AC1269-2022 (2015-00193-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC1269-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b017614-31-03-001-2015-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Hern\u00e1n Rojas Guzm\u00e1n, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 26 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso de pertenencia promovido por el impugnante contra Minera Croesus S.A.S. y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En la demanda de pertenencia, se solicit\u00f3 declarar que Hern\u00e1n Rojas Guzm\u00e1n adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio la mina denominada \u201cLa Ratonera No.2\u201d ubicada en el sector de Cien Pesos del Municipio de Marmato – Caldas, cuya bocamina se encuentra en las coordenadas X:1.097.959.81 Y:1.163.663.87 Cota:1.388.53 en virtud de la posesi\u00f3n ejercida en forma directa y personal por m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os, tiempo durante el cual ha realizado actos de se\u00f1or y due\u00f1o de manera p\u00fabica, pac\u00edfica e ininterrumpida. <\/p>\n
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2. Como consecuencia de lo anterior, se le declare copropietario del derecho de dominio sobre el t\u00edtulo de car\u00e1cter privado RPP 0357 inscrito en el Registro Minero Nacional con el n\u00famero de Registro RMN. EDWN-01 bajo el r\u00e9gimen de propiedad privada expediente RPP-357-por ser propietario de la mina la \u201cLa Ratonera No.2\u201d ubicada en el sector de Cien Pesos del Municipio de Marmato – Caldas, \u00e1rea privada demarcada y amparada en el T\u00edtulo RPP 0357. <\/p>\n
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3. En sustento de sus pretensiones, indic\u00f3 que ha realizado trabajos de explotaci\u00f3n minera en forma personal y directa desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os en la mina denominada \u201cLa Ratonera No. 2\u201d ejerciendo la explotaci\u00f3n en forma p\u00fablica pac\u00edfica, ha ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o tales como: el pago de regal\u00edas, avances mineros, labores de car\u00e1cter medio ambiental, carreteables y montajes industriales y el\u00e9ctricos con acompa\u00f1amiento supervisi\u00f3n continua de las autoridades civiles y en especial las medioambientales, con la complacencia e indiferencia de las sociedades que en el paso del tiempo han sido titulares del Registro de Propiedad Privada (RPP) y que hoy pertenece a la sociedad Croesus S.A.S.<\/p>\n
4. En el mes de enero de 1995, con el fin de legalizar la bocamina que conduce a los trabajos de extracci\u00f3n minera que se realizan en la mina \u201cLa Ratonera 2\u201d, present\u00f3 solicitud de legalizaci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera de hecho de peque\u00f1a miner\u00eda conforme al art\u00edculo 58 de la ley 141 de 1994, la cual fue resuelta en forma negativa por la Delegaci\u00f3n Minera de la Gobernaci\u00f3n de Caldas, bajo el argumento que el \u00e1rea solicitada se encontraba en superposici\u00f3n con el reconocimiento de propiedad privada No 357 (RPP 0357) identificado as\u00ed en el Catastro Minero de la Agencia Nacional de Miner\u00eda, a la cual no se le aplica la normativa minera debido a \u00abque dicha figura no es t\u00edtulo minero otorgado por el administrador del recurso, sino un derecho de propiedad sobre el suelo y el subsuelo, donde el Estado solo puede intervenir en caso de extinci\u00f3n de derechos de derechos de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 29 de la ley 685 de 2001\u00bb, negativa que se da con base en la Resoluci\u00f3n No. 002340 del 24 de junio de 1996 expedida por la Secretar\u00eda de Gobierno Departamental de Caldas. <\/p>\n
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5. Resoluci\u00f3n por medio de la cual la Secretar\u00eda de Gobierno realiz\u00f3 una redelimitaci\u00f3n de los linderos del reconocimiento de propiedad No. 357 que inicialmente se hab\u00eda establecido sobre las minas denominadas \u201cEchand\u00eda\u201d, Chaburqu\u00eda\u201d y \u201cChaburqu\u00eda Occidental\u201d modificando las coordenadas del punto arcifinio, quedando X:1.097.915.00, Y:1.163.760.0O tomadas de la plancha 186-IV-A del IGAC, lo que hace que los nuevos l\u00edmites excedan los de las minas mencionadas, y estas nuevas coordenadas a darle cubrimiento a las minas ubicadas en el sector de Cien Pesos del Municipio de Marmato, donde se encuentra la mina \u201cLa Ratonera No.2\u201d, la cual pas\u00f3 a partir de ese momento a ser parte e incluida en el Reconocimiento de Propiedad (RPP) 0357, t\u00edtulo que en era de la sociedad Propietaria Mina Echand\u00eda Ltda. <\/p>\n
