AC1031-2022 (2017-00157-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1031-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 73268-31-84-002-2017-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Graciela Murillo Villanueva frente a la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Tolima, dentro del proceso adelantado en su contra por Paula Andrea Olivares Lozano. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Lo pretendido en este asunto es que se declare la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial conformada entre Graciela Murillo Villanueva y Libardo Enrique Olivares desde el \u00abmes de Marzo de 1988\u00bb hasta el 27 de septiembre de 2016 cuando falleci\u00f3 el \u00faltimo mencionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El relato f\u00e1ctico del asunto, se circunscribe a que Libardo Enrique Olivares y Graciela Murillo Villanueva conformaron vida marital de manera ininterrumpida desde el mes de marzo de 1988. La pareja se domicili\u00f3 en la carrera 7 No. 7-86, barrio Libertador de Chicoral, Tolima, y el v\u00ednculo perdur\u00f3 hasta el 27 de septiembre de 2016 cuando falleci\u00f3 el se\u00f1or Luis Enrique, quien contaba con una hija, Paula Andrea Olivares Lozano. <\/p>\n
La pareja no suscribi\u00f3 capitulaciones maritales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Espinal, Tolima. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Una vez se admiti\u00f3, inicialmente, el 31 de octubre de 2017 (fl. 22 C1), notificada la se\u00f1ora Graciela Murillo Villanueva, contest\u00f3 la demanda, se opuso a las pretensiones y en relaci\u00f3n con el hecho primero manifest\u00f3 \u00abes cierto\u00bb1. (fls. 50 a 52). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Paralelamente se resolvieron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos contra el auto del 31 de octubre de 2017 rechaz\u00f3 la demanda, el que fue revocado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9.<\/p>\n
3. Una vez subsanada, la demanda nuevamente se admiti\u00f3 el 11 de septiembre de 2018 (fl. 85 C1). El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones y en esta ocasi\u00f3n, neg\u00f3 la convivencia marital con Libardo Enrique Olivares y solicit\u00f3 \u00abse pruebe lo afirmado\u00bb. No present\u00f3 excepciones (fls. 106 y 107). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En audiencia del 7 de marzo de 2019, se dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que se declar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial entre Graciela Murillo Villanueva y Libardo Enrique Olivares del \u00ab31 de marzo de 1988 hasta el 27 de septiembre del 2016\u00bb y conden\u00f3 en costas a la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Inconforme con lo resuelto por el a quo, el apoderado de Graciela Murillo Villanueva apel\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
El 5 de marzo de 2020, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el fallo de primera instancia; y conden\u00f3 en costas a la demandada apelante. <\/p>\n
Luego de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n judicial y de los requisitos de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial contenidos de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, indic\u00f3 que la demandada cuando contest\u00f3 el escrito inicial \u00abel 18 de diciembre de 2017, folio 48 al referirse al hecho primero en donde se afirm\u00f3 \u2018el padre de mi representada, se\u00f1or Libardo Enrique Olivares se uni\u00f3 a vivir maritalmente con la se\u00f1ora Graciela Murillo desde el mes de marzo de 1988, relaci\u00f3n marital de hecho que permaneci\u00f3 ininterrumpida hasta el d\u00eda del fallecimiento del padre de mi representada se\u00f1or Libardo Enrique Olivares cuyo fallecimiento se dio el d\u00eda 27 de septiembre de 2016\u2019. Su apoderado judicial confes\u00f3 respecto del mismo \u2018es cierto\u2019\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el interrogatorio de parte se indic\u00f3 por la demandada que \u00abs\u00ed convivi\u00f3 con el se\u00f1or Olivares, como pareja aproximadamente desde 1989 y que al sitio de residencia marital ubicado en Chicoral, Tolima, iba la demandante a recibir la mesada por alimentos que le daba su compa\u00f1ero a su hija, hecho que se prolong\u00f3 hasta el a\u00f1o 2016\u00bb. Todo lo anterior, se corrobor\u00f3 con los testigos Seraf\u00edn Lozano, tachado de sospechoso, Martha Isabel Cardozo y Ligia S\u00e1nchez. <\/p>\n
