STC3930-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3930-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02436-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 11 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Mar\u00eda Reyes Morales contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, el Banco de la Republica y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-138. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abdefensa y legalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra el Banco de la Rep\u00fablica, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n jubilaci\u00f3n extralegal, en tanto que \u00abal 31 de julio de 2010, fecha hasta donde se pod\u00edan extender beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, as\u00ed como beneficios convencionales, contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicio (\u2026) los cuales complet\u00f3 el 20 de marzo de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones y coligi\u00f3 que \u00abel actor no hab\u00eda sumado la edad de 55 a\u00f1os [en el l\u00edmite temporal consagrado por el par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005]\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad, confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem (con dos salvamentos de voto), al considerar que \u00abel demandante cumpli\u00f3 55 a\u00f1os (\u2026) el 15 de junio de 2011, es decir, cuando ya la cl\u00e1usula (\u2026) hab\u00eda cesado sus efectos jur\u00eddicos por mandato de la reforma constitucional\u00bb y respecto del segundo cargo, este fue despachado por falencias en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del querellante desconoci\u00f3 el precedente e incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo, al interpretar el acuerdo colectivo \u00absin detenerse a realizar un analizis (sic) m\u00e1s profundo de la misma para aplicar otros criterios de interpretaci\u00f3n entre ellos el de indubio pro operario (sic), favorabilidad e incluso la interpretaci\u00f3n pro homine, para encontrar un sentido m\u00e1s amplio de la redacci\u00f3n de la norma, o incluso haber consultado el esp\u00edritu de la misma\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL1697 del 14 de abril de 2021 y, en consecuencia, se emita una \u00abnueva [determinaci\u00f3n] que defina el recurso de casaci\u00f3n formulando\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado ponente del veredicto confutado, expuso respecto del reclamo realizado por el tutelante, que \u00abtal argumento no resulta suficiente para derribar la doble presunci\u00f3n de legalidad que ampara la providencia, pues es normal que sobre [un asunto en concreto] puedan existir varios criterios sin que por ello se pueda considerar que el de quienes se separaron de [lo resuelto] sea el acertado, y menos que por medio de este mecanismo excepcional se pretenda imponer [cierto] razonamiento\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco de la Rep\u00fablica, manifest\u00f3 que \u00ab[e]n relaci\u00f3n con el texto y el alcance de la norma convencional aplicable a los trabajadores (\u2026) en la cual pretende ampararse el accionante, es evidente que la misma ha sido estudiada de tiempo atr\u00e1s por la Corporaci\u00f3n accionada, concluy\u00e9ndose de manera reiterada que en el caso concreto de dicha cl\u00e1usula (art\u00edculo 18), la edad es un requisito de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n en ella consagrada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abse trata de una decisi\u00f3n debidamente fundamentada, que neg\u00f3 el derecho prestacional pretendido por el demandante, a partir del estudio conjunto y sistem\u00e1tico de la cl\u00e1usula contentiva de la pensi\u00f3n, la intenci\u00f3n de las partes y la convenci\u00f3n\u00bb. Respecto del desconocimiento del precedente, arguy\u00f3 que \u00ab[el veredicto] censurad[o], adicionalmente, se ajusta a la l\u00ednea jurisprudencial consolidada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, respecto a la interpretaci\u00f3n que surge del art\u00edculo 28 de[l] [acuerdo extralegal] 1997-1999 suscrita con el Banco de la Rep\u00fablica, en la que se ha precisado que el \u00fanico entendimiento posible de esa disposici\u00f3n (\u2026) es aquel seg\u00fan el cual los requisitos de causaci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n los son el tiempo de servicios y la edad, de manera concurrente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada del promotor para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[la] hom\u00f3loga Penal en [primera instancia], dej\u00f3 de atender que no se formulaba una simple critica a los argumentos esgrimidos en el fallo de casaci\u00f3n atacado, sino que se indic\u00f3 con suficiencia que tales argumentos, desconoc\u00edan preceptos de derechos fundamentales en la interpretaci\u00f3n de leyes sociales y que por ende tal intelecci\u00f3n deber\u00eda ser adecuada a esos c\u00e1nones superiores de favorabilidad e igualdad, lo que es obligatorio seg\u00fan se reiter\u00f3 en el fallo SU 027 de 2021\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1697-2021, rad. 81305), por mantener en firme la disposici\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del tribunal ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abel demandante cumpli\u00f3 55 a\u00f1os (\u2026) el 15 de junio de 2011, es decir, cuando ya la cl\u00e1usula convencional hab\u00eda cesado sus efectos jur\u00eddicos por mandato de la reforma constitucional\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo, en el que el recurrente acus\u00f3 al fallador de segunda instancia de haber infringido en forma indirecta la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 467, 468, 469, 470, 471, 476 y 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, 1\u00ba, 13 y 21 del CST, 13, 25, 53, 55 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los Convenios 98 y 154 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[U]na lectura completa y objetiva de los elementos que conforman [la] cl\u00e1usula convencional permite inferir que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se causa con el tiempo de servicios de 20 a\u00f1os y la edad m\u00ednima de 55 a\u00f1os para los hombres y 50 para las mujeres, pues la norma mantuvo ligada la prestaci\u00f3n a estos dos requisitos legales y no se\u00f1al\u00f3 que la edad fuera pauta de mera exigibilidad, como lo quiere hacer ver infundadamente la censura\u00bb. <\/p>\n
