STC3941-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3941-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02192-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 9 de noviembre del a\u00f1o pasado1, dentro de la salvaguarda constitucional promovida por Luis Carlos Ochoa Cadavid contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soledad, su hom\u00f3logo Segundo de Barranquilla, el Ministerio de Salud y la Protecci\u00f3n Social y las partes, intervinientes y dem\u00e1s vinculados en la acci\u00f3n de tutela 2021-00432. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre y en condici\u00f3n de agente liquidador de la Asociaci\u00f3n Mutual Barrios Unidos de Quibd\u00f3 (en adelante AMBUQ EPS-S-ESS), acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad ante la ley y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima lesionados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Refiere, en resumen, que AMBUQ EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, autoridad que, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 003217 de 13 de marzo de 2019 revoc\u00f3 parcialmente la autorizaci\u00f3n de funcionamiento en los departamentos de Valle del Cauca, Magdalena y C\u00f3rdoba debido a las graves falencias en la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 8 de noviembre de aquel a\u00f1o, varios asociados de la aludida EPS formularon demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo indicado precedentemente, actuaci\u00f3n que fue asignada al Tribunal Administrativo del Choc\u00f3 bajo la radicaci\u00f3n 2019-00092, autoridad que suspendi\u00f3 provisionalmente los efectos jur\u00eddicos de tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que el 8 de febrero de 2021 la Supersalud, con Resoluci\u00f3n 001214, orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata, con fines de liquidaci\u00f3n, de los bienes, haberes y negocios de la EPS y dispuso la apertura del proceso liquidatorio habida consideraci\u00f3n que las deficiencias detectadas no hab\u00edan sido superadas, para lo cual, se realizaron las publicaciones de rigor en dos diarios de amplia circulaci\u00f3n nacional y regional. <\/p>\n
Comenta que algunos asociados de la entidad intervenida solicitaron, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo acabado de rese\u00f1ar, petici\u00f3n denegada por el tribunal cognoscente con providencia de 26 de febrero de 2021 contra la cual interpusieron recurso de apelaci\u00f3n que est\u00e1 pendiente de resolverse por el Consejo de Estado. <\/p>\n
Indica que el 27 de julio de aquel a\u00f1o Cruz Leyda C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, Yurlenis Vergara C\u00f3doba y Mercedes Mosquera Becerra interpusieron acci\u00f3n de tutela (2021-00432) contra la Supersalud buscando remover los efectos de la Resoluci\u00f3n 001214 de 2021, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad, despacho que, mediante sentencia del 5 de agosto siguiente la declar\u00f3 improcedente por desatender el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, dice, fue impugnada por las all\u00ed gestoras y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla la que, con fallo de 17 de septiembre del mismo a\u00f1o, suspendi\u00f3 provisionalmente el acto administrativo atacado, revirtiendo todo el tr\u00e1mite surtido ante la Supersalud, incluyendo \u00abel proceso de redistribuci\u00f3n de los afiliados a otras empresas promotoras de salud\u00bb. <\/p>\n
3. El actor acusa la incursi\u00f3n, por parte de las autoridades penales que conocieron la salvaguarda 2021-00432, en un defecto procedimental habida consideraci\u00f3n que no le notificaron la iniciaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n, pese a ser el agente liquidador y, por ende, representante legal de AMBUQ EPS, de conformidad con la designaci\u00f3n realizada por la autoridad competente, inscrita en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Adicionalmente, aduce que el Tribunal Superior de Barranquilla desconoci\u00f3 arbitrariamente las determinaciones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Choc\u00f3 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2019-00092 que se encuentra, en la actualidad, en el Consejo de Estado a la espera de la resoluci\u00f3n del recurso de alzada formulado contra el auto por medio del cual se neg\u00f3 una medida cautelar, y realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n contraevidente del material probatorio recaudado, lo que condujo a tomar decisiones por fuera de su esfera de competencia, invadiendo la del juez natural. <\/p>\n