En cuanto a los extremos temporales de la relaci\u00f3n, reiter\u00f3 la aceptaci\u00f3n de los mismos por parte del apoderado al contestar la demandada y por la se\u00f1ora Graciela al rendir interrogatorio, adem\u00e1s se constat\u00f3 la credibilidad de \u00ablos testigos que relataron haber presenciado desde su propio conocimiento los hechos desde donde se puede inferir que la se\u00f1ora Graciela y Libardo Olivares, s\u00ed tuvieron una relaci\u00f3n permanente y singular constitutiva de uni\u00f3n marital de hecho y que la relaci\u00f3n que este tuvo con la se\u00f1ora Argenis Lozano Calder\u00f3n, de donde naci\u00f3 la demandante, no interrumpi\u00f3 la convivencia reclamada en la demanda y que hoy se reconoce a trav\u00e9s de esta sentencia\u00bb (fl. 22 C3). <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n en sede de casaci\u00f3n se edific\u00f3 en cuatro cargos numerados consecutivamente. Seguidamente en el texto de demanda se incorpor\u00f3 otro rotulado \u00abTERCER CARGO\u00bb, cuyo contenido es una reproducci\u00f3n al que ya se hab\u00eda nominado de esa manera. Luego, se tendr\u00e1 para esta demanda que la inconformidad subyace en cuatro motivos, los que se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (num. 1, art. 366 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P.). El art\u00edculo 90 Ib., en raz\u00f3n a que el proceso tuvo dos inadmisiones y un rechazo de demanda, sin embargo, el Tribunal dispuso dar tr\u00e1mite al caso \u00abcuando no era lo pertinente\u00bb, y aludiendo al debido proceso cit\u00f3 la sentencia T-416 de 1994. <\/p>\n
Los numerales 1 y 2 del art\u00edculo101 ibidem., por cuanto la accionante tuvo la oportunidad de pronunciarse en el traslado del recurso de reposici\u00f3n que se present\u00f3 por la demandada contra el primer admisorio, pero no lo hizo. El Magistrado ponente \u00abpremi[\u00f3] a la parte demandante ordenando retroceder el proceso\u00bb, cuya demanda hab\u00eda sido rechazada, desconoci\u00e9ndose por el funcionario los mandatos procesales de orden p\u00fablico. <\/p>\n
El canon 281 ejusdem. El ad quem se limit\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia \u00abcon el argumento [de] que la demandada hab\u00eda confesado, en el interrogatorio de parte la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, cosa que no es cierto. Pues mi representad[a] lo que manifest\u00f3 fue que el se\u00f1or, LIBARDO (\u2026), hab\u00eda veces que se quedaba en la casa de ella. Pero por tiempos se perd\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Se gener\u00f3 una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de todos los art\u00edculos citados, por cuanto no era posible decretar la uni\u00f3n marital de hecho con el solo argumento de la confesi\u00f3n, ya que \u00ab[e]ra imposible e innecesario tener un compa\u00f1ero que se desaparec\u00eda por a\u00f1os, de la presencia de GRACIELA MURILLO. Pues cuando volv\u00eda y aparec\u00eda el se\u00f1or LIBARDO, este se acomed\u00eda ayudarle en el granero a la demandada\u2026 a cambio de que le diera posada y alimentaci\u00f3n. Que es muy diferente hacer (sic) compa\u00f1ero permanente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en el proceso no existen fotos que den cuenta de la vida de pareja, no se procrearon hijos debido a la inexistencia de intimidad y mucho menos obra un testigo cercano al fallecido Libardo Enrique Olivares que aclarara la situaci\u00f3n. Que en sus declaraciones Seraf\u00edn y Ligia no indicaron la fecha de iniciaci\u00f3n de la \u00absupuesta\u00bb uni\u00f3n marital, tampoco si hubo ayuda mutua o si los presuntos compa\u00f1eros compart\u00edan techo y lecho. Adem\u00e1s, a pesar de que ambos testigos fueron tachados de sospechosos por el grado de parentesco con la demandante, nada dijo el Tribunal. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se construy\u00f3 bajo la causal 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, refiri\u00f3 que las normas sustanciales trasgredidas indirectamente fueron los preceptos 82, 90 y 93 Ib. <\/p>\n
