STC3940-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3940-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00384-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Luz Enir Quiceno Rodr\u00edguez contra la Superintendencia de Sociedades y la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S., tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la intervenci\u00f3n judicial n\u00ba 76745. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la convocada. <\/p>\n
2. Expuso que, mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 300-003195 del 29 de agosto de 2017 la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, adopt\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n sobre la sociedad \u00ababc for winners s.a.s\u00bb de la cual fue accionista. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, como consecuencia de dicha medida, se decret\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes y negocios de la mencionada sociedad, as\u00ed como los de 20 personas naturales m\u00e1s, entre las que result\u00f3 afectada, vi\u00e9ndose comprometidos dos veh\u00edculos de su propiedad de placas \u00abRZZ512 y DNO978\u00bb. Sin embargo, destac\u00f3 que, con posterioridad, en audiencias del 25 de junio y 19 de julio de 2021, la Superintendencia resolvi\u00f3 de forma favorable la solicitud que elev\u00f3 de exclusi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n, as\u00ed como el de levantamiento de las medidas restrictivas respecto de los automotores referidos. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, pese a lo anterior, la devoluci\u00f3n de los veh\u00edculos no se ha materializado y, aunque present\u00f3 una petici\u00f3n el 11 de noviembre de 2021 insistiendo a la Superintendencia que ordenara su inmediata restituci\u00f3n, manifest\u00f3 no haber obtenido ninguna respuesta. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que \u00abse ampare mi derecho fundamental de petici\u00f3n (\u2026) se ordene a la accionada que [\u2026] produzca la respuesta a la entrega de los carros DNO978 marca Tucson que se encuentra en la ciudad de Ibagu\u00e9; RZZ512 marca Hyundai en la ciudad de Medell\u00edn, y propiedades que fuera intervenidas administrativamente a mi nombre\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. – El Agente Interventor y Representante Legal de la sociedad \u00abABC FOR WINNERS S.A.S\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que, tras conocer de la exclusi\u00f3n del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora Quiceno Rodr\u00edguez, procedi\u00f3 a negociar con los prestadores del servicio de parqueadero donde se hallan los automotores con la idea de lograr retirarlos para su entrega, para con posterioridad requerir a la Superintendencia \u00abel desembolso de los dineros necesarios para el pago de ello. No obstante, a pesar de las distintas comunicaciones elevadas ante la entidad, no se ha resuelto sobre la procedencia de la misiva, sin que le sea reprochado su actuar, pues se encuentra limitado por las \u00f3rdenes que expida la delegatura\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n al car\u00e1cter jurisdiccional de la intervenci\u00f3n realizada a la sociedad \u00abABC FOR WINNERS S.A.S\u00bb. Detall\u00f3 que, las \u00f3rdenes encaminadas a levantar las medidas de cautela que pesaban sobre los veh\u00edculos ya fueron proferidas. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En primera medida, declar\u00f3 improcedente el amparo del derecho de petici\u00f3n por estar directamente relacionado con la actuaci\u00f3n jurisdiccional adelantada por la Superintendencia de Sociedades, \u00abraz\u00f3n por la cual a la solicitante le corresponde atender las previsiones normativas que para tal fin se han establecido\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, concedi\u00f3 la salvaguarda tras advertir que, el debido proceso de la accionante se vio afectado ante la falta pronunciamiento de la entidad frente a la solicitud del interventor \u00abencaminada a obtener el desembolso de los gastos necesarios para materializar la entrega de los veh\u00edculos (\u2026)\u00bb; por lo cual orden\u00f3, a la accionada que \u00abresuelva las misivas elevadas por el agente interventor, radicados 2021-02-021309 del 6 de agosto de 2021 y 2021-01-567759 del 21 de septiembre de 2021, sin que necesariamente deban ser favorables a fin de adelantar las diligencias tendientes a la materializaci\u00f3n de la entrega de los automotores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la directora de intervenci\u00f3n judicial de la Superintendencia de Sociedades oponi\u00e9ndose al otorgamiento del amparo tutelar. Como lo indic\u00f3 al pronunciarse en la contestaci\u00f3n de la tutela, reiter\u00f3 