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6. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 560 de 11 de julio de 1996 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn la Sociedad Propietaria Mina Echand\u00eda Ltda, cedi\u00f3 los derechos sobre el Registro de Propiedad Privada 0357 a sociedad Mistrato S.A., quien a su vez mediante escritura p\u00fablica No. 2955 del 7 de octubre de 2004 de la Notar\u00eda 20 de Medell\u00edn, trasfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta real y material a favor de Minera Croesus S.A.S el derecho de dominio y posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el T\u00edtulo Minero de Reconocimiento, todo lo cual se verific\u00f3 de forma concurrente con la posesi\u00f3n p\u00fablica pac\u00edfica e ininterrumpida del demandante, siendo esto tolerado por las sociedades anteriormente mencionadas. <\/p>\n
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7. En el t\u00edtulo RPP 0357 se han inscrito todas las anotaciones referentes a lo acontecido legalmente con dicho t\u00edtulo de registro, tal como lo prev\u00e9 la Ley 685 de 2001 y Ley 20 de 1969 siendo este el documento an\u00e1logo para el registro de suelos y superficies no mineros, registro operado por la Agencia Nacional de Miner\u00eda. <\/p>\n
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8. La posesi\u00f3n ejercida por el demandante es \u00fatil toda vez, que, al encontrarse en un reconocimiento de propiedad privada, \u00e9sta ya deja de pertenecer a la Naci\u00f3n y empieza a pertenecer al titular de la propiedad, por lo que la normativa aplicable al caso no es la contenida en el C\u00f3digo de Minas, sino la contenida en el C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas concordantes, ya que al poseer en forma pac\u00edfica e ininterrumpida por m\u00e1s de 40 a\u00f1os dicho bien, puede ser reconocido como copropietario del T\u00edtulo de Car\u00e1cter Privado identificado como RPP 0357, en la proporci\u00f3n que se establezca para la \u201cRatonera No.2\u201d. <\/p>\n
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9. Por intermedio de apoderado judicial, la convocada contest\u00f3 en tiempo la demanda y, en tal virtud, se opuso a las pretensiones, se pronunci\u00f3 de diversa manera sobre los hechos invocados en sustento de ellas y plante\u00f3 como excepciones de fondo i) actos de se\u00f1or y due\u00f1o por el demandado, y, ii) improcedencia de la acci\u00f3n. (fls. 319 a 342, c. 1). De igual modo, propuso como excepciones previas i) falta de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar; ii) falta de integraci\u00f3n del litis consorcio necesario; y, iii) falta de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
10. Por su parte, el curador ad litem se opuso a las pretensiones de la demanda, y tambi\u00e9n present\u00f3 como excepci\u00f3n previa la de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. <\/p>\n
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11. Mediante auto de fecha 25 de julio de 2016 se declararon prosperas las previas de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios1, y falta de jurisdicci\u00f3n, en virtud de lo cual son soporte en el art\u00edculo 295 de la ley 685 de 2001se remiti\u00f3 el expediente al Consejo de Estado. <\/p>\n
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12. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Secci\u00f3n Tercera, mediante auto de fecha 20 de junio de 2017, a su turno, declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n para conocer la demanda de pertenencia por recaer sobre una mina de propiedad privada, y en consecuencia, propuso conflicto negativo de competencia, remitiendo el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente. <\/p>\n
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13. El 27 de febrero de 2019 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir el conflicto asigno el conocimiento del asunto al Juzgado Civil del Circuito de Riosucio – Caldas. <\/p>\n
