AC1214-2022 (2017-00284-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1214-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-31-03-002-2017-00284-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Jaime Enrique Espitia S\u00e1enz, frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso declarativo que aquel promovi\u00f3 contra los herederos de Miguel Espitia Gamboa y Carmen Gamboa de Espitia. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico de la demanda. <\/p>\n
Con el libelo introductor se pidi\u00f3 declarar que el actor adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 070-82370, ubicado en Villa de Leyva (Boyac\u00e1), por haberlo pose\u00eddo ininterrumpidamente y en forma p\u00fablica y pac\u00edfica, desde el a\u00f1o 1996, cuando falleci\u00f3 su abuela, Carmen Correa de Espitia. <\/p>\n
Como fundamento de su petitum, el actor relat\u00f3 que, desde los dos meses de nacido, fue enviado por sus padres (Carmen S\u00e1enz G\u00f3mez y Miguel Eduardo Espitia Correa) a casa de su abuela, para que residiera con ella en el inmueble objeto de controversia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, desde el a\u00f1o 1996, cuando falleci\u00f3 la se\u00f1ora Correa de Espitia, \u00abha ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o de manera exclusiva\u00bb, tales como \u00abmanejo y mantenimiento del inmueble (\u2026), cuidado de animales y trabajos de jardiner\u00eda, toda vez que ha sido su hogar y lugar de habitaci\u00f3n (\u2026), celebraci\u00f3n de contratos de arrendamiento de una caba\u00f1a que se encuentra dentro del predio y alquiler del sal\u00f3n para eventos y celebraciones sociales, arriendo de las zonas verdes para pastos y zona de camping y contratos de arrendamiento con productores de televisi\u00f3n para novelas y pel\u00edculas (\u2026), pago de multas interpuestas al predio por la electrificadora de Boyac\u00e1 (\u2026), construcci\u00f3n de un taller de ornamentaci\u00f3n (\u2026), creaci\u00f3n de una p\u00e1gina o red social donde se da a conocer p\u00fablicamente el inmueble como un bien con amplia historia como molino (\u2026), realizar tr\u00e1mites ante la Alcald\u00eda Municipal, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y Corpoboyac\u00e1 sobre denuncias y quejas interpuestas por terceros con temas relacionados con las aguas del canal que atraviesa el inmueble (\u2026), es quien ha pagado los servicios p\u00fablicos (\u2026) y elev\u00f3 solicitud de disponibilidad de punto de energ\u00eda ante la Empresa Electrificadora de Boyac\u00e1, el cual fue aprobado\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
Enterados del auto admisorio de la demanda (de 7 de septiembre de 2017), los herederos determinados H\u00e9ctor Miguel, Elsa Liliana y Sonia Beatriz Pab\u00f3n Espitia se opusieron al \u00e9xito de las pretensiones, arguyendo, en s\u00edntesis, que \u00abel actor no ha tenido el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o exclusivo sobre el inmueble (\u2026), dado que en los \u00faltimo 10 a\u00f1os ha reconocido dominio ajeno sobre dicho predio (\u2026) al reconocer que el predio EL MOLINO DEL BALC\u00d3N pertenece a la sucesi\u00f3n il\u00edquida de los causantes MIGUEL ESPITIA GAMBOA Y CARMEN CORREA DE ESPITIA, en un cincuenta por ciento, y el cincuenta por ciento restante a la sucesi\u00f3n il\u00edquida de los bisabuelos del actor, CARMEN GAMBOA DE ESPITIA Y NICANOR ESPITIA, reconocimiento que el actor ha expresado mediante actos inequ\u00edvocos\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la curadora ad litem de las personas indeterminadas dijo atenerse a lo que se llegara a probar en el curso del proceso. <\/p>\n
3. La sentencia de primer grado. <\/p>\n
En audiencia llevada a cabo el 31 de julio de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada <\/p>\n
Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el demandante, el Tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
(i) Comoquiera que la demanda se radic\u00f3 el 27 de julio de 2017, el \u00e9xito de las pretensiones estaba supeditado a que el convocante acreditara que, por lo menos desde el mes de julio de 2007, ha ejercido ininterrumpidamente la posesi\u00f3n del predio materia de disputa. <\/p>\n