En este sentido resalt\u00f3 que \u00abes claro que la intenci\u00f3n de las partes fue la de establecer una pensi\u00f3n (\u2026) a la cual se pudiera acceder, seg\u00fan la tabla de liquidaci\u00f3n indicada en [el convenio], \u00abcon los requisitos legales\u00bb de tiempo (\u2026) y edad, seg\u00fan si se tratara de hombres o mujeres, sin que existan elementos objetivos en la cl\u00e1usula que permitan inferir que la voluntad de aqu\u00e9llas fue la de establecer una prestaci\u00f3n solamente con el tiempo de servicios\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la hermen\u00e9utica de estas estipulaciones extralegales, dijo que \u00abal acompasar la norma convencional con la intenci\u00f3n de las partes y con la sistematicidad de la normatividad colectiva, que s\u00ed permiti\u00f3 otras formas de acceder a la pensi\u00f3n (\u2026) sin consideraci\u00f3n a la edad, se llega a la conclusi\u00f3n de que aqu\u00e9lla solo tiene una interpretaci\u00f3n posible, lo cual desvirt\u00faa de entrada la remisi\u00f3n al principio de favorabilidad, como lo pretende el recurrente, pues bien es sabido que el juez solamente puede acudir a \u00e9ste cuando se genere una duda aut\u00e9ntica, seria y objetiva que lo conduzca a dos comprensiones opuestas de la misma disposici\u00f3n, caso en el cual debe inclinarse por la m\u00e1s favorable al trabajador, exigencias que no se cumplen aqu\u00ed dada la claridad de la voluntad de las partes\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente, estim\u00f3 que la cl\u00e1usula 19 del mentado acuerdo, \u00abpermit\u00eda que el trabajador accediera a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con 30 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos, sin consideraci\u00f3n a la edad; no obstante, el actor no reuni\u00f3 tal requisito para el a\u00f1o 2010, en que dicho cuerpo normativo perdi\u00f3 su vigencia\u00bb. Raz\u00f3n por la cual declar\u00f3 la no prosperidad del ataque. <\/p>\n
Posteriormente, en el an\u00e1lisis del segundo embate fundado en \u00abla violaci\u00f3n indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 104, 105, 106, 107, 108, y 109 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en relaci\u00f3n con los arts. 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, 1, 13 y 21, 57, 59, 132 y 142 del C.S.T. y 13, 25 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, la autoridad enjuiciada record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[P]ara confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, con relaci\u00f3n a la pensi\u00f3n (\u2026) establecida en el inciso 3.\u00ba del art\u00edculo 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985, al Tribunal le bast\u00f3 con destacar que el demandante no cumpli\u00f3 los requisitos antes del 31 de julio de 2010, es decir, de manera previa a la p\u00e9rdida de vigencia de la norma reglamentaria en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00ablos diversos reproches expuestos (\u2026), tales como la ineficacia de la modificaci\u00f3n posterior al reglamento interno del trabajo de 1985, la imposibilidad de una reducci\u00f3n unilateral de beneficios por el empleador en el acto jur\u00eddico de 2003, la inclusi\u00f3n de las normas reglamentarias en el contrato de trabajo y la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad a nivel de las mismas, no atacan directamente el soporte de la decisi\u00f3n impugnada, siendo que para desvirtuarla, era imperativo hacerlo\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00abconstitu\u00eda un deber de la censura derribar la conclusi\u00f3n del Tribunal relativa a que el demandante no cumpli\u00f3 las exigencias del reglamento interno del trabajo antes del 31 de julio de 2010, fecha m\u00e1xima de efectos jur\u00eddicos del mismo, la cual, no sobra advertirlo, se acompasa con el [razonamiento] de la Sala en cuanto a que los instrumentos extralegales en materia pensional cuya vigencia inicial se encontraba en curso a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 se mantienen por el t\u00e9rmino inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, con inclusi\u00f3n de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas (SL2798-2020), de modo que los argumentos del ataque resultan totalmente inanes y, en consecuencia, (\u2026) [el veredicto] se mantiene amparada bajo las presunciones de acierto y legalidad que le brinda el ordenamiento en aras de la estabilidad y la seguridad jur\u00eddica\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que se deb\u00eda desestimar el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL1038-2021, 10 mar., rad. 84776; SL660-2021, 17 feb., rad. 76467 y SL2798-2020, 15 jul., rad. 61320\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de resoluciones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador disentir de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, aclarando que, para la Sala, es procedente el respeto por las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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