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14. El 25 de septiembre de 2019, la Juez Civil del Circuito de Riosucio – Caldas dict\u00f3 sentencia mediante la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, y conden\u00f3 en costas a la parte demandante a favor de la demandada. (fl. 406, cd. 1). <\/p>\n
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15. Para desatar la apelaci\u00f3n que contra ese prove\u00eddo interpuso el promotor de la controversia, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Caldas dict\u00f3 sentencia el 26 de febrero de 2020, en la que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n apelada (fls. 8. c. 5). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal realiz\u00f3 el estudio de los presupuestos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio contemplados en el C\u00f3digo Civil con miras determinar si era procedente o no la adquisici\u00f3n de la mina \u201cla Ratonera 2\u201d bajo esta modalidad, sin embargo, pas\u00f3 a determinar que dada la naturaleza del subsuelo y su titularidad no resultaban de recibo los pedimentos de la demanda. <\/p>\n
Determin\u00f3 que el bien objeto de la pretensi\u00f3n no es adquirible a trav\u00e9s de la figura de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, por cuanto es evidente la ausencia de uno de los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n establecidos por los art\u00edculos 2512, 2518, y 2519 del C.C., pues, pese a encontrarse el bien en cabeza de un particular como lo es la sociedad demandada, el mismo debe ser apropiable, circunstancia que no se predica para el caso, toda vez, que la propiedad del subsuelo corresponde al Estado, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 322 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Para establecer la condici\u00f3n de imprescriptible del subsuelo cit\u00f3 la ley 20 de 1969 en su art\u00edculo 1\u00ba que prescribi\u00f3 que a partir de esa data la titularidad del subsuelo correspond\u00eda al Estado, sin perjuicio de los derechos de los due\u00f1os de terrenos que demostrar\u00e1n los actos de explotaci\u00f3n ante el Ministerio de Minas, quien decide si se mantiene la titularidad de los particulares. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la naturaleza de propiedad privada de la mina respecto de la sociedad demandada cita la Resoluci\u00f3n 120 del 7 de febrero de 1985 del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la cual evidencia que a favor de la Sociedad Minera Croesus S.A.S se concedi\u00f3 la propiedad al acreditar su previa explotaci\u00f3n anterior a la expedici\u00f3n de la referida ley 20, aspecto frente al cual considera que le asiste raz\u00f3n al demandante, pero dicha circunstancia no permite predicar que dichos bienes sean susceptibles de adquirirse bajo la figura de la prescripci\u00f3n por cuanto el reconocimiento de bien privado corresponde a una hip\u00f3tesis excepcional para los propietarios que acreditaron ante la autoridad Nacional una explotaci\u00f3n anterior a 1969, sin que sea relevante que corresponda a la totalidad o parte del predio. <\/p>\n
En torno de la explotaci\u00f3n a favor de los particulares precisa que no se traduce en un derecho absoluto, pues el art. 6 de la ley 20 de 1969, establece que de no existir explotaci\u00f3n por un periodo de 12 meses el derecho concedido al particular pasar\u00eda al Estado. <\/p>\n
Finalmente, respecto de los pronunciamientos citados por el demandante del Consejo de Estado para sacar avante sus pretensiones, refiere a la improcedencia de conocer por parte de dicha Corporaci\u00f3n de la demanda, al no verse inmiscuidos los intereses de entidades p\u00fablicas, bajo el entendido que la pretensi\u00f3n se inco\u00f3 por un sujeto de derecho privado y dirigido tambi\u00e9n contra un sujeto de la misma naturaleza, aspecto meramente procesal necesario para fijar la competencia. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como los yacimientos son imprescriptibles, resulta irrelevante la aquiescencia de los titulares de la mina sobre actos de posesi\u00f3n del demandante, siendo por dem\u00e1s desatinado el aplicar normas de orden civil y comercial, por lo cual los reclamos elevados por el apelante no tienen la potencialidad de variar la decisi\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La parte accionante formul\u00f3 acusaciones contra la sentencia del Tribunal, soportadas, dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