(ii) Tal carga probatoria no fue satisfecha, puesto que si bien es cierto que los elementos de juicio recaudados demuestran que el se\u00f1or Espitia S\u00e1enz s\u00ed lleg\u00f3 a fungir como poseedor del fundo, tambi\u00e9n lo es que tal se\u00f1or\u00edo se interrumpi\u00f3 en el a\u00f1o 2015, cuando acept\u00f3, ante el Juzgado Primero de Familia de Tunja, ser el administrador del acervo sucesoral de sus abuelos Miguel Espitia Gamboa y Carmen Correa de Espitia, dentro del cual estaba incluido, para ese entonces, el inmueble controvertido. <\/p>\n
(iii) Al obrar de esa manera, el convocante \u00abpuso al descubierto de manera directa [la ausencia del] elemento volitivo del \u00e1nimus dominii, porque nadie bajo esa \u00edntima convicci\u00f3n y certidumbre termina aceptando para otros un encargo de esa naturaleza, el que, sin dubitaci\u00f3n alguna, encarna una aceptaci\u00f3n de que el bien codiciado en pertenencia tiene unos due\u00f1os leg\u00edtimos, rompi\u00e9ndose la estructura dogm\u00e1tica de los elementos esenciales de que habla la ley para prescribir\u00bb. <\/p>\n
(iv) La contundencia del documento con el que el accionante acept\u00f3 hacerse cargo del manejo del predio en beneficio de la sucesi\u00f3n, resta m\u00e9rito demostrativo a las declaraciones testimoniales recaudadas por solicitud suya, puesto que los deponentes que reconocieron en \u00e9l la condici\u00f3n de poseedor, ni siquiera ten\u00edan conocimiento de su cargo de administrador. <\/p>\n
(v) Asumiendo, entonces, como cierto, tal cual lo sostuvo el fallador de primer grado, que el se\u00f1or Espitia S\u00e1enz reconoci\u00f3 dominio ajeno en el a\u00f1o 2015, se hace evidente la improsperidad de las pretensiones, puesto que \u00absi el suceso de la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n por reconocimiento expreso de dominio ajeno acaeci\u00f3 el 20 de mayo de 2015, brota con nitidez que al 27 de julio de 2017, fecha en la que se presenta la demanda, no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de los 10 a\u00f1os para ganar por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del bien pretendido\u00bb. <\/p>\n
(vi) A juicio del fallador de segundo grado, la prueba documental es contundente y recoge la manifestaci\u00f3n de voluntad del demandante al aceptar la designaci\u00f3n de administrador de la sucesi\u00f3n donde estaba incluido el bien en disputa y reconocer as\u00ed su calidad de mero tenedor, descart\u00e1ndose por tanto la pretendida posesi\u00f3n. Frente a los argumentos relacionados con el proceder de los abogados y la no correspondencia de la documental con el real querer del demandante, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal: \u00ablo dicho de la prueba documental por cuanto la misma emerge di\u00e1fana, incontaminada, recoge un querer y una expresi\u00f3n de voluntad espont\u00e1nea, sin condicionamientos, lo que para esta instancia es reveladora de la real intenci\u00f3n volitiva del demandante, as\u00ed se alegue por el censor un posible enga\u00f1o o fraude, lo cual corresponder\u00eda declarar en otro escenario y no en este\u00bb. <\/p>\n
(vii) Finalmente, indic\u00f3 que si lo que se pretend\u00eda era alegar que el actor mut\u00f3 su calidad de mero tenedor (heredero administrador) a la de poseedor exclusivo, es decir que con posterioridad a su designaci\u00f3n cambi\u00f3 su t\u00edtulo, es una consideraci\u00f3n inane pues si el reconocimiento de dominio ajeno aconteci\u00f3 el 20 de mayo de 2015, es claro que para la fecha en que se present\u00f3 la demanda no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino prescriptivo exigido para la declaratoria de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Contra la providencia del Tribunal, el convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 demanda de sustentaci\u00f3n, donde enarbol\u00f3 dos cargos con fundamento en las causales segunda y tercera, respectivamente, del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.1 Formulaci\u00f3n del primer cargo. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el impugnante le atribuy\u00f3 al fallo del ad quem una violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 2512, 2532 y 2522 del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, y por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En defensa de su censura, expuso las siguientes consideraciones: <\/p>\n
