STC3909-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3909-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00428-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Humberto de Jes\u00fas Longas Londo\u00f1o frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, el despacho del Magistrado Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez de aquel Tribunal, las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y \u00abderecho de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada al dictar sentencia adversa a sus pretensiones en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, anular el fallo emitido por la encausada el 20 de mayo de 2021 y ordenarle emitir uno nuevo \u00abaceptando las pretensiones presentadas en el punto 4 de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que el actor inco\u00f3 contra Calipiscinas S.A.S. (pretendiendo se declarara que \u00e9sta incurri\u00f3 en publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa de cara al contrato de obra -de reparaci\u00f3n de piscina- que celebraron y, en consecuencia, se le condenara a pagarle la suma de $20.086.283 por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios), surtidas las etapas de rigor, el 20 de mayo de 2021 la Superintendencia encausada dict\u00f3 sentencia adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
2.2. Luego, el quejoso promovi\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n frente al pronunciamiento referido a espacio, libelo que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inadmiti\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2021 y, como no se subsan\u00f3, lo rechaz\u00f3 el d\u00eda 24 siguiente, actuaciones respecto de las cuales, tras agotar all\u00ed diferentes solicitudes de nulidad desatadas adversamente, el reclamante interpuso una previa acci\u00f3n de tutela que, con confirmatoria de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (STL1454-2021), desestim\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC17324-2021). <\/p>\n
Precis\u00f3 que su reclamo constitucional previo fue diferente al ahora propuesto, porque el primero se dirigi\u00f3 contra el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por lo que \u00abno puede afectar este nuevo proceso\u00bb; y que est\u00e1 satisfecho el presupuesto de la inmediatez porque esta petici\u00f3n de amparo la formul\u00f3 tras la ejecutoria del auto que el 17 de noviembre \u00faltimo puso fin a la referida censura extraordinaria, por lo que, afirm\u00f3, \u00abel t\u00e9rmino para interponer la\u2026 tutela estaba suspendido entre mayo 31\u2026 y noviembre 23 de 2021, t\u00e9rmino de decisi\u00f3n del recurso\u2026 de revisi\u00f3n, y se reanud\u00f3 en noviembre 24 de 2021\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Presidenta de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia del fallo de tutela STC17324-2021 e informar que, para lo pertinente, puso en conocimiento de su ponente este tr\u00e1mite supralegal. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque no le vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental al quejoso. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ante la falta de demostraci\u00f3n por parte del censor, \u00abneg\u00f3 las pretensiones de la demanda orientadas a la declaraci\u00f3n de una informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa y en consecuencia no se podr\u00edan declarar los perjuicios que solicitaba\u2026, que entre otras cosas, no se encontraban debidamente probados y justificados\u00bb; que \u00aben todo el escrito de la tutela, \u2026no expone en debida forma que acciones fueron las que vulneraron sus derechos o por lo menos no en la forma que se estableci\u00f3 en la sentencia C-590 del 2005. Por lo que de entrada la acci\u00f3n de tutela es improcedente\u00bb; que al no haber efectuado oportunamente la solicitud respectiva, el actor \u00abno puede alegar que\u2026 [se] vulnera[n] sus derechos al no decretar la prueba testimonial de \u00faltimo minuto en el desarrollo de la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, aunado a que \u00abno present\u00f3\u2026 reposici\u00f3n en contra del auto que decret\u00f3 las pruebas que ser\u00edan tenidas en cuenta en el proceso y en el desarrollo de la audiencia cuando la juez le corri\u00f3 traslado, estuvo de acuerdo con las\u2026 decretadas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo al hallar que el quejoso \u00abse mostr\u00f3 conforme con lo decidido dentro de cada una de las etapas que\u2026 [se] surtieron\u00bb en la audiencia del 20 de mayo de 2021, destacando que \u00abcuando la funcionaria querellada le otorg\u00f3 la palabra para preguntarle si advert\u00eda \u201calguna irregularidad, sea de error de tr\u00e1mite o de nulidad, que se deba corregir o subsanar?