AC1009-2022 (2013-00552-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1009-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-030-29-2013-00552-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JUAN CARLOS ROA M\u00c1RQUEZ y los herederos de JORGE ERNESTO ORTIZ TORRES, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del juicio declarativo de responsabilidad social adelantado por BIOENERGY S.A. en contra de los recurrentes y de FABIO ENRIQUE FONSECA PACHECO y HENRY ECHEVERRY CAMPUZANO. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio del aludido juicio se solicit\u00f3 i) declarar que los demandados incurrieron en culpa durante su gesti\u00f3n como miembros de la junta directiva de Bioenergy S.A. por autorizar de manera un\u00e1nime al representante legal para que adquiriera el 100% de las acciones de la sociedad \u201cLOS ARCES GROUP CORP\u201d; ii) declarar que son solidaria e ilimitadamente responsables de los perjuicios causados a la sociedad por dicho actuar, y en consecuencia, iii) condenar a \u00e9stos a pagar, por da\u00f1o emergente, $2.340.000.000 o la suma superior que se demuestre durante el tr\u00e1mite, debidamente indexada; y iv) las costas del proceso1. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso en lo esencial: <\/p>\n
2.1. El 28 de mayo de ese a\u00f1o, los demandados fueron nombrados miembros principales de la junta directiva de la compa\u00f1\u00eda accionante, \u00e9poca para la cual, en desarrollo de su objeto social, ven\u00eda ejecutando actividades tendientes a adquirir unos predios en el corredor Puerto L\u00f3pez \u2013 Puerto Gait\u00e1n, entre ellos, el denominado \u201cLa Conquista\u201d o \u201cRancho Yurimena\u201d, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 234-000354. <\/p>\n
2.2. El 23 de julio de 2008, la firma Posse Herrera & Ru\u00edz, en su calidad de consultora jur\u00eddica, rindi\u00f3 un estudio de t\u00edtulos sobre el citado inmueble, advirtiendo que exist\u00eda una diferencia significativa en los registros catastrales e instrumentos p\u00fablicos respecto de la cabida y extensi\u00f3n del predio, esto es, \u201c309 hect\u00e1reas y 8000 M2\u201d, lo cual impon\u00eda realizar \u201cuna verificaci\u00f3n material del \u00e1rea y linderos (\u2026) con asistencia de top\u00f3grafo o arquitecto\u201d, a fin de tener certeza de su real extensi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Juan Carlos Roa M\u00e1rquez y Henry Echeverry, en representaci\u00f3n de la sociedad actora, participaron en los comit\u00e9s de tierra celebrados el 30 de julio y 8 de agosto de ese mismo a\u00f1o, donde incluyeron la compra del referido fundo, informando que este ten\u00eda un \u00e1rea de 857 hect\u00e1reas y que su precio era de $6.000.000.000. <\/p>\n
2.4. El 11 de agosto siguiente, su propietario, Dar\u00edo Monta\u00f1o, ofert\u00f3 el bien a la compa\u00f1\u00eda accionante en $6.000.000.000, indicando que su cabida era de 900 hect\u00e1reas. <\/p>\n
2.5. En sesi\u00f3n del 1\u00b0 de septiembre posterior, la junta directiva de aqu\u00e9lla autoriz\u00f3 a su representante legal para que adquiriera el 100% de las acciones de las sociedades Amandine Holding Corp y Los Arces Group Corp, propietarias en ese momento de los terrenos \u201cKari Kari\u201d, \u201cLituania\u201d y \u201cLa Conquista\u201d, respectivamente, para as\u00ed adquirir indirectamente su propiedad. <\/p>\n
2.6. La anterior decisi\u00f3n caus\u00f3 perjuicios a la demandante, por la falta de diligencia en la adopci\u00f3n de la misma, ya que omitieron analizar y atender la recomendaci\u00f3n de la consultora sobre la cabida y linderos del predio en cuesti\u00f3n, como tambi\u00e9n valorar los activos y pasivos de la \u00faltima de las se\u00f1aladas empresas, sumado a que ning\u00fan cuestionamiento hicieron respecto del cambio de negocio, es decir, la compraventa del predio por la de acciones, lo que llev\u00f3 a que se pagara un valor en exceso por la diferencia superficiaria existente entre lo ofrecido y lo comprado, de acuerdo con el trabajo topogr\u00e1fico que se efectu\u00f3 el 21 de enero de 2009, donde se estableci\u00f3 que el \u00e1rea real del inmueble era de \u201c549 HAS + 3628.67 M2\u201d. <\/p>\n
2.7. Dicha actuaci\u00f3n imposibilit\u00f3 que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la sociedad actora, por la diferencia de cabida, pudiera ejercer la acci\u00f3n legal para obtener la reducci\u00f3n del valor del bien2. <\/p>\n
3. Notificada la parte convocada, contest\u00f3 la demanda en tiempo, de la siguiente manera: <\/p>\n
3.1. Henry Echeverry Campuzano y Fabio Enrique Fonseca Pacheco, a trav\u00e9s del mismo apoderado judicial, pero en escritos separados, se opusieron a las s\u00faplicas incoadas mediante la formulaci\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito que al unison\u00f3 denominaron \u201cNo existi\u00f3 da\u00f1o\u201d, \u201cNo hubo conducta culposa\u201d, \u201cNo existe v\u00ednculo causal entre la conducta [de los demandados] y la compra del predio\u201d, \u201cExiste culpa de un tercero\u201d y \u201cExiste culpa de la v\u00edctima\u201d3. <\/p>\n
3.2. Claudia Alicia de las Mercedes y Mario Ernesto Ortiz Escobar, herederos determinados de Jorge Ernesto Ortiz Torres, tambi\u00e9n se resistieron a lo pretendido con el libelo inicial, esgrimiendo las defensas que titularon \u201cINEXIGIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD QUE HAYA PODIDO TENER [EL CAUSANTE] Y\/O SUS HEREDEROS\u201d, \u201cLA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ADQUISICI\u00d3N INDIRECTA DEL PREDIO \u2018LA CONQUISTA\u2019 NO ES IMPUTABLE\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL DA\u00d1O\u201d, \u201cCULPA DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE\u201d4. <\/p>\n
3.3. Juan Carlos Roa M\u00e1rquez se mostr\u00f3 reacio a la concesi\u00f3n de las pretensiones elevadas, tras plantear las r\u00e9plicas que titul\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DEL DA\u00d1O\u201d, \u201cLA INDETERMINACI\u00d3N DE LA DECISI\u00d3N IMPLICA QUE NO ES CAUSA EFICIENTE\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d y \u201cGEN\u00c9RICA\u201d5. <\/p>\n