El apoderado de Paula Andrea Olivares Lozano dijo, bajo la gravedad de juramento, que le fue imposible conseguir el registro civil de nacimiento de Graciela Murillo Villanueva, pero no present\u00f3 prueba sumaria de la negativa para su obtenci\u00f3n. Luego, estuvo acorde a derecho el rechazo de la demanda despachado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Espinal, acredit\u00e1ndose as\u00ed la excepci\u00f3n previa de ineptitud de la demanda, de ah\u00ed que el ad quem no le asisti\u00f3 raz\u00f3n al revocar dicha determinaci\u00f3n, trasgrediendo as\u00ed las normas procesales. <\/p>\n
En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdebe decretarse la nulidad de todo lo actuado (\u2026) dejando inc\u00f3lume el auto que rechaz[\u00f3] la demanda\u00bb. <\/p>\n
TERCER Y CUARTO CARGO <\/p>\n
Se fundamentan en los numerales 3\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Cit\u00f3 en los dos cargos la sentencia T-416 de 1994 para aludir a la figura del debido proceso. Indic\u00f3 que se conforma la i) \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de los arts. 101 numerales 1 y 2 y 281 Ib.; y ii) trasgresi\u00f3n de las disposiciones normativas 82, 90 y 93 ejusdem, lo que desemboca en la \u00abnulidad de todo lo actuado (\u2026) dejando inc\u00f3lume el auto que rechaz[\u00f3] la demanda\u00bb. Todo lo anterior se sustent\u00f3 en las mismas razones presentadas para los cargos primero y segundo de la demanda, respectivamente. <\/p>\n
Para finalizar, se\u00f1al\u00f3 que no se demostr\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, por lo que as\u00ed sea de oficio debe casarse la sentencia \u00abpor cuanto la naci\u00f3n y en especial el departamento del Tolima. Necesita un pronunciamiento claro en estos casos, por cuanto esta sentencia es de amplia relevancia. Ante la sociedad, para que cualquier persona no utilice estos mecanismos sin pruebas contundentes y m\u00e1s violando el debido proceso. Para buscar provech[o] econ\u00f3mico\u00bb (fls. 18 a 27). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n conlleva el cumplimiento de ciertos requisitos que han de observarse por los inconformes, por lo que se deben respetar las reglas propias de cada causal se\u00f1al\u00e1ndose en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P.- que los cargos, habr\u00e1n de formularse por separado, contra la sentencia recurrida y contendr\u00e1n \u00abla exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o ha orientado: <\/p>\n
\u00abpara que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u00bb (CSJ, sentencia No. 009 exp. 5149 del 26 mar. 199926\/03\/1999. Reiterado, entre otras, en SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01 y recientemente en AC4034, 13 sep. 2021). <\/p>\n
Ahora, aunque se superen las formalidades t\u00e9cnicas de esta clase de asuntos la Corte podr\u00e1 negar el curso de la protesta extraordinaria, primero, ante la existencia de jurisprudencia reiterada sobre el caso, sin que se demuestre la necesidad de variar su sentido; segundo, cuando no se advierten los errores aducidos, bien sea por saneamiento, ausencia de afectaci\u00f3n a los contendientes o irrelevancia de la lesi\u00f3n; y tercero, al evidenciarse que la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no va en detrimento del recurrente (art. 347 ejusdem). <\/p>\n
Precisado lo anterior, se resuelven los cargos formulados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cargo primero. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Este se fund\u00f3 en la causal primera del art. 366 del C.G. del P., por lo que deber\u00e1 el recurrente se\u00f1alar los preceptos sustanciales cuya infracci\u00f3n se invoca, sin que sea necesaria la integraci\u00f3n de una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
La infracci\u00f3n de forma directa acontece por el desv\u00edo de la hermen\u00e9utica o aplicaci\u00f3n de la norma. En este caso no se acude a los hechos o las pruebas, sino a los \u00abtextos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb (CSJ, SC040-2000; SC 20 ago. 2014, rad. 00307; SC2342-2018; SC1043-2021 y AC5875-2021). <\/p>\n
