STC3933-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3933-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 25 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Alberto Maigual Maigual contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad y Paula Ximena Orbes Hern\u00e1ndez, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 2007-00335. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, petici\u00f3n, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los convocados frente al tr\u00e1mite incidental planteado en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que desde \u00abmarzo de 2016\u00bb mantuvo relaci\u00f3n contractual con los abogados Edgar Guillermo Orbes Franco y Jorge Alberto Orbes Jim\u00e9nez, este \u00faltimo sobrino del primero, para que \u00abme asesoraran y reabrieran el asunto de sucesi\u00f3n archivado 2007-0335 que fue donde me excluyeron de la herencia de mi padre Manuel Mar\u00eda Maigual Botina\u00bb, por cuanto en proceso seguido ante otro despacho, hab\u00eda obtenido declaraci\u00f3n judicial de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Que tras presentarse \u00abcontroversias\u00bb en relaci\u00f3n con los honorarios, el abogado Orbes Jim\u00e9nez present\u00f3 incidentes para su regulaci\u00f3n, conllevando a que el asunto fuera asumido por Orbes Franco, a quien le hizo saber que no era viable el cobro del \u00ab20% de mis bienes\u00bb que \u00abno he podido gozar ni de la posesi\u00f3n [porque] siguen embargados y en manos de gente inescrupulosa que me los ha querido quitar de manera fraudulenta (\u2026) con mucho sacrificio (\u2026) les he pagado a ambos abogados Orbes [de lo cual] tengo los recibos (\u2026) y el contrato del 19 de diciembre de 2016, que me respalda el pago de los $4.000.000\u00bb, pero \u00abya al iniciar el a\u00f1o 2020\u00bb, \u00abde manera abusiva (\u2026), empez\u00f3 a insinuarme que yo le deb\u00eda cancelar una vez recupere mis bienes, el valor correspondiente al 20% de los mismos (\u2026), lo que yo nunca le acept\u00e9, ni mucho menos le firm\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Que en auto del 26 de noviembre de 2021, al resolver el incidente de honorarios promovido por el abogado Edgar Guillermo Orbes Franco -quien durante el curso procesal falleci\u00f3-, el accionado \u00abno valor\u00f3 una prueba de un recibo que dice del 5 de septiembre de 2018, por valor de $4.000.000 como concepto de abono a los honorarios del proceso 2007-0335 [ni su afirmaci\u00f3n] de que el abogado Orbes Franco actu\u00f3 de mala fe, al estar condenado y sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura para las fechas en que firmamos el contrato y empez\u00f3 a litigar con su sobrino, reparti\u00e9ndose los honorarios por los cuales luego se enemistaron\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior decisi\u00f3n, \u00abpresent\u00e9 el 1 de diciembre de 2021 el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pero al d\u00eda siguiente, se pronunciaron en que yo no puedo actuar en causa propia y se deneg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que aportaba m\u00e1s pruebas y nada se dijo de la apelaci\u00f3n\u00bb, y que en sentido contrario, tuvo en cuenta la intervenci\u00f3n de Paula Ximena Orbes Hern\u00e1ndez, hija del extinto abogado Orbes Franco, como sucesora procesal en el tr\u00e1mite incidental, concedi\u00e9ndole el recurso vertical por ella interpuesto, pese a ser \u00abextempor\u00e1neo\u00bb. <\/p>\n
Que aunado a que \u00absiguen vigentes cinco procesos de pertenencia sobre mis predios [y] estoy acusado de un supuesto fraude procesal (\u2026), tengo que lidiar con las mentiras que esgrime la se\u00f1orita Paola Ximena Orbes Hern\u00e1ndez, de que a m\u00ed supuestamente se me ha rechazado en todos los juzgados civiles municipales, todos los incidentes de regulaci\u00f3n de honorarios, lo que es absolutamente falso\u00bb, y que ella [como sustanciadora] en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, expresa \u00abanimadversi\u00f3n hacia m\u00ed y quisiera es hacerme perder los [tres] pleitos que est\u00e1n en ese despacho\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al querellado \u00abaceptar mis recursos de ley y las pruebas aportadas al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios contra el doctor Edgar Guillermo Orbes Franco dentro del proceso suces[oral] No. 2007-0335\u00bb; as\u00ed mismo, que requiera a Paula Ximena Orbes Hern\u00e1ndez para que \u00abque no lance acusaciones sin prueba real [ni] trate de entorpecer el cauce normal de mis procesos