STC3944-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3944-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00159-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al adelantar el tr\u00e1mite procesal antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con la persona que conviv\u00eda, \u00abnos encargamos de criar a dos ciudadanos\u00bb, siendo uno de ellos Abda Hassbleidy Mart\u00ednez Bulla, quien \u00abel d\u00eda18 de febrero de 2014 (\u2026), por medios fraudulentos y enga\u00f1osos me llev\u00f3 a la notar\u00eda tercera de Bogot\u00e1 para que firmara una escritura de venta a favor de ella del inmueble ubicado en la calle 24 sur (\u2026)\u00bb, por lo que impetr\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abpor fraude procesal, estafa, hurto, concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito, pero (\u2026) nunca me han dado respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
Que dicha ciudadana \u00abahora pretende junto con mi sobrino Jos\u00e9 Fidel Ponce Ordo\u00f1ez hacerme pasar como una persona que no tiene facultades mentales y as\u00ed quedar inc\u00f3lume los actos denunciados porque antes de que me enga\u00f1aran no ten\u00eda enfermedad alguna\u00bb. Agreg\u00f3 que su sobrino \u00abjam\u00e1s en la vida comparti\u00f3 conmigo ning\u00fan acto social, familiar ni mucho menos ha velado por mi salud, seguridad (\u2026), y desconozco la causa y el motivo de declarar un apoyo judicial en su nombre [ni] qu\u00e9 inter\u00e9s tendr\u00e1 ahora\u00bb, y que \u00e9l \u00abjam\u00e1s [h]a residido en Bogot\u00e1, jam\u00e1s me ha llamado a saludar o preguntar qu\u00e9 me falta (\u2026), vive en Popay\u00e1n y tiene ya creado su n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al accionado que disponga, \u00abla suspensi\u00f3n del proceso de apoyo judicial (\u2026), por el fen\u00f3meno de la prejudicialidad penal ya que existen serios indicios de ocurrencia de delitos de fraude procesal que profanan mis derechos fundamentales [y que] me realicen examen de valoraci\u00f3n para constatar el estado mental\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que la demanda inicial correspond\u00eda a declaraci\u00f3n \u00abinterdicci\u00f3n promovida por Jos\u00e9 Fidel Ordo\u00f1ez a favor de la se\u00f1ora Eulalia Ponce de Ram\u00edrez\u00bb, y que levantada la suspensi\u00f3n del proceso por haber entrado en vigor la Ley 1996 de 2019, el 2 de diciembre de 2021 dispuso la adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite, design\u00f3 curadora ad litem para que represente a la hoy accionante, y concedi\u00f3 \u00abel apoyo transitorio judicial necesario para garantizar el ejercicio de protecci\u00f3n de los derechos de que es titular, siendo mayor y absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, de acuerdo a la certificaci\u00f3n expedida por Neurolog\u00eda (\u2026), disponiendo que la persona que fungir\u00e1 como apoyo provisional en la toma de decisiones para cada aspecto relevante de subida es el demandante Jos\u00e9 Fidel Ponce Ordo\u00f1ez\u00bb. <\/p>\n
Que el 10 de febrero de 2022 \u00abse rechaza de plano la demanda ad excludendum promovida a trav\u00e9s de apoderada judicial por Christopher Blian Martins Morales, en calidad de poseedor del inmueble objeto del proceso de pertenencia rad. 2019-0533 en el Juzgado 44 Civil del Circuito\u00bb, y pese a que la reclamante \u00abno ha radicado ninguna petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n de prejudicialidad al interior del proceso de apoyo judicial\u00bb, dijo que el proceso ingresar\u00eda al despacho el 2 de marzo de 2022, \u00abpara continuar con el tr\u00e1mite procesal que en derecho corresponda y decretar las pruebas conducentes y pertinentes para el presente caso, en el que se estudiar\u00e1 tambi\u00e9n la procedencia de la petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la prejudicialidad y proferir el fallo respectivos\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 denegar lo pretendido \u00abpor tornarse improcedente al no satisfacer el requisito de subsidiaridad [toda vez que] la se\u00f1ora Eulalia Ponce de Ramirez, cuenta con v\u00edas alternas para ser estudiada la pretensi\u00f3n de prejudicialidad, como es la de elevar petici\u00f3n directamente al Juzgado, pero prefiri\u00f3 acudir a una acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que ese estrado \u00abno ha causado ning\u00fan perjuicio grave, inminente e irremediable que tenga que ser reparado o remediado con un fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Abda Haswleidy Mart\u00ednez Bulla, explic\u00f3 que \u00abdesde la edad de 9 meses de nacida (\u2026), mi abuelo Belisario Mart\u00ednez y Eulalia Ponce, se comprometieron con mi tenencia y cuidado\u00bb, y que de una \u00abrelaci\u00f3n extramatrimonial\u00bb de su abuelo \u00abnaci\u00f3 Christofer Blian Martins Morales [a quien] a partir del a\u00f1o 1982 mi abuelo lo trae a vivir a la casa\u00bb, y rechaz\u00f3 la imputaci\u00f3n de haber utilizado \u00abmedios fraudulentos y enga\u00f1osos\u00bb en relaci\u00f3n con la compraventa de un inmueble, \u00abya que desde el a\u00f1o2002 radico en los Estados Unidos (\u2026), y la denuncia por esos presuntos delitos fue archivada en el a\u00f1o 2015 por aparecer at\u00edpica\u00bb. Ratific\u00f3 la necesidad de adelantar el juicio impetrado por Fidel Ponce Ordo\u00f1ez, pues Christofer, como \u00abcuidador de mi madre\u00bb, es \u00abquien est\u00e1 venalmente interesado en que no se decrete el apoyo judicial solicitado [porque] est\u00e1 gozando del usufructo [de la casa]\u00bb, pues \u00ablleg\u00f3 a demandar a mi madre Eulalia Ponce [de quien \u00e9l es apoderado general], en proceso de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
3. Alba Lucy Pe\u00f1a Albarrac\u00edn, en su calidad de curadora ad litem dentro del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos a favor de la ac\u00e1 querellante, manifest\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n \u00abse encuentra en tr\u00e1mite y no observo a la fecha que se le hayan violado derechos a mi representada, persona adulta mayor que en marzo 11 de [2022] cumplir\u00e1 100 a\u00f1os de vida\u00bb, y detall\u00f3 el contacto directo y personal que ha mantenido con ella en virtud a las visitas realizadas a su casa de habitaci\u00f3n, de lo cual dijo report\u00f3 al juzgado de conocimiento. <\/p>\n
4. Julio C\u00e9sar Sabogal Quintero, en su condici\u00f3n de apoderado judicial de Jos\u00e9 Fidel Ponce Ord\u00f3\u00f1ez, se opuso a las pretensiones de la demanda se\u00f1alando que esta no fue gestada por la accionante, por lo que adujo \u00abla ilegitimidad e ilegalidad de [su] contenido literal (\u2026), pues lo \u00fanicos prop\u00f3sitos que con ella se persiguen, recaen en el escenario de la dilaci\u00f3n procesal\u00bb; por lo dem\u00e1s, aval\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial y pidi\u00f3 exhortar para que se implementen medidas \u00abque conlleven a garantizar de manera inmediata el restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados a la se\u00f1ora Eulalia Ponce de Mart\u00ednez\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador 186 Judicial II de Familia (Virgilio Hern\u00e1ndez Castellanos), dijo que en raz\u00f3n a los \u00abserios cuestionamientos sobre el origen de la acci\u00f3n de tutela, y en los cuales estar\u00eda presuntamente involucrado el se\u00f1or Cristofer Blian Martins Morales, de quien se tiene conocimiento vive en la misma residencia de la se\u00f1ora Eulalia, y ser\u00eda la persona que la demand\u00f3 en un proceso de pertenencia (\u2026), la acci\u00f3n constitucional no est\u00e1 llamada a prosperar, pues contrariamente a lo expresado en el escrito, la suspensi\u00f3n del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos s\u00ed tendr\u00eda vocaci\u00f3n para afectar tangiblemente el reconocimiento y goce de sus propios derechos\u00bb. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 que respecto a esa entidad se declare la \u00abimprocedencia\u00bb de la acci\u00f3n por \u00abno cumplir el requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. Por su parte, la Fiscal 160 Seccional de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que en ese despacho curs\u00f3 indagaci\u00f3n preliminar n\u00ba 2014-15365, la cual se archiv\u00f3 porque \u00abla conducta denunciaba resultaba at\u00edpica\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo porque \u00abse echa de menos que do\u00f1a Eulalia haya radicado directamente, o por conducto de su curadora, ante el juzgado demandado, solicitud alguna tendiente a que se declare la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad y que se eval\u00faen sus condiciones f\u00edsicas y mentales actuales, pues, (\u2026), hasta el momento [el juez] no ha hecho pronunciamiento entorno a las pruebas a practicar, momento en el cual podr\u00e1 combatir las decisiones respectivas [mediante] los recursos ordinarios a su alcance, igual que debe, o debi\u00f3 