En efecto, sostiene que la corporaci\u00f3n querellada \u00abal momento de emitir la sentencia de tutela de segunda instancia\u2026 incurre en las causales de configuraci\u00f3n de la cosa juzgada fraudulenta, ya que, de manera deliberada y malintencionada decide tergiversar completamente los hechos y el derecho, para que las disposiciones consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico puedan beneficiar de manera directa los intereses econ\u00f3micos de los asociados y constituyentes de\u2026 AMBUQ EPS-S-ESS en liquidaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
A su vez, resalt\u00f3 que los accionantes han actuado de mala fe al \u00abparticipar de [una] tutelat\u00f3n\u2026 en la que no solo presentan artificiosamente informaci\u00f3n desactualizada sobre la EPS y su representante legal, sino que dentro de su escrito de tutela seleccionan y acomodan los hechos a su conveniencia los mismos argumentos pero en distintas palabras, sobre un perjuicio irremediable, en donde replican la tesis que en la Resoluci\u00f3n 1214 de 2021 hay una reproducci\u00f3n del acto administrativo suspendido, problema jur\u00eddico resuelto por el juez natural u omitido por estos. Asumieron que alg\u00fan juez entre decenas o cientos caer\u00eda en este ardid, hasta que al fin lo encontraron. <\/p>\n
4. Pretende que se decrete \u00abcomo cosa juzgada fraudulenta la sentencia de tutela de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla\u2026 Sala Penal\u00bb y que como consecuencia de ello se le ordene a dicha corporaci\u00f3n \u00abproferir una nueva sentencia en el marco del proceso de tutela\u2026 2021-00432\u2026 en la que declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente pide se deje sin efectos lo actuado en el resguardo mencionado y \u00abse ordene nuevamente el inicio de cada una de las actuaciones\u2026 con plena satisfacci\u00f3n del derecho de defensa y contradicci\u00f3n de AMBUQ EPS-S-ESS en liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por conducto del magistrado ponente del fallo censurado, se opuso a la prosperidad del resguardo bajo el entendido que la tutela \u00abno ha sido consagrada para iniciar procesos alternos a los ordinarios, ni mucho menos es una instancia procesal para revivir pleitos perdidos\u00bb siendo que su procedencia contra decisiones judiciales est\u00e1 supeditada a que \u00abel funcionario se aparte de manera grosera del ordenamiento jur\u00eddico o cuando se contrar\u00ede sin sustento ni argumentaci\u00f3n\u2026 la jurisprudencia y precedentes aplicables al caso concreto, trasgresiones que no se vislumbran acaecidas en el prove\u00eddo objeto de estudio\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, resalt\u00f3 que \u00abgarantiz\u00f3 a los intervinientes\u2026 el ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb al tiempo que la determinaci\u00f3n sobre la que se apoya la solicitud de amparo \u00abmuestra un sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico s\u00f3lido del que no podr\u00eda predicarse v\u00eda de hecho alguno\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, dijo que atendi\u00f3 las diferentes solicitudes presentadas por el ac\u00e1 gestor, relativas a la aclaraci\u00f3n del fallo y nulidad de la actuaci\u00f3n, con lo que se materializaron las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que el resguardo se tornaba, adem\u00e1s, improcedente por cuanto la decisi\u00f3n censurada a\u00fan puede ser revisada por la Corte Constitucional, de modo que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad, luego de realizar un extenso recuento de las vicisitudes del tr\u00e1mite constitucional confutado, pidi\u00f3 ser \u00abdesvinculado\u00bb del presente resguardo pues respet\u00f3 las prerrogativas superiores de quienes en \u00e9l intervinieron, y \u00ablas pretensiones est\u00e1n encaminadas a controvertir\u00bb una providencia emanada de una autoridad judicial diferente. <\/p>\n
3. El Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla solicit\u00f3 ser apartado de este asunto dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00abatendiendo que las decisiones cuestionadas\u2026 fueron emitidas por otros despachos judiciales\u00bb. <\/p>\n