civiles\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera de Familia de Pasto, luego de una extensa descripci\u00f3n de la actuaci\u00f3n surtida por su despacho, solicit\u00f3 se declare improcedente el amparo, precisando que \u00abdentro del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios no ha querido hacer uso de su derecho de postulaci\u00f3n a que tiene para comparecer a esta clase de procesos, tal como lo establece el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; enfatiz\u00f3 que en dicho asunto \u00abel se\u00f1or MAIGUAL ha litigado en causa propia (\u2026), ha presentado memoriales, pruebas y recursos (\u2026), no acatando la solicitud del juzgado que comparezca con abogado para ser escuchado y m\u00e1s bien de forma poco comedida e irrespetuosa frente a las decisiones como lo hace en esta acci\u00f3n constitucional, exige que sean tenido en cuenta los memoriales que ha interpuesto, y los recursos y las pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. Paula Ximena Orbes Hern\u00e1ndez, por intermedio de mandatario judicial solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente acci\u00f3n, por cuanto las pretensiones expuestas no indican con claridad la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, ni el riesgo de vulneraci\u00f3n, ni en tr\u00e1mite de las actuaciones reprochadas dentro del radicado 2007-00335-00, que cursa ante el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, ni sobre las actuaciones de mi poderdante como reclamante leg\u00edtima de los honorarios de su padre, generados como resultado de su desempe\u00f1o como asesor jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que el actor \u00abno cumpli\u00f3 con la exigencia de actuar en el tr\u00e1mite incidental de regulaci\u00f3n de honorarios (\u2026), a trav\u00e9s de apoderado judicial, quien a su turno podr\u00eda haber presentado los recursos procedentes contra la decisi\u00f3n de no dar tr\u00e1mite a la reposici\u00f3n (\u2026), solicitar la adici\u00f3n del auto que neg\u00f3 la reposici\u00f3n, o presentar las solicitudes que considerara procedentes, si es que consideraba que la providencia no se hab\u00eda pronunciado sobre alguno de los puntos puestos a su conocimiento\u00bb, y ante ello, \u00abno ejerci\u00f3 de manera v\u00e1lida, los medios de defensa a su alcance\u00bb. Por tanto, \u00abno puede ahora fundar su queja en que no se accedi\u00f3 a gestionar sus solicitudes, porque la actuaci\u00f3n del Juzgado fue leg\u00edtima en tanto atendi\u00f3 las normas aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al reproche \u00abfrente a Paula Ximena Orbes Hern\u00e1ndez (\u2026), por hacer acusaciones sin prueba real y adem\u00e1s entorpecer los procesos civiles en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, lugar donde trabaja; se se\u00f1alar\u00e1 que frente a ella no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares\u00bb, aunado a que \u00abde estar incursa en alguna conducta que falte a su deber como empleada de la Rama Judicial (\u2026), no hay elementos de juicio que permitan intervenir al juez de tutela, usurpando la competencia del titular del despacho [competente de verificar tal situaci\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo para reiterar y ampliar los argumentos de la demanda tutelar, al aducir que pese a su problem\u00e1tica econ\u00f3mica y social, \u00abhi[ce] lo posible para intentar ser o\u00eddo y utilic\u00e9 los medios ordinarios que estaban a mi alcance\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Primero de Familia de Pasto, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el reclamante, al abstenerse de tramitar los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que interpuso contra la definici\u00f3n del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido dentro del sucesorio n\u00ba 2007-00335, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional, se establece que el fallo denegatorio del auxilio habr\u00e1 de ser confirmado, porque la actuaci\u00f3n censurada lejos est\u00e1 de tornarse caprichosa o arbitraria, por tanto, no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En particular, la razonabilidad se predica de la postura del juzgado de no dar curso a las inconformidades del demandante, aduciendo para ello que es menester la acreditaci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n, requerimiento este que de manera reiterativa se realiz\u00f3 durante el transcurso del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, soport\u00e1ndose suficientemente en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Ello, porque