AC1206-2022 (2017-00647-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC1206-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-031-2017-00647-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Jaime Iv\u00e1n Qui\u00f1ones Triana para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 26 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo iniciado por el recurrente en contra de la Cooperativa Especializada en Salud Lorenzo Alcantuz y personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que fueron reconocidos como terceros Ariel Giraldo Giraldo, Vitercilia Barreto Abaunza, Elizabeth Arango Bedoya, Ana del Pilar y Diana Beatriz Lizarazo Caro, Ang\u00e9lica Paola Herrera Cardona, Isabel Villanueva Lozano, Edgar Orlando Barreto Valbuena, Jos\u00e9 de Jes\u00fas G\u00f3mez Alarc\u00f3n, Gloria Esther Nupia de Delgado, Lucy Fernanda Medina Tinjac\u00e1 y Nidia Jeanet Segura Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Por la demanda incoativa del proceso solicit\u00f3 el actor que ha ganado, mediante usucapi\u00f3n, el dominio del inmueble ubicado en la \u00abcarrera 78B 38-26 Sur\u00bb de esta ciudad, con cabida aproximada de \u00ab876,78 metros cuadrados\u00bb e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-156683. En consecuencia, se ordene la respectiva inscripci\u00f3n inmobiliaria. [Folios 19 y 20, archivo digital 05]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
La causa para pedir, en compendio, es como sigue: <\/p>\n
1. Ante el abandono de la demandada, desde hace \u00ab14 a\u00f1os\u00bb Jaime Iv\u00e1n Qui\u00f1ones Triana viene poseyendo el terreno aludido en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, \u00abvelando [por] el buen estado del mismo\u00bb, sin permitir \u00ablas invasiones\u00bb de terceras personas y present\u00e1ndose frente a \u00e9stas como \u00abposeedor de buena fe\u00bb. <\/p>\n
2. Como muestra del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que detenta sobre el predio referido, el \u00ab31 de marzo de 2013\u00bb el demandante lo arrend\u00f3 a favor de William Enrique Claro Clavijo, quien ha cumplido con el pago de los c\u00e1nones pactados reconoci\u00e9ndolo siempre como \u00abpropietario\u00bb. Adem\u00e1s, ha realizado una \u00abpermanente, continua y adecuada explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb de la heredad, como la \u00abreadecuaci\u00f3n\u00bb de las construcciones all\u00ed levantadas y la instalaci\u00f3n de \u00abcierres\u00bb. <\/p>\n
3. El fundo ha sido objeto de \u00abembargos desde el a\u00f1o 2008\u00bb, sin que la convocada exteriorice un m\u00ednimo de inter\u00e9s para atender los \u00abrequerimientos judiciales que se le han hecho\u00bb. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Tras haberse subsanado oportunamente la postulaci\u00f3n inicial, esta fue admitida por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta capital, el 25 de enero de 2018 [Folio 32, Ibidem]. <\/p>\n
2. Al ser enterada del tr\u00e1mite, la Cooperativa Especializada en Salud Lorenzo Alcantuz manifest\u00f3 su desacuerdo con la totalidad de las pretensiones, aleg\u00f3 particularmente que el bien ra\u00edz motivo de \u00e9stas \u00abno se encontraba dentro del comercio al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda (\u2026), por encontrarse precisamente sujeto al secuestro [efectuado] el d\u00eda 4 de septiembre de 2017\u00bb, con ocasi\u00f3n de dos procesos administrativos de cobro coactivo adelantados por la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1, de ah\u00ed que, \u00abqued\u00f3 interrumpida cualquier posesi\u00f3n aqu\u00ed alegada\u00bb. Con tal delimitaci\u00f3n argumentativa, excepcion\u00f3 \u00abfalta de causa para usucapir el inmueble pretendido; ausencia absoluta de los requisitos normativos para usucapir; temeridad y mala fe; presunta tentativa de fraude procesal [y]; dolo civil\u00bb. [Folios 111 a 115, \u00cddem]. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n se opuso el curador ad litem de los demandados indeterminados, formulando las defensas de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abausencia de elementos de la posesi\u00f3n; mala fe de la parte demandante; falta de legitimaci\u00f3n en la causa; ausencia de causa para solicitar la pertenencia total; ilogicidad (sic) de pretensiones y\/o simulaci\u00f3n de una posesi\u00f3n total [y]; error en cuanto a la identidad del inmueble\u00bb, fundadas en que el pleiteante no prob\u00f3 \u00abactos positivos\u00bb como poseedor del fundo, verbigracia, obras de mantenimiento y reparaciones \u00ablocativas o necesarias\u00bb; tampoco mencion\u00f3 la \u00e9poca de la realizaci\u00f3n de las adecuaciones que dice desarroll\u00f3 en aqu\u00e9l; y mucho menos se ha comportado como \u00abdue\u00f1o ante las entidades p\u00fablicas\u00bb, ello se infiere porque \u00ablos embargos inscritos [en el registro inmobiliario del predio] han sido por falta de pago del servicio p\u00fablico de agua y del impuesto de valorizaci\u00f3n\u00bb, lo cual descarta su se\u00f1or\u00edo sobre la cosa. [Folios 100 a 104, \u00cddem]. <\/p>\n
En memorial separado, edific\u00f3 las defensas dilatorias de \u00abNo haberse ordenado la citaci\u00f3n de otras personas que la ley dispone citar [y]; No comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios\u00bb, no obstante, en prove\u00eddo de 3 de septiembre de 2019 fueron declaradas infundadas. [Folios 1 a 8, archivo digital 01]. <\/p>\n
4. Por su parte, Ariel Giraldo Giraldo, Vitercilia Barreto Abaunza, Elizabeth Arango Bedoya, Ana del Pilar y Diana Beatriz Lizarazo Caro, Ang\u00e9lica Paola Herrera Cardona, Isabel Villanueva Lozano, Edgar Orlando Barreto Valbuena, Jos\u00e9 de Jes\u00fas G\u00f3mez Alarc\u00f3n, Gloria Esther Nupia de Delgado, Lucy Fernanda Medina Tinjac\u00e1 y Nidia Jeanet Segura Guti\u00e9rrez, igualmente, se resistieron a los pedimentos del escrito inaugural, para lo cual expusieron que han pose\u00eddo entre 10 y 15 a\u00f1os algunos de los \u00ablocales comerciales\u00bb que integran el terru\u00f1o objeto de la contienda. <\/p>\n
5. El pliego introductor fue reformado en el sentido de se\u00f1alar que el terreno a usucapir tiene una extensi\u00f3n de tan solo \u00ab338 M2\u00bb, por lo que hace parte del latifundio que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n del litigio. Por otro lado, se expuso que en esa franja \u00abfunciona actualmente la iglesia cristiana representada por el pastor William Claro Clavijo\u00bb y en el \u00e1rea restante \u00abexisten ocupantes\u00bb, quienes hacen presencia en \u00abcasetas\u00bb de \u00abcomercio informal\u00bb. [Folios 132 a 139, Ibidem]. <\/p>\n
6. De manera anticipada, clausur\u00f3 el juzgado del conocimiento la primera instancia con sentencia desestimativa, en la que declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por aqu\u00e9l, mediante fallo de 21 de octubre de 2021, el que fuera recurrido en casaci\u00f3n por la misma parte. [Archivo Digital: 08, Cd. Tribunal]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
2. Hablando ya de las pruebas adosadas al expediente, hall\u00f3 el Tribunal que ninguna de ellas revelaba el momento exacto en que el actor inici\u00f3 el se\u00f1or\u00edo sobre el fundo, m\u00e1s bien, encontr\u00f3 que por all\u00e1 en el a\u00f1o 2004 el prescribiente, \u00aben calidad de representante legal de la cooperativa demandada\u00bb, lo arrend\u00f3 a favor de William Enrique Claro Clavijo, \u00abquien a su vez fungi\u00f3 como representante legal de una congregaci\u00f3n religiosa\u00bb, de donde se sigue que hubo \u00abreconocimiento de dominio ajeno\u00bb, sin que se haya acreditado la \u00abinterversi\u00f3n de ese t\u00edtulo precario por el de poseedor material inequ\u00edvoco\u00bb. <\/p>\n
