STC3913-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3913-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de febrero de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de las acciones de tutela acumuladas promovidas por Glenen Alexander Ross, quien dice actuar como agente oficioso de Gustavo Adolfo Garc\u00eda Maestre, Kevin Yesid Silgado Vargas, Sandra Milena Colina Silgado, Ricardo Morales Barrios, Rosandy Colina Silgado, Sixta Delgado Ramos, Emirson Javier Baza Solo, Amaury Mosuea Jim\u00e9nez, Gleivis Zabaleta Izquierdo, John Ramos Blanco, Juan Gonzalo Isaza Su\u00e1rez, Martiia Loz Barrence Sandoval, Jes\u00fas David Silgado Colina, Pedro Segundo Fl\u00f3rez Jordealis; Yulicse Paola de Arco Silgado, Rosa Isabel Silgado Viloria y Abel Augusto Tinoco Rodr\u00edguez contra el Fiscal General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Rep\u00fablica y la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales de sus agenciados, que dice vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abintervenga y tutele el derecho del art\u00edculo 116 de accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que sus agenciados eran residentes en Cartagena y deseaban ejercer el derecho a administrar justicia en las causas penales; que la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que si bien el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica precisaba que los particulares pod\u00edan ser investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de administrar justicia, el Congreso no lo hab\u00eda incorporado en la ritualidad procesal. <\/p>\n
2.2. Adujo que el ente acusado ten\u00eda la facultad constitucional de proponerle al Congreso una ley que regulara el ejercicio del art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica, pero no lo hab\u00eda hecho, excluyendo la posibilidad que se aceptara dicha propuesta como consecuencia de su omisi\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia de la Corte Constitucional indic\u00f3 que ninguna de las vulneraciones o amenazas de los derechos constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama el accionante le eran atribuibles, por lo que no se cumpl\u00eda con el requisito de la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; y que a esa Corporaci\u00f3n le correspond\u00eda la eventual revisi\u00f3n de las decisiones de tutela. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda General del Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia se\u00f1al\u00f3 que para proferir, tramitar, reformar, modificar o adiconar norma alguna se deb\u00eda adelantar un proceso legislativo, conforme a las leyes vigentes sobre la materia; que el gestor contaba con otro mecanismo de acci\u00f3n frente a los hechos, este era, la iniciativa popular; y que no era la competente para conocer de los requerimientos ni las pretensiones del petente, por lo que solicitaba su exclusi\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica no establec\u00eda una obligaci\u00f3n sino una posibilidad; que la iniciativa del Fiscal General de la Naci\u00f3n era facultativa y se encontraba en el art\u00edculo 251 de la Constituci\u00f3n; que no evidenciaba necesidad de presentar un proyecto de ley sobre la materia consultada; que no solo ese ente contaba con dicha competencia, pues tambi\u00e9n la ten\u00edan el Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la Rep\u00fablica y el Gobierno Nacional; que el accionante hab\u00eda presentado distintas solicitudes de resguardo en el mismo sentido; que contest\u00f3 la petici\u00f3n elevada por el gestor; que aquel contaba con otros mecanismos, como la acci\u00f3n de cumplimiento; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n, pues el actor no contaba con poder que acreditara la representaci\u00f3n de las personas mayores de edad, ni tampoco se evidenciaba o se\u00f1alaba circunstancia f\u00edsica o mental que les impidiera a sus agenciados ejercer la tutela de manera directa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Preliminarmente, se advierte que si bien el ahora accionante hab\u00eda acudido previamente a otra acci\u00f3n de tutela manifestando no hablar el idioma espa\u00f1ol, lo cierto es que en el sub-examine no solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un traductor ni inform\u00f3 nada sobre el particular. <\/p>\n
3. Ahora bien, de entrada advierte la Sala la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que Glenen Alexander Ross carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones u omisiones de la autoridad accionada, pues no demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficioso de Gustavo Adolfo Garc\u00eda Maestre, Kevin Yesid Silgado Vargas, Sandra Milena Colina Silgado, Ricardo Morales Barrios, Rosandy Colina Silgado, Sixta Delgado Ramos, Emirson Javier Baza Solo, Amaury Mosuea Jim\u00e9nez, Gleivis Zabaleta Izquierdo, John Ramos Blanco, Juan Gonzalo Isaza Su\u00e1rez, Martiia Loz Barrence Sandoval, Jes\u00fas David Silgado Colina, Pedro Segundo Fl\u00f3rez Jordealis; Yulicse Paola de Arco Silgado, Rosa Isabel Silgado Viloria y Abel Augusto Tinoco Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n para acudir a la acci\u00f3n de tutela, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026 <\/p>\n
\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb (negrillas fuera de texto) (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada en CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional precis\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura de agencia oficiosa, puntualizando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d (CC T-406\/17). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se reitera que el promotor no alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Gustavo Adolfo Garc\u00eda Maestre, Kevin Yesid Silgado Vargas, Sandra Milena Colina Silgado, Ricardo Morales Barrios, Rosandy Colina Silgado, Sixta Delgado Ramos, Emirson Javier Baza Solo, Amaury Mosuea Jim\u00e9nez, Gleivis Zabaleta Izquierdo, John Ramos Blanco, Juan Gonzalo Isaza Su\u00e1rez, Martiia Loz Barrence Sandoval, Jes\u00fas David Silgado Colina, Pedro Segundo Fl\u00f3rez Jordealis; Yulicse Paola de Arco Silgado, Rosa Isabel Silgado Viloria y Abel Augusto Tinoco Rodr\u00edguez; ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran la condici\u00f3n de agente oficioso que se adjudic\u00f3, por lo que es evidente que no puede promover el resguardo en nombre de aquellos. <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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