Habr\u00eda que decir tambi\u00e9n que de manera constante esta Corporaci\u00f3n ha entendido por preceptos sustanciales aquellos que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, sin que por ende ostenten dicho car\u00e1cter aquella que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo (CSJ AC, 5 May. 2000)\u00bb (Reiterada AC 4144-2017; AC1483-2018 y AC654-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el sub lite, en contrav\u00eda de lo aqu\u00ed rese\u00f1ado el apoderado de la demandada como si se tratara de un alegato de instancia aludi\u00f3 de forma gen\u00e9rica al derecho al debido proceso fundado en una sentencia de tutela de la Corte Constitucional; invoc\u00f3 de manera inapropiada como normas sustantivas los art\u00edculos 90 \u00abadmisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n y rechazo de la demanda\u00bb; 101 \u00aboportunidad y tr\u00e1mite de las excepciones previas\u00bb que en sus numerales 1 y 2 se\u00f1ala las ritualidades para adelantar dicho procedimiento; y 281 \u00abcongruencia\u00bb, cuyo tenor es meramente descriptivo en los dos primeros (AC4221-2021); y probatorio en el \u00faltimo respecto a las etapas procesales, que en \u00faltimas estructuran la sentencia (AC2666-2019). <\/p>\n
En consecuencia, se no abre paso el cargo por la v\u00eda de la causal 1, art. 336 del C.G. del P., cuyo requisito se funda en la trasgresi\u00f3n de una norma sustantiva, y que al tenor del literal a), art. 344 Ib., no se extiende a la materia procedimental o probatoria, siendo tales aspectos los reprochados por la recurrente cuando protest\u00f3 i) que se revocara por el a quem el auto que rechaz\u00f3 la demanda, y que consecuente se tramitara el proceso; ii) la valoraci\u00f3n por parte del Tribunal de la confesi\u00f3n atribuida a Graciela Murillo Villanueva en el interrogatorio de parte practicado en primera instancia; iii) la ausencia de elementos probatorios para acreditar la existencia de la uni\u00f3n marital; y iv) la falta de pronunciamiento respecto a la tacha de sospecha de los testigos Seraf\u00edn y Ligia. <\/p>\n
En ese sentido, se ha de recordar que las normas probatorias o que regulan el desarrollo del proceso, no pueden por s\u00ed solas \u00abdar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracci\u00f3n de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva\u00bb (G. J. T. LVI, P\u00e1g. 318)\u00bb (Reiterado en exp. 6245 del 8 de noviembre de 1996, rad. 1996-0045 del 19 de septiembre de 2001, recientemente en AC2666-2019). Luego, cuando lo indicado no se cumple, termina la parte recurrente bien sea desatendiendo los requisitos extraordinarios, o entremezclando elementos propios de las causales de casaci\u00f3n, cerr\u00e1ndose con ello la puerta a este mecanismo defensivo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cargo segundo. <\/p>\n
Se construy\u00f3 bajo la causal 2\u00aa del art\u00edculo 336 del C.G. del P., sobre la cual ha de precisarse que tambi\u00e9n se exige el ataque de una norma sustancial. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la v\u00eda indirecta sucede cuando se constata un error de derecho por desconocimiento de norma sustantiva; o, de hecho, al ser manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, o de una prueba determinada. Cuando se trata de esta causal, tambi\u00e9n se impone al recurrente el deber de se\u00f1alar la forma como el funcionario judicial las trasgredi\u00f3. <\/p>\n
En esa tarea quien advierte su inconformidad con la sentencia cuestionada v\u00eda casaci\u00f3n, debe controvertir los pilares del fallo, se\u00f1alar la incidencia de los errores y como estos constituyeron el menosprecio de los preceptos normativos que se invocan. Adem\u00e1s, debe cotejar la contundencia e inconsistencia entre lo objetivamente probado por los medios de persuasi\u00f3n y las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador (AC5861-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como normas materiales quebrantadas indirectamente se se\u00f1alaron los preceptos 82, 90 y 93 del C.G. del P. La inconformidad se delimit\u00f3 en que el apoderado de la demandante manifest\u00f3 bajo la gravedad de juramento la imposibilidad de aportar con el escrito de demanda el registro civil de nacimiento de Graciela Murillo Villanueva, pero no demostr\u00f3 haber adelantado gesti\u00f3n alguna al respecto, por lo que, a su juicio, result\u00f3 acertado el rechazo a la demanda despachado por el Juzgado Segundo de Familia del Espinal cuando se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de ineptitud de la demanda por incumplimiento de los requisitos formales que para ella se exigen. <\/p>\n