3. De all\u00ed tom\u00f3 pie para se\u00f1alar que, a despecho de lo alegado por el suplicante, \u00abno qued\u00f3 trazada la l\u00ednea divisoria entre mera tenencia y posesi\u00f3n\u00bb, pues aunque \u00e9ste manifest\u00f3 haber realizado \u00abactos de se\u00f1or\u00edo como el encerramiento del lugar, el pago de celadur\u00eda, la cancelaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios y adecuaciones de pintura\u00bb, los mismos est\u00e1n hu\u00e9rfanos de demostraci\u00f3n, am\u00e9n de que no se tiene conocimiento de \u00abla \u00e9poca de realizaci\u00f3n de tales adecuaciones, con miras a corroborar que se realizaron por cuenta suya y tras cesar sus labores como administrador de la persona jur\u00eddica demandada\u00bb. <\/p>\n
4. A vuelta de lo dicho consider\u00f3 que el petente \u00abno logr\u00f3 probar su calidad de poseedor y, en consecuencia, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para solicitar que se le declarara due\u00f1o por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio\u00bb. <\/p>\n
5. Pero no se detuvo all\u00ed. Para el sentenciador de segunda instancia, aun cuando se otorgara \u00abcredibilidad y certeza\u00bb a lo manifestado por el accionante en el memorial de apelaci\u00f3n, en cuanto a eso de que el acuerdo suscrito en 2004 como \u00abrepresentante legal de la cooperativa demandada\u00bb no merec\u00eda importancia \u00abporque quien firm\u00f3 como arrendatario en esa \u00e9poca \u201cera representante de otra entidad religiosa la cual no ten\u00eda personer\u00eda jur\u00eddica en ese momento\u201d, en tanto la personificaci\u00f3n jur\u00eddica se otorg\u00f3 \u201cdesde el a\u00f1o 2009\u201d, con lo que \u201cello da cuenta de la posesi\u00f3n por lo menos desde el d\u00eda 7 de octubre de 2009\u201d\u00bb, de todos modos, las aspiraciones estaban llamadas al fracaso, ya que, si se tuviera en cuenta ese hito como el inicial en el ejercicio de la posesi\u00f3n demandada, \u00abpara el momento de presentaci\u00f3n de la demanda -15 de diciembre de 2017- no se habr\u00eda consumado la d\u00e9cada necesaria para usucapir por la v\u00eda extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
6. Todav\u00eda m\u00e1s. La usucapi\u00f3n suplicada se interrumpi\u00f3 a partir de la diligencia de secuestro practicada el 4 de septiembre de 2017 en el marco de los procesos administrativos de cobro coactivo Nos. \u00ab201311000264 y 2013EE29562\u00bb, tramitados por la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1 frente a la entidad conminada. <\/p>\n
Ello ocurri\u00f3, porque en el desarrollo de esa gesti\u00f3n el se\u00f1or William Enrique Claro Clavijo se autoproclam\u00f3 \u00abposeedor\u00bb del inmueble objeto del juicio de pertenencia, tras manifestar que \u00ab\u201cnosotros tenemos la posesi\u00f3n, la Iglesia Cristiana CDA Internacional, desde hace 14 a\u00f1os\u201d\u00bb, desconociendo de esta manera \u00abel contrato de arrendamiento que suscribi\u00f3 con el demandante en el a\u00f1o 2004\u00bb y la calidad de \u00abtenedor que el actor le atribuy\u00f3 en la demanda\u00bb, al paso que qued\u00f3 desvirtuada la afirmaci\u00f3n del libelo inicial, en el sentido de que Claro Clavijo \u00abten\u00eda al demandante como propietario, como se\u00f1or y due\u00f1o del lugar\u00bb. <\/p>\n
Y es que, de ser verdad que el prenombrado sujeto ve\u00eda al reclamante como el se\u00f1or y due\u00f1o de la heredad, debi\u00f3 haber presentado oposici\u00f3n a la cautela memorada como tenedor \u00abal derivar sus derechos del se\u00f1or Qui\u00f1ones Triana (art. 309.3, CGP)\u00bb, empero no lo hizo, por el contrario, con el \u00e1nimo de resistirse a la aprehensi\u00f3n material del fundo \u00abiz\u00f3 su calidad de poseedor y solicit\u00f3 que el inmueble le fuera entregado en dep\u00f3sito gratuito\u00bb, por manera que, \u00aboper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n a que alude el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2523 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Pero si lo anterior fuera poco, el promotor \u00abperdi\u00f3 el derecho a conservar la posesi\u00f3n\u00bb, pues, ni se opuso a la mentada diligencia en el acto mismo y tampoco pidi\u00f3 la restituci\u00f3n de aquella \u00abdentro de los veinte d\u00edas siguientes\u00bb a su consumaci\u00f3n. <\/p>\n
7. De cara a lo cual sentenci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[A]nte: i) el reconocimiento de dominio ajeno; ii) la falta de prueba de la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor por el de poseedor; iii) la p\u00e9rdida e interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n -lo que rompe los requisitos esenciales de la usucapi\u00f3n-, y sin haberse logrado desvirtuar los argumentos de la sentencia recurrida con los reparos concretos formulados, no se hace necesario profundizar en el an\u00e1lisis de los restantes motivos de disentimiento, cuando en realidad la improsperidad de la acci\u00f3n se impone por lo expuesto\u00bb. <\/p>\n
Determin\u00f3 entonces que la sentencia de primer grado deb\u00eda confirmarse. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cinco (5) cargos formul\u00f3 el recurrente; el primero, por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P); el segundo, el tercero y el cuarto por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba \u00cddem); y el quinto \u00abpor contener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb (n\u00fam. 4\u00ba Ib\u00eddem), los cuales por adolecer de fallas t\u00e9cnicas que imponen su inadmisi\u00f3n ser\u00e1n examinados conjuntamente en el orden propuesto. <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n de la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de infringir de manera recta los art\u00edculos 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 762, 764 y 2518 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Luego de reproducir el contenido literal de los preceptos memorados, el impugnante comenz\u00f3 por se\u00f1alar que el Tribunal hizo prevalecer el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, que obliga al juez a dictar sentencia anticipada en los eventos all\u00ed contemplados, sobre el canon 2518 del estatuto civil, el cual regula lo concerniente al modo de adquirir las cosas por prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
En ese sentido, el Colegiado ech\u00f3 mano de \u00abuna norma del derecho procesal, sin siquiera haber practicado las pruebas que se hab\u00edan pedido por las partes\u00bb en aras de acreditar aquel fen\u00f3meno jur\u00eddico. A su modo de ver, el prescribiente dio cuenta del abandono al que fue sometido el bien por el ente accionado durante muchos a\u00f1os, la instalaci\u00f3n del \u00abcerramiento, de la adecuaci\u00f3n con ba\u00f1os del local [y] de los requerimientos de las autoridades competentes\u00bb, aspectos en los que coincidi\u00f3 el testigo William Claro Clavijo, pero que no merecieron trascendencia para los juzgadores de instancia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, se abstuvo de apreciar la \u00aboposici\u00f3n\u00bb que ejerci\u00f3 el convocante frente a la firma \u00abSERSIGMA (\u2026) entidad designada como secuestre\u00bb, pues una vez se efectu\u00f3 la diligencia de secuestro del bien, envi\u00f3 con destino a aquella el contrato de alquiler \u00abcon el fin de evitar que se le privara de recibir los aportes de dinero a t\u00edtulo de canon de arrendamiento que estaba recibiendo del tenedor en ese momento y desde la fecha del a\u00f1o 2003\u00bb, am\u00e9n de que en el \u00abproceso se demostr\u00f3 que el tenedor del inmueble reconoce como propietario a la persona a la que le paga el canon de arrendamiento, y manifest\u00f3 bajo la gravedad del juramento que le pagaba el precio del arriendo al demandante\u00bb. <\/p>\n
