejoso, la presencia de \u00abuna relaci\u00f3n asim\u00e9trica o de poder\u2026 (que es lo que determina la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero), entre\u2026 San\u00edn Castillo[,] m\u00e9dico ortopedista, quien ejerce con \u00e9xito su profesi\u00f3n, y\u2026 Escobar Paucar, ama de casa, madre de cuatro hijos, quien dedic\u00f3 su vida a [su] crianza\u2026, sin contar en [su] ocaso\u2026, a los 65 a\u00f1os, con una cuota alimentaria y tampoco con una pensi\u00f3n de vejez, lo que la coloca en debilidad manifiesta y al decir de la Corte Constitucional, en un sujeto de categor\u00eda sospechosa\u00bb. <\/p>\n
6. Piedad de las Mercedes Escobar Paucar defendi\u00f3 el proceder de las autoridades acusadas, el que reconoci\u00f3 justo; y contrari\u00f3 las afirmaciones de su antagonista, enfatizando, entre otras muchas cosas, que, por ella no contar con la documentaci\u00f3n suficiente, debi\u00f3 permitir que un predio de su propiedad, cuyo precio pag\u00f3, en parte, con dineros provenientes de una herencia, fuera tenido por social; que el inconforme, incluso, ocult\u00f3 algunos bienes para evitar que formaran parte de la masa social; y que ella desea hacer todo lo posible para vender el predio que aqu\u00e9l afirma se le adjudic\u00f3 para satisfacer su necesidad habitacional, pero ha sido el quejoso quien no ha prestado su colaboraci\u00f3n para ello. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, porque en la sentencia del 4 de septiembre de 2021, mediante la que se confirm\u00f3 la dictada el 11 de febrero anterior por el Juzgado convocado, y sobre la que recae el siguiente an\u00e1lisis por ser aquella a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a discusi\u00f3n, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para ratificar el despacho adverso de las objeciones propuestas por el quejoso frente al trabajo de partici\u00f3n y, consecuencialmente, la aprobaci\u00f3n de \u00e9ste. <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso (en adelante, CGP), art\u00edculo 523, establece el procedimiento para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, por causa distinta de la muerte de los consortes, para lo cual remite a las reglas de la sucesi\u00f3n, en cuanto a la confecci\u00f3n del inventario y la partici\u00f3n (art\u00edculos 501 y siguientes). <\/p>\n
A su vez, en eventos como el que ocupa la atenci\u00f3n del Tribunal, la voluntad de los interesados campea, en la distribuci\u00f3n de los bienes, pues el partidor puede solicitarles las instrucciones que considere necesarias, con el fin de acometer \u201clas adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estuvieren de acuerdo, o de conciliar en lo posible sus pretensiones\u201d (art\u00edculo 508 – 1 \u00eddem), regla que no es r\u00edgida, porque, si no se logra ese acuerdo, el partidor cumplir\u00e1 su labor, bajo las previsiones del C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 1394, con la discrecionalidad all\u00ed estipulada. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, en desarrollo de su tarea, el partidor est\u00e1 compelido a acatar el principio de igualdad, aplicable a todos los asignatarios, para adjudicarles lotes semejantes, d\u00e1ndole vigencia siempre a la equivalencia, que disciplina la ejecuci\u00f3n de su encargo, aunque es preciso manifestar que la regla, consagrada en el n\u00famero 7 del art\u00edculo 1394 le\u00eddo, observable en este caso, por mandato del canon 1821 ib\u00eddem, no es de aplicaci\u00f3n geom\u00e9trica ni goza de car\u00e1cter imperativo, ya que su estipulaci\u00f3n es, sin lugar a dudas, expresiva de un criterio de equidad, \u00fatil para orientarlo, en la realizaci\u00f3n de su trabajo, por lo cual, para su observaci\u00f3n, en cada evento, se tendr\u00e1n en cuenta las particulares circunstancias que incidan, en la distribuci\u00f3n de la masa partible. <\/p>\n