Entonces, con la revocatoria del mencionado rechazo por parte del Tribunal, abri\u00f3 paso al tr\u00e1mite del asunto bajo la inadmisi\u00f3n de la demanda avalando las falencias procesales y dej\u00f3 de aplicar los preceptos del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que \u00abdebe decretarse la nulidad de todo lo actuado (\u2026) dejando inc\u00f3lume el auto que rechaz[\u00f3] la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo se\u00f1alado se advierte que los art\u00edculos 82, 90 y 93 del C.G. del P. referidos a los \u00abrequisitos de la demanda\u00bb; \u00abadmisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n y rechazo de la demanda\u00bb; y \u00abcorrecci\u00f3n, aclaraci\u00f3n y reforma de la demanda\u00bb, respectivamente, poseen un contenido meramente orientador en la actividad procedimental propia de la etapa preliminar del proceso, cuya esencia dista de ser sustancial, por cuanto su tenor literal no crea, declara, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas, y as\u00ed lo ha dejado se\u00f1alado esta Corte en asuntos similares (AC4221-2021; AC2501-2021). <\/p>\n
A pesar de lo anterior, y as\u00ed se presentaran las falencias de tramitaci\u00f3n que se alegan al citar las normas procedimentales, al quedar estas ausentes de una o varias de contenido sustancial que resulte relevante para el caso, ello desemboca en la correcta aplicaci\u00f3n de los razonamientos del fallador al derecho sustantivo que rige el asunto, revistiendo la sentencia de un car\u00e1cter de intocable, pues as\u00ed lo ha dejado se\u00f1alado esta Corte en casos similares: <\/p>\n
\u00abaun en la hip\u00f3tesis de que en la labor apreciativa del acervo probatorio el tribunal las hubiese vulnerado, ese quebranto devendr\u00eda intrascendente en la medida en que las normas sustanciales que gobiernan la situaci\u00f3n concreta debatida habr\u00e1n de considerarse correctamente aplicadas por el fallador, desde luego que al no haberse dolido el censor de la violaci\u00f3n de ellas, hu\u00e9rfana de cualquier ataque por ese concepto, la sentencia en el punto viene intocable\u00bb (AC126-2002, AC4591-2018). <\/p>\n
Entonces, no cualquier error tiene la entidad de derribar un fallo por la v\u00eda extraordinaria, de ah\u00ed que se requiere que sea manifiesto, notorio, determinante y concluyente \u00abporque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios\u00bb2, evento en el cual se dar\u00e1 prevalencia al razonamiento del juzgador, por cuanto la decisi\u00f3n que se pone en manos de la Corte en virtud de la v\u00eda de casaci\u00f3n ingresa protegida de una presunci\u00f3n de acierto, cuya informaci\u00f3n se abre paso solo bajo la t\u00e9cnica normativa extraordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No puede pasar por alto la Sala que el recurrente en su argumentaci\u00f3n falt\u00f3 a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n al mezclar las causales propias del camino extraordinario que fija este recurso, por cuanto con apoyo en la violaci\u00f3n indirecta de una norma sustancial (num. 2, art. 336 del C.G. del P.), persigui\u00f3 otra cosa, la declaratoria de una nulidad procesal propia de la causa 5 Ib., ello siempre que se cumplan tambi\u00e9n los requisitos que para el efecto necesita ese medio de reproche, faltando as\u00ed a su deber de separaci\u00f3n, claridad y precisi\u00f3n de las protestas encuadradas de forma certera y no aleatoria en las hip\u00f3tesis normativas propias de este recurso. <\/p>\n
