STC3937-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3937-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02499-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 11 de enero de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Carlos Andr\u00e9s Moreno Rold\u00e1n frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero y Cuarto Penales del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y Medell\u00edn, respectivamente, y las partes e intervinientes en los procesos penales que se adelantaron contra el accionante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, result\u00f3 condenado en dos procesos penales; el primero de ellos, curs\u00f3 en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed \u2013 radicado 2013-04211 \u2013, que le impuso una pena de 220 meses de prisi\u00f3n y multa de 1213,76 salarios m\u00ednimos legales mensuales por los delitos de \u00abestafa agravada en la modalidad de delito masa, gesti\u00f3n indebida de recursos sociales y concierto para delinquir\u00bb; el Tribunal Superior de Medell\u00edn en segunda instancia \u2013 fallo de 16 de noviembre de 2018 \u2013 tras absolverlo \u00fanicamente de la conducta de \u00abgesti\u00f3n indebida de recursos sociales\u00bb, modific\u00f3 la sanci\u00f3n, dej\u00e1ndola en 138 meses y 21 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de 317.39 salarios m\u00ednimos legales mensuales por los punibles restantes. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, aunque su defensor interpuso el recurso de casaci\u00f3n, desisti\u00f3 posteriormente de \u00e9l; empero, el expediente se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal surtiendo el tr\u00e1mite de dicho recurso extraordinario formulado por los dem\u00e1s coprocesados. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el segundo de los juicios penales, se\u00f1al\u00f3 que lo adelant\u00f3 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Medell\u00edn \u2013 radicado 2019-00012 \u2013, en el que fue declarado responsable penalmente por los il\u00edcitos de \u00abestafa agravada en la modalidad de delito masa y urbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb y objeto de una pena de 106 meses de prisi\u00f3n y multa de 8.405 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sanci\u00f3n que al quedar ejecutoriada pas\u00f3 a ser vigilada por el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, fue ante este \u00faltimo despacho que elev\u00f3 solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas que le fueron impuestas en los dos procesos referidos; sin embargo, por auto de 18 de agosto de 2021, el juzgado de ejecuci\u00f3n le neg\u00f3 la pretensi\u00f3n con fundamento en dos razones: que desconoce desde qu\u00e9 fecha estuvo privado de la libertad por cuenta del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, y porque la sentencia que solicita acumular \u00abno se encuentra ejecutoriada toda vez que est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la anterior determinaci\u00f3n fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn mediante auto del 27 de octubre de 2021. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las anteriores providencias por cuanto, al no decretarse en su oportunidad la conexidad de las dos investigaciones penales se estructur\u00f3 \u00ab(\u2026) una grave afrenta a las garant\u00edas procesales en raz\u00f3n a que tiene que afrontar condenas sucesivas por hechos que debieron ser investigados y juzgados bajo una misma cuerda procesal, lo que genera, en su concepto, la \u201cprolongaci\u00f3n ileg\u00edtima del poder punitivo\u00bb. Adicionalmente, recrimin\u00f3 que, el despacho ejecutor al resolver la petici\u00f3n \u00ab(\u2026) aduzca un vac\u00edo de informaci\u00f3n para predicar que el hecho pudo haber ocurrido durante la ejecuci\u00f3n de la primera pena, cuando lo cierto es que al revisar los hechos jur\u00eddicamente relevantes de las dos sentencias se evidencia que los mismos se dieron mucho antes del a\u00f1o 2020, es decir, antes de la condena que vigila el juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 en suma que, las decisiones atacadas sacrificaron \u00abel derecho sustancial al hacer prevalecer la adjetividad\u00bb al desestimar la solicitud de acumulaci\u00f3n de sanciones provisional \u00abaduciendo requerimiento de orden procedimental\u00bb. Agreg\u00f3 que, el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004 indica que el enjuiciado adquiere la calidad de condenado desde el anuncio del sentido del fallo, y que, adem\u00e1s, el canon 460 de la misma codificaci\u00f3n \u00abno exige expresamente que las penas deban estar ejecutoriadas ni proh\u00edbe la acumulaci\u00f3n si alguna sentencia no est\u00e1 en firme\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la afectaci\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad sostuvo que, se le vulner\u00f3 porque se le brind\u00f3 un trato diferencial a su caso en relaci\u00f3n \u00abcon otra persona que est\u00e9 en id\u00e9nticas condiciones [\u2026] pero sus sentencias ya se encuentran en firme tendr\u00eda derecho a la acumulaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, diferenciaci\u00f3n