hacerlo frente al nombramiento de apoyo provisional, a trav\u00e9s de su apoderado, si lo tiene o llega a constituirlo, o de la curadora ad litem que la representa, y a\u00fan, del agente del Ministerio P\u00fablico y del Defensor de Familia que intervienen en la litis\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo sin exponer argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, al disponer la continuidad del proceso de asignaci\u00f3n judicial de apoyos n\u00ba 2018-00325, pese a la posibilidad de declarar su suspensi\u00f3n \u00abpor prejudicialidad\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional, a las piezas procesales pertinentes y a la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes, se establece que el fallo de primer grado ser\u00e1 ratificado, porque la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En primer lugar se hace necesario precisar que el impedimento de procedibilidad en comento, lo advirti\u00f3 el tribunal a-quo al verificar que la interesada, directamente o a trav\u00e9s de quienes est\u00e1n llamados a su representaci\u00f3n judicial, no hab\u00edan planteado ante el juez de la causa la suspensi\u00f3n del proceso por eventual \u00abprejudicialidad\u00bb, y tampoco hab\u00eda puesto de manifiesto su inconformidad con la designaci\u00f3n del all\u00ed demandante como su apoyo provisional en la toma de decisiones. <\/p>\n
Ahora, si bien tal soluci\u00f3n resultaba plausible para cuando se profiri\u00f3 el veredicto impugnado, al realizar la Corte el seguimiento a la actuaci\u00f3n procesal habida cuenta que el juzgado inform\u00f3 encontrarse estudiando el caso y estar ad portas de resolver sobre la continuidad del tr\u00e1mite y, en particular, de analizar la posibilidad de suspender el proceso en raz\u00f3n a lo aducido en la tutela, se estableci\u00f3 que efectivamente lo hizo mediante auto del 10 de marzo de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico 011 del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
Seg\u00fan dicho prove\u00eddo, el accionado, adem\u00e1s de vincular al juicio a otra interesada \u00abquien se postula como persona de apoyo en calidad de hijastra para la se\u00f1ora EULALIA PONCE DE RAMIREZ\u00bb, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n esbozada y al cabo de ello determin\u00f3 que \u00abno es procedente dicha solicitud de suspensi\u00f3n (\u2026) porque el art\u00edculo 161 del CGP, determina las causales [observando que] ninguno de los casos enlistados tienen el ropaje de declaratoria de prejudicialidad para aplicarlo al presente proceso, dicha denuncia penal, en nada afecta el tr\u00e1mite de Apoyo judicial demandado a favor de la se\u00f1ora EULALIA PONCE DE RAMIREZ, pues de llegar a salir beneficiada con el fallo que ha de emitir la Fiscal\u00eda, sino lo ha hecho a\u00fan, contra la se\u00f1ora ABDA HASSBLEIDY MARTINEZ BULLA, por el contrario, ingresar\u00e1 el inmueble objeto de denuncia al patrimonio de la se\u00f1ora EULALIA, el cual ser\u00e1 administrado por la persona de apoyo que se designe para ello en salvaguarda de sus derechos y la permanencia del bien en su cabeza como propietaria, pues se recalca, en las circunstancias concretas de la norma tra\u00edda a cita, no se contempla la viabilidad de acceder a la suspensi\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
Entonces, como durante el tr\u00e1mite de la presente salvaguarda se produjo pronunciamiento judicial que incide sobre la situaci\u00f3n reprochada en esta sede, aspecto que se estudia en virtud de las facultades del fallador excepcional para revisar de manera integral el caso, se concluye que tal decisi\u00f3n, dependiendo del c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos derivados de la modalidad de notificaci\u00f3n empleada para los intervinientes, incluidos la curadora ad litem y los agentes del Ministerio P\u00fablico y Defensor\u00eda de Familia del ICBF, pudo o puede ser objeto de recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
En las condiciones descritas, por no haberse acreditado el agotamiento del referido medio de defensa, cuya aptitud e idoneidad no ha sido puesto en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n no tiene cabida, pues a ello se procede cuando el promotor de la misma ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte ha dicho sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se impone ratificar la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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