2. A vuelta de anotar lo anterior, prosigui\u00f3 su ataque, esta vez endilgando el quebrando directo del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
A ese prop\u00f3sito dijo, que de ese mandato legal se derivaban cuatro (4) condiciones para el \u00e9xito de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio: (i) la tenencia de una cosa determinada; (ii) el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del poseedor; (iii) que el \u00abdue\u00f1o o el que se da por tal, tenga la cosa por s\u00ed mismo o por medio de otra persona que la tenga en lugar y a nombre de \u00e9l\u00bb; y (iv) que el \u00abposeedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u00bb. <\/p>\n
2.1. Con relaci\u00f3n al primer presupuesto, en la contienda se \u00abevidencia la tenencia de una cosa determinada, la tenencia f\u00edsica\u00bb del fundo en cabeza de la arrendataria \u00abla Iglesia CDA Internacional y el pastor William Claro desde antes de que la iglesia contara con el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica especial\u00bb. Y si bien en la diligencia de secuestro citada, el prenombrado se\u00f1or invoc\u00f3 la calidad de \u00abposeedor\u00bb respecto del bien, ello fue porque \u00abel concepto se confundi\u00f3 por parte de la persona que se permiti\u00f3 hablar en representaci\u00f3n del tenedor y mencion\u00f3 un contrato que no tiene validez como es el que se hizo con la cooperativa demandada en alg\u00fan momento determinado, pero no se refiri\u00f3 al que se hab\u00eda suscrito con el demandante en este proceso (\u2026)\u00bb. Con todo, la \u00abcosa que se tiene estuvo determinada (\u2026) incluso por medio de dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
2.2. En lo atinente al segundo requerimiento, en sentir del casacionista, se \u00abevidenci\u00f3\u00bb en la contienda que, realizado el secuestro del fundo, el convocante present\u00f3 el contrato de arrendamiento celebrado con William Claro Clavijo ante el secuestre, quien lo \u00abacept\u00f3\u00bb y \u00abdesisti\u00f3 de cobrar por su cuenta los c\u00e1nones a que tendr\u00eda derecho de no haberse demostrado la posesi\u00f3n por el demandante\u00bb. Esa circunstancia es verificable \u00abde lo dicho por el sentenciador de primera instancia en el video de grabaci\u00f3n de la audiencia en el momento en que le muestra por la pantalla el informe de SERSIGMA al entrevistado y le dice que el demandante aport\u00f3 contrato por intermedio de su apoderado\u00bb, lo cual resulta suficiente para \u00abdemostrar la oposici\u00f3n que el demandante hace al secuestro\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el litigio, el usucapiente manifest\u00f3 abstenerse de cancelar lo adeudado a la \u00absecretar\u00eda de Hacienda, con motivo del embargo y secuestro\u00bb del predio, porque solamente detentaba el poder\u00edo sobre una porci\u00f3n de \u00e9ste, por tal raz\u00f3n, promovi\u00f3 la controversia para \u00abtasar el monto apropiado\u00bb que le corresponder\u00eda cancelar a favor de aquella entidad p\u00fablica. <\/p>\n
2.3. En cuanto al tercer elemento, aun cuando el activante \u00abno ten\u00eda la cosa por s\u00ed mismo\u00bb, la persona que la detentaba lo hac\u00eda a nombre de aqu\u00e9l \u00ablo cual se demostr\u00f3 en el proceso, y al momento de proferir sentencia anticipada se corta abruptamente la posibilidad de demostrar ese hecho habida cuenta de que las pruebas testimoniales que se pretend\u00edan practicar (\u2026) daban cuenta de los aspectos que no estaban claros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El \u00abtenedor\u00bb de la heredad permaneci\u00f3 all\u00ed en virtud del \u00abejercicio del derecho eclesial\u00bb y la \u00abfecha de reconocimiento de la personer\u00eda especial (Ley 133 de 1994, Decreto 1066 de 2015)\u00bb de la \u00abiglesia CDA internacional\u00bb, para nada debi\u00f3 influir en el fallo combatido, pues con antelaci\u00f3n a ese requisito legal el \u00abpastor William Claro pudo haber desarrollado fines religiosos en ese lugar, esto, de acuerdo a lo que se\u00f1ala el art\u00edculo 19 constitucional (\u2026)\u00bb, pues cierto es que ese precepto ius fundamental garantiza el \u00abdesarrollo de una libertad p\u00fablica como la de cultos o de creencias\u00bb, sin necesidad de \u00abautorizaciones especiales del Estado, am\u00e9n de las restricciones o limitaciones que plantea la misma Ley 133 de 1994\u00bb. <\/p>\n
2.4. Y en lo que ata\u00f1e al \u00faltimo de los requisitos memorados, el censor afirm\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n la ten\u00eda el demandante, habida cuenta del contrato de arrendamiento que se aport\u00f3 con la demanda, y de las labores de due\u00f1o que hubo demostrado\u00bb. <\/p>\n
3. En otro segmento de la acusaci\u00f3n, denunci\u00f3 que el Tribunal vulner\u00f3 de manera directa el art\u00edculo 764 del C\u00f3digo Civil, toda vez que en el sub examine \u00abdebe entenderse que la posesi\u00f3n es regular\u00bb aunque \u00abla buena fe no persista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n\u00bb. Precisamente, la \u00abbuena fe\u00bb termin\u00f3 \u00abcuando el demandante decide eliminar la intermediaci\u00f3n con la cooperativa y al cabo de m\u00e1s de 13 a\u00f1os transcurridos, la demandada no se opone, no pide rendici\u00f3n de cuentas, no toma posesi\u00f3n del inmueble conforme a su derecho, no paga los impuestos, no paga los servicios p\u00fablicos, no realiza mejoras\u00bb, esa dejadez debi\u00f3 traer como consecuencia el \u00e9xito de la aspiraci\u00f3n de usucapi\u00f3n, m\u00e1s aun cuando el \u00abart\u00edculo 765 [del C\u00f3digo Civil] menciona la prescripci\u00f3n como un justo t\u00edtulo. Y la justicia se centra en la persona que ha desarrollado actividades de cuidado y de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que de la norma supuestamente quebrantada se infiere que \u00abla posesi\u00f3n de una cosa a ciencia y paciencia de quien se oblig\u00f3 a entregarla har\u00e1 presumir la tradici\u00f3n\u00bb, pero esa presunci\u00f3n no fue tenida en cuenta por los juzgadores en las instancias \u00abdebiendo hacerlo porque estaban dados los supuestos para ello; la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo es lo que se pretende con la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Al cierre, achac\u00f3 al juez plural la violaci\u00f3n directa del canon 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al \u00abpresumir que la iglesia puede existir solo desde su reconocimiento de personer\u00eda especial\u00bb, siendo que antes de ese acto \u00abla iglesia como tal goza de garant\u00edas constitucionales consagradas no solo en la constituci\u00f3n sino en los tratados de derechos humanos ratificados por la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 133 de 1994, en tal virtud, mientras se adelanta aquel tr\u00e1mite \u00abes el pastor quien asume todo el rol y firma en su nombre contratos de arriendo de locales para el desarrollo de un derecho y libertad constitucional\u00bb. <\/p>\n