UNICO CARGO <\/p>\n
Con este se denuncia que en la sentencia del Tribunal se viol\u00f3 directamente el art\u00edculo 58 y 332 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el inciso segundo del art\u00edculo 5, inciso segundo del art\u00edculo 14 y el art\u00edculo 28 de la ley 685 de 2001, art\u00edculos 1 y 3 de la ley 20 de 1969 y art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La explicaci\u00f3n del ataque se resume en que el tribunal hizo una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea e incompleta de las normas que se citan como infringidas al considerar que era improcedente por la calidad de imprescriptible del bien que pretend\u00eda adquirirse, y no se pronunci\u00f3 sobre el fondo del asunto sin tener en cuenta que demandante acredit\u00f3 la calidad de poseedor de buena fe de un bien privado, y por lo tanto tiene derecho a que se le declare propietario del derecho de dominio sobre la mina y copropietario del RPP 357 en los t\u00e9rminos solicitados en la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el marco del estatuto procesal civil, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n civil prospera ante la existencia de una de las causales consagradas por el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. La presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n deber\u00e1 realizarse con el rigor establecido en el art\u00edculo 344 de la norma adjetiva. <\/p>\n
Se\u00f1ala la codificaci\u00f3n en cita que la demanda de casaci\u00f3n debe contener una parte accidental y una sustancial, para cumplir con la primera, aquella debe contener la relaci\u00f3n de las partes del proceso, una s\u00edntesis de la actuaci\u00f3n adelantada, las pretensiones y los hechos materia del litigio, para observar la segunda, integrado a ello habr\u00e1 de presentarse de forma separada los cargos, con los fundamentos de cada uno de forma clara, precisa y completa. <\/p>\n
La argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n impone un labor\u00edo por parte del recurrente de modo que su exposici\u00f3n sea inteligible, exacta y envolvente, respecto de la demanda de casaci\u00f3n se ha venido sosteniendo por la Corte <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.2 <\/p>\n
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2. Cuando para pedir la casaci\u00f3n del fallo se invoca la causal primera del art\u00edculo 366 de la Ley 1564 de 2012, el ataque se ce\u00f1ir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, aludiendo las normas de derecho sustancial infringidas, sin que pueda extenderse o irrumpir en temas probatorios, rese\u00f1ando la clase de violaci\u00f3n que estima ha cometido la sentencia. <\/p>\n
Frente a los requisitos para proponer adecuadamente el cargo de casaci\u00f3n con base en la primera de las causales ha se\u00f1alado esta Sala <\/p>\n
cuando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Adicionalmente, la violaci\u00f3n directa de la ley, reiteradamente ha se\u00f1alado la Corte, \u201ces necesario demostrarla\u201d (CSJ, AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01, reiterado hace poco en AC280-2021), por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreci\u00f3n debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo preciso que se manifieste en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal conducta y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte.3 <\/p>\n
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3. Por lo dem\u00e1s, la parte inconforme tiene el compromiso de plantear una acusaci\u00f3n sim\u00e9trica, dirigida a los pilares de la sentencia acusada, es decir, el ataque habr\u00e1 de focalizarse en los planteamientos del juzgador; no puede enfilarse frente a aspectos que no se esgrimieron como soporte del fallo cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed lo ha expresado, reiteradamente, esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que <\/p>\n