(i) Para desestimar la demanda, el Tribunal se apoy\u00f3 \u00fanicamente en un documento que, aunque s\u00ed fue signado por el convocante, no era apto para desvirtuar su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, en consideraci\u00f3n a que su contenido fue elaborado a sus espaldas y de manera fraudulenta por los abogados Gerardo Buitrago Pe\u00f1a y Jos\u00e9 Antonio \u00c1lvarez Mill\u00e1n, quienes, mediante argucias, lo convencieron de imponer su r\u00fabrica en ese escrito, con la firme intenci\u00f3n de frustrar una eventual demanda de pertenencia y as\u00ed lograr materializar sus deseos de hacerse a la propiedad de una parte de ese predio. <\/p>\n
(ii) La intenci\u00f3n torticera de los nombrados mandatarios judiciales, se evidencia a partir de varios de los elementos de juicio que componen el expediente del mortuorio de Miguel Espitia Gamboa y Carmen Correa de Espitia y que el Tribunal pas\u00f3 completamente por alto, entre ellos, la denuncia penal por \u00e9l presentada en contra de dichos abogados; la revocatoria del poder que \u00e9l les hab\u00eda otorgado inicialmente, la cual ocurri\u00f3 tan pronto como se enter\u00f3 de que el inmueble objeto de este litigio hab\u00eda sido incluido, a sus espaldas, en la aludida sucesi\u00f3n; las providencias en las cuales el Juzgado Primero de Familia de Tunja y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad dispusieron la posterior exclusi\u00f3n del activo que incumbe a este proceso mientras se debat\u00eda la pertenencia; y la renuncia expresa de su parte al cargo de administrador de la herencia que le hab\u00eda sido asignado en un comienzo, el cual no lleg\u00f3 a ejercer. <\/p>\n
(iii) As\u00ed mismo, el ad quem pas\u00f3 por alto las explicaciones ofrecidas por el mismo demandante en su declaraci\u00f3n de parte, oportunidad en la que ilustr\u00f3 al fallador a quo de este proceso sobre \u00ablas razones por las cuales inici\u00f3 el proceso de pertenencia, y las actuaciones de sus anteriores abogados, que contradiciendo las instrucciones dadas como mandante; aprovecharon para iniciar la sucesi\u00f3n e incluir el bien MOLINO DEL BALC\u00d3N, cuando el poder era precisamente para iniciar pertenencia no sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iv) En contrav\u00eda con el ordenamiento jur\u00eddico, el Tribunal consider\u00f3 \u00abdebidamente incorporado, producido y valorado el documento privado para la DIAN\u00bb, lo que, sumado a la preterici\u00f3n de los ya mencionados elementos de juicio, lo condujeron a desestimar una usucapi\u00f3n cuya vocaci\u00f3n de prosperidad era patente a la luz de la \u00abcomunidad de la prueba allegada al proceso, documentales, interrogatorios, testimonios, inspecci\u00f3n judicial, dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
3.1.2 Formulaci\u00f3n del segundo cargo. <\/p>\n
Con base en la causal tercera del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el demandante tild\u00f3 de incongruente el fallo del juzgador colegiado de segunda instancia. <\/p>\n
Como sustento del embate, sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
(i) Seg\u00fan lo reconoci\u00f3 en forma expresa el fallador de primer grado (en auto de 7 de marzo de 2019), el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda que presentaron los convocados no involucraba ninguna excepci\u00f3n de m\u00e9rito y fue justamente por ello que al actor no se le corri\u00f3 traslado de ese documento. <\/p>\n
(ii) En tal contexto, no le era factible al ad quem desestimar las pretensiones con fundamento en un \u00abreconocimiento de dominio ajeno\u00bb, puesto que tal circunstancia no fue debidamente invocada por el extremo opositor. <\/p>\n