En efecto, \u201ccuando el art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo Civil, en su regla s\u00e9ptima, habla de que \u2018se ha de guardar la posible igualdad, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible\u2019, y en la regla 8\u00aa expresa que \u2018en la formaci\u00f3n de los lotes se procurar\u00e1 no s\u00f3lo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos\u2019, marca apenas una directriz general, de la que arrancan los poderes discrecionales del sentenciador en la instancia, sin perjuicio de que con fundamento en las mismas normas puedan los interesados reclamar contra el modo de composici\u00f3n de los lotes, seg\u00fan lo previsto en la regla 9\u00aa Pero el debate al respecto, salvo arbitrariedad manifiesta, queda cerrado definitivamente en la segunda instancia\u201d1. <\/p>\n
Despu\u00e9s, enfatiz\u00f3 que tales par\u00e1metros de igualdad y equivalencia \u00able son dados al partidor, para cumplir su funci\u00f3n\u00bb, y su \u00abdesconocimiento comporta injusticia y, por consiguiente, menoscabo de los derechos de los coasignatarios, quienes entonces pueden reclamar su restablecimiento, con la finalidad de alcanzar una distribuci\u00f3n de las cosas que integran el caudal partible, de acuerdo con el orden jur\u00eddico, principios que resultan conculcados cuando, pese a que pueden ser aplicados, el partidor no adjudica, a cada uno de los copart\u00edcipes, cosas de la misma naturaleza y calidad, o no toma en cuenta las especiales circunstancias de cada caso, eventos en los cuales desconoce la posible igualdad incurriendo, de contera, en singular injusticia\u00bb; a lo cual, acudiendo a la jurisprudencia, adicion\u00f3: <\/p>\n
Al consumar la distribuci\u00f3n de bienes, el partidor goza de la facultad de llevarla a cabo materialmente, siempre que sea factible o que no desmerezca el valor econ\u00f3mico de la cosa; pero, no obstante lo dispuesto por el n\u00famero 1 del art\u00edculo 1394 memorado, pueden aflorar situaciones que hagan indispensable llevar a cabo adjudicaciones proindiviso, entre los interesados, porque \u201cEl hecho de que el partidor adjudique una o varias especies (\u2026) a todos los asignatarios, o s\u00f3lo a algunos de ellos, con se\u00f1alamiento de sus respectivas cuotas proindiviso, no se opone al fin esencial de la partici\u00f3n, cual es el poner t\u00e9rmino a la indivisi\u00f3n de la cosa universal (\u2026), que desaparece desde el momento en que los derechos de los interesados sobre la masa total se concretan sobre determinados bienes, mediante la adjudicaci\u00f3n en com\u00fan de ellos\u201d. <\/p>\n
Tras esas precisiones, compendi\u00f3 as\u00ed los reparos propuestos por el recurrente frente a la determinaci\u00f3n del a-quo: <\/p>\n
Uno de los aspectos que llevaron al convocado a recurrir el fallo del juzgado, se remite a la forma en que los activos y pasivos se distribuyeron por el partidor, porque entiende que desatendi\u00f3 \u201cla teleolog\u00eda de la liquidaci\u00f3n, partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes y flagrantemente violentados los principios imperativos de la igualdad, equidad y no indivisi\u00f3n de bienes, nada de lo cual fue advertido, a pesar del jactancioso exhaustivo an\u00e1lisis\u201d\u2026, ya que, seg\u00fan advera, en primer lugar, se \u201cperpet\u00faa la comunidad relativa a los cuatro (4) inmuebles que hacen parte integrante de la urbanizaci\u00f3n ORIGAMI\u201d\u2026, la cual es, \u201ca todas luces conflictiva, [y] perjudicial\u201d, y, en segundo lugar, la divisi\u00f3n de los inmuebles tampoco guard\u00f3 correspondencia, toda vez que\u2026 se le atribuy\u00f3, sobre la sumatoria total, un 8,85% menos, con respecto a la demandante, a quien adem\u00e1s, dentro de estos, le correspondieron los bienes productivos, es decir, los locales comerciales, lo que contrasta, en tercer lugar, con el mayor porcentaje de las acciones de las Cl\u00ednicas Soma y Fracturas de Antioquia, asignadas [a \u00e9l]\u2026, equivalente al 68,42%, contra el 36,84% que recibe\u2026 Escobar Paucar. <\/p>\n