Cargos tercero y cuarto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se soportan en los numerales 3 y 5 del art\u00edculo 336 del C.G. del P. El sustento en ambos casos estuvo delimitado por los razonamientos presentados por la casacionista para los cargos primero y segundo, por lo que bajo el mismo soporte, para aludir al debido proceso cit\u00f3 nuevamente la sentencia T-416 de 1994, as\u00ed como invoc\u00f3 i) la \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de los arts. 101 numerales 1 y 2 y 281 Ib; y ii) una trasgresi\u00f3n a las disposiciones normativas 82, 90 y 93 ejusdem, en consecuencia, solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de \u00abnulidad de todo lo actuado (\u2026) dejando inc\u00f3lume el auto que rechaz[\u00f3] la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Respecto a la causa tercera de casaci\u00f3n ella se configura al \u00ab[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. Dicho cargo, tal como lo contempla el literal b), art\u00edculo 344 del C.G. del P., no podr\u00e1 recaer sobre apreciaciones probatorias. Sobre el particular, esta Sala ha destacado: <\/p>\n
\u00abTrat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal\u00bb (Se resalta, AC4592-2018; AC6075-2021). <\/p>\n
1. En el sub lite el apoderado que representa los intereses de Graciela Murillo Villanueva, enunci\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de los arts. 101 numerales 1 y 2 del C.G. del P., en s\u00edntesis se\u00f1al\u00f3 que \u00aben esta demanda hubo auto de inadmisi\u00f3n, y el magistrado retrocedi\u00f3 el proceso y la parte demandante tuvo la oportunidad de manifestarse, en el t\u00e9rmino de traslado de la reposici\u00f3n, visto a folio 59, en la parte del respaldo de la constancia secretarial y no lo hizo, ni aport[\u00f3] la documentaci\u00f3n requerida por el juez para subsanar la demanda\u00bb y el Tribunal \u00abpremi[\u00f3] a la parte demandante ordenando retroceder el proceso\u00bb, lo que a su juicio afecta el orden p\u00fablico procesal. <\/p>\n
Al respecto, debe indicarse que la pol\u00e9mica se centra \u00fanicamente en una actuaci\u00f3n preliminar de la que una vez verificado el proceso alude a la inadmisi\u00f3n3, admisi\u00f3n4 y rechazo que tuvo la demanda5, \u00faltima decisi\u00f3n que fue controlada finalmente v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n presentado por la accionante. Lo anterior, trajo como resultado el auto 9 de agosto de 2018 (fls. 7 a 12 C2), donde el Tribunal revoc\u00f3 el rechazo del a quo y orden\u00f3 que la demandante aportara el registro civil de nacimiento de Graciela Murillo Villanueva o indicara d\u00f3nde se encontraba a efectos de que el juez oficiara para obtenerlo. Lo que al haberse superado con la presentaci\u00f3n del documento por el abogado de Paula Andrea Olivares (fls. 81 y 82 C1) dio v\u00eda libre, nuevamente, a la admisi\u00f3n de la demanda el 11 de septiembre de 2018 (fl. 85), decisi\u00f3n que no fue reprochada por la casacionista. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que la inconformidad es propia de un alegato, acompa\u00f1ado de una decisi\u00f3n de tutela alusiva al debido proceso, cuyos reproches debi\u00f3 haber presentado en la instancia y no por la v\u00eda extraordinaria, pues el fundamento deja de lado la confrontaci\u00f3n entre la sentencia del ad quem con lo expuesto en la demanda y la defensa asumida por el opositor, la centr\u00f3 en un momento procesal clausurado, que est\u00e1 lejos de desvanecer la fuerza jur\u00eddica de la sentencia del 5 de marzo de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tambi\u00e9n, se protest\u00f3 el fallo de segunda instancia acudiendo al art\u00edculo 281 del C.G. del P., cuestion\u00e1ndose para el efecto que el Tribunal se limit\u00f3 a confirmar la providencia de primer grado con \u00abel argumento de que la demandada hab\u00eda confesado, en interrogatorio de parte la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, cosa que no es cierto. Pues mi representad[a] lo que manifest\u00f3 fue que el se\u00f1or, LIBARDO\u2026 hab\u00eda veces que se quedaba en la casa de ella. Pero que por tiempos se perd\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se generaba una indebida interpretaci\u00f3n por cuanto la uni\u00f3n marital de hecho no podr\u00eda decretarse con ese \u00fanico