AC1338-2022 (2017-00410-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-024-2017-00410-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre de Sonia Aleyda Parra Rojas, frente a la sentencia del 24 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que en su contra promovi\u00f3 Alberto Parra Boh\u00f3rquez, con escrito de mutua petici\u00f3n y demanda acumulada de Vilma Andrea Parra Losada frente a la recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda inicial, el promotor pidi\u00f3 que se declarara la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n, insinuaci\u00f3n y usufructo, contenidas en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1327 y 1328 del 16 de diciembre de 2016, de la Notar\u00eda Segunda de Pamplona, por omisi\u00f3n de los requisitos establecidos en los art\u00edculos 1\u00b0 y 3\u00b0 del decreto 1712 de 1989, as\u00ed como por error y dolo de la donataria. <\/p>\n
En adici\u00f3n, deprec\u00f3 declarar la ingratitud de Sonia Aleyda Parras Rojas por haber actuado con error y dolo, o subsidiariamente, la revocatoria de la donaci\u00f3n por ingratitud. <\/p>\n
2. El accionante fundament\u00f3 sus reclamados en los hechos que admiten el siguiente compendio (folios 40 a 52 del cuaderno 1): <\/p>\n
2.1. Es una persona de 83 a\u00f1os de edad, con tres (3) hijos matrimoniales y una (1) extramatrimonial, cuyos bienes de valor est\u00e1n representados en una casa habitaci\u00f3n ubicada en Bogot\u00e1 (matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50C-229697) y unas bodegas en Moniquir\u00e1 (matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 083-23431). <\/p>\n
2.2. La convocada era su colaboradora en sus actividades diarias, lo que inclu\u00eda el manejo de sus cuentas bancarias. <\/p>\n
2.3. \u00ab[L]a demandada aprovechando la cercan\u00eda, influencia y dependencia emocional\u2026 mediante enga\u00f1os y artima\u00f1as\u2026 logr[\u00f3] el convencimiento [de] que sus hijos leg\u00edtimos\u2026 eran ingratos, lo quer\u00edan asesinar\u2026 [y] fue inducido a realizar una venta simulada de todos sus bienes\u2026 para desheredar a todos los hijos leg\u00edtimos\u00bb, como consta en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 92 y 94 del 25 de enero de 2016, de la Notar\u00eda Primera de Moniquir\u00e1. <\/p>\n
2.4. Con la convicci\u00f3n de que le ser\u00edan retornadas sus propiedades, Sonia Aleyda Parra Rojas lo llev\u00f3 \u00aba una ciudad desconocida por \u00e9l\u2026 en las horas de la noche fue llevado a un recinto que se identificaba como notaria segunda de la ciudad de Pamplona\u2026 En esta notar\u00eda fue inducido a firmar unos documentos, los cuales no pudo leer porque adem\u00e1s de su baja escolaridad\u2026, el estado de cansancio del extenso viaje por carretera[,] simplemente confi\u00f3 en las buenas intenciones de su hija\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con posterioridad le quitaron el control de sus activos, incluyendo los arriendos de las bodegas de Moniquir\u00e1; aunque despu\u00e9s de trasladarse a Bogot\u00e1, con la ayuda de familiares, pudo recobrar un CDT y sus chequeras. <\/p>\n
2.6. Estim\u00f3 que las donaciones realizadas incumplieron las normas vigentes en punto a: (I) la jurisdicci\u00f3n de la notar\u00eda, (II) la prueba del valor comercial de los bienes donados, (III) la congrua subsistencia del donante, y (IV) la existencia de error y dolo por parte de la donataria. <\/p>\n
3. Despu\u00e9s de agotado el tr\u00e1mite de enteramiento, la convocada clarific\u00f3 algunos hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso la excepci\u00f3n que intitul\u00f3 \u00abnadie puede alegar a su favor su propia culpa\u00bb, fundamentada en que \u00abel mismo se\u00f1or Alberto Parra Boh\u00f3rquez [fue] quien estructur\u00f3 todo un andamiaje para hacerle creer a la demandada que parte de [las donaciones] ser\u00eda para el pago de sus honorarios\u00bb (folios 111 a 124). <\/p>\n