4. El presidente de la Red de Veedur\u00edas de Colombia dijo \u00abcoadyuvar por pasiva\u00bb el presente resguardo para que se deniegue la protecci\u00f3n solicitada por desatender los presupuestos generales y espec\u00edficos de procedencia contra providencias judiciales, en especial, contra una sentencia que resuelve un asunto de similar naturaleza. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que el gestor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00abtoda vez que el interventor tutelante fue designado de manera ilegal, pues su nombramiento y por ende su consecuente desempe\u00f1o- se efectu\u00f3 sin la competencia funcional que deb\u00eda ostentar el Superintendente -nominador- como quiera que en el momento de nominarlo, carec\u00eda de tal facultad, ya que en virtud de dos decisiones judiciales le ordenaban, entre otras medidas administrativas, precisamente suspender la intervenci\u00f3n, que incluye per se la no designaci\u00f3n y permanencia de agente liquidador alguno. Luego, prevalido de cargo ejercido mediante nominaci\u00f3n ilegal, lo ilegitima para impetrar la presente acci\u00f3n, ni ninguna otra y menos a\u00fan, careciendo de la calidad antes descrita podr\u00eda concurrir v\u00e1lidamente como accionado -o accionante- como reclama en el presente amparo constitucional, derivando este en un actuar temerario y fraudulento [sic]\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, su intervenci\u00f3n estuvo dirigida a presentar, seg\u00fan su particular percepci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria, las presuntas irregularidades acaecidas al interior del tr\u00e1mite surtido ante la Supersalud. <\/p>\n
5. La directora jur\u00eddica del Ministerio de Salud y la Protecci\u00f3n Social coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo y, en raz\u00f3n de ello, pidi\u00f3 remover los efectos jur\u00eddicos de la sentencia cuestionada pues el resguardo previamente formulado por Cruz Leyda C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, Yurlenis Vergara C\u00f3rdoba y Mercedes Mosquera Becerra desatiende el presupuesto de la subsidiariedad habida consideraci\u00f3n que para discutir la ilegalidad de los actos administrativos proferidos al interior de procedimiento adelantado por la Superintendencia all\u00ed demandada, existen herramientas procesales id\u00f3neas, sin que sea la tutela el mecanismo adecuado para tal efecto. <\/p>\n
6. La subdirectora jur\u00eddica de la Superintendencia Nacional de Salud tambi\u00e9n apoy\u00f3 la prosperidad de la salvaguarda en la medida que el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla se profiri\u00f3 \u00abcon desviaci\u00f3n abierta del derecho y sus fuentes [y] desconociendo normas constitucionales\u00bb lo que genera un perjuicio irremediable para los m\u00e1s de setecientos mil afiliados de AMBUQ EPS. <\/p>\n
En consonancia con el ac\u00e1 gestor dijo que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto procedimental al omitir notificarle a aquel la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pese al inter\u00e9s que le asist\u00eda dada su calidad de representante legal de la sociedad en liquidaci\u00f3n, al tiempo que, al amparar los derechos fundamentales de las all\u00ed accionantes, invadi\u00f3 irregularmente la esfera de competencia del juez administrativo que actualmente conoce del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2019-00092, que no es otro que el Consejo de Estado. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, destac\u00f3 las que consider\u00f3 deficiencias en la valoraci\u00f3n de las pruebas acopiadas y en la motivaci\u00f3n de la providencia censurada. <\/p>\n
7. Un funcionario de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n en lo que a ese ente ata\u00f1e \u00abpues de los hechos descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable que\u2026 no ha desplegado ning\u00fan tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor, y en consecuencia desvincular[lo]\u2026 del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional [sic]\u00bb. <\/p>\n
8. Un magistrado del Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico se\u00f1al\u00f3 que a esa corporaci\u00f3n correspondi\u00f3, en una primera oportunidad, el conocimiento del resguardo incoado por Cruz Leyda C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, Yurlenis Vergara C\u00f3rdoba y Mercedes Mosquera Becerra contra la Supersalud; sin embargo, con auto del 22 de julio de 2021 orden\u00f3 su remisi\u00f3n a los juzgados del circuito de Soledad, en aplicaci\u00f3n de \u00ablo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del numeral 2\u00ba del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 del 6 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 denegar el amparo \u00aben tanto no se vulneraron los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
9. Cruz Leyda C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, Yurlenis Vergara C\u00f3rdoba y Mercedes Mosquera Becerra solicitaron no acceder a la protecci\u00f3n pretendida pues consideran que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Barranquilla estuvo ajustada tanto al ordenamiento jur\u00eddico como a los medios de convicci\u00f3n recaudados. <\/p>\n
En sustento de su postura reprodujeron los argumentos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto en que el Tribunal Superior del Choc\u00f3 neg\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de la Resoluci\u00f3n 001214 de 2021. <\/p>\n