que considera \u00ab(\u2026) contraria a la constituci\u00f3n pol\u00edtica por constituirse en un desprop\u00f3sito frente al derecho fundamental a la igualdad y un sacrificio injustificado del principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn \u00abque realice la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica provisional de las dos sentencias condenatorias que pesan en [su contra] y decidir sobre los mecanismos sustitutivos de la pena consagrados en los art\u00edculos 38G y 64 del C\u00f3digo Penal, en el menor tiempo posible\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Medell\u00edn inform\u00f3 que, vigila la pena de 106 meses de prisi\u00f3n que le impuso el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad a Moreno Rold\u00e1n por los injustos de \u00abestafa agravada en la modalidad de delito masa y urbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb por hechos acaecidos entre los a\u00f1os 2007 y 2015, sanci\u00f3n que descuenta de forma intramural desde el 14 de agosto de 2020. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal por intermedio del magistrado ponente de la providencia discutida por el actor, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la negativa de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas en tanto que, \u00abno constituye una afrenta a los derechos fundamentales del tutelante, tras ser adoptada en derecho, respetando la vigencia y preservaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u00bb. Finalmente, destac\u00f3 que lo pretendido por el accionante es utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al tr\u00e1mite ordinario, lo que resulta improcedente. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda porque los pronunciamientos reprochados los advirti\u00f3 razonables y se apoyaron en la normativa aplicable sobre la materia; adicionalmente, comoquiera que las decisiones que resuelven sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas \u00abcobran ejecutoria formal m\u00e1s no material\u00bb y como no existe \u00abuna negativa definitiva de la acumulaci\u00f3n [\u2026] una vez cobre ejecutoria la sentencia proferida dentro del proceso \u20262013-04211 [podr\u00e1] elevar nuevamente esa pretensi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, adujo adem\u00e1s que la a quo desconoci\u00f3 su verdadera petici\u00f3n cual era que se analizara, a la luz de los derechos fundamentales de su prohijado, la posibilidad de que se ordene a los accionados permitir una \u00abacumulaci\u00f3n provisional [que aunque] ser\u00eda una excepci\u00f3n a la norma [\u2026] no sacrifica ning\u00fan derecho fundamental, en cambio, la negativa s\u00ed sacrifica el derecho del sentenciado a purgar la pena de una forma menos invasiva de su libertad am\u00e9n de que ya tiene objetivamente el derecho a disfrutar el mecanismo sustitutivo [\u2026] del art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que, si bien es cierto podr\u00eda volver a elevar la petici\u00f3n una vez la otra sentencia quede ejecutoriada, \u00abal ritmo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal viene resolviendo ese recurso, pueden pasar varios a\u00f1os m\u00e1s con la perjudicial consecuencia de que [\u2026] no podr\u00e1 acceder al mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria y podr\u00eda estar pagando la segunda pena de manera completa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las garant\u00edas reclamadas por el actor al negarle la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas que deprec\u00f3, porque una de las sanciones objeto de ese an\u00e1lisis no se encuentra ejecutoriada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 27 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. La decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la providencia del tribunal censurado, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que lleve una notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n accionada al revisar el prove\u00eddo objeto de ataque, ratific\u00f3 el criterio del a quo frente a la imposibilidad legal para efectuar el acopio punitivo de las condenas, fundamentalmente por el incumplimiento de uno de los requisitos objetivos para su viabilidad, esto es, que las sentencias se encuentren en firme. <\/p>\n
En tal sentido, puntualiz\u00f3 el tribunal que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto AP2284-2014 especific\u00f3 los par\u00e1metros para la operabilidad de ese instituto jur\u00eddico, siendo preponderante el que las sentencias condenatorias hayan cobrado plena ejecutoria. Al respecto apunt\u00f3, <\/p>\n
\u00ablo anterior tiene una raz\u00f3n muy sencilla, pues de no hacerse as\u00ed se estar\u00eda generando una inseguridad jur\u00eddica respecto del tiempo real que la persona debe permanecer privada de la libertad, por cuanto podr\u00eda ocurrir que en sede de segunda instancia o incluso de casaci\u00f3n, se efect\u00faen variaciones a la condena que incidan de forma directa sobre el quantum punitivo, quedando en la incertidumbre la cuantificaci\u00f3n final de la pena acumulada\u00bb. <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3 que, en todo caso, el condenado conoc\u00eda que una de las sentencias que pide acumular no goza de ejecutoria definitiva por hallarse en curso el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n que, aunque no haya sido promovida por \u00e9l, nada obsta para que, eventualmente, pueda ser beneficiado por la decisi\u00f3n que all\u00ed pueda llegar adoptarse. <\/p>\n