\u00ab(…) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes\u00bb. (CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. 2008-00576-01).4 <\/p>\n
Lo anterior por cuanto las sentencias objeto del recurso de casaci\u00f3n se encuentran amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, tanto en su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica como en la apreciaci\u00f3n de las pruebas que al respecto haya realizado el juzgador de instancia. <\/p>\n
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4. En este caso se invoc\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por lo cual se impon\u00eda que el recurrente expresara la norma violada, precisando los fundamentos de la acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa, siendo menester el que se relacionaran los conceptos contrarios a la ley que contiene el fallo cuestionado, originados en una interpretaci\u00f3n equivocada o en una aplicaci\u00f3n indebida de la misma al caso juzgado. <\/p>\n
Cuando se acusa la sentencia de violaci\u00f3n directa, no basta relacionar la norma o ley sustancial, sino que debe indicarse en qu\u00e9 consisti\u00f3 la infracci\u00f3n. <\/p>\n
En este evento el censor destaca que el Tribunal realiz\u00f3 \u201cuna interpretaci\u00f3n err\u00f3nea e incompleta de las normas que se citan como infringidas\u201d, sin embargo, el actor en su demanda lejos estuvo de indicar de forma clara y precisa la trasgresi\u00f3n de la norma sustancial. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que el litigante se limit\u00f3 a mencionar los art\u00edculos 58 y 332 de la Constituci\u00f3n Nacional, 5 y 28 de la Ley 685 de 2001, y los preceptos 1 y 3 de la ley 20 de 1969, deduciendo que el juez plural err\u00f3 cuando conforme a dicha normatividad inform\u00f3 que la norma por aplicar era el C\u00f3digo de Minas, pero se distanci\u00f3 de dicho criterio al decidir no hacer uso de las normas civiles y comerciales, perdiendo de vista que por el contrario, justamente, el sentenciador de segundo grado invoc\u00f3 como columna vertebral de su decisi\u00f3n el marco del C\u00f3digo Civil, comenzando por los art\u00edculos 2512, 2518 y 2519 relacionados con el modo de adquirir la propiedad de bienes ajenos que est\u00e1n en el comercio, acorde con los art\u00edculos 2527, 2528, 2529, 2531 y 2532 de la codificaci\u00f3n sustancial. Lo que denota lo imprecisa de la censura, pues no es cierto que se hayan ignorado los lineamientos de orden privado para adoptar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, el Tribunal no solamente encar\u00f3 el estudio con apego a las normas de tipo sustancial, sino que parti\u00f3 del art\u00edculo 322 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, para desembocar en el C\u00f3digo de Minas en lo referente a los derechos adquiridos o situaciones reconocidas a favor de los particulares por las leyes preexistentes, la cual conjug\u00f3 con las disposiciones sobre minas e hidrocarburos que integr\u00f3 la Ley 20 de 1969, que previene, que si bien su propiedad corresponde a la Naci\u00f3n, esto lo es sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros, por lo que por v\u00eda de excepci\u00f3n se consent\u00eda la titularidad de los yacimientos, a quienes demostraran ser due\u00f1os y acreditaran los actos de explotaci\u00f3n, torn\u00e1ndose contraevidente la argumentaci\u00f3n presentada con el objetivo de la destrucci\u00f3n completa de la sentencia que le result\u00f3 adversa al recurrente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la acusaci\u00f3n alberga reparos desenfocados, por cuanto, en lo concerniente al art\u00edculo 29 de la Ley 685 de 2001, recurso normativo basilar de la decisi\u00f3n, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la situaci\u00f3n jur\u00eddica que regula dicho precepto no ha ocurrido en el presente caso, y dice que es err\u00f3neo el considerar que si en ese sitio donde se encuentra ubicada la mina el titular hubiese abandonado la explotaci\u00f3n, solo ser\u00eda posible la extinci\u00f3n del derecho en ese punto especifico en favor de la Naci\u00f3n. Y en la providencia cuestionada se anot\u00f3 que, ciertamente, los referidos bienes reconocidos como propiedad privada por el C\u00f3digo Minero pueden cederse a cualquier t\u00edtulo, as\u00ed como trasmitirse por causa de muerte y constituirse grav\u00e1menes