10. Del fallo de primer grado se extractan las siguientes respuestas toda vez que no fueron allegadas en el expediente electr\u00f3nico remetido para desatar la impugnaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abg. El Viceministerio de Promoci\u00f3n de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho present\u00f3 un memorial de coadyuvancia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) <\/p>\n
Asever\u00f3 que en el presente caso se present\u00f3 una situaci\u00f3n de fraude, por cuanto el Tribunal Superior de Barranquilla usurp\u00f3 las competencias del juez de lo contencioso administrativo, que ya se hab\u00eda pronunciado\u2026 De esta manera, estim\u00f3 que existe mala fe por parte de la empresa prestadora de salud, pues no le inform\u00f3 al tribunal sobre la determinaci\u00f3n previa, relevante para la soluci\u00f3n del caso que ahora es puesto en consideraci\u00f3n\u2026 Adicionalmente aleg\u00f3 que, por esa misma circunstancia, la providencia\u2026 adolece de defectos sustantivos, de defectos f\u00e1cticos y de defecto por desconocimiento del precedente constitucional, por no haber aplicado el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, por llevar a cabo una valoraci\u00f3n inadecuada del expediente de tutela que se encontraba en poder de la autoridad judicial y por desconocer la sentencia SU-355 de 2015 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
h. A su turno, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n tambi\u00e9n coadyuv\u00f3 las pretensiones esgrimidas por la Superintendencia Nacional de Salud, afirmando que en este caso se presenta el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, toda vez que el fallo confutado desconoci\u00f3 que el amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para retrotraer o suspender los efectos de un acto administrativo\u2026 Ello con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Barranquilla era conocedor del debate de legalidad que actualmente cursa en la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, tal como le fue puesto de presente por la autoridad de vigilancia, al tiempo que tambi\u00e9n sab\u00eda que el Tribunal Administrativo del Choc\u00f3 hab\u00eda negado la concesi\u00f3n de la medida cautelar de suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos de la resoluci\u00f3n acusada. As\u00ed mismo, esgrimi\u00f3 que la corporaci\u00f3n demandada no tuvo en cuenta la evidente dificultad de cumplir las \u00f3rdenes dadas, ni el hecho de que estas implican un efecto ex tunc sobre un acto administrativo que todav\u00eda goza de presunci\u00f3n de legalidad. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, argument\u00f3 que\u2026 no se vincul\u00f3 a las autoridades de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa que han actuado en el respectivo procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho, ni al agente liquidador de AMBUQ EPS, como tampoco a los representantes de las organizaciones de afiliados. Adujo que la justicia constitucional fue utilizada de manera desviada, pues implic\u00f3 un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad, no existe otro medio, ordinario o extraordinario que sea igualmente eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026 resalt\u00f3 que el tr\u00e1mite objeto de reproche violent\u00f3 el debido proceso del extremo pasivo, por indebida integraci\u00f3n del contradictorio, por omisi\u00f3n al no aplicar el Decreto 1834 de 2015 y no correr traslado de las pruebas. A ello sum\u00f3 que se valoraron de manera indebida las razones y argumentos que llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a la toma de posesi\u00f3n de AMBUQ EPS y que usurparon las funciones propias de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa.\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Estableci\u00f3 que tanto el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soledad como el Tribunal Superior de Barranquilla incurrieron en defectos org\u00e1nico y procedimental, habilitantes de la salvaguarda frente a providencias judiciales. <\/p>\n
Respecto del primero resalt\u00f3 que, de acuerdo con el Decreto 1834 de 2015, la competencia para conocer del resguardo objeto de censura reca\u00eda en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla por haber asumido, en una primera oportunidad, las tutelas interpuestas de forma masiva por los asociados de AMBUQ EPS. <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s que la colegiatura acusada \u00abpor su propia cuenta dio lugar a una v\u00eda de hecho en su providencia de 17 de septiembre de 2021\u00bb en tanto \u00abextralimit\u00f3 en forma manifiesta el \u00e1mbito de sus competencias constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, dijo que el juez plural, <\/p>\n
