STC3911-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3911-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00833-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Amparo Ospina de Escobar contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela efectiva\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gladys Amparo Mar\u00edn Mar\u00edn y Ruby Esperanza Mar\u00edn Pino promovieron proceso divisorio contra Amparo Ospina de Escobar, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, el que dio traslado de las excepciones y decret\u00f3 pruebas; y con auto de 22 de junio siguiente dej\u00f3 sin efecto esas dos \u00faltimas determinaciones, la que impugnada, se mantuvo y se deneg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.2. Tras ser recurrida la mencionada decisi\u00f3n, el 27 de agosto de 2021 se mantuvo y se concedi\u00f3 la queja deprecada en subsidio; y en providencia de 20 de septiembre siguiente la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad estim\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que propuso distintas excepciones, empero, solo se le dio traslado de las que constitu\u00edan verdaderas defensas para llevar al fracaso a la pretensi\u00f3n divisoria, esto es, prescripci\u00f3n adquisitiva, extintiva y caducidad de la acci\u00f3n; y que se resolvi\u00f3 no darle tr\u00e1mite a los dem\u00e1s medios exceptivos, pues no ten\u00edan relaci\u00f3n con el derecho de dominio que se debat\u00eda en el proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se decretaron pruebas; que la nulidad era un instrumento de ultima ratio; que no era aceptable que se le otorgaran a la parte demandante m\u00e1s posibilidades de defensa y de contradicci\u00f3n, extremo al que se le envi\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda y se le dio traslado parcial de las excepciones, pero que se pronunci\u00f3 frente a todas las defensas propuestas. <\/p>\n
2.5. Adujo que s\u00ed era susceptible de ser analizada la alzada propuesta, pues se estaba resolviendo sobre una nulidad procesal, adem\u00e1s que sustent\u00f3 el recurso dentro del t\u00e9rmino legal; y que el error judicial se pod\u00eda enmendar en cualquier momento. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que a pesar de que la ley procesal era de obligatoria observancia, los funcionarios acusados se apartaron de su contenido; y que si bien los art\u00edculos 42 y 132 del C\u00f3digo General del Proceso ordenaban que se adoptaran medidas para sanear los vicios del procedimiento, integrar litisconsorcio y realizar control de legalidad agotada cada etapa del proceso, no se pod\u00eda crear la norma a aplicar. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se anul\u00f3 la actuaci\u00f3n sin observancia de las normas, concretamente, los art\u00edculos 132 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso; que si bien deb\u00eda agotar el emplazamiento de las personas indeterminadas, oficiar a las autoridades descritas en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso y designar curador ad-litem, no era cierto que era lo adecuado sin reparo alguno, pues la normatividad establece que se deben atender los derechos de todas las partes involucradas. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que lo procedente era que surtido el emplazamiento se nombrara curador y se continuara con el proceso, mas no que se dejara sin efecto el traslado del demandante, extremo respecto de que se hab\u00edan garantizado los derechos; y que las decisiones no ten\u00edan la finalidad de favorecer a las partes. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que los operadores judiciales sustentaron o justificaron de manera inadecuada e insuficiente su actuaci\u00f3n, producto de falta de valoraci\u00f3n y errada aplicaci\u00f3n de las normas; que se desconoc\u00edan los hechos procesales; que los falladores se apartaron de la ley procesal y de la carta Pol\u00edtica; y que se configuraban las causales de procedencia de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada conten\u00eda las razones de hecho y de derecho que la sustentaban; y que la decisi\u00f3n que se adoptara se deb\u00eda fundamentar con exclusividad en los requisitos generales y en las causales especiales de procedibilidad. <\/p>\n
3. Gloria Patricia Castro Quiceno, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Gladys Amparo Mar\u00edn Mar\u00edn y Ruby Esperanza Mar\u00edn Pino, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dichas vinculadas. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las providencias censuradas de 22 de junio, 22 de julio y 27 de agosto de 2021; y la interposici\u00f3n de la tutela el 10 de marzo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto de las providencias de 20 de septiembre y 11 de octubre de 2021, pues en la primera se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la decisi\u00f3n de dejar sin valor una actuaci\u00f3n procesal no se encuentra dentro de la lista antes mencionada que determine su procedencia en el caso concreto, como tampoco existe en el resto del estatuto procesal civil una norma que abra la puerta a la alzada pretendida. Consideraci\u00f3n suficiente para estimar bien negado el recurso de apelaci\u00f3n objeto del presente recurso. <\/p>\n
Ahora bien, frente al argumento expuesto por la parte recurrente, aduciendo que lo resuelto por el juzgado de origen al momento de dejar sin efecto la providencia se trataba de la nulidad procesal de que trata el numeral 8 del art\u00edculo 133 del estatuto procesal, la cual, en consideraci\u00f3n al numeral seis del inciso segundo del art\u00edculo 321 ib\u00eddem, es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n. Considera la Sala que, en la providencia atacada no se decidi\u00f3 acerca de la legalidad o no de una notificaci\u00f3n o emplazamiento realizado, sino que se decidi\u00f3 dejar sin efecto una providencia que corri\u00f3 traslado a las excepciones de m\u00e9rito por considerar que se encontraban pendientes etapas procesales previas mencionadas supra, por ende, no podr\u00eda enmarcarse la decisi\u00f3n en dicha causal. <\/p>\n
Por otro lado, en tanto a las nulidades procesales tambi\u00e9n las rige el principio de especificidad, no es posible catalogar como nulidad las que no est\u00e1n expresamente consagradas en el art\u00edculo 133 ib\u00eddem, ni en las dem\u00e1s normas que disponen nulidades procesales en el estatuto procesal. As\u00ed las cosas, imperativo resulta concluir que la aplicaci\u00f3n de la doctrina de los autos ilegales o antiprocesalismo por parte del a quo en la decisi\u00f3n que se recurri\u00f3, en ning\u00fan modo configura un asunto concerniente a las nulidades procesales, las cuales, como se dijo, est\u00e1n taxativamente consagradas en la norma procesal y no existe una nulidad procesal dispuesta en tal evento. Por lo cual, al no estar el recurso de apelaci\u00f3n expresamente dispuesto para la decisi\u00f3n de inconformidad, se estimar\u00e1 bien denegada la concesi\u00f3n del recurso sin m\u00e1s consideraciones\u2026 <\/p>\n
Y posteriormente, en auto de 11 de octubre de 2021 el estrado del circuito acusado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026De conformidad con el art\u00edculo 329 del C. G. del P., c\u00famplase lo resuelto por el H. Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013Sala Civil-, mediante providencia del 20 de septiembre de 2021, en la cual estim\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto del 22 de junio de 2021 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia que estim\u00f3 bien denegada la alzada, as\u00ed como en el auto con el se resolvi\u00f3 cumplir lo dispuesto por el superior; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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