(iii) A ello se suma que el m\u00e9rito probatorio que el Tribunal le atribuy\u00f3 al escrito mediante el cual el se\u00f1or Espitia S\u00e1enz acept\u00f3 el cargo de administrador de la susodicha masa sucesoral, result\u00f3 plenamente desvirtuada con las dem\u00e1s probanzas recaudadas en el decurso del proceso. Tales medios suasorios no solo acreditaban el se\u00f1or\u00edo del convocante, sino tambi\u00e9n las maniobras fraudulentas y enga\u00f1osas de los abogados que elaboraron aquel documento, pese a lo cual fueron totalmente ignoradas por el juez de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
(iv) Al sustentar el recurso de alzada contra el fallo de primer grado, el actor centr\u00f3 su inconformidad en \u00abla falta de aplicaci\u00f3n de las pruebas (\u2026) de las actuaciones judiciales, disciplinarias y penales del supuesto reconocimiento del derecho ajeno y calidad de administrador del se\u00f1or JAIME ESPITIA\u00bb. Pese a ello, el ad quem confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las pretensiones, con base en una \u00abinterpretaci\u00f3n generalizada sobre la procedencia de este supuesto reconocimiento, contrario a lo indicado por el art\u00edculo 516 del CGP\u00bb, con lo cual se consolid\u00f3 una \u00abdesviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
(v) En resumen \u00abse puede colegir que las pruebas aportadas al plenario, identificadas y que no han sido tachadas o desconocidas por la parte demandada; que de igual forma se discriminaron en el recurso de apelaci\u00f3n, y pese a lo anterior, se dejaron de lado teniendo en cuenta la supuesta calidad de administrador, dejando de lado la causa de esos documentos, refleja una clara desviaci\u00f3n respecto del objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, cuyo ataque se dirigi\u00f3 a la falta de aplicaci\u00f3n de las pruebas aportadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
En igual imprecisi\u00f3n se incurri\u00f3 en el segundo cargo, en el cual se pregon\u00f3 una aparente incongruencia, pero en su desarrollo el inconforme termin\u00f3 por reiterar los mismos errores (f\u00e1cticos y jur\u00eddicos) que le hab\u00eda atribuido al Tribunal en su cargo anterior, insistiendo en que \u00abno se valor\u00f3 en conjunto (sic) todas las pruebas aportadas al proceso\u00bb y en que \u00ablas pruebas aportadas al plenario, identificadas y que no han sido tachadas o desconocidas por la parte demandada (\u2026) se dejaron de lado teniendo en cuenta la supuesta calidad de administrador, dejando de lado la causa de esos documentos\u00bb. <\/p>\n
Con esto \u00faltimo, se desconocieron las pautas que sobre los presupuestos formales de la causal en comento ha fijado esta Corporaci\u00f3n, esto es, que \u00ab(…) la incongruencia (que como se ha visto es un defecto in procedendo) no puede confundirse con el error de hecho (\u2026), pues la primera se constata por medio de una comparaci\u00f3n objetiva entre el contenido de las pretensiones y el resuelve del fallo, mientras que el segundo se verifica estableciendo si la interpretaci\u00f3n que el fallador hizo del libelo es contraevidente\u00bb (CSJ AC3346 de 2020, rad. 2017-00597). <\/p>\n
El mentado hibridismo desatiende los principios de autonom\u00eda e independencia de las causales de casaci\u00f3n que por dem\u00e1s repulsan su invocaci\u00f3n a modo eventual y subsidiario (AC3004-2014, 4 jun., rad. 2007-00008-01), lo cual conduce inexorablemente a la desestimaci\u00f3n de los embates respectivos, como en forma consolidada ha predicado la Corte: <\/p>\n
