STC3910-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00791-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Clara Amelia Moreno Rojas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevoque el pronunciamiento de la Magistrada Ponente\u2026 Figueredo Vivas del Honorable Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil \u2013 Familia, quien aborda el tema del incidente de nulidad del auto que pretende que se contin\u00fae con la entrega del predio, en el numeral 3, 4 y 6 de las \u2018consideraciones\u2019 de la acci\u00f3n de tutela a\u00f1adiendo consideraciones ajenas a lo estrictamente relacionado con la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y decidiendo sobre el incidente de nulidad al considerar que no est\u00e1 llamado a prosperar porque no explicita causal alguna de nulidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Clara Amelia Moreno Rojas instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, el que en sentencia de 7 de diciembre de 2021 deneg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que fue impugnada. <\/p>\n
2.2. En fallo de 11 de febrero de 2022, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Tunja confirm\u00f3 la providencia de primer grado. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que su abogado interpuso una acci\u00f3n de tutela, pues desconoc\u00eda la decisi\u00f3n adoptada frente a los recursos propuestos respecto del rechazo de una petici\u00f3n de nulidad; y que dicha acci\u00f3n fue denegada por falta de legitimaci\u00f3n, en tanto que dicho profesional del derecho no contaba con poder especial para proponerla. <\/p>\n
2.4. Adujo que una de las magistradas abord\u00f3 el tema del incidente de nulidad se\u00f1alando que se acudi\u00f3 a la tutela como una tercera instancia y que no se explicitaba ninguna causal de invalidez como lo exig\u00eda el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, desconociendo as\u00ed la sentencia T-330 de 2018 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que dos magistrados aclararon voto en el sentido que no cab\u00eda a\u00f1adir consideraciones ajenas a la falta de legitimaci\u00f3n; y que la determinaci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n constitucional criticada dejaba sus derechos en un limbo jur\u00eddico. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Tunja indic\u00f3 que ten\u00eda absoluta claridad que los medios de saneamiento, correcci\u00f3n procesal y tutela eran mecanismos para garantizar derechos, que no para diferir sobre el tiempo de ejecutoria y cumplimiento de fallos judiciales; que no hab\u00eda lugar a patrocinar la obstrucci\u00f3n de las diligencias judiciales; que si la gestora consideraba que le asist\u00edan derechos sobre el inmueble objeto de sucesi\u00f3n, era en el escenario natural donde deb\u00eda sustentar los supuestos f\u00e1cticos y probatorios; que la dilaci\u00f3n del proceso y de las diligencias no eran un derecho, sino una conducta que contradec\u00eda la eficacia, celeridad y seguridad jur\u00eddica; que su exposici\u00f3n argumentativa se encontraba en el fallo criticado; y que no incurri\u00f3 en yerro procesal o v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Diomedes Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de los herederos dentro del juicio de sucesi\u00f3n de Higinio Rojas y Alejandrina Espitia, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dichas personas. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo emitido dentro de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 el Tribunal acusado, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine el mismo. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no el fallo aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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