STC3945-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3945-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2022-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de marzo de 2022, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rafael Antonio Mesa Camacho contra los Juzgados Segundo Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2016-00456. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 6 de marzo de 2020 y 30 de septiembre de 2021, mediante los cuales se desestim\u00f3 (seg\u00fan lo dijo, mediante una indebida valoraci\u00f3n probatoria) su oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro de un veh\u00edculo embargado en el referido coactivo. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto las fustigadas providencias y, en su lugar, se acceda a su oposici\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal hizo un recuento de lo acontecido en el ejecutivo que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y resalt\u00f3 que all\u00ed no se trasgredi\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental a los intervinientes. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal defendi\u00f3 la seriedad y razonabilidad de la providencia con la cual confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n formulada por el accionante. <\/p>\n
3. El Banco Pichincha S.A. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa y agreg\u00f3 que el actor pretende revivir una discusi\u00f3n jur\u00eddica que ya fue formalmente definida. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, por considerar razonable la argumentaci\u00f3n sobre cuya base se dict\u00f3 el auto de segunda instancia, con el cual se confirm\u00f3 el fracaso de la oposici\u00f3n formulada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La elev\u00f3 el actor insistiendo en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n formulada por el accionante. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el fallador accionado de segunda instancia refrend\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n elevada por el querellante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, dicho juzgador indic\u00f3 inicialmente que \u00abrevisado el expediente y el material probatorio allegado es dable corroborar que la posesi\u00f3n referida deviene de un contrato de compraventa del veh\u00edculo objeto de medida realizado el 03 de junio de 2016; frente a este supuesto espec\u00edficamente debe advertirse que es este documento (contrato de compraventa del 03 de junio de 2016), el cual deber\u00e1 analizarse y posteriormente verificar con las dem\u00e1s pruebas allegadas, soportan los presupuestos para demostrar la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, advirti\u00f3 que \u00abdel contrato de compraventa fundamento de la oposici\u00f3n, ha de se\u00f1alarse como primer aspecto que la interpretaci\u00f3n que debe darse a este documento es la voluntad all\u00ed exteriorizada por las partes, siendo esta transferir la propiedad del veh\u00edculo automotor como se estipulo en su cl\u00e1usula primera, y frente a ello debe traerse a colaci\u00f3n lo se\u00f1alado en el C\u00d3DIGO CIVIL ARTICULO 1618. \u00abPREVALENCIA DE LA INTENCION. Conocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb. Expuesto lo anterior es claro que la intenci\u00f3n de los contratantes fue transferir la propiedad del veh\u00edculo de placas DYM 778, y para ello pactaron seis cl\u00e1usulas que definir\u00edan la manera en que se materializar\u00eda, indicando claramente el precio, la forma de pago, la entrega y el traspaso del bien. Con lo cual de la interpretaci\u00f3n dada es preciso colegir que se deb\u00edan cumplir en su totalidad las cl\u00e1usulas all\u00ed pactadas para efectivamente transferir la propiedad del bien, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 y con lo cual desde ya se advierte, dicho contrato resulta insuficiente para acreditar la posesi\u00f3n del recurrente, por cuanto lo pactado estaba condicionado para ser perfeccionado mediante dos situaciones; la primera el pago del saldo restante por el pago del veh\u00edculo, posici\u00f3n que no se acredito dentro del plenario, como tampoco la segunda el traspaso del veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 igualmente que \u00abse desprende como aspecto a resaltar que de conformidad a la cl\u00e1usula quinta del contrato, se efectu\u00f3 la entrega del bien como lo ha alegado el recurrente, sin embargo de conformidad al principio de literalidad no se indica la calidad en la que se realiz\u00f3 la entrega, con lo cual se concluye la mera tenencia, ya que la posesi\u00f3n estaba condicionada al cumplimiento de las clausulas 3 y 6, condiciones que como ya se referencio no se cumplieron o perfeccionaron, como tampoco se allego prueba que justificaci\u00f3n su no realizaci\u00f3n. Consecuencialmente, del estudio realizado por el a quo, este Despacho comparte la determinaci\u00f3n que hiciera al se\u00f1alar que si bien el acta de inventario No 112 que indicaba que la persona a la que se incaut\u00f3 el veh\u00edculo era el se\u00f1or RAFAEL ANTONIO MESA CAMACHO, y con ello confirmo la tenencia f\u00edsica del rodante, pero sin embargo esta no ten\u00eda la fuerza para acreditar que el opositor tuviera la posibilidad de disponer del bien advirtiendo el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, pues la posesi\u00f3n estaba condicionada al cumplimiento del contrato pactado, por dem\u00e1s como se desprende del documento claramente en nada hace referencia a la entrega como poseedor pues se reitera se encontraba a la espera del cumplimiento de otras prerrogativas para perfeccionar el acto\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, puntualiz\u00f3 