De todas maneras, la \u00abprueba de la representaci\u00f3n legal estuvo al alcance el juzgador en la p\u00e1gina web de Ministerio del Interior, y en esa instituci\u00f3n reposa el archivo que contiene los documentos de la iglesia en los que se puede ver el historial de funcionamiento de la misma, esto, si es que lo mencionado por el demandante y el testigo no fueren suficientes para entender el asunto\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Aduciendo el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia de haber infringido, por la senda indirecta, el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a causa de \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb. <\/p>\n
Nuevamente el censor le atribuye al ad-quem el haber errado al \u00abpresumir que la iglesia puede existir solo desde su reconocimiento de personer\u00eda especial\u00bb, pues antes de obtenerse ese requisito legal, \u00abtenemos a un pastor que predica y difunde su pensamiento religioso de manera colectiva\u00bb, por lo tanto, ya se ha conformado una congregaci\u00f3n. Precisamente, ese gu\u00eda espiritual es quien celebra varios acuerdos para el desarrollo de su objeto y \u00abuna vez se obtenga la personer\u00eda ser\u00e1 la iglesia la que a trav\u00e9s de [\u00e9ste] contrata el arriendo de una cosa ra\u00edz determinada\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que la prueba de la representaci\u00f3n legal de la \u00abiglesia CDA internacional\u00bb reposa en la p\u00e1gina Web del Ministerio del Interior, por lo que siempre estuvo al alcance del sentenciador, adem\u00e1s, all\u00ed tambi\u00e9n se encuentran los documentos que dan cuentan de su funcionamiento \u00absi es que lo mencionado por el demandante y el testigo no fueren suficientes para entender el asunto\u00bb. <\/p>\n
Para el casacionista es \u00abincomprensible el hecho de que el juez de segunda instancia haya tomado esa decisi\u00f3n, debido a que no se demostraba la ocupaci\u00f3n o posesi\u00f3n del testigo sino la del demandante\u00bb, por ello, aun cuando \u00e9ste \u00abhubiera demostrado contratos plurales con plurales clientes distintos entre s\u00ed, ello no interrumpir\u00eda el t\u00e9rmino que se alega en la demanda porque demostrar\u00eda con ello que estuvo durante todo el tiempo ejerciendo su posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, pretext\u00f3 que el juicio culmin\u00f3 de forma \u00ababrupta\u00bb, habiendo practicado solo un testimonio, cuando, exist\u00edan otras \u00abcuatro personas\u00bb dispuestas a testificar y a dilucidar las dudas circundantes en torno a la ejecuci\u00f3n del contrato de arrendamiento y dem\u00e1s aspectos que \u00abel representante de la iglesia no pudo establecer porque no los maneja de primera mano\u00bb. <\/p>\n
A lo dicho, complement\u00f3 que la declaraci\u00f3n del representante legal de la entidad enjuiciada fue evasiva \u00abdebiendo el sentenciador presumir por ciertos los hechos, por confesi\u00f3n presunta, (\u2026) al tenor de lo enunciado por el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, asegur\u00f3 el impugnante, la \u00abfalta de legitimidad no estaba probada al momento de proferir sentencia anticipada\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con respaldo tambi\u00e9n en el segundo motivo de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n refiri\u00f3 que, contrario a lo estimado por el colegiado, el usucapiente s\u00ed se opuso al secuestro del predio objeto de la contienda, en la medida en que aport\u00f3 \u00abun contrato a la entidad designada como secuestre del inmueble\u00bb para que \u00ablos c\u00e1nones de arrendamiento que estaba recibiendo del tenedor del inmueble no se fueren a destinar al secuestre\u00bb, lo cual, es \u00abuna prueba de la oposici\u00f3n que ejerci\u00f3 el demandante\u00bb. <\/p>\n
Respecto de lo anterior se hizo alusi\u00f3n en el \u00abvideo de la audiencia\u00bb, no obstante, afirm\u00f3 el censor, no puede situar el \u00abminuto exacto\u00bb en donde sali\u00f3 a relucir esa circunstancia porque \u00abya no lo [tiene] disponible en [su] correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Una vez m\u00e1s, bajo el sendero del motivo segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el opugnante embisti\u00f3 el fallo de segundo grado por \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb. <\/p>\n
El desatino consisti\u00f3 en que el \u00absentenciador de primera instancia\u00bb ponder\u00f3 como \u00absospechoso\u00bb el acuerdo de arrendamiento celebrado por el convocante con el testigo William Claro Clavijo, no obstante, jam\u00e1s ese documento fue tachado por falso, de ah\u00ed que, debi\u00f3 el juzgador tenerlo por \u00abaut\u00e9ntico\u00bb, en vez de \u00abproferir una sentencia que contradiga esa presunci\u00f3n de veracidad\u00bb. En ese sentido, si el mentado convenio no fue tildado de espurio, era imperativo su apreciaci\u00f3n \u00aba la hora de dictar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Para el sentenciador de primer grado el \u00abaumento del valor del canon del contrato\u00bb tambi\u00e9n es dudoso, sin embargo, frente a ello, en el escrito de apelaci\u00f3n se dijo que oper\u00f3 la \u00abnovaci\u00f3n de los contratos\u00bb, la cual \u00abpuede llevarse a cabo de acuerdo a lo que estipulen los contratantes en su desarrollo y esa falta de aumento tampoco ha sido denunciada por el demandante\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n de la causal cuarta del canon 336 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, se denunci\u00f3 el fallo de segundo nivel de \u00abcontener (\u2026) decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb. <\/p>\n
El censor explan\u00f3 su disenso, se\u00f1alando que el suplicante fue condenado en sede de alzada al pago de \u00ab$950.000.oo\u00bb por concepto de agencias en derecho, pese a que instaur\u00f3 en solitario el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Para el casacionista, la sanci\u00f3n por \u00abcostas\u00bb contemplada en el art\u00edculo 365 Ib\u00eddem \u00abs\u00f3lo se aplica cuando hubiere n\u00famero plural de apelantes, no cuando haya apelante \u00fanico\u00bb, pues una interpretaci\u00f3n contraria a esta violar\u00eda el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en cuanto a eso de que no puede desmejorarse la situaci\u00f3n del recurrente se\u00f1ero. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan. <\/p>\n
2.1. La causal primera, ocurre \u00abcuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica (CSJ SC de 25 de feb. de 2002 Rad. 5925), esto es, corresponde a pifias de ralea estrictamente de derecho (iuris in iudicando), suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. Esta Corte ha puntualizado, que cuando la acusaci\u00f3n se apoye en este motivo de censura, <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
2.2.1. El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago. 1999, Rad. 4979; CSJ SC; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Puntualmente la Corte ha expresado que en los eventos en que se critique el ejercicio valorativo del juzgador deviene imperativo que: \u00ab… el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de agosto de 2014, Rad. 2010-227-01). <\/p>\n