\u00abEn efecto, cada causal obedece a una espec\u00edfica e inconfundible raz\u00f3n que tuvo en cuenta el legislador para erigirla como motivo de quiebre del fallo, sobre la base de considerar que dichas razones, plasmadas en las causales de casaci\u00f3n, se fundamentan en dos tipos de errores en que puede incurrir el juzgador. El primero, com\u00fanmente denominado, vicio in judicando, acaece cuando el sentenciador distorsiona la voluntad hipotetizada en la ley; y el segundo, denominado vicio in procedendo, se estructura a partir de la rebeld\u00eda del juez en la aplicaci\u00f3n de normas que regulan el proceso, para las partes y para \u00e9l, incluida la fase de producci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Se trata de errores de distinta naturaleza, pues el primero recae en las normas que son llamadas a definir la controversia y el segundo en las que disciplinan el proceso. No pueden ser confundidos, ni menos aducidos en un mismo cargo, en atenci\u00f3n a la claridad y precisi\u00f3n que el precepto mencionado reclama. As\u00ed por ejemplo, es prototipo del vicio in judicando la causal primera de casaci\u00f3n (violaci\u00f3n de norma sustancial) y ejemplo del segundo la causal quinta, sobre nulidad del proceso\u00bb (AC7828-2014, 16 dic. 2014, rad. 2009-00025-02). <\/p>\n
El entremezclamiento antes demostrado impone colegir que en la demanda de sustentaci\u00f3n no se verifica el requisito formal consistente en formular cada cargo \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, pues como lo ha rese\u00f1ado el precedente, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u201co saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u00bb (AC 24 jul. 2001, Exp. 7684; reiterado en AC 19 mar. 2002, Exp. 1994-01325-01). <\/p>\n
Dicha pauta fue posteriormente reiterada por la Sala se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abEvidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u201d5 (AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01). <\/p>\n
(ii) A lo dicho en precedencia debe a\u00f1adirse que, un ataque por la v\u00eda indirecta como el primero que formul\u00f3 el demandante, no puede limitarse a relacionar las pruebas que el ad quem habr\u00eda pasado por alto y que pudieron cambiar el rumbo del fallo de segunda instancia, sino que debe atacar tambi\u00e9n los raciocinios que llevaron al Tribunal a resolver el caso en la forma en que lo hizo. <\/p>\n
Conforme con ello, se destaca que el impugnante se limit\u00f3 a presentar una lectura alternativa del material probatorio (enfatizando la ausencia de un reconocimiento, voluntario, de dominio ajeno por parte suya), sin acreditar por qu\u00e9 esa ser\u00eda la \u00fanica hermen\u00e9utica adecuada de los medios demostrativos recaudados, de modo que pudiera parangonarse con las conclusiones del fallador de segundo grado, para demostrar as\u00ed las pifias que se le enrostran a su labor de juzgamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en estricto sentido, el mismo recurrente reconoci\u00f3 que la literalidad del documento por cuyo conducto \u00e9l acept\u00f3 el cargo de administrador de la herencia de sus abuelos, involucraba realmente un reconocimiento de dominio ajeno respecto del predio materia de sus pretensiones, solo que censur\u00f3 que el ad quem no hubiera tenido por desvirtuado ese elemento de juicio a partir de las dem\u00e1s probanzas que, en su criterio, evidenciaban su se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
Pese a ello, el opugnante no ilustr\u00f3 por qu\u00e9 raz\u00f3n la contundencia que evidenci\u00f3 el Tribunal en dicho documento deb\u00eda ser desconocida en virtud de las manifestaciones que \u00e9l mismo ofreci\u00f3 \u2013con posterioridad al momento desde el cual se tuvo por interrumpida la prescripci\u00f3n- en su declaraci\u00f3n de parte y en la denuncia penal que present\u00f3 en contra de los abogados que representaron sus intereses en la referida sucesi\u00f3n, y tambi\u00e9n en virtud de las razones que, seg\u00fan dijo, subyac\u00edan a la revocatoria del poder que a dichos mandatarios les hab\u00eda conferido en un comienzo y en las providencias de los jueces de familia en cuanto a la inclusi\u00f3n y posterior exclusi\u00f3n del inmueble materia de disputa del juicio sucesoral que ata\u00f1e a este declarativo. <\/p>\n