3.4. La curadora ad-litem de los herederos indeterminados se limit\u00f3 a manifestar que no le constan los hechos de la demanda, por lo que se aten\u00eda a lo que se demostrara en el proceso. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia emitida el 25 de abril de 2019, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de inexistencia de responsabilidad propuesta por los demandados y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la parte demandante. <\/p>\n
Para adoptar dichas resoluciones, la falladora de primer grado expuso, en lo esencial, que el extremo actor no demostr\u00f3 la culpa de los demandados, pues, si bien el informe rendido por Posse Herrera y Ruiz no pod\u00eda pasarse por alto, ello no tuvo injerencia en la autorizaci\u00f3n dada por la junta directiva el 1\u00b0 de septiembre de 2008, dado que est\u00e1 qued\u00f3 supeditada al documento de intenci\u00f3n de compra de las acciones de la sociedad Los Arces Group Corp y a la \u00faltima \u201cdue diligence\u201d que adelantar\u00edan los asesores y miembros de Bioenergy S.A6. <\/p>\n
5. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda accionante y Juan Carlos Roa M\u00e1rquez la apelaron, tras esgrimir la primera sendos reparos frente a la valoraci\u00f3n del material probatorio recaudado, mientras que el segundo un solo cuestionamiento, relativo a que no se debi\u00f3 decidir de fondo el asunto por haber caducado la acci\u00f3n ejercida7. <\/p>\n
6. Al desatar la alzada, mediante fallo del 9 de febrero de 2021, el superior revoc\u00f3 lo resuelto por la juez de primer grado, y en su lugar, declar\u00f3 que los convocados incurrieron en culpa en su gesti\u00f3n como miembros de la junta directiva de la parte demandante, y por ende, responsables solidaria e ilimitadamente de los perjuicios ocasionados a esta por autorizar de manera un\u00e1nime a su representante legal para que adquiriera el 100% de las acciones de la sociedad Los Arces Group Corp, por lo que los conden\u00f3 a pagar a la agraviada la suma de \u201c$1.935\u2019766.094\u201d a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, cifra que deber\u00e1 ser indexada, m\u00e1s las costas del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus razonamientos se compendian, as\u00ed: <\/p>\n
1. Dijo que el argumento central de la defensa de los demandados fue alegar que no tuvieron conocimiento del estudio de t\u00edtulos realizado al predio denominado \u201cLa Conquista\u201d por la firma Posse Herrera & Ruiz, pero que los antecedentes de la negociaci\u00f3n daban cuenta de que dicho documento no le era extra\u00f1o a los miembros de la junta directiva de Bioenergy S.A. de cara a la celebraci\u00f3n de la junta efectuada el 1\u00b0 de septiembre de 2008. <\/p>\n
2. Resalt\u00f3 que, si bien el mentado informe \u201cno muestra objeciones relativas a la titularidad de la heredad, s\u00ed expon\u00eda una serie de discrepancias\u201d, pues los profesionales que lo realizaron hallaron que \u201cmientras catastralmente el predio cuenta con un \u00e1rea de apenas supera las 531 Has, el folio de matr\u00edcula habla de 900 Has y la escritura por la cual el vendedor la adquiri\u00f3 reza que son 841 Has\u201d, circunstancia que a su juicio ameritaba \u201chacer una verificaci\u00f3n material del \u00e1rea y linderos reales del inmueble mediante visita (\u2026) preferiblemente con la asistencia de un top\u00f3grafo o arquitecto, para adquirir certeza de la extensi\u00f3n real de los inmuebles y sus implicaciones fiscales futuras\u201d. <\/p>\n
3. Indic\u00f3 que de acuerdo con el acta de la demarcada reuni\u00f3n, al abordarse el tema de la compra del referido bien \u201cnadie habl\u00f3 con el objeto de que las cosas se aclararan, a sabiendas que ese era tema conocido en el comit\u00e9 de tierras, del que formaban parte dos de los miembros de la junta directiva\u201d, quien, por unanimidad, procedi\u00f3 a autorizar al representante legal para que adquiriera el 100% de las acciones de la sociedad Los Arces Group Corp. <\/p>\n
4. Estim\u00f3 que lo m\u00ednimo que se esperaba de los miembros de esa junta directiva \u201cera que precaviera las repercusiones que [esa] decisi\u00f3n llegara a tener de cara a los intereses de la sociedad que, para ese momento, iba a cambiar sustancialmente debido a la participaci\u00f3n que en ella estaba pr\u00f3xima a darse por parte de Ecopetrol\u201d. <\/p>\n
5. Sostuvo que, dadas las funciones que ten\u00edan los directivos, para librarse de la responsabilidad que de ellas se derivan en un juicio como el que se les sigue, \u201cera acreditando que realizaron actividades positivas tendientes a la protecci\u00f3n de los intereses de la sociedad, tanto en el seno de la junta, como en el comit\u00e9, donde la representaban, por modo que si nada hicieron tampoco all\u00ed, y probatoriamente no hay ninguna prueba que conduzca a lo contrario, es obvio que su inactividad les genera responsabilidad al presentarse la inconsistencia entre lo pagado y lo recibido, ll\u00e1mense acciones o hect\u00e1reas de tierra; dicho de otro modo, la responsabilidad de los miembros de la junta (\u2026), no deriva simplemente de la autorizaci\u00f3n que dieron para la compra de acciones, sino en la responsabilidad de materializar la operaci\u00f3n cuyo prop\u00f3sito era comprar terrenos para el proyecto de Etanol\u201d. <\/p>\n
6. Anot\u00f3, que era absolutamente claro que \u201ccon prescindencia de las decisiones que tomara en esa sede t\u00e9cnica que en \u00faltimas result\u00f3 siendo el comit\u00e9 de tierras acerca de la viabilidad de adquirir un predio en espec\u00edfico, donde dos miembros del \u00f3rgano decisorio de la sociedad interven\u00edan, a la junta, mientras no se le hubiere relevado de sus funciones estatutarias, era a la que concern\u00eda la determinaci\u00f3n final\u201d. <\/p>\n