\u00abpese a tener conocimiento cierto de que actualmente se encuentra en tr\u00e1mite un recurso de apelaci\u00f3n ante la Secci\u00f3n Primera del Consejo de estado\u2026 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado \u2026201900092\u2026 opt\u00f3 por invadir inadecuada caprichosamente la competencia del juez natural\u2026 en un asunto de \u00edndole tan compleja, cuya definici\u00f3n no puede agotarse en sede constitucional, no s\u00f3lo por lo perentorio de los t\u00e9rminos que caracteriza un tr\u00e1mite de la estirpe de este mecanismo excepcional, sino tambi\u00e9n por las implicaciones y consecuencias que se derivan de un eventual estudio deficiente, incompleto o apresurado de una actuaci\u00f3n de connotaci\u00f3n tan trascendental\u2026 todo lo cual debe quedar a cargo de la autoridad judicial que legalmente es competente de primera mano para ello, es decir, el Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, para la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta no se tornaba indispensable la acreditaci\u00f3n del elemento subjetivo del dolo o la culpa grave en la conducta del funcionario judicial, sino que \u00abresulta suficiente establecer la infracci\u00f3n directa de la ley, el quebrantamiento de garant\u00edas de rango superior\u2026 y la generaci\u00f3n de consecuencias que van en contrav\u00eda de los principios jur\u00eddicos y la coherencia del derecho\u2026 todo lo cual se advierte en el sub-lite, independientemente de las razones que haya tenido\u2026 el tribunal\u2026 para otorgar la protecci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
En punto del defecto procedimental resalt\u00f3 que se configur\u00f3 ante la falta de notificaci\u00f3n de la providencia por medio de la cual se dio inicio a la acci\u00f3n de tutela examinada al ac\u00e1 gestor, pese al claro inter\u00e9s que le asist\u00eda dada su condici\u00f3n de liquidador y, por ende, representante legal de AMBUQ EPS, cargo para el que fue designado por la Supersalud a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 001214 de 2021, de all\u00ed que \u00abel llamado\u2026 para comparecer al tr\u00e1mite constitucional no resultaba de poca monta ni irrelevante como aduce [el magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada] para defender la legalidad del procedimiento y de la providencia, pues se trata ni m\u00e1s ni menos de la persona encargada de adoptar las determinaciones y medidas necesarias en aras de adelantar el proceso de liquidaci\u00f3n\u2026 en virtud de las expresas facultades otorgadas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada \u00abdejando sin efecto \u00edntegramente lo actuado en el proceso de tutela con radicaci\u00f3n \u2026202100432\u00bb; empero, no adopt\u00f3 determinaci\u00f3n alguna \u00abteniendo en cuenta que tales diligencias fueron radicadas ante la Corte Constitucional el pasado 26 de octubre de 2021, para surtir su eventual revisi\u00f3n\u2026 [siendo] ese Cuerpo Colegiado quien finalmente, en el evento de seleccionar la actuaci\u00f3n, dirima la controversia aqu\u00ed formulada y as\u00ed no dar lugar a pronunciamientos contradictorios que generen m\u00e1s afectaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales [sic]\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Disintieron de la anterior determinaci\u00f3n los asociados de AMBUQ EPS que fueron vinculados al tr\u00e1mite por el inter\u00e9s que les asist\u00eda en su resultado, as\u00ed como las accionantes en el resguardo objeto de censura, sin presentar argumento o consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3 los derechos denunciados por el ac\u00e1 accionante al conceder, en sede de impugnaci\u00f3n, el amparo reclamado dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00432 interpuesta por Cruz Leyda C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, Yurlenis Vergara C\u00f3rdoba y Mercedes Mosquera Becerra contra la Supersalud. <\/p>\n
2. La procedencia restringida de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de id\u00e9ntica naturaleza <\/p>\n
Por regla general, la acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 Superior no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3, como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n para conjurar las equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales la impugnaci\u00f3n de cara al fallo, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta \u00faltima. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