5. El fundamento de la mutua petici\u00f3n puede resumirse as\u00ed (folios 58 a 69 del cuaderno 2): <\/p>\n
5.1. Asegur\u00f3 que una vez recibi\u00f3 la propuesta de su padre, para consolidar la empresa Comestibles Coralina, la acept\u00f3 en el a\u00f1o 2002. \u00abLas condiciones que pact[\u00f3 fueron]\u2026 las de estar al frente del proyecto (construcci\u00f3n de bodegas) cuando no pudiera estar el reconvenido\u00bb, con una contraprestaci\u00f3n mensual de $2.400.000 inicialmente, aumentada a $3.000.000 en el a\u00f1o 2011. <\/p>\n
5.2. Cumpli\u00f3 las \u00f3rdenes de su progenitor, al punto que fue reconocida como su persona de confianza y \u00abtodera\u00bb, asumiendo la coordinaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de las bodegas y, con posterioridad, los movimientos financieros de la empresa. <\/p>\n
5.3. \u00abCon el pasar de los d\u00edas, el se\u00f1or Alberto Parra Boh\u00f3rquez, no realizaba ning\u00fan pago por la prestaci\u00f3n de los servicios\u2026 Lo anterior no generaba preocupaciones, pues\u2026 su padre le indicaba que le iba a pagar\u00bb. <\/p>\n
5.4. \u00abCon el pasar de los a\u00f1os, el padre\u2026 le empez\u00f3 a manifestar que sus bienes pasar\u00edan en cabeza de esta, para as\u00ed, finalmente, reconocerle el pago de lo adeudado. Solicitando un hecho adicional, que le ayudara a su hijo, Luis Alberto Parra Rueda, pues su condici\u00f3n mental no es la m\u00e1s saludable\u00bb. <\/p>\n
5.5. Estim\u00f3 que su progenitor estructur\u00f3 un plan para no pagarle su remuneraci\u00f3n, incluso con compraventas que no reun\u00edan los requisitos legales, con la expresa advertencia de que \u00ablos inmuebles que son objeto de demanda de reconvenci\u00f3n, son los mismos sobre los cuales se bas\u00f3 la demanda inicial que versa sobre el expediente\u00bb. <\/p>\n
6. Vilma Andrea Parra Boh\u00f3rquez acumul\u00f3 demanda contra Sonia Aleida Parra Rojas, con el fin de declarar la nulidad absoluta de los actos de donaci\u00f3n con usufructo insertos en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1327 y 1328 del 16 de diciembre de 2016, otorgadas en la Notar\u00eda Segunda de Pamplona, por la desatenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n notarial y la prueba fehaciente del valor comercial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reclam\u00f3 la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa sobre los predios con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50C-229697 y 083-23431, a que se refieren las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 092 y 094 del 25 de enero de 2016, de la Notar\u00eda Primera de Moniquir\u00e1, para que prevalezcan las donaciones ocultas y que se declare su nulidad por falta de insinuaci\u00f3n. <\/p>\n
7. El soporte f\u00e1ctico de la demanda acumulada admite el subsiguiente compendio (folios 9 a 17 del cuaderno 3): <\/p>\n
7.1. Sonia Aleida Parra Rojas indujo a su padre a realizar las donaciones criticadas, con el fin de defraudar las leg\u00edtimas rigurosas de sus hermanos. <\/p>\n
7.2. Asegur\u00f3 que las ventas realizadas el 25 de enero de 2016 son simuladas, \u00abporque la compradora no pag\u00f3 ning\u00fan valor ni contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por la supuesta venta y se pretendi\u00f3 encubrir una donaci\u00f3n sin mediar insinuaci\u00f3n\u00bb, aunque ciertamente los actos fueron rescindidos. <\/p>\n