Frente a los dem\u00e1s reproches expuestos en la apelaci\u00f3n del auto nugatorio de la acumulaci\u00f3n, dijo el tribunal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tambi\u00e9n se cae por sustracci\u00f3n de materia la primera parte de la censura del recurrente atinente a la verificaci\u00f3n si la otra conducta punible se cometi\u00f3 en el interregno en que estuvo privado de su libertad en raz\u00f3n a una medida de aseguramiento pues, como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, sin existir la ejecutoria de una de las decisiones que pretende acumular, no es viable efectuar otros ejercicios valorativos para determinar la procedencia de su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, explic\u00f3 que, tampoco proceder\u00eda pronunciarse frente al alegato en torno a la verificaci\u00f3n de una probable violaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem al momento de efectuar la dosificaci\u00f3n acumulativa de penas por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal argumentaci\u00f3n est\u00e1 totalmente fuera de lugar, pues n\u00f3tese que un aspecto de tal envergadura no es susceptible de abordarlo en este momento, por cuanto no se cuenta con las sentencias ejecutoriadas sobre las cuales se tenga certeza de las valoraciones finales que la Corte realice del fallo que no cuenta con firmeza, pudi\u00e9ndose presentar que ese aspecto sea tenido en cuenta el momento de proferirse la decisi\u00f3n faltante\u00bb <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, no se encuentra incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones que el tribunal demandado tuvo para confirmar el auto apelado, inconformidad que, naturalmente excede el \u00e1mbito del juez de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera potestad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho la Corte que, <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no es procedente el resguardo constitucional deprecado al apreciarse razonable la decisi\u00f3n discutida, ya que \u00e9sta se centr\u00f3 en cuestiones que fueron tratadas de manera acertada en el marco de la fase de ejecuci\u00f3n de la condena, como se precis\u00f3. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, como refuerzo de la improcedencia de la acci\u00f3n, se tiene el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en consideraci\u00f3n a que, las v\u00edas jur\u00eddicas no se encuentran clausuradas para el actor pues, eventualmente podr\u00e1 contar con la posibilidad de volver a plantear la pretensi\u00f3n, eso s\u00ed, como lo dej\u00f3 sentado la Hom\u00f3loga a quo, siempre y cuando la sanci\u00f3n punitiva que solicita acumular quede efectivamente en firme; asimismo, porque en este concreto evento, las determinaciones recriminadas no resolvieron de fondo sobre la acumulaci\u00f3n por las razones suficientemente precisadas all\u00ed, de manera que no cobraron ejecutoria material sino meramente formal. <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se evidencia el desconocimiento de dicha garant\u00eda en los t\u00e9rminos afirmados por el tutelante, pues, de un lado, no se adujo la existencia de un caso id\u00e9ntico al suyo donde las autoridades aqu\u00ed accionadas hubieren impartido un trato diferenciado respecto de aqu\u00e9l sin justificaci\u00f3n. Al respecto, frente alegaciones de este tenor, la Sala ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab( …) Ahora, se duele el impugnante del trato desigual [otorgado a \u00e9l por los querellados]; empero, no acredit\u00f3 el aspecto relacional con el fin de efectuar el test de razonabilidad en la diferenciaci\u00f3n dispensada por las accionadas, exigencia que cobra relevancia cuando se demanda la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que con el prop\u00f3sito de determinar su desconocimiento, resulta necesario confrontar los casos concretos en los cuales las autoridades convocadas hayan actuado de manera diferente frente a situaciones semejantes a las que se encuentra inmerso el actor constitucional (…)\u00bb (CSJ, STC, 18 oct. 2013, rad. 2013\u001e00446-01, reiterada, entre otras, en STC6924-2017 18 may. 2017 rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone ratificar el fallo constitucional impugnado. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. No se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda esencial consagrada en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dado que el actor no alleg\u00f3 elementos que permitieran efectuar un paralelo concreto con otros asuntos a fin de determinar si los accionados prodigaron un trato dis\u00edmil frente a contextos an\u00e1logos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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