Seguidamente, acudiendo nuevamente a la jurisprudencia, afirm\u00f3 que tales inconformidades se mostraban infundadas porque: <\/p>\n
\u2026si bien la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n tiene como prop\u00f3sito refutarla, cuando no se ajuste a las prescripciones legales, o se desconozca la relaci\u00f3n de bienes o su aval\u00fao, seg\u00fan lo aprobado en la diligencia de inventarios, lo cierto es que, acerca de esos temas no se advierte sombra alguna que cobije el labor\u00edo, llevado a cabo por la partidora, si se tiene en cuenta que los interesados tuvieron la posibilidad de darle las \u201cinstrucciones necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos\u201d, a voces del art\u00edculo 508 – 1 memorado, con el fin de evitar \u201cla comunidad relativa a los cuatro (4) inmuebles que hacen parte integrante de la urbanizaci\u00f3n ORIGAMI\u201d\u2026, en atenci\u00f3n a que, al no mediar f\u00f3rmulas diferentes, para su distribuci\u00f3n, no le quedaba otro camino a la auxiliar de la justicia que proceder a la adjudicaci\u00f3n, en \u201ccom\u00fan y pro indiviso\u201d (art\u00edculo 508 ejusdem), sobre especies, que como los relacionadas, no admiten su divisi\u00f3n material y, de contera deb\u00eda estarse, a lo previsto por el C\u00f3digo Civil, canon 1394, para efectuar la distribuci\u00f3n, sobre el resto de los inmuebles y las acciones que integran la masa social, de lo cual se doli\u00f3 el recurrente, pues la partidora tambi\u00e9n se ci\u00f1\u00f3 estrictamente, a las aprobadas diligencias de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Es que no puede olvidarse que, como se dijo, en un evento similar a este, \u201cde acuerdo con los pronunciamientos que ha hecho la Corte respecto del alcance que debe d\u00e1rsele a las reglas consagradas en el art\u00edculo 1394 del C.C., cuyo destinatario es el partidor, f\u00e1cilmente se advierte la fragilidad de las acusaciones propuestas. En efecto: <\/p>\n
\u201ca) Como se ha dejado dicho, las reglas para el partidor consagradas en el art\u00edculo 1394 del C.C. no ostentan un car\u00e1cter imperativo, apenas sirven de criterio orientador para permitirle al partidor realizar con equidad su trabajo; justamente por ello son flexibles y en cuanto el sentenciador las confronta para aprobar o improbar el trabajo de partici\u00f3n, no puede a su vez tornarlas r\u00edgidas, exactas o matem\u00e1ticas, salvo en relaci\u00f3n con el valor dado a los bienes en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, base del mismo, y a los cuales debe ajustarse el partidor, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 1392 del C.C., sin perjuicio, claro est\u00e1, de los acuerdos a que lleguen los interesados para obrar de modo distinto; situaci\u00f3n que en verdad aqu\u00ed no se presenta. <\/p>\n
\u201cb) Justamente por su exacta aplicaci\u00f3n al presente caso, cabe ahora repetir que \u2018El art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo Civil consagra normas para el partidor, que \u00e9ste debe cumplir, pero que le dejan una natural libertad de apreciaci\u00f3n de los diversos factores que han de tenerse en cuenta al realizar un trabajo de ese g\u00e9nero. La ley no le impone al partidor la obligaci\u00f3n de formar lotes absolutamente iguales entre todos los herederos. La jurisprudencia sobre esta materia es bien clara en el sentido de que el ordenamiento del art\u00edculo 1394 citado deja al partidor aquella libertad de estimaci\u00f3n, procurando que se guarde la posible igualdad y la semejanza en los lotes adjudicados, pero respetando siempre la equivalencia, que resulta de aplicar al trabajo de partici\u00f3n, para formar varias porciones, el aval\u00fao de los bienes hecho en el juicio. El partidor no puede, a pretexto de buscar la equidad, cambiar los aval\u00faos, y estimar que unos bienes, muebles o inmuebles, valen menos o m\u00e1s de lo que el aval\u00fao reza respecto de ellos\u2019. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, 7 de julio de 1966)\u201d. <\/p>\n
