STC3935-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01841-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 14 de octubre de 20211 dentro de la tutela promovida por Carlos Humberto Mart\u00ednez Ospina contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal 2011-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento solicitando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales la debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas en la primera instancia se puede extraer que contra el ac\u00e1 accionante curs\u00f3 el proceso penal rese\u00f1ado en p\u00e1rrafos precedentes, por los delitos de acceso carnal violento y utilizaci\u00f3n o facilitaci\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 a\u00f1os, dentro del cual, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, el 26 de junio de 2012 profiri\u00f3 sentencia conden\u00e1ndolo a purgar quince a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el defensor del acusado, la cual fue desatada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial, el 14 de junio de 2019, en el sentido de impartirle confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente tanto el condenado como su representante judicial formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, declarados desiertos por la colegiatura ad quem, porque no se present\u00f3 la respectiva demanda. <\/p>\n
3. Mart\u00ednez Ospina afirma que, a su juicio, se presentaron deficiencias en la valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en el juicio, al tiempo que fue condenado sin haberse alcanzado el est\u00e1ndar de convencimiento requerido; empero, no formula pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia dijo que no vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales del actor por cuanto \u00ablas decisiones [atacadas] se encuentra motivadas y sustentadas atacadas\u00bb al tiempo que la actuaci\u00f3n procesal se adelant\u00f3 \u00abcon la debida observancia de los postulados constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 que lo pretendido por Mart\u00ednez Ospina es \u00abentablar un recuso adicional frente a las decisiones que van en contrav\u00eda de sus intereses, alegando supuestos defectos acaecidos y sin probar ninguno de ellos\u00bb, por lo que solicit\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
3. Por su parte, el Defensor Regional del Pueblo de Risaralda pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda en lo que a esa entidad ata\u00f1e, dado que \u00abha actuado acorde con los lineamientos y principios definidos para la prestaci\u00f3n del servicio de defensor\u00eda p\u00fablica\u2026 [y] estar cumpliendo con sus funciones en cuanto al acompa\u00f1amiento y protecci\u00f3n de los derechos humanos correspondiente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por cuanto \u00abCarlos Humberto Mart\u00ednez Ospina en anterior ocasi\u00f3n acudi\u00f3 al amparo para cuestionar la condena impuesta en su contra [rad. 2020-00426 NI 109786]\u00bb el cual fue dirimido a trav\u00e9s de la sentencia STP3434 de 24 de marzo de 2020 en la que se concluy\u00f3 que las decisiones condenatorias proferidas al interior de la causa penal 2011-00014 se mostraban razonables y debidamente sustentadas, sin que se observe \u00abacontecimiento o circunstancia sobreviniente que amerite un nuevo pronunciamiento del juez constitucional, pues si bien el actor ha intentado disgregar el fundamento y pretensiones de la demanda, lo cierto es que, de la lectura de las providencias que al respecto se han emitido, se concluye que existe esa triple identidad en las peticiones de amparo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, dispuso prevenir al actor a efectos de que evite el ejercicio indiscriminado de este instrumento \u00abso pena de verse incurso en las acciones penales que por la utilizaci\u00f3n reiterada e indebida de la acci\u00f3n de tutela\u2026 ha dispuesto el legislador\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo que \u00abno fueron verificados los yerros en la valoraci\u00f3n de pruebas en que incurrieron en primera y segunda instancia los falladores\u2026 cuando de tal an\u00e1lisis que no se quiso hacer se desprende que\u2026 en ambas instancias se legalizaron fallos proferidos sin certeza de mi responsabilidad penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el convocante incurri\u00f3 en temeridad por ejercer indiscriminadamente la acci\u00f3n de tutela y, en caso de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, al declararlo responsable de los delitos de acceso carnal violento y utilizaci\u00f3n o facilitaci\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 a\u00f1os, realizando, supuestamente, una valoraci\u00f3n inadecuada de las pruebas practicadas en la causa penal y sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de convencimiento requerido para emitir una sentencia condenatoria. <\/p>\n
2. La temeridad del amparo <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del auxilio supralegal entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que, como lo advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal el querellante promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de la misma naturaleza, (radicaci\u00f3n 2020-00426) decidida mediante STP3434 de 24 de marzo de 2020 af\u00edn, en su esencia f\u00e1ctica, con el mismo n\u00facleo tem\u00e1tico e id\u00e9nticas pretensiones a las que hoy se estudian, siendo evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos referenciados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Ciertamente, en la demanda aludida, dirigida contra las mismas autoridades jurisdiccionales, el actor censur\u00f3 las supuestas deficiencias en la intelecci\u00f3n de los medios de convencimiento en los que se fundament\u00f3 la declaratoria de responsabilidad penal y la imposici\u00f3n de la consecuente condena criticando, adem\u00e1s, que los convocado no arribaron al grado de conocimiento requerido en el art\u00edculo 381 de la legislaci\u00f3n procesal penal vigente. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 establecido, la Sala a quo conoci\u00f3 de la aludida salvaguarda, desestimada por cuanto no hall\u00f3 configurada la vulneraci\u00f3n aducida por los gestores, en tanto que las decisiones criticadas se mostraban razonables y sustentadas tanto en una adecuada valoraci\u00f3n probatoria como en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
As\u00ed entonces, n\u00f3tese, la tutela cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente en los fundamentos f\u00e1cticos, y pese a que podr\u00edan diferir sutilmente en la forma de plantearlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia que advirti\u00f3 la Colegiatura de primer grado y la raz\u00f3n primordial para denegar el resguardo, postura que esta Sala refrenda, m\u00e1xime que no se evidencia motivo alguno que justifique el uso desmedido e irracional de esta herramienta. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido en esta tutela es el reflejo del injustificado uso de otra esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
En consonancia con lo discernido por la Hom\u00f3loga Penal, pese a la clara duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n, por ahora no se adoptar\u00e1 decisi\u00f3n alguna en torno a la imposici\u00f3n de multa al accionante, en consideraci\u00f3n a que, por un lado, no tiene la condici\u00f3n de abogado, y de otro, la promoci\u00f3n de esta nueva salvaguarda pudo obedecer a una errada comprensi\u00f3n de lo que considera como hechos y pretensiones nuevas; sin embargo, ello no obsta para reiterar el llamado de atenci\u00f3n a Mart\u00ednez Ospina a efectos de que evite incurrir nuevamente en este tipo de conductas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Resulta evidente que el objeto, la causa y las partes en este tr\u00e1mite constitucional guardan identidad con el que ya fue conocido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (STP3434-2020), raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio expedito lo resuelto en esta providencia tanto a los interesados, como a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el pasado 18 de marzo. <\/p>\n
<\/p>\n
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