7. Recalc\u00f3, que \u201csi algo marc\u00f3 el proceder de los accionados en esa sesi\u00f3n de la junta directiva de la empresa, celebrada el 1\u00b0 de septiembre de 2008, fue su desgre\u00f1o y el menosprecio de la sociedad\u201d, pues \u201cni siquiera cayeron en cuenta que el bien, para esa data, estaba en cabeza de Monta\u00f1o Ferrer y no a nombre de la sociedad paname\u00f1a con que se autoriz\u00f3 la sui-generis operaci\u00f3n; incluso, no hay certeza de ninguna naturaleza que informe de la supuesta promesa que ten\u00eda la susodicha sociedad con el propietario del predio, como para decir que esto obligaba o tal vez urg\u00eda, como reza el acta, adelantarse al normal devenir de las cosas\u201d y, \u201cde ser cierto que \u00e9ste hab\u00eda celebrado una promesa con un tercero, es pot\u00edsimo que el tema ameritaba discusi\u00f3n al momento de autorizar una operaci\u00f3n de un monto importante, como lo fue (\u2026) la adquisici\u00f3n de Los Arces Group Corp\u201d. <\/p>\n
8. Se\u00f1al\u00f3, en cuanto al argumento de los convocados de, que qui\u00e9n tom\u00f3 la determinaci\u00f3n fue el comit\u00e9 de tierras y quien la ejecut\u00f3 fue la nueva junta directiva designada d\u00edas despu\u00e9s de aqu\u00e9lla reuni\u00f3n, que al contrastarse el acta de julio 30 de 2008 y sus anexos, el informe elaborado por los ingenieros agr\u00f3nomos Jaime Jos\u00e9 Triana Restrepo y Jes\u00fas Enrique Prieto Chala, as\u00ed como por el ingeniero agr\u00edcola Albert Julesmar Guti\u00e9rrez Vanegas, el acta de comit\u00e9 del 8 de agosto siguiente y el documento visible a folios 606 y 607, \u201csalta a la vista una indignante falta de lealtad de esos miembros para con la sociedad, pues adem\u00e1s que no es cierto, de ninguna manera, que el tema de la discrepancia en las \u00e1reas (\u2026) haya sido algo superado en alguna instancia anterior a la sesi\u00f3n de la junta directiva del 1\u00b0 de septiembre de 2008\u201d; adem\u00e1s, Roa M\u00e1rquez y Echeverry Campusano siguieron manteniendo presencia en la compa\u00f1\u00eda, al representar a las sociedades BioOriente Panam\u00e1 S.A., BioOriente S.A., BioOriente 1 Ltda. y BioOriente 2 Ltda., \u201cseg\u00fan se advierte del organigrama visto a folios 562 del cuaderno 1, TI\u201d, por lo que es imposible tratar de desplazar la responsabilidad a los nuevos miembros de la junta, \u201cpues, a la postre, el negocio se mantuvo tal y como lo aprobaron, con su intervenci\u00f3n; y no incidental\u201d, ya que \u201csu protagonismo en su consolidaci\u00f3n de la operaci\u00f3n fue activo\u201d. <\/p>\n
9. Precis\u00f3 que al proceso se arrimaron varias pericias que concept\u00faan sobre el valor del predio \u201cLa Conquista\u201d, sobre las cuales los convocados afirman que no se demuestra el perjuicio patrimonial alegado, pero, \u201cempezando por la que en copia simple aport\u00f3 el demandado Roa M\u00e1rquez con la contestaci\u00f3n de la demanda (folio 761), donde una firma denominada AAA concept\u00faa (\u2026) se\u00f1alando que para el mes de diciembre de 2011 ascend\u00eda a $5.100.000.000, siguiendo por el que realiz\u00f3 el perito \u00c1lvaro S\u00e1nchez Mosquera (folios 1649 y siguientes del cuaderno 1 T III), que lo calcul\u00f3 en $5.310\u2019.000.000, a raz\u00f3n de $10\u2019000.000 la hect\u00e1rea, para 2016, muy poco cabe a\u00f1adir para concluir que no es cierto que esa valoraci\u00f3n resulte determinante para desconocer la existencia del detrimento patrimonial para la entidad, desde luego que la inversi\u00f3n no tradujo, con el paso del tiempo corrido entre la operaci\u00f3n y la fecha en que el experto calcula su valor, una valorizaci\u00f3n como la que sugieren los demandados, es l\u00f3gico que la discrepancia en el \u00e1rea de lo adquirido con la extensi\u00f3n real del fundo debe estimarse como un da\u00f1o, en tanto las acciones adquiridas est\u00e1n representadas exclusivamente por el susodicho inmueble, conforme emerge del propio contrato de compraventas de aquellas, entre otros documentos\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que la laguna del mismo nombre, que colinda con dicho inmueble y que supuestamente incrementar\u00eda su valor por servir a la compa\u00f1\u00eda como suministro de agua, \u201cno representa ese plus\u201d, toda vez que, como qued\u00f3 acreditado pericialmente, \u201cel uso de las aguas de ese acu\u00edfero no depende de cuanto desee el colindante utilizar, sino de cuales son las directrices que fije la autoridad ambiental para ello; y al respecto n\u00f3tese que Cormacarena no le ha expedido autorizaci\u00f3n al predio para servirse de las aguas de la laguna, obviamente, entonces, que el planteamiento es pura especulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
10. Arguy\u00f3, frente a la aseveraci\u00f3n de los demandados acerca de que \u201cno es factible hablar de detrimento patrimonial, si los estados financieros no lo reflejan\u201d, que \u201cesos mismos estados financieros incorporan una partida que lleva el nombre de \u2018litigios\u2019, donde se registra un monto de $2.337\u2019581.000 para los a\u00f1os 2010 y 2011, por supuesto, en ese orden de cosas, que si la objeci\u00f3n al da\u00f1o est\u00e1 en su contabilizaci\u00f3n, solo aludiendo a esta anotaci\u00f3n contable, \u00e9sta se caer\u00eda de su propio peso, si en realidad contara con \u00e9l\u201d. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante acot\u00f3, que \u201cel detrimento patrimonial es algo que surge de aquello que la doctrina autorizada conoce [como] la res ipsa loquitur [la cosa habla por s\u00ed misma], aplicado en eventualidades como la de ahora por la jurisprudencia, pues, a la verdad, no hay que ir muy lejos para saber que el detrimento que en su patrimonio padeci\u00f3 Bioenergy por causa de la omisi\u00f3n de su junta directiva, se obtiene del resultado de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica simple, esto es, de restar del valor pagado por el predio, es decir, por la totalidad de las acciones de la sociedad de Los Arces Group Corp., pues esa fue la forma que concibieron para adquirirlo, el precio que tendr\u00eda el \u00e1rea realmente recibida, esto es, las 549 Has + 3628,67 mts2 que seg\u00fan el top\u00f3grafo que hizo la mesura del predio en enero de 2009, tiene este verdaderamente\u201d; en otras palabras, \u201csi lo adquirido fue el 100% de las acciones de prenombrada sociedad, representadas exclusivamente en el susodicho inmueble, al reducirse la extensi\u00f3n de \u00e9ste obviamente el da\u00f1o es directamente proporcional al n\u00famero de acciones compradas y, por contera, el valor de las hect\u00e1reas de tierra que no fueron entregadas comportar\u00e1 el perjuicio irrogado\u201d, de tal suerte que, \u201csi cada hect\u00e1rea, divididos los $6.000.000.000 que se pagaron por cuenta de la negociaci\u00f3n, entre las 841 hect\u00e1reas, tiene un valor de $7\u2019134.363,85, el monto al que asciende el detrimento patrimonial de Bioenergy sumar\u00eda $1.935\u2019766.094\u201d. <\/p>\n
11. Expres\u00f3, en relaci\u00f3n con la responsabilidad de Jorge Ernesto Ortiz Torres y sus herederos, que \u201cprobatoriamente no se estableci\u00f3 [que \u00e9ste] no estuvo en la susodicha reuni\u00f3n de la junta directiva, pues aunque al dar respuesta a la demanda sus herederos aportaron un concepto grafol\u00f3gico que desdec\u00eda de la autenticidad de la firma impuesta en la misiva dirigida a la C\u00e1mara de Comercio en que \u00e9ste aceptada el cargo, es muy de notar, sin embargo, que en el proceso se realiz\u00f3 otra pericia al respecto por parte del graf\u00f3logo Jos\u00e9 del Carmen Romero Tinaja (folios 1791 y siguiente del cuaderno 1, T. III), donde se concluy\u00f3 que esa firma era atribuible al causante, desde luego que, ante esa evidencia, no queda m\u00e1s que estarse a las conclusiones que se expusieron respecto de la responsabilidad, sin que al efecto pueda atenderse la objeci\u00f3n que los sucesores (\u2026) opusieron al concepto pericial, debatidas en la audiencia celebrada el 15 de enero de 2018, controversia que, de ninguna manera, autoriza denigrar del concepto pericial, cuya \u2018solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad\u2019, imperan adoptarlo como fuente de convicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
12. Manifest\u00f3, en cuanto a las excepciones de prejudicialidad y prescripci\u00f3n, que no estaban llamadas a prosperar porque, de un lado, \u201clos resultados del proceso penal que pudo haber surgido a ra\u00edz de la querella que se impetr\u00f3 contra el vendedor por aprovecharse, supuestamente, del error ajeno, es indiferente para los prop\u00f3sitos de este proceso, donde la acci\u00f3n de responsabilidad deducida de los administradores frente a la ley y los estatutos de la sociedad, independiente de cuanto ocurra en la reclamaci\u00f3n que se le hace a Monta\u00f1o Ferrer all\u00e1\u201d, y del otro, que aunque se invoc\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el canon 25 de la Ley 200 de 1996, \u201cno habla precisamente de caducidad, sino de prescripci\u00f3n\u201d, que a voces del precepto 235 de la citada codificaci\u00f3n, es de \u201ccinco a\u00f1os\u201d, tiempo que no ha transcurrido \u201cdesde la suscripci\u00f3n del acuerdo de indemnidad al momento en que Roa M\u00e1rquez se notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda\u201d8. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, un ataque se formula contra la sentencia del Tribunal, soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Sobre la base de dicho motivo de quiebre, se denuncia que el fallo del ad quem viol\u00f3 indirectamente \u201clos art\u00edculos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995, este \u00faltimo que modific\u00f3 el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, y el art\u00edculo 1616 del C\u00f3digo Civil\u201d, por \u201cmanifiestos y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de varias de las pruebas obrantes en el expediente\u201d. <\/p>\n
En desarrollo del embate, el apoderado de los casacionistas expuso, en concreto, lo siguiente: <\/p>\n
1. El Juez Colegiado err\u00f3 al \u201c[t]ener por probada, sin estar respaldada en las pruebas, la culpa de los demandados\u201d, \u201c[t]ener por probado, sin estarlo, el nexo de causalidad existente entre la conducta de los demandados y el supuesto da\u00f1o padecido por la sociedad demandada\u201d y \u201c[t]ener por probado, sin estarlo, la existencia de un supuesto da\u00f1o indemnizable a favor de la sociedad demandada\u201d. <\/p>\n
2. El ad quem desconoci\u00f3 por completo las \u201cActas de Junta Directiva No. 8 del 13 de diciembre de 2007\u201d, la \u201cActa de Junta Directiva No. 14 del 21 de mayo de 2008\u201d, el \u201cAcuerdo de accionistas suscrito el 14 de octubre de 2008\u201d, las \u201cActas del Comit\u00e9 de Tierras del 30 de julio y 8 de agosto de 2008\u201d y el \u201cInforme t\u00e9cnico elaborado por Jaime Jos\u00e9 Triana Restrepo, Jes\u00fas Enrique Prieto Chala y Albert Julesmar Guti\u00e9rrez Vanegas\u201d, que \u201cdemostraban la existencia de las razones objetivas que llevaron a autorizar la celebraci\u00f3n del negocio cuestionado, razones que \u00fanicamente buscaban el beneficio y el inter\u00e9s de la sociedad\u201d. <\/p>\n
3. Dicha pifia resulta trascendente, porque \u201ccualquiera de los yerros en los que incurri\u00f3 el Tribunal, de no haber ocurrido, hubieran variado por completo el sentido de la decisi\u00f3n\u201d9. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1\u00b0 de enero de 2016, pues, el litigio donde se dict\u00f3 la sentencia confutada fue rituado bajo dicha disposici\u00f3n, siendo aquel remedio extraordinario formulado el 16 de noviembre de 202110. <\/p>\n
2. Aspecto formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, en la respectiva demanda se debe enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado. <\/p>\n