De hecho, aunque tales elementos de juicio constitu\u00edan el n\u00facleo de su acusaci\u00f3n, el convocante ni siquiera lleg\u00f3 a transcribir su contenido o al menos aquellos apartados de los que, en su criterio, se derivar\u00eda de manera indiscutible la prueba de la continuidad de su posesi\u00f3n, omisi\u00f3n que ya resulta bastante para tener por insatisfechas las exigencias de claridad y completitud que caracterizan al recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, es importante enfatizar que ninguno de tales elementos de juicio, al menos a partir de su mera literalidad, hacen evidente la colusi\u00f3n de la que el convocante quiso prevalerse en sede extraordinaria. En s\u00ed mismas, esas probanzas s\u00f3lo reflejan conductas particulares del se\u00f1or Espitia S\u00e1enz u actos procesales aislados, que bien podr\u00edan obedecer a m\u00faltiples causas distintas del enga\u00f1o denunciado por el recurrente, quien quiso suplir la exig\u00fcidad de esa evidencia a partir de un relato f\u00e1ctico que, al margen de su credibilidad, no encuentra respaldo en las pruebas que se dijeron omitidas. <\/p>\n
En estricto sentido, el impugnante no intent\u00f3 apelar propiamente al contenido de las mencionadas probanzas para el \u00e9xito de su censura, sino a los indicios que de ellas se derivar\u00edan en cuanto al fraude del que dijo ser v\u00edctima. Sin embargo, adem\u00e1s de no haber encausado expresamente su acusaci\u00f3n por esa v\u00eda, tampoco individualiz\u00f3 las pruebas que directamente reflejar\u00edan esos m\u00f3viles encubiertos que les atribuy\u00f3 a sus antiguos mandatarios, ni tampoco explic\u00f3 por qu\u00e9 motivo la versi\u00f3n y la hermen\u00e9utica del caudal probatorio que defendi\u00f3 con ah\u00ednco en su demanda de sustentaci\u00f3n, era la \u00fanica posible a partir de los medios de prueba que se le pusieron de presente al Tribunal, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que ninguno de los documentos por \u00e9l signados ante los jueces de familia, orientados a conferir poder y aceptar el encargo de administrador de la herencia que all\u00ed se iba a liquidar, fue tachado de falso ante los falladores de conocimiento, ni declarado espurio por la justicia penal. <\/p>\n
Similar parquedad se observa en otros apartados del cargo primero, en los cuales el se\u00f1or Espitia S\u00e1enz reproch\u00f3 someramente que el Tribunal hubiera considerado \u00abdebidamente incorporado, producido y valorado el documento privado para la DIAN\u00bb y tambi\u00e9n que no hubiera colegido que la \u00abcomunidad de la prueba allegada al proceso, documentales, interrogatorios, testimonios, inspecci\u00f3n judicial y dictamen pericial, desvirtuaban el contenido\u00bb de ese escrito, pero sin precisar qu\u00e9 irregularidad (de \u00edndole adjetiva) es la que presenta el proceso de incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de aquel documento, ni tampoco cu\u00e1l era ese contenido de las probanzas enlistadas que, por su vigor, imped\u00eda al juzgador tener por acreditado el reconocimiento de dominio ajeno en el cual se finc\u00f3 para confirmar la desestimaci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
Lo anterior implica que la cr\u00edtica no atendi\u00f3 los requerimientos formales del recurso, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, cuando se acusa la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho\u00bb, es imperativo que el recurrente en casaci\u00f3n, \u00abm\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC, 14 abr. 2011, rad. 2005-00044-01, reiterado en CSJ AC6243-2016, 26 oct.), nada de lo cual puede extraerse de los argumentos del se\u00f1or Espitia S\u00e1enz, que previamente se citaron. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, tiene dicho la Corte que, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado intencional). <\/p>\n
A lo anterior cabe a\u00f1adir, ya respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, lo que se dijo en CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01: <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al impugnante le correspond\u00eda demostrar que los errores cometidos en el fallo cuestionado son tan notorios, evidentes o manifiestos que dejan al descubierto su apartamiento grosero y trascendente de las normas que regulan la materia sometida al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n, bien en la consideraci\u00f3n f\u00e1ctica, ora en la estimaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, al punto de evidenciar que la tesis expuesta por la censura es la \u00fanica admisible, discurso que brilla por su ausencia en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Se insiste en que, desatendiendo su carga argumentativa, el recurrente se limit\u00f3 a poner de presente su particular propuesta de valoraci\u00f3n del material probatorio, como disyuntiva a la que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada, reparo que as\u00ed formulado tiene la entidad propia de un alegato de instancia, incompatible con este recurso extraordinario. <\/p>\n