argumento, ya que era \u00abimposible e innecesario tener un compa\u00f1ero que se desaparec\u00eda por a\u00f1os, de la presencia de GRACIELA MURILLO. Pues cuando volv\u00eda y aparec\u00eda el se\u00f1or LIBARDO, este se acomed\u00eda ayudarle en el granero a la demandada aqu\u00ed, a cambio de que le diera posada y alimentaci\u00f3n. Que es muy diferente hacer (sic) compa\u00f1ero permanente\u00bb. Adem\u00e1s, que no se aportaron fotos, donde apareciera la pareja, tampoco existi\u00f3 procreaci\u00f3n lo que da cuenta de la ausencia de intimidad, no se trajo un testigo cercano del se\u00f1or Libardo y los testimonios de Seraf\u00edn Lozano y Ligia S\u00e1nchez no dieron cuenta de la fecha exacta de inicio de la uni\u00f3n, as\u00ed como si existi\u00f3 ayuda mutua, o compartieron techo y lecho, m\u00e1xime cuando tales declarantes fueron tachados de sospechosos y nada dijo el Tribunal. <\/p>\n
En este punto, la Corte pone de presente que, aunque la recurrente trat\u00f3 de materializar la comparaci\u00f3n entre lo debatido y lo probado para exaltar la ausencia de congruencia en el fallo de segunda instancia, cay\u00f3 su inconformidad sobre apreciaciones probatorias que no constituyen el prop\u00f3sito de la causal 3 de casaci\u00f3n, sino de la causa 2, art. 336 del C.G. del P., siempre que se acaten los dem\u00e1s requisitos que ella se\u00f1ala. <\/p>\n
Igualmente, sucede cuando la recurrente pretende infirmar el razonamiento efectuado por el ad quem en cuanto al interrogatorio de parte absuelto por Graciela Murillo Villanueva, pues vasta con escuchar el audio del 7 de marzo de 20198, para evidenciar que lo indicado en la demanda de casaci\u00f3n ni siquiera fue dicho por la demandada, luego vuelve incurrir el apoderado en valoraciones demostrativas que de una parte faltan a la realidad, no atacan el fallo del Tribunal y mucho menos son parte de la causal por la cual se encaus\u00f3 la inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por este camino tambi\u00e9n se trajo el reparo conformado por una presunta trasgresi\u00f3n a los art\u00edculos 82, 90 y 93 estatuto procesal civil, dijo la casacionista que la demandante manifest\u00f3 en su escrito inicial, bajo la gravedad de juramento, que no pudo obtener el registro civil de nacimiento de la se\u00f1ora Graciela Murillo Villanueva, pero dej\u00f3 de aportar prueba de las diligencias adelantadas al respecto, lo cual daba lugar al rechazo de la demanda como en efecto sucedi\u00f3 el 13 de marzo de 2018, por lo que no podr\u00eda el Tribunal revocarla el 9 de agosto de ese mismo a\u00f1o para que se aportara dicho documento y as\u00ed avalar las falencias procesales desconociendo la legislaci\u00f3n procesal. Luego, a su juicio, se abre paso a la declaratoria de nulidad de todo lo actuado dejando inc\u00f3lume el auto que rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Nuevamente, el abogado de la demandada incurre en un entremezclamiento de las causales de casaci\u00f3n, pues basta reiterar lo dicho sobre este mismo aspecto cuando se desat\u00f3 el cargo segundo de la demanda, esto es, que la argumentaci\u00f3n aqu\u00ed contenida es propia de la causal 5, art. 336 del C.G. del P., faltando con ello la demandada al deber de precisi\u00f3n, claridad y completitud propia del recurso extraordinario (num. 2, art. 344 Ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
6. La causa 5\u00aa de casaci\u00f3n, se constata al haberse \u00abdictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb. Entonces el sendero de esta protesta est\u00e1 delimitado bajo las reglas propias de alegaci\u00f3n oportuna, taxatividad y convalidaci\u00f3n de las nulidades. Sobre el particular esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abrespecto de las reglas relativas al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (nulidad) [hoy num. 5, art. 336 del C.G. del P.], es menester destacar que la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (\u2026) Adicionalmente, es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios b\u00e1sicos que gobiernan la tem\u00e1tica de las nulidades procesales es el de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (\u2026) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado\u00bb (AC del 18 de diciembre de 2009, rad. 2002-00007; AC4221-2021). <\/p>\n