Frente al primero de los mencionados desaciertos, que es el que ac\u00e1 se denuncia, se ha dicho que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio11, por lo que en dicho escrito tambi\u00e9n \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d (CSJ, AC2679-2020), esto es, si el fallador \u201cpretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente\u201d (CSJ, AC2213-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, como lo ha enfatizado la Sala, el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d (Cit., reiterado en AC2501-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del literal a) del \u00faltimo de los mencionados c\u00e1nones, para efectos de fundamentar esta causal no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias, pues ello vendr\u00eda a ser lo que la doctrina de la Sala ha denominado medios nuevos, los cuales se consideran inadmisibles, ya que este remedio extraordinario no se erigi\u00f3 \u201cpara repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora\u201d (CSJ, G.J. t. LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76, citada en SC, 9 sep. 2010, Rad. 2005-00103-01, SC5175-2020 y AC5724-2021, entre otros). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis formal del cargo planteado <\/p>\n
3.1. Uno de los aspectos de mayor importancia del escrito de casaci\u00f3n es que sus ataques guarden armon\u00eda con los fundamentos que sirvieron de apoyo al Tribunal para adoptar la resoluci\u00f3n censurada, pues, de no ser as\u00ed, caer\u00e1n en el vicio de desenfoque que los hace inanes, en la medida que al enfilarse contra argumentos que no contiene la sentencia recurrida dejan en pie los que verdaderamente le sirvieron de apoyo. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dicho reiteradamente que la demanda \u201creclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u201d (CSJ G.J., t. CCLVIII, p\u00e1g. 294, citada en CSJ AC2804-2016 y AC276-2021, entre otros). <\/p>\n
Al repasar una vez m\u00e1s el contenido del fallo de segunda instancia, cuya s\u00edntesis se hizo precedentemente, lo que se encuentra es que los recurrentes nunca combatieron el argumento central sobre el cual el juez plural soport\u00f3 la sentencia opugnada, esto es, que los demandados incurrieron en culpa en su gesti\u00f3n como miembros de la junta directiva de Bioenergy S.A., al autorizar a su representante legal para que adquiriera el 100% de las acciones de la sociedad Los Arces Group Corp, supuesta due\u00f1a en ese momento del predio denominado \u201cLa Conquista\u201d, para as\u00ed adquirir indirectamente su propiedad, sin que previamente se atendieran las observaciones condensadas en el estudio de t\u00edtulos efectuado por la firma Posse Herrera & Ruiz al mentado inmueble, relativas a inconsistencias en su \u00e1rea, con lo cual incumplieron su deber de actuar \u201ccon buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios\u201d, omisi\u00f3n que finalmente le irrog\u00f3 perjuicios a la citada compa\u00f1\u00eda por un valor de \u201c$1.935\u2019766.094\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto que, primigeniamente, los impugnantes censuran que el Tribunal no vislumbr\u00f3 de las pruebas denunciadas como err\u00f3neamente apreciadas, que la adquisici\u00f3n del fundo en ciernes hac\u00eda parte de los intereses estrat\u00e9gicos de la empresa, pues este era necesario para desarrollar el proyecto de producci\u00f3n de etanol denominado \u201cLa Balsa\u201d; pero, ello nunca lo puso en duda dicha autoridad, es m\u00e1s, tal particularidad la trajo a cuento para describir los antecedentes de la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo dicho, se ilustra en el siguiente pasaje de la demanda: <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese, entonces, que estaba probado a partir de la documental rese\u00f1ada, que el proyecto la Balsa hac\u00eda parte de los intereses estrat\u00e9gicos de la sociedad, que este requer\u00eda el control de unos predios considerados estrat\u00e9gicos y que fue en ese contexto, no en otro, que se solicitaron las autorizaciones a la Junta Directiva, ligada con la funci\u00f3n que fue encomendada al Comit\u00e9 de Tierras. No basta sino una lectura al fallo de segunda instancia para que salte a la vista, sin asomo de duda, que este contexto de la ejecuci\u00f3n de un proyecto en b\u00fasqueda de un inter\u00e9s social fue completamente omitido y eliminado del an\u00e1lisis probatorio. Ning\u00fan papel jug\u00f3 en el raciocinio que hizo el ad quem. <\/p>\n
(\u2026), y en concordancia con lo anterior, es necesario resaltar la importancia que el predio \u201cLa Conquista\u201d representaba para dicho proyecto, un hecho tambi\u00e9n probado y omitido en su totalidad por el Tribunal, y que se extrae de las distintas actas del Comit\u00e9 de Tierras y de la Junta Directiva. <\/p>\n
En efecto, tal era su importancia que el inmueble estaba agrupado bajo el escenario 6, en atenci\u00f3n a sus calidades t\u00e9cnicas para el desarrollo del proyecto as\u00ed consta en las conclusiones del informe t\u00e9cnico elaborado por Jaime Jos\u00e9 Triana Restrepo, Jes\u00fas Enrique Prieto Chala y Albert Julesmar Guti\u00e9rrez Vanegas, que en su calidad de ingenieros agr\u00f3nomos y agr\u00edcolas indicaron lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Esta prueba tambi\u00e9n fue omitida, o cuando menos, cercenada completamente en su alcance por el Tribunal. De haber sido tomada en cuenta, en conjunto con la documental rese\u00f1ada, claro hubiera estado, como lo est\u00e1, cu\u00e1l fue la motivaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n del predio y por ello, la explicaci\u00f3n del actuar de la Junta Directiva en el contexto de la regla de discrecionalidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La conclusi\u00f3n es, entonces, que, a pesar de estar probada en el proceso, el Tribunal obvi\u00f3 que la finalidad perseguida por la sociedad impon\u00eda la adquisici\u00f3n del inmueble por su localizaci\u00f3n, topograf\u00eda y condiciones t\u00e9cnicas. Todo esto, se insiste, estaba claro en las pruebas que acaban de ser rese\u00f1adas y que para nada fueron tomadas en cuenta por el ad quem. <\/p>\n