\u2026en desarrollo de ese cometido y a falta de las instrucciones de los interesados, estaba compelida a acatar las previsiones de los c\u00e1nones 1394 y 508 le\u00eddos, cuya aplicaci\u00f3n no es matem\u00e1tica, puesto que contienen el marco jur\u00eddico, sobre el cual debe versar su labor, la cual acometi\u00f3, distribuyendo los bienes que integran, como activos inventariados, el haber social, ajustando de tal suerte su actividad, no solo a las previsiones de las anotadas normas, a falta de directrices de las partes, sino tambi\u00e9n a los aval\u00faos fijados, a cada uno de ellos, lo cual impide el derribamiento de su labor, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que, el propio San\u00edn Campillo, a trav\u00e9s de su vocero judicial, en los albores del tr\u00e1mite liquidatorio, propuso como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, la rechazada transacci\u00f3n, contenida en el acta de conciliaci\u00f3n extrajudicial, que suscribieron las partes, el 6 de mayo de 2014, en el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje del Colegio Antioque\u00f1o de Abogados -COLEGAS-, y que sometieron a su posterior consolidaci\u00f3n o inserci\u00f3n, en una escritura p\u00fablica que no lleg\u00f3 a otorgarse, y que le sirvi\u00f3 de sustento, para promover tambi\u00e9n las excepciones previas de cosa juzgada y liquidaci\u00f3n de la sociedad, al entender err\u00f3neamente que \u201cprodujeron la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal existente entre ellos\u201d\u2026 y dentro de la cual, hab\u00edan acordado que el apartamento 203 de Origami, con MI 001-009603 \u201ccontinuar\u00e1 siendo la vivienda familiar. Se constituye sobre este bien usufructo a favor de ambos c\u00f3nyuges, el mismo ser\u00e1 administrado conjuntamente por ambas partes (\u2026) hace parte de este el cuarto \u00fatil, identificado con la MI: 001009593, #68, parqueadero identificado con la MI: 001009458 (\u2026) segundo parqueadero con MI: 001009437\u201d\u2026, lo cual lleva a expresar que la indivisi\u00f3n de los citados bienes ra\u00edces, no solo hac\u00eda parte del plan original de los ex consortes, sino tambi\u00e9n que el censor pretendi\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada de este proceso, vali\u00e9ndose del pluricitado acuerdo, del cual ahora se aparta injustificadamente. <\/p>\n
Similar soluci\u00f3n brind\u00f3 respecto del \u00abreparo del apelante, concerniente a que\u2026 a Escobar Paucar se le adjudicaron \u201ctodos los locales comerciales y en contraste al se\u00f1or Nicol\u00e1s San\u00edn C. el 50% del cuarto \u00fatil N\u00ba 10 de Interm\u00e9dica\u201d\u00bb; en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026si se tiene en cuenta el criterio de equidad, \u2026[el] partidor\u2026 deber\u00e1 tener en cuenta las particulares circunstancias que influyan, en la distribuci\u00f3n de la masa partible, las cuales, en este caso, indican que la demandante, para la fecha de la audiencia celebrada, el 24 de agosto de 2017, contaba con 60 a\u00f1os de edad, con estudios de enfermer\u00eda y que su ocupaci\u00f3n era ama de casa\u2026, situaci\u00f3n que, contrastada con lo aseverado por el propio vocero judicial del demandado, respecto a que a este le tocar\u00eda asumir un pasivo \u201cpor aquello de la solidaridad, legal y contractual. Lo que se puede pronosticar si se tiene en cuenta que la se\u00f1ora\u2026jam\u00e1s ha pagado nada\u201d\u2026, permiten concluir que la demandante no ostentaba ingresos, para solventar, por s[\u00ed] misma, el nivel de vida del que disfrut\u00f3, durante la vigencia del v\u00ednculo matrimonial, ante lo cual resultaba, equitativo y proporcional, que en el trabajo partitivo, se velara por nivelar, tanto los activos, como