En el presente caso, teniendo en cuenta la argumentaci\u00f3n propia de este cargo, alude a la transgresi\u00f3n de normas procesales (arts. 82, 90, 93, 101 num. 1 y 2, 281 del C.G. del P.), fundadas en desacuerdos con la admisi\u00f3n de la demanda y apreciaciones probatorias, aludiendo a la figura del debido proceso citando una sentencia de tutela, sin que en alguno de tales razonamientos se invocara causal alguna de nulidad, por lo que r\u00e1pidamente se constata el incumplimiento de los presupuestos m\u00ednimos de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, y a\u00fan si se omitiera la referenciaci\u00f3n expresa que debe hacer la recurrente, el resultado ser\u00eda el mismo, por cuanto su protesta tampoco se enlaza con las hip\u00f3tesis anulatorias taxativas previstas en art\u00edculo 133 Ib. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme a todo lo expuesto, se inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el apoderado de Graciela Murillo Villanueva, pues adem\u00e1s de todas las falencias puestas de presente al analizar los cargos formulados, es importante precisar que quien acude a la casaci\u00f3n no le basta con la interposici\u00f3n, concesi\u00f3n y admisi\u00f3n del recurso, \u00abni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01)\u00bb (Reiterado en AC2133-2020). <\/p>\n
En armon\u00eda con lo dicho, cumple se\u00f1alar que si el asunto se abordara desde otra perspectiva resultar\u00eda impertinente desconocer las deficiencias advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, por cuanto analizado el proceso, como lo fue, no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales, al principio de legalidad de las sentencias o que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido (inciso final art. 336 del C.G. del P., canon 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el precepto 7 de la Ley 1285 de 2009). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por el abogado de la demandada Graciela Murillo Villanueva para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n instaurado frente a la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Tolima, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIFIQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab1. El padre de mi representada se\u00f1or LIBARDO ENRIQUE OLIVARES se uni\u00f3 a vivir maritalmente con la se\u00f1ora GRACIELA MURILLO desde el mes de Marzo de 1988; relaci\u00f3n marital de hecho, que permaneci\u00f3 ininterrumpida hasta el d\u00eda del fallecimiento del padre de mi representada se\u00f1or LIBARDO ENRIQUE OLIVARES, cuyo fallecimiento se dio el d\u00eda 27 de Septiembre de 2016\u00bb (fl. 19 C1). <\/p>\n
2\u0002 Criterio reiterado en AC2194-2021. <\/p>\n
3\u0002 Auto del 5 de octubre de 2017 (fl. 16 C1), se fundament\u00f3 en que \u00abno se cumple con los requisitos formales consagrados en el art\u00edculo 82 del C.G.P., toda vez que la misma no se indica el [\u00fa]ltimo domicilio de los presuntos compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como los hechos esbozados dentro de la misma son confusos al iniciar la existencia de un proceso ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de esta ciudad sin especificar qu\u00e9 tipo de proceso se encuentra tramitado ante dicho juzgado\u00bb <\/p>\n
4\u0002 Prove\u00eddo del 31 de octubre de 2017 (fl. 22). <\/p>\n
5\u0002 Auto del 13 de marzo de 2018, donde se concedi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por el apoderado de la demandada contra el auto admisorio de la demanda, y en consecuencia se rechaz\u00f3 la misma por no aportarse el registro civil de nacimiento de la demandada (fls. 63 y 64 C1). <\/p>\n
6\u0002 Minutos 38:41 a 38:51. <\/p>\n
7\u0002 Espacio temporal 1:53:02 a 1:53:29 <\/p>\n
8\u0002 Minutos 15:12 a 22:57. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1031-2022 (2017-00157-01)_1 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC1031-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 73268-31-84-002-2017-00157-01 (Aprobado en Sala de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}