(iii) Volviendo a la segunda censura, memora la Corte que la incongruencia es una irregularidad que, por regla de principio, no se configura frente a fallos completamente desestimatorios6, como aquel que se dict\u00f3 en la segunda instancia de este asunto, en el cual el Tribunal se limit\u00f3 a confirmar el despacho adverso que el juez a quo le imprimi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
Esa regla general no encuentra excepci\u00f3n en este asunto, m\u00e1xime cuando el demandante no fue claro al indicar la naturaleza de la inconsonancia que le atribuy\u00f3 al fallador ad quem; inicialmente aludi\u00f3 de manera tangencial a una incompatibilidad entre el fallo de segunda instancia y el escrito de contestaci\u00f3n que presentaron los convocados (que, seg\u00fan dijo, no involucraba excepci\u00f3n alguna), y posteriormente sostuvo, sin mayores aclaraciones, que ese vicio se configur\u00f3 en contraste con los argumentos que sirvieron de base al recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l formulado contra la sentencia del juez a quo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es conveniente insistir en que, con esta acusaci\u00f3n, m\u00e1s que denunciar una verdadera incongruencia, el censor se limit\u00f3 a reprochar el proceso valorativo que condujo al Tribunal a colegir que el demandante reconoci\u00f3 un dominio ajeno del controvertido predio, al aceptar ser el administrador de la herencia de sus ascendientes (en la cual se hab\u00eda inventariado, inicialmente, el inmueble que ac\u00e1 interesa), planteamiento que resulta inatendible por conducto de la causal invocada, en consideraci\u00f3n a que <\/p>\n
\u00ab…nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas…\u00bb (G.J. T., XLIX, p\u00e1g. 307). <\/p>\n
En ese escenario, ha de convenirse en que las cavilaciones ofrecidas como sustento del segundo embate, tampoco son aptas para derruir los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, pues all\u00ed el recurrente insisti\u00f3 en la demostraci\u00f3n de su posesi\u00f3n, pero sin explicitar porqu\u00e9 una decisi\u00f3n adversa a ese se\u00f1or\u00edo redund\u00f3 en un fallo incongruente, ni por qu\u00e9 consideraba que el reconocimiento de dominio ajeno es uno de aquellos asuntos que no son susceptibles de ser reconocidos de manera oficiosa por el juzgador. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente resaltar que un simple cotejo entre la demanda, los escritos de defensa presentados por los convocados, el fallo de primera instancia, el memorial de sustentaci\u00f3n del recurso de alzada y la sentencia de segundo grado, resulta suficiente para evidenciar lo desenfocado de la incongruencia denunciada por el recurrente extraordinario, puesto que la prolongaci\u00f3n ininterrumpida del se\u00f1or\u00edo que se atribuy\u00f3 el se\u00f1or Espitia S\u00e1enz respecto del controvertido fundo, fue un asunto ventilado en cada una de esas piezas procesales, lo cual es apenas esperable si se tiene en cuenta que concierne a uno de los presupuestos de la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, mal podr\u00eda atribu\u00edrsele al ad quem un distanciamiento del objeto del litigio, cuando el reconocimiento de domino ajeno fue el argumento de defensa de la contraparte, aunque no lo hubiera formulado bajo la forma de excepci\u00f3n de m\u00e9rito; que fue la espec\u00edfica raz\u00f3n blandida por el fallador de primer grado para desestimar las pretensiones y, por ende, la m\u00e9dula del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el convocante. <\/p>\n