2.2.2. En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En este evento, el casacionista, a m\u00e1s de indicar las normas sustanciales quebrantadas a consecuencia de los dislates, tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria infringida, \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que siendo o debiendo ser base esencial de la decisi\u00f3n confutada resultaron infringidas, teniendo esa calidad aquellas que \u00ab\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u00bb, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (CSJ AC, del 5 de may. 2000). <\/p>\n
2.4. En torno al cuarto motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, relativo a contener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte que impugn\u00f3, para su sustentaci\u00f3n deber\u00e1 el recurrente identificar la resoluci\u00f3n que como apelante \u00fanico le ha causado perjuicio, seg\u00fan la comparaci\u00f3n entre lo decidido por el a quo y el Tribunal. Como lo ha establecido la Corte: <\/p>\n
\u00abel embate respectivo debe estar dirigido a evidenciar la situaci\u00f3n m\u00e1s perjudicial surgida en la decisi\u00f3n de segundo grado con relaci\u00f3n a la del a-quo, lo que equivale decir que un cargo de esta naturaleza implica desarrollar la tarea de parangonar la determinaci\u00f3n del juzgado con la del ad-quem, tras lo cual habr\u00e1 de brillar, sin mayores elucubraciones, que la de \u00e9ste, en lo inherente a los derechos de ese apelante \u00fanico, le produjo un agravio en la medida en que, sin que debiera hacerlo, comprometi\u00f3 los intereses de esa parte m\u00e1s all\u00e1 de como aqu\u00e9l lo hizo. (CSJ. SC. Sep. 29 de 2005, rad. 76001-31-03-010-1995-7241-01; criterio reiterado en CSJ AC817-2020, 10 mar.) <\/p>\n
Aunado a ello, desde anta\u00f1o, la Sala ha delimitado unas precisas exigencias para el \u00e9xito de la acusaci\u00f3n cimentada bajo la egida de la no reformatio in pejus, a saber: <\/p>\n
\u00aba) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n.\u00bb (CSJ SC 165 de 2000, rad. 5405; reiterada en SC de 5 jul. 2011, rad. 2000-00183-01 y SC5106-2021, 15 dic., entre otras). <\/p>\n
En tiempos m\u00e1s recientes, esta Corporaci\u00f3n destac\u00f3 que el agravio ocasionado por el desconocimiento de aquella causal se encuentra en la parte resolutiva del fallo, por lo que resulta intrascendente auscultar sus motivaciones, so pretexto de invocar esa clase de dislate. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho que es la secci\u00f3n final de la providencia <\/p>\n
\u00ab\u2018donde debe buscarse el desbordamiento de la limitaci\u00f3n que impide al juzgador hacer m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n del \u00fanico apelante, y no en su parte expositiva (\u2026)\u2019 y \u2018(\u2026) si en dicho pronunciamiento se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad-quem lo all\u00ed resuelto, sin variaci\u00f3n, no hay manera de afirmar que hizo m\u00e1s dif\u00edcil, para el apelante, la situaci\u00f3n establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusaci\u00f3n por esa causa\u2019.\u00bb (CSJ SC de 4 may. 2005, rad. 2000-00052-01; SC de 14 dic. 2006, rad. 2000-00194-01; SC12024 de 2015, rad. 2009-00387-01 y SC5106-2021, 15 dic. entre otras). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos previstos el en art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.1. En el primer cargo, el recurrente pretende echar a pique el fallo confutado porque el Tribunal infringi\u00f3 de manera directa los art\u00edculos 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 762, 764 y 2518 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.1.1. La reprimenda inicial no colma las exigencias para ser admitido en esta sede extraordinaria, ya que, los art\u00edculos 762, 764 y 2518 del C\u00f3digo Civil carecen del matiz de \u00abnorma jur\u00eddica sustancial\u00bb (numeral 1\u00ba art\u00edculo 336 C.G.P.). Es as\u00ed como los art\u00edculos 762 y 764 del estatuto civil refieren a la definici\u00f3n legal de la posesi\u00f3n de las cosas y sus modalidades, respectivamente, mientras que el canon 2518 \u00cddem regula lo relativo al tipo adquisitivo de la prescripci\u00f3n; es decir, aquellas pautas son apenas definitorias de la posesi\u00f3n y el modo de adquirir el dominio por prescripci\u00f3n adquisitiva, de manera alguna, atribuyen, mutan o extinguen un derecho a partir de un hecho concreto. <\/p>\n
En un asunto de similares aristas, la Sala estim\u00f3 que las disposiciones en comento no ten\u00edan aquella naturaleza, por cuanto: <\/p>\n
\u00ab\u201c[U]na norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u201d (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Ello es trascendente porque en el cargo formulado, la inconforme cit\u00f3 gran cantidad de pautas legales y constitucionales que no revisten la aludida naturaleza, como el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, los art\u00edculos 762, 764, 765, 768, 769, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2534 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s de varios preceptos del C\u00f3digo General del Proceso, ninguno de los cuales corresponde a una norma sustancial en el sentido explicado, sino a reglas probatorias, consagraci\u00f3n de derechos fundamentales abstractos y criterios de interpretaci\u00f3n judicial, que no son aptos para estructurar un embate por la causal primera o segunda de casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC2133-2020 7 sep., criterio reiterado en AC5470-2021, 22 nov., y AC5862-2021, 15 dic.). <\/p>\n
3.1.2. Si se dejara de lado tal omisi\u00f3n, al echar una mirada en rededor, raudo se advierte que esa acusaci\u00f3n es ambigua, comoquiera que el censor qued\u00f3 a medio camino a la hora de exponer su inconformidad. Ello es as\u00ed, porque no se ocup\u00f3 de plantear la modalidad en que, supuestamente, el juzgador viol\u00f3 los preceptos referidos, ya sea por indebida interpretaci\u00f3n, ora por err\u00f3nea o falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por averiguado se tiene, que, para el \u00e9xito de la reprimenda fundada en la causal primera de casaci\u00f3n, resulta imperioso encarar la denuncia por alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento, valga decir, si el supuesto desafuero del Tribunal se erigi\u00f3 al emplear equivocadamente la normatividad, la falta de esta, o bien, a causa de la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los preceptos legales utilizados para zanjar la controversia. <\/p>\n
A ese respecto, se insiste, aunque el casacionista trascribi\u00f3 cada una de las pautas aludidas, olvid\u00f3 explicar c\u00f3mo y en qu\u00e9 medida la corporaci\u00f3n cometi\u00f3 el yerro que se le achaca, esto es, si la discordia est\u00e1 cimentada en un error de aplicaci\u00f3n o no de las normas sustanciales o un desafuero en su hermen\u00e9utica. No puede la Corte en este escenario subsanar ese olvido y por ensalmo enderezar la imputaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando el fallo de segundo grado viene investido de las presunciones de legalidad y de acierto, las que corresponde derruir, exclusivamente, al impugnante. <\/p>\n