sobre ellos, actos que si bien se rigen por las disposiciones de derecho civil y comercial, los derechos de los particulares se extinguen a favor de la Naci\u00f3n si hubiere cesado la explotaci\u00f3n o exploraci\u00f3n por doce (12) meses como refiere el art\u00edculo 29, lo que clausura la probabilidad de ser adquiridos por declaraci\u00f3n judicial de pertenencia, retorn\u00e1ndoles su condici\u00f3n de imprescriptibles. De esta forma, se dej\u00f3 de lado la sustentaci\u00f3n principal del fallo impugnado, desconoci\u00e9ndose la t\u00e9cnica del cargo de casaci\u00f3n enlistado en la causal primera, no solo porque no se realiz\u00f3 ning\u00fan tipo de exposici\u00f3n que permita establecer la violaci\u00f3n por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, sino que la misma luce incompleta. <\/p>\n
En verdad, es patente que nada se dijo frente a la consideraci\u00f3n del cuerpo colegiado que ante el abandono por el t\u00e9rmino de 12 meses se extingue la propiedad a favor de la Naci\u00f3n, sin distinci\u00f3n alguna frente a si lo perseguido es una zona especifica o la totalidad del \u00e1rea imprescriptible, bien sea que se pretenda de manera \u00edntegra o parcial, por cuanto pese a que el objeto pretendido es del dominio de una persona jur\u00eddica privada como la demandada, dicha situaci\u00f3n no modifica el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo de Minas. <\/p>\n
En igual sentido, se observa que se dej\u00f3 de combatir lo referente a la afirmaci\u00f3n del Tribunal sobre los actos de registro de car\u00e1cter taxativo a que refiere el art\u00edculo 333 de la Ley 685 de 2001, lista restrictiva en la que no se contemplan las sentencias judiciales, ignorando la carga de refutar de forma completa los pilares en que se construy\u00f3 el fallo confutado. <\/p>\n
De esta manera, el recurrente desperdici\u00f3 la oportunidad de exponer con suficiencia los argumentos en que el Tribunal labr\u00f3 su decisi\u00f3n, con los que quebrant\u00f3 o trasgredi\u00f3 la ley, incurriendo en una falta de orden t\u00e9cnico y por lo mismo inadmisible, por cuanto como lo ha se\u00f1alado la Corte este especial recurso <\/p>\n
\u00abha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo (\u2026)\u00bb (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala).6 <\/p>\n
En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resta decir, que esta Sala no encuentra razones suficientes para seleccionar la sentencia acusada, toda vez que a la parte actora se le garantizaron sus derechos superiores y se le resolvi\u00f3 su proceso en debida forma, sin que se advierta una afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico o de la legalidad, o se requiera rectificar un punto en derecho para fines de unificaci\u00f3n de jurisprudencia, sin verse comprometido ning\u00fan derecho de orden constitucional, y la decisi\u00f3n acusada no afect\u00f3 norma sustancial alguna ni apartada del soporte probatorio debidamente recaudado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Hern\u00e1n Rojas Guzm\u00e1n interpuso frente a la sentencia de 26 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso adelantado contra Sociedad Minera Croesus S.A.S. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Propuesta conjuntamente por el curador de los indeterminados y la parte demandada. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AC2947-2017, reiterado en AC6078-2021. <\/p>\n
3\u0002AC5863-2021. <\/p>\n
4\u0002 AC4031-2021. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Bogot\u00e1, Colombia. Editorial. P\u00e1g 660. <\/p>\n
6\u0002 AC5397-2021. <\/p>\n
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AC1269-2022 (2015-00193-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente AC1269-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b017614-31-03-001-2015-00193-01 (Aprobado en sala de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Hern\u00e1n Rojas Guzm\u00e1n, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62435","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62435"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62435\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62435"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62435"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}