Ello, sin m\u00e1s, demostraba que no existi\u00f3 culpa ni reproche de ning\u00fan tipo en el actuar de los demandados, pues hab\u00edan obrado de conformidad con el patr\u00f3n de conducta que es exigible a un buen hombre de negocios, esto es, tomando decisiones informadas, de buena fe y motivadas por la consecuci\u00f3n de un inter\u00e9s estrat\u00e9gico de la sociedad.\u201d (resalto propio del texto). <\/p>\n
Luego, y siendo el reproche m\u00e1s cercano al fundamento antes resaltado, criticaron al fallador de segundo grado por discernir de tales pruebas que los miembros de la junta directiva actuaron bajo inter\u00e9s personales con fines deshonestos y torticeros, cuando \u00e9sta lo que resalt\u00f3 de ellos fue un proceder omisivo; es decir, un actuar negligente, sin hacer alusi\u00f3n a ese tipo de se\u00f1alamientos. <\/p>\n
En las siguientes l\u00edneas del cargo se aprecia lo expuesto: <\/p>\n
\u201cDe ninguna manera se puede deducir de las pruebas obrantes en el expediente que los miembros de Junta Directiva tuvieron un comportamiento deshonesto, alineado por el inter\u00e9s personal, o en claro conflicto de inter\u00e9s, que permitiera calificar las actuaciones analizadas como desleales y de mala fe. <\/p>\n
\u201cNuevamente, esas conclusiones de tipo f\u00e1ctico, extra\u00eddas de la conducta de los demandados, son elucubraciones del Tribunal y no verdaderos hechos probados dentro del expediente. Se trata de una lectura del comportamiento de los demandados completamente desligada de las verdaderas motivaciones del negocio en cuesti\u00f3n y de las circunstancias antecedentes y concomitantes en que fue aprobado por la Junta Directiva: la adquisici\u00f3n de los terrenos estrat\u00e9gicos como condici\u00f3n indispensable para el proyecto con Ecopetrol. <\/p>\n
\u201c\u00bfEn qu\u00e9 deber\u00eda consistir la prueba de una falta a los deberes de lealtad y buena fe de los administradores societarios? \u00bfCu\u00e1l es verdaderamente el objeto de dicha prueba? Vale recordar lo dicho por la Corte sobre estos deberes, para evidenciar c\u00f3mo en la sentencia de segunda instancia, en realidad, se supone completamente, se da por sentado, sin estarlo, que esta falta se hab\u00eda configurado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cY es que, francamente, no existe en el expediente prueba alguna que denote que los demandados hayan utilizado las facultades que comporta ser miembro de la Junta Directiva para fines diferentes de la consecuci\u00f3n de los objetivos sociales, por ejemplo, para fines personales o torticeros. Suponer ello, sin prueba, es inventarse un hecho de hond\u00edsimas consecuencias. No existe prueba en el expediente que permita concluir que mis poderdantes actuaron con consciencia de actos deshonestos o defraudatorios de los socios y terceros. <\/p>\n
\u201cCuesti\u00f3n distinta es que el Tribunal, por haberle negado todo alcance probatorio a los documentos que permit\u00edan entender la verdadera motivaci\u00f3n del negocio cuestionado, en el contexto de la operaci\u00f3n con Ecopetrol, haya logrado una lectura parcial y verdaderamente sesgada de lo ocurrido. Pero ese falso juicio de existencia en el que incurre el Tribunal, de tomar una lectura parcial de lo ocurrido y de all\u00ed derivar hechos que en realidad no existieron \u2013 la consciencia de un actuar deshonesto, la violaci\u00f3n de los deberes de lealtad y buena fe- no es sino otro yerro probatorio, grav\u00edsimo y de toda la trascendencia. (\u2026).\u201d <\/p>\n
De otro lado, indicaron que el juez colegiado dio por probado, sin estarlo, el nexo causal entre la conducta de los demandados y el da\u00f1o alegado, ya que la autorizaci\u00f3n que dio la junta directiva en sesi\u00f3n del 1\u00ba de septiembre de 2008 \u201cno fue la causa eficiente\u201d del detrimento patrimonial arg\u00fcido, sino las actuaciones posteriores; sin embargo, guardaron silencio frente a los argumentos dados en el punto 5.1 de las consideraciones del fallo acusado, que apuntan a que dos de los miembros de aqu\u00e9lla, ac\u00e1 demandados, siguieron representando los intereses de Bioenergy S.A. en la negociaci\u00f3n, el que se realiz\u00f3 tal y como dicho \u00f3rgano de direcci\u00f3n lo dispuso en la referida reuni\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo dejaron reflejado en el libelo de casaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cContrario a lo que afirma el Tribunal, la autorizaci\u00f3n que dio la Junta Directiva en reuni\u00f3n del 1\u00ba de septiembre de 2008 no fue la causa eficiente de la p\u00e9rdida alegada. La causa eficiente, en realidad, fue la firma del otros\u00ed al documento de intenci\u00f3n y del contrato de compraventa de acciones por parte del apoderado que firm\u00f3 el contrato, quien conoc\u00eda igualmente el estudio de t\u00edtulos. <\/p>\n
\u201cEsto era lo que debi\u00f3 haber concluido el Tribunal, pero no lo hizo. Al contrario, entendi\u00f3 que el supuesto detrimento patrimonial ten\u00eda como causa la conducta del Junta Directiva por virtud de las autorizaciones dadas el 1 de septiembre de 2008. <\/p>\n
\u201cEl Tribunal, al realizar el juicio de causalidad adecuada, no tuvo en cuenta una serie de hechos claramente probados, que demostraban que a partir del actuar de los demandados no era previsible la consumaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso alegado en la demanda, todo lo cual hace que ese da\u00f1o no pueda serles imputado. Adem\u00e1s, que la causa eficiente del da\u00f1o alegado, esa s\u00ed, hab\u00eda sido la firma de los documentos contractuales por parte del apoderado que suscribi\u00f3 el contrato. (\u2026).\u201d <\/p>\n