que \u00abes claro entonces que cuando no obra justificaci\u00f3n o prueba que acredite dentro del plenario, que se haya dado cumplimiento al clausulado tercero y sexto del contrato de compraventa y que tampoco haya entregado como tal, adem\u00e1s de que se observa que ninguna de las partes hizo alg\u00fan requerimiento a su contraparte o intento alguna acci\u00f3n legal para la efectivizar el cumplimiento del contrato y de esta manera transferir la propiedad del rodante, lo que da como resultado que el opositor nunca tomo la calidad de poseedor, inclusive el mismo nunca trasverti\u00f3 el t\u00edtulo, pues siempre a reconocido como propietaria del rodante a la ejecutada. En ese sentido, tambi\u00e9n resulta extra\u00f1o para este Despacho Judicial teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, la l\u00f3gica y la sana critica que no se hubiera dado cumplimiento al clausulado pactado, m\u00e1s aun cuando para el d\u00eda estipulado dentro de dicho contrato, el 03 de julio de 2016, a\u00fan no se hab\u00edan materializado las medidas cautelares, no exist\u00eda registro de embargo sobre el veh\u00edculo de placas DYM 788, en raz\u00f3n a que los oficios sobre el embargo fueron realizados el 16 de julio de 2016 y su registro se dio hasta el mes de octubre del mismo a\u00f1o de conformidad con lo remitido por la Secretaria de Tr\u00e1nsito y transporte municipal, tampoco existe prueba alguna que acredite el pag\u00f3 del saldo restante del precio pactado por el veh\u00edculo, por dem\u00e1s el opositor omite cual pronunciamiento al respecto. Aunado a lo anterior con los documentos allegados como el pago de impuestos que datan de fecha del mes de junio de 2017, contrario a lo manifestado por el recurrente, estos no demuestran su posesi\u00f3n, sino que la propiedad continuaba en cabeza de la demandada, puesto que estos fueron cancelados un a\u00f1o despu\u00e9s de realizado la compraventa, y casi 1 a\u00f1o despu\u00e9s, de cuando debi\u00f3 realizarse el traspaso del rodante y pagar la totalidad del precio pactado, sin que obre justificaci\u00f3n del incumplimiento del mismo; como resultado resulta confuso el hecho de que casi 4 a\u00f1os despu\u00e9s de celebrado el negocio jur\u00eddico no haya habido inter\u00e9s del recurrente por perfeccionar el contrato, o demandar su incumplimiento como se mencion\u00f3 anteriormente, con lo cual se denota el inter\u00e9s \u00fanicamente de levantar la medida practicada en su momento sobre el rodante, pero no la de perfeccionar el negocio jur\u00eddico el cual era el fin y con \u00e9l hubiera materializado la posesi\u00f3n y propiedad del veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abacertada tambi\u00e9n es la aplicaci\u00f3n normativa que hiciera el a quo al se\u00f1alar que de conformidad a lo alegado por el recurrente en concordancia al art. 244 COP, no se puede dejar de aplicar lo establecido en el art. 166 COP (\u2026), y es que en el presente caso los hechos fundados del contrato allegado no se encontraban probados, por el contrario del negocio planteado no se encuentra perfeccionado ni se dio cumplimiento realizando el traspaso del rodante como se pact\u00f3 en su cl\u00e1usula 6, situaci\u00f3n que deb\u00eda realizarse el 3 de julio de 2016 como se mencion\u00f3 anteriormente y que da cuenta su mera tenencia frente al bien. Respecto a las declaraciones extra juicio, con los que el recurrente acredita para la fecha del suceso su posesi\u00f3n, las mismas resultaron insuficientes para el a quo, determinaci\u00f3n que comparte este togado, puesto s\u00ed bien por una parte logran identificar plenamente el rodante y afirmar con certeza sobre el negocio realizado, aduciendo adem\u00e1s que el veh\u00edculo era utilizado para movilizarse de su residencia a su lugar de estudio, y que el recurrente hab\u00eda efectuado pagos de impuestos, arreglos y comparendos de la vendedora, las mismas no son claras al indicar porque les constaba de la realizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico o de qu\u00e9 manera se hubiera hecho el negocio, tampoco indican alguna situaci\u00f3n respecto al incumplimiento del contrato respecto al traspaso y el pago del saldo restante del veh\u00edculo, como tambi\u00e9n no es claro que sean declaraciones de personas ajenas al contrato cuando en el mismo hab\u00edan testigos frente a los que nada se advirti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que \u00aben cuanto al estudio que hiciera el a quo respecto de facturas, se evidencia que las mismas obedecen a cotizaciones que se encuentran en cabeza de otra persona y las dem\u00e1s aportadas no llenan las formalidades exigidas por la ley, por lo que su presunci\u00f3n legal como lo exige el recurrente de conformidad al art. 244 del COP, por cuanto se reitera no puede aplicarse en virtud de lo se\u00f1alado en el art. 166 CGP que cita \u00abLas presunciones establecidas por la ley ser\u00e1n procedentes siempre que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente probados\u00bb, aunado al hecho de que de ellas no se desprende mayor interpretaci\u00f3n que una especie de mantenimientos realizado al veh\u00edculo objeto de medida pero las que no acreditan la posesi\u00f3n del recurrente, y por el contrario reafirmar la condici\u00f3n de mero tenedor que se desprend\u00eda de la compraventa que no se cumpli\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, puesto que es necesario que la fustigada determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC, 15 feb. 2011, rad. 01404). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda porque la decisi\u00f3n materia de censura es razonable y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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