\u201d, \u2026contest\u00f3: \u201cconsidero que no hay ning\u00fan error de tr\u00e1mite que acarree la nulidad del proceso\u201d; y luego, al indag\u00e1rsele sobre si fue clara la fijaci\u00f3n del litigio: \u201csi, si fue clara\u201d; y, adem\u00e1s, tambi\u00e9n expres\u00f3 que estaba \u201cde acuerdo con las pruebas decretadas por el despacho\u201d\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, \u00abal revisar la providencia que defini\u00f3 el litigio y resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda\u00bb, advirti\u00f3 que \u00abse motiv\u00f3 conforme a la normatividad que regula el tema y con las pruebas que all\u00ed se recaudaron\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n de la funcionaria querellada no deviene antojadiza, arbitraria o caprichosa, en raz\u00f3n a que\u2026 se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis del acervo probatorio y en las normas que el legislador previ\u00f3 para resolver esa clase de litigios; por lo tanto, el argumento de haber agotado otros mecanismos de defensa que el promotor ten\u00eda a su alcance, como el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y el\u2026 de s\u00faplica que interpuso contra la providencia que la rechaz\u00f3, puede (sic) ser considerado como v\u00e1lido para acudir al presente mecanismo constitucional, preferente y sumario, con el prop\u00f3sito de abrir nuevamente un debate que ya se surti\u00f3 al interior de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, quien, en primer lugar, pidi\u00f3 anular la actuaci\u00f3n surtida por el Tribunal a-quo porque, en su sentir, incurri\u00f3 en la causal de nulidad contemplada en el \u00abnumeral 6\u00bb del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, al omitirse vincular a este tr\u00e1mite a la \u00abCoordinadora de la obra de reparaci\u00f3n de la piscina, Marieta Grijalba Moncayo\u2026, en el correo electr\u00f3nico longas@une.net.co\u00bb; y de otro lado, en subsidio, reclam\u00f3 revocar la decisi\u00f3n impugnada, insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada, de cara a la manifestaci\u00f3n del impugnante en cuanto a que la actuaci\u00f3n est\u00e1 viciada de nulidad por la supuesta falta de enteramiento de Marieta Grijalba Moncayo, como \u00abcoordinadora de la obra de reparaci\u00f3n de la piscina\u00bb; basta se\u00f1alar que no se observa ninguna irregularidad que deba subsanarse, en tanto que ella no fue parte en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor cuestionada, lo que tornaba innecesaria su vinculaci\u00f3n directa a este tr\u00e1mite, de no olvidar que la \u00fanica legitimada para aducir su falta de convocatoria es la persona directamente afectada con ella y que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica reportada para remitir comunicaciones a la misma, incluso en la opugnaci\u00f3n propuesta, es la misma que denunci\u00f3 el quejoso como suya (longas@une.net.co), a la que efectivamente fueron remitidas todas las misivas respectivas en esta actuaci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, teniendo en cuenta que lo criticado por el gestor, seg\u00fan lo enfatiz\u00f3, es la sentencia dictada el 20 de mayo de 2021 por la Superintendencia enjuiciada, en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor por \u00e9l propuesta, concluye la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de inmediatez, en la medida en que desde la emisi\u00f3n de dicha providencia hasta la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo (2 de marzo de 2022), transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose ese lapso fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corte como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
3.1. Frente al requisito de inmediatez, insistentemente la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
3.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
3.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por el quejoso en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01); y que, ciertamente, la proposici\u00f3n de un inviable recurso extraordinario de revisi\u00f3n, como aqu\u00ed ocurri\u00f3 (mismo que, por cierto, culmin\u00f3 con el rechazo de la demanda por su falta de subsanaci\u00f3n), para cuestionar aspectos de valoraci\u00f3n f\u00e1ctica como los ahora propuestos en esta solicitud de resguardo, en modo alguno condicionaba el conteo de lapso semestral que se tiene jurisprudencialmente establecido como suficiente para acudir a esta herramienta excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a ese \u00faltimo aspecto, en un caso de contornos similares al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, se consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026en punto al argumento expuesto por el promotor\u2026, referente a que no puede predicarse ausencia del presupuesto de inmediatez porque s\u00f3lo hasta que agot\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia aqu\u00ed criticada resultaba viable acudir a este mecanismo excepcional, lo cierto es que ello no var\u00eda en nada lo atr\u00e1s considerado, pues esa acci\u00f3n no hace parte del juicio\u2026 fustigado, de donde no revive t\u00e9rminos frente al mismo, a menos que hubiera salido airosa, lo que, como lo reconoce el censor, en el caso concreto no ocurri\u00f3, pues su demanda de revisi\u00f3n fue rechazada al no haber sido debidamente subsanada, aunado a que ese recurso no era la v\u00eda id\u00f3nea para enrostrar los yerros de fondo que endilga a la providencia emitida en el proceso coercitivo en comento\u2026 (CSJ STC14889-2018, 15 nov., rad. 2018-02375-01). <\/p>\n
4. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las exteriorizadas por el a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3909-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3909-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00428-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Humberto de Jes\u00fas Longas Londo\u00f1o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62398","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62398"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62398\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}