3.1.3. Y aun cuando pudiera pensarse que el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por consagrar el derecho fundamental a la libertad de cultos y, por ende, por contemplar prerrogativas supralegales inherentes a las personas \u00abostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicaci\u00f3n y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jur\u00eddicas\u00bb (CSJ AC 1\u00ba de abril de 2013, Rad. 2007-00285-01), eso no significa que, \u00abesa condici\u00f3n de sustanciales de las normas constitucionales, sea suficiente para considerar que su invocaci\u00f3n en un cargo aducido en casaci\u00f3n, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, ellas est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir, son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Ciertamente, el mandato ius fundamental garantiza la libre escogencia de cualquier credo y establece que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a profesar libremente su religi\u00f3n y a difundirla en forma individual o colectiva. (\u2026) Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley\u00bb, privilegio que se encuentra reglado en la Ley 133 de 1994, en cuyo desarrollo se establece el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esa prerrogativa, las formalidades para la constituci\u00f3n de las iglesias y la autonom\u00eda de las congregaciones y las confesiones religiosas; por manera que, de invocarse la violaci\u00f3n directa del ordenamiento por el desconocimiento de aquella salvaguarda, ha de realizarse trayendo a colaci\u00f3n las pautas de la normatividad mencionada, labor\u00edo que, como qued\u00f3 en evidencia, no lo hizo el censor. <\/p>\n
Y de aceptarse remotamente que, en efecto, el canon constitucional memorado, por s\u00ed solo, tiene la virtualidad de cimentar una acusaci\u00f3n en casaci\u00f3n, lo cierto es que no fue base primordial de la sentencia atacada y tampoco debi\u00f3 serlo. <\/p>\n
N\u00f3tese que el Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante, al hallar por demostrado: (i) el reconocimiento de dominio ajeno en favor de la entidad convocada; (ii) la falta de prueba de la mutaci\u00f3n de su condici\u00f3n de mero tenedor al de poseedor y; (iii) la p\u00e9rdida e interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n por haber entrado en ella otra persona (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Esto quiere decir que, ni tangencialmente, pas\u00f3 por la mente del juzgador \u2013ni tampoco era procedente hacerlo- involucrarse con la libertad de cultos, pues, de un lado, esa precisa tem\u00e1tica no fue tratada en los extremos del litigio y, mucho menos, ten\u00eda relaci\u00f3n alguna con la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio alegada por el convocante. <\/p>\n
Entonces, como el art\u00edculo 19 de la Norma Fundamental no fue una disposici\u00f3n que \u00abconstituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb a juicio del recurrente se desconoci\u00f3, no puede la Corte abordar el estudio de fondo de la cuesti\u00f3n, pues, sencillamente, no existe par\u00e1metro legal alguno para destruir los pilares del pronunciamiento acusado. <\/p>\n
3.1.4. Ahora, tal y como est\u00e1 expuesta la censura, el casacionista hubiera podido escoger la causal segunda para encauzar el primer combate, en vez de edificarlo por el desconocimiento recto del ordenamiento. <\/p>\n
En efecto, toda la refriega est\u00e1 levantada sobre una plataforma probatoria. Con solo atisbar los reclamos que elev\u00f3 pronto se insin\u00faa la incursi\u00f3n indebida de terrenos propios de la v\u00eda indirecta, en cuanto a eso de que el Juez plural acudi\u00f3 a una \u00abuna norma del derecho procesal, sin siquiera haber practicado las pruebas que se hab\u00edan pedido por las partes\u00bb; que se encuentran acreditados el abandono del inmueble objeto del juicio, la instalaci\u00f3n del \u00abcerramiento, de la adecuaci\u00f3n con ba\u00f1os del local [y] de los requerimientos de las autoridades competentes\u00bb; que no se valor\u00f3 la \u00aboposici\u00f3n\u00bb que ejerci\u00f3 el convocante frente a la firma \u00abSERSIGMA (\u2026) entidad designada como secuestre\u00bb; que se \u00abevidencia la tenencia de una cosa determinada, la tenencia f\u00edsica\u00bb del bien ra\u00edz pretendido en cabeza de la arrendataria \u00abla Iglesia CDA Internacional y el pastor William Claro (\u2026)\u00bb; que se \u00abevidenci\u00f3\u00bb en la controversia la presentaci\u00f3n que hizo el actor de un contrato de arrendamiento celebrado con William Claro Clavijo ante el secuestre, quien lo \u00abacept\u00f3\u00bb y \u00abdesisti\u00f3 de cobrar por su cuenta los c\u00e1nones a que tendr\u00eda derecho de no haberse demostrado la posesi\u00f3n por el demandante\u00bb; que \u00abse demostr\u00f3 en el proceso\u00bb que el arrendatario de la cosa la detentaba en nombre del usucapiente; que \u00abla posesi\u00f3n la ten\u00eda el demandante, habida cuenta del contrato de arrendamiento que se aport\u00f3 con la demanda, y de las labores de due\u00f1o que hubo demostrado\u00bb; y que la \u00abprueba de la representaci\u00f3n legal\u00bb de la congregaci\u00f3n arrendataria \u00abestuvo al alcance el juzgador en la p\u00e1gina web de Ministerio del Interior, y en esa instituci\u00f3n reposa el archivo que contiene los documentos de la iglesia en los que se puede ver el historial de funcionamiento de la misma\u00bb. <\/p>\n
De donde surge indubitable que el opugnante entremezcl\u00f3 las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva, pues enfil\u00f3 su reclamo sobre cuestiones de ponderaci\u00f3n probatoria, vali\u00e9ndose de la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, con lo cual, se desconoci\u00f3 la regla prevista el literal a) del numeral 2\u00ba del canon 344 \u00eddem, esto es, \u00abTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
El primer cargo, seg\u00fan fluye de lo expuesto no est\u00e1 llamado a ser admitido. <\/p>\n
3.2. En el segundo embate, el impugnante le atribuye al colegiado la incursi\u00f3n de un \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb, al \u00abpresumir que la iglesia puede existir solo desde su reconocimiento de personer\u00eda especial\u00bb, siendo que, con antelaci\u00f3n a esa formalidad, la comunidad religiosa existe a trav\u00e9s de \u00abun pastor que predica y difunde su pensamiento religioso de manera colectiva\u00bb y quien es el encargado de su funcionamiento administrativo. En esa direcci\u00f3n tambi\u00e9n denunci\u00f3 que la \u00abprueba de la representaci\u00f3n legal estuvo al alcance el juzgador en la p\u00e1gina web de Ministerio del Interior, y en esa instituci\u00f3n reposa el archivo que contiene los documentos de la iglesia en los que se puede ver el historial de funcionamiento de la misma, esto, si es que lo mencionado por el demandante y el testigo no fueren suficientes para entender el asunto\u00bb. <\/p>\n
3.2.1. Bien vista la anterior reprimenda, de entrada aflora que el ataque es desenfocado. M\u00edrese desde la perspectiva de la supuesta infracci\u00f3n del art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o desde el ayuno demostrativo que reclama en esta ocasi\u00f3n, lo cierto es que el Tribunal jam\u00e1s asegur\u00f3 que la existencia de las instituciones religiosas depende del reconocimiento de su personer\u00eda. Es m\u00e1s, esa tem\u00e1tica es completamente ajena a la resoluci\u00f3n de la controversia, la cual, se repite, gir\u00f3 en torno a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio pretendida por el accionante respecto del predio descrito en la demanda y fue en esa direcci\u00f3n que el sentenciador encamin\u00f3 todo su razonamiento, descubriendo en esa tarea la falta de habilitaci\u00f3n del interesado para instaurar la causa. <\/p>\n
