STC3942-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3942-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Estefan\u00eda Herrera Fuya contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-00098. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abhonra, dignidad humana, protecci\u00f3n a la mujer, (\u2026) al adulto mayor [y] a la familia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que la reclamante actu\u00f3 como interviniente excluyente en el ordinario laboral instaurado por Ana Isabel Fuya contra el Departamento de Boyac\u00e1, en procura de obtener el reconocimiento y pago de la \u00absustituci\u00f3n pensional\u00bb con ocasi\u00f3n del fallecimiento de Luis Hernando Pacheco Ni\u00f1o. <\/p>\n
El conocimiento del proceso correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, quien le concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n en calidad de \u00abCompa\u00f1era Sup\u00e9rstite\u00bb. Luego, al desatar conjuntamente una apelaci\u00f3n y el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, \u00abrevoc\u00f3 la decisi\u00f3n de Primera Instancia, respecto del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente, en cabeza de la [gestora]\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la actora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada, dej\u00f3 inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, por cuanto consider\u00f3 no acreditados los requisitos m\u00ednimos de convivencia \u00abteniendo en cuenta que el [causante], al momento de su muerte ostentaba la condici\u00f3n de pensionado y no de afiliado\u00bb. <\/p>\n
Veredicto que a juicio de la promotora, incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, puesto que el art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993 \u00aben ninguno de sus presupuestos contempla, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del caso (\u2026), por lo que es una norma no pertinente\u00bb y el precedente abordado es \u00abevidentemente inaplicable\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se revoque la sentencia SL2218-2021 del 18 de mayo de 2021 y se \u00abproteja el derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 un recuento de la providencia confutada y expres\u00f3 que \u00abno es atinado endilgarle a la Sala haber cometido alg\u00fan defecto f\u00e1ctico, org\u00e1nico, funcional, procedimental o material, ni mucho menos haber desconocido el precedente, cuando realmente lo que hizo fue acatarlo, atendiendo a la fuerza normativa de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Agreg\u00f3 que lo que procura la demandante es reabrir el debate procesal en un tema que ya adquiri\u00f3 firmeza. <\/p>\n
2. El Departamento de Boyac\u00e1, solicit\u00f3 \u00abnegar las pretensiones de la presente acci\u00f3n (\u2026), por haberse configurado la carencia de objeto actual que amerite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, por cuanto queda probado que la accionada profiri\u00f3 el fallo cuestionado con apego al principio de legalidad, lo mismo que a los principios de igualdad y equidad de las cargas de quienes [aspiran al] reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
3. Ana Isabel Fuya, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, pero pidi\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n y que se proteja el derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente [en cabeza suya]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ablas aseveraciones esgrimidas en [la disposici\u00f3n objeto de reproche], corresponden a la valoraci\u00f3n del juez bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, lo cual permite que la providencia censurada sea inmutable por el sendero de este accionamiento. Recu\u00e9rdese que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia\u00bb. Respecto de la coadyuvancia manifestada por Ana Isabel fuya, indic\u00f3 que \u00abel presente no constituye el mecanismo para estudiar los reparos que la misma present\u00f3 contra la [providencia] fustigada, toda vez que esta tuvo la oportunidad de acudir en sede de casaci\u00f3n y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[n]o (\u2026) encuentra, por qu\u00e9 la sala de tutela considera que para el caso en concreto el que se deb\u00eda probar era el F\u00c1CTICO, cuando constitucionalmente se ha establecido que el defecto sustancial o material se da cuando el fallador judicial aplica una norma que es inaplicable al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2218-2021, rad. 80325), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que el veredicto controvertido se dict\u00f3 el 18 de mayo de 2021, notificado por edicto fijado el 10 de junio del mismo a\u00f1o y la tutela se intent\u00f3 el 12 de enero de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada, mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, por cuanto consider\u00f3 no acreditados los requisitos m\u00ednimos de convivencia \u00abteniendo en cuenta que el [causante], al momento de su muerte ostentaba la condici\u00f3n de pensionado y no de afiliado\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los tres cargos formulados por la promotora, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y aplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial \u00abpor la violaci\u00f3n al art\u00edculo 13 literal a) de la Ley 797 de 2003\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a parte recurrente le atribuye al Tribunal la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 13 literales a) y b) de la Ley 797 de 2003, por haberle exigido a la demandante ad exclud\u00e9ndum para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes: (i) el cumplimiento de dos requisitos no previstos en la norma, el primero, la conformaci\u00f3n de su lazo natural con el causante con posterioridad al v\u00ednculo jur\u00eddico, y el segundo, la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial; (ii) la conformaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital con posterioridad al matrimonio, pues el derecho solo procede es primero el matrimonio sin disoluci\u00f3n de sociedad conyugal y posterior la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00absalta a la vista que la censura esgrime como razones de la revocatoria de la decisi\u00f3n que le fue favorable en primera instancia, las que no fueron soporte de la sentencia confutada, pues como ya se anot\u00f3 lo que se sostiene en ella es que si el juez de primera instancia encontr\u00f3 probado que la censora convivi\u00f3 en calidad de compa\u00f1era permanente con el se\u00f1or Pacheco Ni\u00f1o hasta el a\u00f1o de 1987 y este falleci\u00f3 en el 2014, no pod\u00eda ser destinataria del beneficio pensional porque en virtud al v\u00ednculo natural que la at\u00f3 al finado, la convivencia deb\u00eda perdurar hasta el momento del deceso, sin que se pudiera extender a ella la regla que opera para la c\u00f3nyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente, porque no son jur\u00eddicamente equiparables el v\u00ednculo matrimonial y la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
\u00abCon lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposici\u00f3n acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se precisa que, aunque aparentemente la diferenciaci\u00f3n impl\u00edcita en la disposici\u00f3n analizada surge discriminatoria, a la luz de lo dispuesto en el art. 13 de la CN ello no puede entenderse as\u00ed, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales. <\/p>\n
(\u2026)Por otra parte, el pensionado, que con un derecho consolidado, deja causada la prestaci\u00f3n a los miembros de su n\u00facleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un m\u00ednimo de tiempo de convivencia, se itera, para evitar fraudes al sistema pensional, proteger su n\u00facleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtenci\u00f3n injustificada de beneficios econ\u00f3micos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abes claro que no fueron acreditadas las exigencias ya aludidas, teniendo en cuenta que el se\u00f1or Luis Hernando Pacheco Ni\u00f1o, al momento de su muerte ostentaba la condici\u00f3n de pensionado y no de afiliado, por lo que, al no estar demostrados los errores atribuidos por la censura al Tribunal con el car\u00e1cter de manifiestos que conduzcan al quiebre de la decisi\u00f3n, los cargos no prosperan\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL4074-2020, 7 oct., rad. 59638; SL1476-2021, 14 abr., rad. 86270 y SL1730-2020, 3 jun., rad. 77327\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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