M\u00e1s adelante, y bajo ese mismo hilo argumentativo, sostuvieron los censores que el ad quem \u201csupuso, sin existir prueba de ello, que la causa del da\u00f1o alegado en la demanda fue la conducta de los demandados\u201d, as\u00ed como \u201cla existencia de un da\u00f1o antijur\u00eddico y cierto\u201d, sin tener en cuenta que lo que interesaba al comit\u00e9 de tierras y la junta directiva era adquirir el fundo tantas veces mencionado, con independencia de su extensi\u00f3n y valor, reproche que deja a un lado lo precisado por aquella Colegiatura, en particular, que no era aqu\u00e9l comit\u00e9 el que finalmente ten\u00eda la potestad de adoptar la decisi\u00f3n de comprar el predio, sino el susodicho \u00f3rgano administrativo de Bioenergy S.A., quien ten\u00eda la obligaci\u00f3n de proteger sus intereses, los que se vieron perjudicados con el actuar omisivo que les fue endilgado en la demanda. <\/p>\n
Esto lo informa el aparte que se transcribe a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la antijuridicidad del da\u00f1o, entendido como aqu\u00e9l que el sujeto no est\u00e1 en deber de soportar, puede advertirse que este requisito no se presenta en el caso bajo estudio, pues de las pruebas que obran en el expediente se observa que el da\u00f1o alegado (el supuesto detrimento patrimonial de BIOENERGY S.A. por la diferencia de hect\u00e1reas) fue previamente conocido y aceptado por los administradores de la sociedad y los representantes de los accionistas. <\/p>\n
\u201cEsto emerge de los documentos cuyo alcance cercen\u00f3 el Tribunal y que ya han sido rese\u00f1ados a lo largo de este cargo, en los que consta la motivaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de la Junta Directiva el 1 de septiembre de 2008, as\u00ed como los comit\u00e9s de tierras a los que asistieron sus miembros y otros invitados, que posterior al 14 de octubre fueron los mismos miembros que, conociendo la diferencia de extensi\u00f3n del predio, autorizaron la celebraci\u00f3n de los negocios en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
\u201cLo anterior, por cuanto al hacer la revisi\u00f3n de los actos previos a la autorizaci\u00f3n de la Junta Directiva del 1 de septiembre de 2008 (Cuaderno No. 1 Pag. 11), se puede observar que se llevaron a cabo dos reuniones del Comit\u00e9 de Tierras, una el 30 de julio de 2008 y otra el 8 de agosto del mismo a\u00f1o (Cuaderno 1 Tomo 1 pag. 32 y Cuaderno 1 pag. 12 respectivamente), en donde participaron Hans Moreno, Jos\u00e9 Daniel L\u00f3pez, Juan Carlos Roa, Henry Echeverri, Fernando Gaviria, Juan Camilo Romero, Adriana Garc\u00eda y Alexander Cadena. <\/p>\n
\u201cEn estas dos reuniones del Comit\u00e9 de Tierras, se dej\u00f3 en evidencia, a partir de los anexos, la diferencia en la extensi\u00f3n del terreno y la posible diferencia en el precio. De igual forma, se dej\u00f3 en claro que la real intenci\u00f3n del negocio era la adquisici\u00f3n de diferentes predios que por su ubicaci\u00f3n resultaban ser claves en el desarrollo del proyecto con Ecopetrol, situaci\u00f3n que evidencia que para dicho comit\u00e9 la extensi\u00f3n del predio era indiferente. <\/p>\n
\u201cNo puede omitirse el hecho de que la Junta Directiva elegida el 14 de octubre de 2008 estuvo compuesta por Carlos Mac Williams, Alexander Cadena, \u00c1lvaro Vargas, Adriana Garc\u00eda y Oscar Urrea como miembros principales, y por Henry Echeverri, Hans Moreno, Claudia Castellanos, Camila Gonz\u00e1lez y Camilo Marulanda como suplentes. Es evidente que varios de los miembros de la nueva Junta Directiva participaron del comit\u00e9 de Tierras, por lo que conoc\u00edan las caracter\u00edsticas y condiciones del predio La Conquista, y las recomendaciones de los asesores jur\u00eddicos, sin que mostraran ninguna inconformidad al respecto que pudiera obstaculizar el negocio. <\/p>\n
\u201cEn esa medida, teniendo en cuenta que la nueva Junta Directiva conoc\u00eda de las inconsistencias que hoy se alegan como hecho da\u00f1oso, esto por pertenecer al Comit\u00e9 de Tierras que sesion\u00f3 y abord\u00f3 estos temas de forma previa a la autorizaci\u00f3n consignada en Acta del 1 de septiembre de 2008, no puede predicarse la existencia de un da\u00f1o antijur\u00eddico. <\/p>\n
\u201cDe hecho, durante la vigencia de dicha junta se llevaron a cabo actos que ratificaron la intenci\u00f3n de la sociedad de celebrar el contrato con la finalidad de adquirir los predios, con independencia de su extensi\u00f3n y valor, tal y como se evidencia en el otros\u00ed al documento de intenci\u00f3n modificando \u00fanicamente la forma de pago (Cuaderno No. 1 \u2013 Recurso de Queja Tribunal Pag. 14) y luego en el Contrato de Compraventa de Acciones (Cuaderno No. 1 \u2013 Recurso de Queja Tribunal Pag. 26). <\/p>\n
\u201cPor ende, al no existir un da\u00f1o antijur\u00eddico, fue un error del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 declarar la existencia de la responsabilidad. Esta fue una conclusi\u00f3n que no encuentra soporte en los hechos, y fue producto, precisamente, de cercenar el alcance probatorio de todos los documentos que explicaban la verdadera finalidad del negocio, la motivaci\u00f3n para adquirir los terrenos y el conocimiento que de la posible diferencia de extensi\u00f3n y \u00e1reas siempre tuvo la Junta Directiva a lo largo del proceso. (\u2026)\u201d (destaco original del texto). <\/p>\n
El aludido ataque est\u00e1 condensado en el siguiente segmento del escrito de opugnaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cSe evidencia que de igual forma el Tribunal cometi\u00f3 otro error al omitir realizar el an\u00e1lisis de la certeza del da\u00f1o, pues, aunque el mismo no es un da\u00f1o antijur\u00eddico, el Tribunal se equivoca al intentar determinar su existencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cPartiendo de lo anterior, en el caso bajo estudio el Tribunal err\u00f3 al determinar el da\u00f1o a partir de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica simple, esto es, de restar del valor pagado por el predio, es decir, por la totalidad de las acciones de la sociedad Los Arces Group Corp., pues esa fue la forma que concibieron para adquirirlo, el precio que tendr\u00eda el \u00e1rea realmente recibida, esto es, las 549 Has + 3.628,67 mts2 que seg\u00fan el top\u00f3grafo que hizo la mensura del predio en enero de 2009, tiene \u00e9ste verdaderamente. <\/p>\n