Tan alejado de la realidad son las quejas que se erigen en el segundo reparo que, aun cuando la Corte llegara a la conclusi\u00f3n de que el juzgador, efectivamente, cometi\u00f3 los yerros denunciados, el pronunciamiento combativo seguir\u00eda en pie, tanto as\u00ed, que ni por asomo afectar\u00eda lo ultimado por aqu\u00e9l, en el sentido que en el sub-examine el demandante reconoci\u00f3 dominio ajeno, no prob\u00f3 la mutaci\u00f3n de tenedor a poseedor y, en todo caso, un tercero se autoproclam\u00f3 poseedor del fundo, interrumpiendo de esta manera la posesi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Desviar la atenci\u00f3n de la Corte del verdadero germen de la contienda, mediante elucubraciones alambicadas, solo denota la ausencia de argumentos del casacionista frente al fallo cuestionado, de donde se sigue, la inmutabilidad de sus conclusiones. <\/p>\n
3.2.2. Despu\u00e9s de todo, el censor desatendi\u00f3 la expresa exigencia contenida en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, al no citar la norma probatoria que, producto del error, trasgredi\u00f3 el ad quem por no tener acreditada la personer\u00eda de la \u00abIglesia CDA Internacional\u00bb. <\/p>\n
Dicha omisi\u00f3n apareja, que no hay un criterio objetivo desde el cual se pueda realizar el examen de legalidad del fallo replicado con miras a establecer si el juzgador inobserv\u00f3 la disciplina probatoria en la aducci\u00f3n del elemento suasorio, mucho menos, puede la Corte reemplazar al casacionista y realizar esa encomiable labor de invocar el mandato obviado por aqu\u00e9l, porque de emprender tan delicada empresa, se desconocer\u00eda una de las caracter\u00edsticas esenciales de este medio extraordinario, su dispositividad. <\/p>\n
Es que, decir simplemente que, en la tarea intelectiva del sentenciador, se omiti\u00f3 acudir a la confesi\u00f3n presunta contemplada en el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del Proceso, sin revelar cu\u00e1les fueron los hechos susceptibles de prueba y de los que el representante legal de la enjuiciada evadi\u00f3 su respuesta, no es m\u00e1s que enunciar de modo general una supuesta irregularidad carente de todo sustento. <\/p>\n
Si el impugnante es capaz de asegurar la presencia de un dislate de esa magnitud, lo m\u00ednimo que se espera de su rega\u00f1ina es que se\u00f1ale la ubicaci\u00f3n del medio probatorio aludido, reproduzca fielmente su contenido, indique los subterfugios de la declaraci\u00f3n de parte y, no menos importante, demuestre c\u00f3mo esas argucias conducen a destruir los fundamentos torales de la decisi\u00f3n, empero, no lo hizo. Contrariamente, se evidencia un af\u00e1n por exhibir reparos al azar sin soporte alguno, con el prop\u00f3sito de combatir los razonamientos del ad quem que fueron desfavorables a sus intereses. <\/p>\n
En esas condiciones, tampoco es posible abordar de fondo el estudio del segundo cargo. <\/p>\n
3.3. El tercer cargo, no corre mejor suerte. Recu\u00e9rdese que el recurrente le imput\u00f3 al sentenciador la comisi\u00f3n de un \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba\u00bb y lo sustent\u00f3 en que el prescribiente s\u00ed se opuso a la diligencia de secuestro practicada por la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital sobre la heredad pretendida, en el marco de los procesos administrativos de cobro coactivo iniciados en contra de la entidad accionada, en la medida en que aport\u00f3 \u00abun contrato a la entidad designada como secuestre del inmueble\u00bb, para que \u00ablos c\u00e1nones de arrendamiento que estaba recibiendo del tenedor del inmueble no se fueren a destinar al secuestre\u00bb. <\/p>\n
3.3.1. En primer lugar, desatendi\u00f3 la obligaci\u00f3n de citar las disposiciones legales de linaje sustancial que, en su sentir, se trasgredieron con el fallo cuestionado, lo que por s\u00ed solo basta para tornarlo inadmisible, toda vez que carece la Corte de elementos objetivos para realizar el juicio de legalidad de la sentencia cuestionada, sin que pueda la Sala oficiosamente determinarlas, ya que, se reitera, este recurso extraordinario es esencialmente restringido y dispositivo. <\/p>\n
3.3.2. De otro lado, de soslayarse la anterior desatenci\u00f3n, la tercera discrepancia elevada tampoco es apta para demoler lo determinado por el Tribunal. <\/p>\n
En efecto, se denuncia la irrupci\u00f3n de un \u00aberror de hecho\u00bb porque el Juez plural no vio que el usucapiente s\u00ed se opuso a la aprehensi\u00f3n material del predio objeto del proceso por medio de la presentaci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado con un tercero ante la entidad secuestre. Sin embargo, el casacionista confes\u00f3 no tener en su poder el \u00abvideo de la audiencia\u00bb, de donde supuestamente se extrae el hecho referido y, adicionalmente, tampoco especific\u00f3 a qu\u00e9 \u00abaudiencia\u00bb se refer\u00eda, su ubicaci\u00f3n en el expediente y el momento en que se mencion\u00f3 aquella circunstancia. <\/p>\n
Aunado a ello, se prescindi\u00f3 de la labor de cotejar esa prueba frente a lo finiquitado por el juez plural, a fin de patentizar el dislate de facto atribuido a \u00e9ste, mucho menos la trascendencia que irrefutablemente esa pieza pudo tener de cara a los pilares que definieron la resoluci\u00f3n del pleito, de donde se infiere que, en verdad, no se demostr\u00f3 en debida manera la infracci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Por doquiera, este cargo tampoco satisface los requisitos para ser admitido. <\/p>\n
3.4. Al igual que las anteriores dos censuras, el cuarto reproche est\u00e1 levantado sobre la causal segunda de casaci\u00f3n por \u00aberror de hecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb y all\u00ed se expuso que esa pifia se ocasion\u00f3 porque el \u00absentenciador de primera instancia\u00bb tuvo por \u00absospechoso\u00bb el convenio de alquiler celebrado entre el demandante y el testigo William Claro Clavijo respecto del bien objeto de pertenencia, pese a que esa probanza jam\u00e1s fue tachada de espuria, motivo por el que debi\u00f3 presumirse su autenticidad. A la par, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que dicho juzgador hall\u00f3 dudoso el \u00abaumento del valor del canon del contrato [referido]\u00bb, por eso es que en la apelaci\u00f3n se explic\u00f3 que oper\u00f3 una especie de \u00abnovaci\u00f3n de los contratos\u00bb. <\/p>\n
La lectura de la acusaci\u00f3n que ha quedado resumida, permite establecer claramente el defecto que contiene, pues de un lado desde\u00f1\u00f3 la carga que ten\u00eda de citar las normas sustanciales que con ocasi\u00f3n de la pifia result\u00f3 quebrantada, pero sobre todo, incurri\u00f3 en una mixtura inaceptable en casaci\u00f3n, habida cuenta que yuxtapuso los supuestos que prev\u00e9 la causal segunda de casaci\u00f3n al aducir que el error se origina \u00abcomo consecuencia de error de hecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb, cuando este tipo de desconocimiento es propio del error de derecho, pero en la sustentaci\u00f3n no se reprochan aspectos atinentes a la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas, sino a la valoraci\u00f3n del documento en su contenido, lo que eventualmente podr\u00eda ser un yerro por omisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Siguese entonces que el cargo resulta inadmisible. <\/p>\n