No obstante, la jurisprudencia ha admitido la viabilidad de la salvaguarda cuando la decisi\u00f3n es producto de un fraude o se acusan actuaciones previas o posteriores a la sentencia que lesionan la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta; es as\u00ed como en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015, la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Seg\u00fan el promotor, las autoridades judiciales que conocieron aquel resguardo, incurrieron en defecto procedimental por cuanto, por un lado, omitieron su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite pese a ser el representante legal de la entidad intervenida y, por otro -en este punto se refiere a la colegiatura que conoci\u00f3 en segunda instancia- debido a que arbitraria e ilegalmente usurp\u00f3 las atribuciones de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa ante la cual se surte el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por algunos asociados contra el acto administrativo atacado, asunto que, en la actualidad conoce el Consejo de Estado. <\/p>\n
Con sujeci\u00f3n a las premisas expuestas en el ac\u00e1pite correspondiente, la Sala anticipa que ratificar\u00e1 el fallo impugnado, al compartir \u00edntegramente los razonamientos expuestos por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, a los que resulta pertinente agregar que la salvaguarda promovida con anterioridad desatend\u00eda, tambi\u00e9n, el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que este instrumento no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales. <\/p>\n
Ciertamente, como se sabe, la referida acci\u00f3n de tutela se dirigi\u00f3 contra un acto administrativo concreto, situaci\u00f3n que torna inviable el resguardo en la medida que el escrutinio de legalidad de aquel corresponde al juez contencioso administrativo y no al constitucional, por lo que este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que le son propias a otros funcionarios en tanto que \u00ab las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ STC5278-2015, 4 may. 2015, rad. 2014-00305-01, citada en STC6470-2021, 4 jun. 2021, rad. 00181-01). <\/p>\n
En el caso objeto de estudio es claro que los interesados promovieron el medio de control respectivo, cuyo conocimiento fue asignado al Tribunal Administrativo del Choc\u00f3, tr\u00e1mite dentro del cual ya se ventil\u00f3 -en primera instancia- la posibilidad de suspender provisionalmente la Resoluci\u00f3n 1214 de 2021 y que, en la actualidad, se encuentra a la espera de que el Consejo de Estado resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia por medio de la cual la colegiatura cognoscente resolvi\u00f3 tal cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, al remover los efectos del aludido acto administrativo -aunque fuera de forma transitoria- invadi\u00f3 la esfera de competencia de la autoridad jurisdiccional llamada desatar el conflicto y, pese a tener conocimiento de la circunstancia indicada en el p\u00e1rrafo precedente, desplaz\u00f3 -de forma arbitraria e irregular- al juez natural que no es otro que el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, se itera, la Sala refrendar\u00e1 el fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, ordenando, adem\u00e1s que las decisiones adoptadas en el presente tr\u00e1mite sean puestas en conocimiento de la Corte Constitucional por cuanto el resguardo sobre el que recae la presente queja, ha sido seleccionado para su revisi\u00f3n, bajo la radicaci\u00f3n T8461630, mediante prove\u00eddo de 15 de diciembre de 2021 y repartido al Magistrado Sustanciador el pasado 19 de enero. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la sentencia confutada habida cuenta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla desbord\u00f3 su competencia como juez de tutela al conceder el amparo solicitado en la salvaguarda 2021-00432 e invadi\u00f3 la asignada a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, en especial al Consejo de Estado, para el examen de legalidad de la Resoluci\u00f3n 1214 de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Rem\u00edtase, de forma inmediata, copia de esta providencia y de la sentencia STP16950-2021 a la Corte Constitucional para que obre en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n distinguido con radicado T8461630. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n solo hasta el pasado 16 de marzo. <\/p>\n
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STC3941-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3941-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02192-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62418","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62418\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}