los pasivos, con el fin de que, al liquidarse el acervo social, ambas partes permanecieran en condiciones socio econ\u00f3micas similares a las que ostentaban, mientras perdur\u00f3 aquel nexo familiar, y, de contragolpe, que no resultan \u201cviolentados los principios imperativos de la igualdad, equidad y no indivisi\u00f3n de bienes\u201d\u2026, y, menos a\u00fan, cuando la foliatura no da cuenta de elementos suasorios que conduzcan a estimar, si en realidad los bienes, adjudicados a\u2026 Escobar Paucar, produzcan frutos, para que, con fundamento en esa apreciaci\u00f3n, se pudiese aducir el pregonado desequilibrio de la partici\u00f3n. Para reforzar el precedente juicio, se adosa que el propio demandado, en el mencionado acuerdo transaccional, esboz\u00f3 su voluntad, dirigida a que su ex consorte conservara el apartamento, situado en la Ciudadela del Sol, identificado con la MI 029-28844 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n, cuya adjudicaci\u00f3n recay\u00f3 en aquella, seg\u00fan el acto partitivo, hijuela n\u00famero 1, para el pago de los pasivos, pero conservando para si los dos locales comerciales, allende que, en la mentada transacci\u00f3n, la intenci\u00f3n que devel\u00f3 el censor, se remiti\u00f3 a conservar la totalidad de las acciones, \u201ccomo un instrumento que le permite el desempe\u00f1o profesional y laboral en las cl\u00ednicas, \u00fanica fuente de ingresos\u201d. <\/p>\n
Luego, en lo tocante con \u00abla adjudicaci\u00f3n de los pasivos inventariados, en el sentido de que no se fijaron en cabeza, de cada uno de los consocios, sino que lo fue, en un 50%, para cada uno de ellos\u00bb, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026cabe precisar que, de acuerdo con el CGP, canon 508 – 4, el partidor, para el pago de los cr\u00e9ditos insolutos inventariados, debe formar una hijuela suficiente, para cubrir las deudas, \u201cque deber\u00e1 adjudicarse a los herederos en com\u00fan, o a estos y al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente si dichos cr\u00e9ditos fueren de la sociedad conyugal o patrimonial, salvo que todos convengan en que la adjudicaci\u00f3n de la hijuela se haga en forma distinta\u201d (\u00c9nfasis no es del texto), como cuando los herederos un\u00e1nimemente aceptan que, al elaborarse la respectiva hijuela y para saldar las deudas hereditarias, se den en pago, directamente a los acreedores, cosas relictas que puedan entregarse de tal modo (C Civil, art\u00edculo 1391), o cuando todos acuerdan la forma como se distribuir\u00e1 el pasivo hereditario (social), siendo responsable el partidor de todo perjuicio respecto de los acreedores, cuando no forma el lote o hijuela, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 1393 \u00eddem. <\/p>\n
Por ello, el partidor, para distribuir el pasivo inventariado, a prorrata de las cuotas de los asignatarios (C Civil, art\u00edculo 1411; CGP, art\u00edculo 501), deber\u00e1 formar una hijuela suficiente que adjudicar\u00e1 a todos ellos en com\u00fan (CGP, art\u00edculo 508-4), teniendo en cuenta que las deudas hereditarias, en este evento sociales, se dividen entre los herederos a prorrata de los derechos de cada uno de ellos o de sus cuotas en el caudal relicto, como se estila del C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 1411. <\/p>\n
Lo que a continuaci\u00f3n justific\u00f3 citando apartes de un pronunciamiento de esta Corte, que consider\u00f3 ajustado al caso (CSJ SC, 17 abr. 1969); resalt\u00f3 que, acorde a ello, \u00abel partidor debe elaborar la respectiva hijuela, destinada al pago de los pasivos, y, en el caso de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, distribuirlos, a prorrata, de los derechos de cada consocio, a menos que medie convenio entre ellos, para cancelarlos, de modo diferente, juicio que tambi\u00e9n brota de lo sellado por el C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 1391 y 1393, aplicables a este asunto; y de cara al caso concreto encontr\u00f3: <\/p>\n