que, \u00abya profiri\u00f3 las \u00f3rdenes que le corresponden desde su competencia\u00bb en relaci\u00f3n con la entrega de los veh\u00edculos en cuesti\u00f3n de propiedad de la accionante, y que, lo que procede \u00abes que las oficinas de tr\u00e1nsito correspondientes y el auxiliar de la justicia, se sirvan dar cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, las solicitudes que present\u00f3 el interventor no hicieron parte de la queja expuesta en la acci\u00f3n de tutela, por lo que fue un tema respecto del cual no tuvo la oportunidad de defenderse, empero, se\u00f1al\u00f3 que mediante auto de 10 de marzo de 2002 las resolvi\u00f3, decisi\u00f3n en la que cuestion\u00f3 con \u00e9nfasis la labor del referido auxiliar de la justicia, por cuanto no inform\u00f3 oportunamente sobre los gastos derivados del parqueo de los automotores retenidos y, en todo caso, dispuso ordenar a los parqueaderos la entrega inmediata de los bienes retenidos. Finalmente, resalt\u00f3 que no quebrant\u00f3 los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas al, (i) no responder a la petici\u00f3n elevada por la querellante el 11 de noviembre de 2021 relacionada con la devoluci\u00f3n de los veh\u00edculos automotores de su propiedad afectados con la medida de toma de posesi\u00f3n con ocasi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n judicial de la empresa \u00abABC FOR WINNERS S.A.S.\u00bb, expediente 76745; y, (ii) no pronunciarse frente a los requerimientos impetrados por el interventor de la causa el 6 de agosto y el 21 de septiembre de 2021, para \u00abobtener el desembolso de los gastos necesarios para materializar la entrega de los veh\u00edculos\u00bb a la accionante. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, es menester precisar que se ratificar\u00e1 la negativa de la salvaguarda en punto de la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n invocado por la actora en consideraci\u00f3n a que, el memorial que radic\u00f3 ante la Superintendencia accionada el 11 de noviembre de 2021, tiene v\u00ednculo intr\u00ednseco con el proceso de intervenci\u00f3n judicial de la empresa \u00abABC FOR WINNERS S.A.S.\u00bb que se adelanta ante esa autoridad de control en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en el que solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas all\u00ed decretadas respecto de los veh\u00edculos de placas \u00abDNO978 y RZZ512\u00bb de los cuales figura como titular, as\u00ed como su correspondiente entrega, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, como lo previno el tribunal, la accionante no se encontraba habilitada para pretender, mediante el escrito petitorio, que la Superintendencia tutelada respondiera sobre un asunto propio del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n y en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la garant\u00eda supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013 dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
De suerte que, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario deben ser resueltos, pero trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, lo que quiere decir que, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada por parte de la entidad accionada, no constituye en el presente evento raz\u00f3n para conceder el amparo solicitado. <\/p>\n
Ahora bien, seg\u00fan lo indic\u00f3 la entidad tutelada en el escrito de impugnaci\u00f3n, con prove\u00eddo de 10 de marzo pasado \u2013 2022-01-128926 \u2013, absolvi\u00f3 los pedimentos del auxiliar de la justicia, precis\u00e1ndole, como primera medida, que incumpli\u00f3 los deberes que le fueron asignados en su calidad de auxiliar de la justicia, especialmente porque, \u00ab(\u2026) le correspond\u00eda realizar todas las gestiones tendientes al cuidado y conservaci\u00f3n de los sujetos intervenidos, propendiendo siempre por la austeridad en el gasto, en tanto, el costo en que incurri\u00f3 por concepto de parqueaderos supera ampliamente el valor comercial de los veh\u00edculos, lo que resulta excesivo\u00bb; raz\u00f3n por la cual puntualiz\u00f3 que, \u00abno era posible imputar dichos gastos al proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2.2.2.11.7.11 del DUR 1074 de 2015, pues eso afectar\u00eda los derechos de los afectados reconocidos en el proceso de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y en lo que tiene que ver con la ac\u00e1 accionante, a\u00f1adi\u00f3 que, como <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el presente caso, para el servicio de parqueadero no se realiz\u00f3 ning\u00fan tipo de contrato entre el depositante y quien represente los intereses del rodante, sino que al ingreso del rodante al dep\u00f3sito se adhiere