independientemente de que el quejoso reprocha el prove\u00eddo del 26 de noviembre de 2021, en el cual el acusado resolvi\u00f3 \u00abratificar como honorarios por los servicios de abogado prestados por el se\u00f1or EDGAR GUILLERMO ORBES FRANCO lo establecido en el contrato fechado 19 de diciembre de 2016, suscrito por las partes en litigio dentro de este incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, quedando un saldo por pagar a favor de los herederos del se\u00f1or ORBES FRANCO (QEPD) la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)\u00bb, la censura est\u00e1 enfilada a la posibilidad de controvertir, en sede de instancia, los fundamentos f\u00e1cticos y de derecho que dieron lugar a tal determinaci\u00f3n, concretamente lo atinente a la ponderaci\u00f3n del pertinente material probatorio. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala \u2013como tambi\u00e9n lo hizo el tribunal a-quo-, avala el criterio expuesto por el juzgado en auto proferido el 1\u00ba de marzo de 2022, consistente en abstenerse de tramitar el recurso de reposici\u00f3n formulado porque el hoy tutelante \u00abno puede en estas clase de asuntos patrimoniales liquidatorios, actuar a nombre propio sin abogado\u00bb, aclar\u00e1ndose seguidamente y por id\u00e9ntico motivo, que tampoco se dar\u00e1 curso al subsidiario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, la inviabilidad del amparo no se limita a que el querellante hubiera dejado de plantear los recursos ordinarios contra la decisi\u00f3n que le era desfavorable, sino, se itera, porque para negarse la resoluci\u00f3n del recurso horizontal y la concesi\u00f3n del vertical, no acredit\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n habilitante para atender sus pedimentos y emitir los respectivos pronunciamientos. <\/p>\n
Ello, porque conforme lo advirti\u00f3 el accionado de manera constante, debido a la naturaleza del proceso y autoridad ante quien se lleva el pleito, se hac\u00eda imperioso acudir a trav\u00e9s de apoderado judicial. N\u00f3tese que al tenor del art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso y en particular al canon 25 del Decreto 196 de 1971 \u2013 estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda, \u00abnadie podr\u00e1 litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito [enti\u00e9ndase titulado], sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto\u00bb, siendo estas las consagradas en el art\u00edculo 28 de la misma normativa, sin que en ninguna de ellas se encuentre el juicio de sucesi\u00f3n de mayor cuant\u00eda, cuyo conocimiento, en primera instancia, est\u00e1 a cargo del juez de familia del respectivo circuito judicial. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, no err\u00f3 el Juzgado acusado, al advertirle al hoy accionante, que para actuar dentro del sucesorio y tr\u00e1mites accesorios a este, deb\u00eda constituir apoderado judicial, m\u00e1xime cuando doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tal exigencia no merma la posibilidad de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que, \u00ab[e]l derecho de postulaci\u00f3n es el \u2018que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona\u2019. Ahora bien, \u2018no se trata de disminuir la capacidad para comparecer en proceso, sino de reglamentar su ejercicio en defensa de los mismos interesados y de la profesi\u00f3n de abogado que, por su contenido social merece protecci\u00f3n\u2019\u00bb (CC A-025\/94 y T-018\/17). <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En este orden, la Sala reitera que es inviable el amparo cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso al auxilio, pues: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC12935-2021, 30 sep. 2021, rad. 00086-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n se ratifica la improcedencia de la acci\u00f3n en lo atinente al reproche realizado contra la persona que funge como contraparte en el incidente, porque si el solicitante considera que existen \u00abirregularidades\u00bb en su comportamiento como empleada judicial, la ley lo faculta para que, asumiendo la responsabilidad de sus denuncias, gestione la acci\u00f3n disciplinaria o la que estime pertinente para corregir la eventual afectaci\u00f3n de sus intereses, sin que para ello deba mediar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo invocado, toda vez que la actuaci\u00f3n que el demandante censura, no constituye desafuero que justifique la prosperidad de este excepcional mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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