\u201cBajo el an\u00e1lisis del Tribunal, puede observarse que el perjuicio no es cierto y, en consecuencia, que el valor de la indemnizaci\u00f3n no es el correspondiente al indicado en el fallo de segunda instancia, pues su determinaci\u00f3n se bas\u00f3 en conjeturas y suposiciones, sin tener en cuenta elementos adicionales como el valor de las construcciones, el ganado, la maquinaria y la herramienta agr\u00edcola, bienes que, en todo caso, contienen un valor que debe ser tenido en cualquier valoraci\u00f3n del inmueble adquirido. <\/p>\n
\u201cEn suma, nuevamente, el Tribunal hall\u00f3 probado un hecho que no encuentra respaldo alguno en las pruebas, lo supuso, todo lo cual constituye un evidente error de hecho. <\/p>\n
\u201cNo pod\u00eda el Tribunal, sin m\u00e1s, determinar la existencia y cuant\u00eda del perjuicio cual si de un verdadero avaluador se tratara. Ello implica utilizar el conocimiento privado del juez en lugar de las pruebas sometidas a contradicci\u00f3n, una grave violaci\u00f3n del principio de necesidad de prueba que no puede ser patrocinada por esa H. Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDe conformidad con lo anterior, es evidente que no se cumple con una de las caracter\u00edsticas del da\u00f1o como lo es la certeza, pues no es correcto calcular el da\u00f1o a partir de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, omitiendo e ignorando las pruebas que demostraran el valor real del predio, tomando como base todas sus anexidades\u201d. <\/p>\n
Puestas, as\u00ed las cosas, atribuirle al Tribunal la omisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de algunas pruebas sin reparar en los argumentos b\u00e1culo de la decisi\u00f3n que se cr\u00edtica, y por ende, en las evidencias que los sustentan, es proponer una censura imprecisa o desenfocada, ya que la censura se torna incompleta, circunstancia que torna el ataque impertinente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Por si fuera poco, y seg\u00fan se puede apreciar de las transcripciones del fallo criticado realizadas en precedencia, aunque los impugnantes indicaron en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error de hecho del Tribunal e identificaron los medios de convicci\u00f3n supuestamente mal apreciados, al tratar de demostrar los destinos denunciados, si bien hicieron cita de ciertos fragmentos o pasajes de algunos de ellos, no efectuaron con todos el debido contraste entre su contenido objetivo con lo que el Tribunal dedujo o debi\u00f3 colegir de los mismos, y m\u00e1s bien, en oposici\u00f3n a ello, plasmaron su criterio valorativo frente a cada una de las pruebas all\u00ed mencionadas, cual alegato de conclusi\u00f3n, como si la casaci\u00f3n se tratara de una tercera instancia, quedando de esta forma sin demostraci\u00f3n la evidencia de los desaciertos declarados. <\/p>\n
En un caso donde se analiz\u00f3 un cargo de similares contornos, la Corte enfatiz\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cCiertamente, que en repetidas ocasiones la Corte ha se\u00f1alado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s del proceso, y ello sigue siendo as\u00ed a\u00fan con la entrada en vigencia de una nueva codificaci\u00f3n procesal, por lo que para derruir la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a esta sede la sentencia proferida por el Tribunal, le corresponde al casacionista, am\u00e9n de interponer el recurso de casaci\u00f3n, sustentarlo con una demanda que llene las exigencias m\u00ednimas de t\u00e9cnica y de forma previstas por el legislador. <\/p>\n
\u201cEn ese contexto, precisamente, se entiende que para combatir las cuestiones f\u00e1cticas consideradas en el fallo recurrido, campo donde opera el principio de la soberan\u00eda del juzgador en la valoraci\u00f3n de las pruebas, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exija al recurrente, si de error de hecho se trata, singularizar con precisi\u00f3n y claridad las probanzas sobre las que recae, indicarse en qu\u00e9 consiste, demostrarlo y poner de presente su trascendencia.\u201d (CSJ, AC1569-2019, reiterado en AC2501-2021). <\/p>\n
Por tanto, el embate desde lo formal resulta inadmisible. <\/p>\n
4. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, porque, analizado el proceso, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por JUAN CARLOS ROA M\u00c1RQUEZ y los herederos de JORGE ERNESTO ORT\u00cdZ TORRES, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del juicio declarativo de responsabilidad social adelantado por BIOENERGY S.A. en contra de los recurrentes, FABIO ENRIQUE FONSECA PACHECO y HENRY ECHEVERRY CAMPUZANO. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gs. 199 a 207 y 230 a 246, ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gs. 629 a 645 y 727 a 743, Ob. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 029-2013-00552-00 CUADERNO No. 1 TOMO I.pdf, P\u00e1gs. 203 a 248, Cit. <\/p>\n
6\u0002 Tomado del Archivo 029-2013-00552-00 CUADERNO TRIBUNAL \u2013 02.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
8\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 21.11.16 Demanda de Casaci\u00f3n Rad 2013 552.pdf, cdno. Corte. <\/p>\n
10\u0002 Archivo SOPORTE DE RECEPCION.pdf, Ob. <\/p>\n
11\u0002 Entre ellas, el libelo introductorio del proceso y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
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AC1009-2022 (2013-00552-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC1009-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-030-29-2013-00552-01 Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JUAN CARLOS ROA M\u00c1RQUEZ y los herederos de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62424","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62424"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62424\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62424"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}