al reglamento marco autorizado, por lo cual, aplicar\u00eda lo establecido en el inciso segundo del art\u00edculo 2417 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional (T-1000 de 2001) aclar\u00f3 lo siguiente: \u201cAunque de los citados eventos surge para el prestador de la actividad de patios, el derecho a cobrar una determinada tarifa por la prestaci\u00f3n de sus servicios, no por ello emana per se, la potestad de retener los veh\u00edculos que han sido dispuestos en dichos establecimientos. El derecho de retenci\u00f3n tiene precisos l\u00edmites se\u00f1alados en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2417 del C\u00f3digo Civil, el cual dispone que, para su pr\u00e1ctica, es necesaria, la existencia de un acuerdo previo de voluntades, o un mandamiento legal que as\u00ed lo ordene. Restricciones que se encuentran ajustas a los c\u00e1nones constitucionales del respeto y protecci\u00f3n de la propiedad privada, ya que de acuerdo con el art\u00edculo 58 de la Carta, es deber del Estado y las autoridades garantizar \u201c…la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles…\u201d. Siguiendo lo expuesto, ante la ausencia de un acuerdo en relaci\u00f3n con la retenci\u00f3n y la inexistencia de una disposici\u00f3n que la ordene, se puede inferir que el parqueadero no se encuentra autorizado para retener los veh\u00edculos que han sido inmovilizados trat\u00e1ndose del desarrollo de las actividades de patios, y por lo tanto, es deber proceder a su devoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De forma que, resolvi\u00f3 en definitiva ordenar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a cada uno de los patios proceder con la entrega inmediata de cada uno de los veh\u00edculos al agente interventor para que este contin\u00fae con el proceso correspondiente. <\/p>\n
Lo anterior, en ning\u00fan caso, desconoce la existencia del gasto y la obligaci\u00f3n de pago por parte del proceso con cada parqueadero, pues lo cierto es que se causaron de manera posterior al inicio del proceso, y adem\u00e1s fueron necesarios para la custodia y conservaci\u00f3n de los activos del proceso\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y pese a que el proferimiento rese\u00f1ado (del 10 de marzo de 2022) podr\u00eda entenderse como la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador (configurando la carencia actual de objeto), no resulta viable revocar la orden del a quo si en cuenta se tiene que aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n se suscit\u00f3 de manera posterior a la sentencia constitucional de primer grado (2 de marzo de 2022), que por dem\u00e1s, fue la que impuls\u00f3 esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, aunque se haya procedido de esa manera, frente a contextos semejantes, esta Sala en precedencia ha indicado que, \u00ab(\u2026) no tiene la entidad para revocar el pronunciamiento favorable al accionante, pues tal conducta se verific\u00f3 con posterioridad al fallo que se examina\u2026 (\u2026) [e]n asuntos similares, la Corte ha se\u00f1alado que como la omisi\u00f3n vulneradora fue superada con ocasi\u00f3n de la orden impartida en la providencia del a quo, no tiene objeto la impugnaci\u00f3n que contra \u00e9sta se interpone, por sustracci\u00f3n de materia, y que [e]l supuesto \u201checho superado\u201d que alega no es sino el cumplimiento del fallo de primera instancia; el recurso propuesto no tiene ning\u00fan tipo de reparo a la decisi\u00f3n de primera instancia ni a sus fundamentos. En esta medida no se encuentra justificaci\u00f3n alguna a un recurso que s\u00f3lo llev\u00f3 a desplegar nuevos tr\u00e1mites y a desplegar nuevos tr\u00e1mites y a desgastar innecesariamente la Administraci\u00f3n de Justicia (sentencias del 6 de mayo de 2011, expediente 00334-01 y del 12 de julio de 2012, exp. 00202-01)\u00bb (Reiterado en CSJ, STC 22 ago. 2012, rad. 00440-01 y CSJ, STC3080-2016, 10 mar, rad. 00174-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
Por lo anterior, y en los mismos t\u00e9rminos, se confirmar\u00e1 la sentencia de origen. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se impone la negativa de la salvaguarda dada la improcedencia del derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
4.2. Se ratifica la concesi\u00f3n del amparo conforme lo dispuso el tribunal a quo en tanto que, aunque la accionada emiti\u00f3 el pronunciamiento que dio soluci\u00f3n a las solicitudes del interventor del proceso, no es posible declarar que en este evento se present\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto, la decisi\u00f3n referida se dict\u00f3 a continuaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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