\u2026la partidora no cont\u00f3 con el consentimiento de los ex c\u00f3nyuges\u2026 para obrar de manera diversa, a las mencionadas previsiones legales, en cuanto al pasivo social, es decir, para asignarle a uno de ellos, un porcentaje que no fuese aquel que, por mandato del canon 1394 del C Civil, en armon\u00eda con el CGP, canon 508 – 4, estuvo compelida a establecer, sobre la forma de asumir la cancelaci\u00f3n de las deudas sociales externas, consistentes en el cr\u00e9dito hipotecario N\u00ba 504119010167, a favor de Colpatria, por la suma de $154.727.174, el cr\u00e9dito hipotecario N\u00ba 9600153825, a favor del BBVA, por la suma de $20.999.769,36, el impuesto predial unificado, del cuarto trimestre de 2017, de los inmuebles con MI 000273508, 000916186, 000916362, 000916406, 000916423, 001009437, 001009458, 001009593, 001009603, 001034834, 001035225 y 001035265, por valor de $5.252.024, la prima del seguro del veh\u00edculo de placas BXF 197, a favor de Coomeva, por valor de $656.940, la valorizaci\u00f3n, por los a\u00f1os 2015 a 2017, a favor de Fonvalmed, $6.044.686, referente a los bienes ra\u00edces, distinguidos con las MI 1009437, 1009458, 1009593, 1009603, 1034834, 1035225, 1035265, 254170, 254197, 916186, 916362, 916406 y 916423\u2026 <\/p>\n
De all\u00ed que, era factible, como finalmente aconteci\u00f3, elaborar las dos (2) hijuelas de deudas, por la suma total de $187.640.593, asignando de esta el 50%, para cada ex consorte, es decir, correspondi\u00e9ndole, a cada uno de ellos, la cifra de $93.820.296,5…, a prorrata de sus derechos, en el acervo social, a falta del mencionado pacto de los interesados, lo cual imped\u00eda distribuirlo en la forma, planteada por el recurrente, a quien se le reconoci\u00f3 una recompensa. <\/p>\n
Con fundamento en tales discernimientos, de forma categ\u00f3rica, concluy\u00f3 que \u00abal censor no le asiste la raz\u00f3n, sobre las objeciones que lanz\u00f3 contra la labor partitiva, motivo por el cual la sentencia de primera instancia merecer\u00e1 el respaldo del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se halla que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el gestor del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 tanto las normas como la jurisprudencia que hall\u00f3 aplicables al caso concreto y valor\u00f3 conjuntamente las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, observ\u00e1ndose que la asignaci\u00f3n de determinados bienes a favor de Escobar Paucar deriv\u00f3, no s\u00f3lo del hecho de que, contando con estudios en enfermer\u00eda, abandon\u00f3 su desarrollo profesional para hacerse cargo de los hijos comunes de la pareja, lo que, en atenci\u00f3n a las reglas de equidad y proporcionalidad, impon\u00eda brindarle medidas apropiadas para la protecci\u00f3n de sus ingresos; sino porque, por gananciales, a cada uno correspond\u00edan $491.600.282,18, la masa a distribuir era de $1.248.834.367,72 -antes de pasivos y recompensas- y s\u00f3lo el apartamento que se adjudic\u00f3 50\/50 fue avaluado en $500.022.000, lo que mostraba inviable una repartici\u00f3n distinta; asimismo, que la adjudicaci\u00f3n de las acciones a favor del inconforme iba en sinton\u00eda con su desarrollo profesional; y que no fue dable determinar, de forma espec\u00edfica, la forma en que se pagar\u00eda cada uno de los pasivos, por falta de acuerdo de las partes, lo que llev\u00f3 a fijar su monto global pero con cargo del 50% para cada uno de los contendores. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC, 15 feb. 1955, G.J. T. LXXIX, p\u00e1g. 490. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3907-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3907-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00877-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nicol\u00e1s Felipe San\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}