En dicha censura, el impugnante en casaci\u00f3n plante\u00f3 ante el juzgador colegiado de segunda instancia (con la misma orientaci\u00f3n de su censura extraordinaria), que con base en lo acaecido en el mortuorio de Miguel Espitia Gamboa y Carmen Correa de Espitia no era viable deducir una interrupci\u00f3n de su se\u00f1or\u00edo, puesto que su participaci\u00f3n en ese litigio obedec\u00eda \u00fanicamente a las argucias orquestadas por los abogados Gerardo Buitrago Pe\u00f1a y Jos\u00e9 Antonio \u00c1lvarez Mill\u00e1n, de quienes dijo que, \u00abvali\u00e9ndose de su calidad de profesionales del derecho, indujeron y enga\u00f1aron a mi mandante para que firmara un PODER GENERAL y con este a su vez iniciar cualquier tipo de proceso, entre ello, escogieron el proceso de sucesi\u00f3n NO porque mi mandante les hubiera ordenado sino porque era el \u00fanico que a ellos les conven\u00eda (\u2026), lo que significa que existi\u00f3 premeditaci\u00f3n en la conducta de estos abogados en aras de hacerse a los bienes de su mandante, por lo que es claro que de una conducta abiertamente ilegal no se pueden generar derechos para estos, pues precisamente su actuar se convirti\u00f3 en el principal argumento del A QUO para denegar las pretensiones (\u2026), ABOSULUTAMENTE todas las pruebas dijeron lo contrario, y no puede ser que por el solo hecho de que sus ex abogados vali\u00e9ndose de un poder general iniciaran una sucesi\u00f3n, tal situaci\u00f3n signifique reconocimiento de dominio ajeno (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Partiendo, entonces, de la formulaci\u00f3n expresa de ese reparo, ninguna inconsonancia puede atribu\u00edrsele al Tribunal por adentrarse en su escrutinio, pues \u2013de hecho- a ello estaba compelido por mandato del art\u00edculo 328 del estatuto procesal. <\/p>\n
Es m\u00e1s, as\u00ed se asumiera, en gracia de discusi\u00f3n, que la soluci\u00f3n de continuidad de la posesi\u00f3n invocada por el convocante no correspond\u00eda a uno de los fundamentos del fallo de primera instancia, ni siquiera en ese hipot\u00e9tico escenario se habr\u00eda podido configurar la denunciada incongruencia, puesto que es el mismo canon 328 citado en precedencia, el que prev\u00e9 que una de las excepciones a la restricci\u00f3n impuesta por la pretensi\u00f3n impugnaticia, est\u00e1 constituida por \u00ablas decisiones que [el juez de segunda instancia] deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, entre ellas, las concernientes a los hechos probados que involucren una excepci\u00f3n de las que no requieren ser alegadas (art. 282, ib.) o las relativas a los presupuestos que deben concurrir para la conformaci\u00f3n del derecho cuya declaraci\u00f3n se reclama. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como ninguna de las pautas citadas en precedencia fueron tenidas en cuenta por el recurrente extraordinario al formular el cargo en estudio, debe inadmitirse igualmente ese segundo embate. <\/p>\n
3.4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que la demanda no cumple con los requisitos formales propios del recurso extraordinario, se hace imperativa su inadmisi\u00f3n con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Jaime Enrique Espitia S\u00e1enz, frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso declarativo que aquel promovi\u00f3 contra los herederos de Miguel Espitia Gamboa y Carmen Gamboa de Espitia (entre ellos, H\u00e9ctor Miguel, Elsa Liliana y Sonia Beatriz Pab\u00f3n Espitia). <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 CSJ Auto del 9 de noviembre de 2012, radicaci\u00f3n n. 985-02051-01. <\/p>\n
6\u0002 Ver entre otras: GJ CCXLIX, segundo semestre, pag. 749 y SC 18 de noviembre de 2013, exp. 2000-01098. <\/p>\n
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AC1214-2022 (2017-00284-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1214-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-31-03-002-2017-00284-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62432","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}