3.5. La quinta y \u00faltima reprimenda, la hace gravitar el casacionista sobre la idea de que el fallo de segundo grado agrav\u00f3 la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, toda vez que \u00e9ste fue condenado al pago de \u00ab$950.000.oo\u00bb por concepto de agencias en derecho y a las costas del pleito. <\/p>\n
Sin embargo, de tiempo atr\u00e1s la Corte ha estimado que la condena en \u00abcostas\u00bb, en s\u00ed misma considerada, no tiene relaci\u00f3n alguna con el conflicto que dio paso a la contienda, sino, m\u00e1s bien, es una consecuencia pecuniaria que se impone al vencido en juicio por mandato de la ley. Al respecto, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Otrora se descartaba la posibilidad de acusaci\u00f3n del fallo exclusivamente por el aspecto de las costas con los argumentos de ser asunto confiado por ley al prudente juicio o conciencia del sentenciador, tratarse de problema exclusivamente determinado por las reglas de procedimiento e impropicio a la unidad jurisprudencial, finalidad primaria de la casaci\u00f3n, fuera de ser de entidad estrictamente accesoria, que no afecta la cuesti\u00f3n debatida en el juicio (casaciones de marzo 27 de 1897, XII, 323; septiembre 2 de 1897, XIII, 52 y XVII, 165 y 166; junio 22 de 1909, XXV, 39; marzo 14 de 1911, XIX, 250; marzo 23 de 1914, XXIV, 52; marzo 23 de 1918, XXVI, 250; septiembre 28 de 1926, XXXIII, 208; diciembre 12 de 1932, XLI, 78; mayo 29 de 1934, XLI bis C, 22; agosto 19 de 1935, XLII, 456\/460; junio 30 de 1937, XLV, 305; septiembre 6 de 1937, XLV, 494; diciembre 1o. de 1938, XLVII, 468; diciembre 14\/1938, ib\u00eddem, 616; febrero 15\/1940, XLIX, 104; junio 22 de 1940, ib\u00eddem, 541; agosto 31\/1940, L, 22; junio 20\/1941, LI, 593; julio 18\/1941, ib\u00eddem, 816; noviembre 26\/1941, LII, 775 (…) y con arreglo al nuevo criterio, reiterando aquellas razones y aludiendo a la objetividad entronizada con \u00e9l (julio 8\/1954, LXXVIII, 51; mayo 22\/1956, LXXXII, 536; julio 25\/1957, LXXXV, 713; octubre 5\/1957, LXXXVI, 59\/1960\u00bb. <\/p>\n
\u00abAs\u00ed pues, el pronunciamiento de costas a cargo de un litigante que se haga en la sentencia no es susceptible de ataque en casaci\u00f3n tomado en s\u00ed, ajeno a la decisi\u00f3n de m\u00e9rito a que \u00e9l accede, habida cuenta de ese mismo car\u00e1cter subordinado y dependiente del sentido, motivaci\u00f3n y alcance del fallo, por dejarse a la ponderaci\u00f3n del juzgador o deber aplicarse por mandato legal ante la presencia del espec\u00edfico supuesto de hecho, seg\u00fan el sistema que acoja el ordenamiento, en fin, porque no constituye en s\u00ed un derecho de la parte el obtener cr\u00e9dito por costas o exonerarse de la correlativa obligaci\u00f3n, con independencia del resultado del juicio y de su intervenci\u00f3n dentro de \u00e9l (\u2026) (se resalta)2\u00bb (ver recientemente, CSJ SC041-2022, 9 feb.). <\/p>\n
Por manera que: <\/p>\n
\u00abLa condena en costas, por tanto, no es un tema significativo para controvertirlo en esta sede extraordinaria, pues su fijaci\u00f3n es de naturaleza procesal, y \u201c(\u2026) no toca propiamente con los derechos sustanciales que aqu\u00e9llos controvierten en la litis, y s\u00ed son, en cambio, una consecuencia de las resoluciones que toma alrededor de esos derechos (\u2026)\u201d (CSJ SC. Sent. 25 de mayo de 2011, Exp. No. 50001-31-03-003-2004-00142-01)\u00bb (Ib\u00eddem) <\/p>\n
En esas condiciones, la condena en costas impuesta en segunda instancia a cargo del actor, no es un aspecto susceptible de ser combatido en el escenario del recurso de casaci\u00f3n, de ah\u00ed que, se descarte de plano la admisi\u00f3n de la queja formulada por el impugnante en la \u00faltima censura, m\u00e1xime cuando, en el curso del tr\u00e1mite no aparece demostrado que al demandante se le haya concedido amparo de pobreza, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 154 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, caso en el cual, como recientemente lo puntualizo esta Sala, resultar\u00eda exitoso un ataque de esa naturaleza por el sendero de la causal cuarta del art\u00edculo 336 Ib\u00eddem. (ver recientemente, CSJ SC041-2022, 9 feb.). <\/p>\n
4. Habr\u00eda que decir tambi\u00e9n que en su arremetida el censor no contradijo la totalidad de los argumentos del pronunciamiento fustigado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en su bronca no polemiz\u00f3 sobre las siguientes conclusiones del juzgador: (i) que el usucapiente reconoci\u00f3 dominio ajeno respecto del predio motivo del juicio, al suscribir en calidad de \u00abrepresentante legal de la cooperativa demandada\u00bb un contrato de arrendamiento con William Enrique Claro Clavijo, en el a\u00f1o 2004; (ii) que el interesado no logr\u00f3 demostrar la \u00e9poca en que realiz\u00f3 los actos de se\u00f1or\u00edo \u00abcomo el encerramiento del lugar, el pago de celadur\u00eda, la cancelaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios y adecuaciones de pintura\u00bb; y (iii) que la posesi\u00f3n reclamada se interrumpi\u00f3 a partir de la diligencia de secuestro practicada el 4 de septiembre de 2017 en el marco de los procesos administrativos de cobro coactivo Nos. \u00ab201311000264 y 2013EE29562\u00bb, tramitados por la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1 frente a la entidad intimidada, pues en el desarrollo de esa actuaci\u00f3n el se\u00f1or William Enrique Claro Clavijo se autoproclam\u00f3 \u00abposeedor\u00bb del inmueble objeto del juicio de pertenencia, con lo cual, \u00aboper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n a que alude el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2523 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Aquellos \u00edtems no fueron puestos en duda a lo largo del escrito de casaci\u00f3n, motivo por el cual aun cuando la Corte abordara el estudio de los desacuerdos aqu\u00ed planteados, lo cierto es que el pronunciamiento atacado se sostendr\u00eda en pie. <\/p>\n
No cabe duda, entonces, que los reparos del casacionista carecen de completud. Al respecto, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00ab(…) el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado. <\/p>\n
Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (Subraya la Sala CSJ SC15211-2017, 26 sep., criterio reiterado en AC5845-2021, 25 de enero de 2022). <\/p>\n
5. Deviene de lo dicho que el inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del impugnante no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar las causales de casaci\u00f3n ac\u00e1 planteadas; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
6. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
7. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las cinco acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. Este criterio ha sido reiterado por la Corte, entre otras, en Sent. Cas. Civ. de 30 de octubre de 1989, 15 de junio de 1995, Exp. No. 4398, 10 de septiembre de 2001, Exp. No. 5542, y en Autos de 10 de septiembre de 1990 y de 24 de agosto de 2004, Exp. No. 1999-01142-01 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1206-2022 (2017-00647-01)_1 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC1206-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-031-2017-00647-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}