7.3. Censur\u00f3 que las donaciones se hicieran en un lugar diferente al domicilio del donante. \u00ab[E]sta donaci\u00f3n presenta falta de formalidades y los requisitos que la ley exige para este acto, en el decreto 1712 de 1989\u00bb, en concreto, \u00abla jurisdicci\u00f3n del notario\u00bb y \u00abprueba fehaciuente (sic) del valor comercial\u00bb. <\/p>\n
7.4. Reliev\u00f3 \u00abla declaratoria de la venta simulada Escritura 092 y 094 del 25-01-2016\u00bb (sic), por cuanto \u00ablos posteriores actos jur\u00eddicos sobre los referidos inmuebles se encuentran trabados en litis en el proceso de la referencia y su resultado en este momento es incierto, podr\u00eda eventualmente dejar vigente el acto de venta simulada que aqu\u00ed se demanda\u00bb. <\/p>\n
8. El Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia oral el 11 de febrero de 2019, en la cual neg\u00f3 (I) \u00abla totalidad de las pretensiones de la demanda principal, por no haberse probado la ocurrencia de una nulidad absoluta\u00bb, (II) \u00ablas pretensiones de la demanda acumulada puesto que Vilma Andrea Parra Rueda carece de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para solicitarlas\u00bb y (III) \u00ablas pretensiones de la demanda en reconvenci\u00f3n en tanto no se prob\u00f3 la existencia del contrato de prestaci\u00f3n de servicios alguno\u00bb (folios 156 a 159 del cuaderno 1). <\/p>\n
9. Apelada esta decisi\u00f3n por el demandante y la demandada, el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal la revoc\u00f3 parcialmente y, en su lugar, determin\u00f3 \u00abdeclarar no probada la excepci\u00f3n denominada \u2018nadie puede alegar a su favor su propia culpa\u2019\u00bb y \u00abdeclarar la nulidad absoluta de las escrituras p\u00fablicas No 1327 y 1328 de 16 de diciembre de 2016, otorgadas en la Notar\u00eda Segunda de Pamplona\u00bb, con el efecto de cancelar las anotaciones realizadas en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 la negativa a acceder a la mutua petici\u00f3n y a la demanda acumulada (folios 19 a 28 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n
10. La demandada acudi\u00f3 al remedio extraordinario, el cual sustent\u00f3 en su oportunidad (folios 5 a 15 del cuaderno Corte). <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Una vez derrotada la ponencia original, y en lo que interesa al remedio casacional, la Sala de forma mayoritaria record\u00f3 los casos de procedencia de la nulidad en los negocios jur\u00eddicos y las personas legitimadas para su proposici\u00f3n. <\/p>\n
Con posterioridad, a partir de una lectura conjunta de los art\u00edculos 1458 y 1493 del C\u00f3digo Civil, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, estim\u00f3 que el legislador rode\u00f3 de m\u00faltiples exigencias la manifestaci\u00f3n de voluntad del donante, con el fin de garantizar la pureza del acto. <\/p>\n
En el presente caso, si bien donante y donatario concurrieron al recinto notarial, y se cumpli\u00f3 con la insinuaci\u00f3n, lo cierto es que las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1327 y 1328 del 16 de diciembre de 2016 fueron otorgadas en la Notar\u00eda Segunda de Pamplona, con la expresa aceptaci\u00f3n de que el domicilio de Alberto Parra Boh\u00f3rquez era Moniquir\u00e1; afirmaci\u00f3n que encuentra respaldo en la contestaci\u00f3n de la demanda, la declaraci\u00f3n de Blanca \u00c1vila -encargada de los oficios varios en la vivienda de aqu\u00e9l-, y las aserciones contenidas en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 092 y 094 del 25 de enero de 2016. <\/p>\n
Frente a lo anterior, como la ley impuso que la insinuaci\u00f3n debe hacerse en el domicilio del donante, coligi\u00f3 el sentenciador que los actos de donaci\u00f3n est\u00e1n afectados de nulidad absoluta. <\/p>\n
Descart\u00f3 que la citada irregularidad fuera un defecto relativo a la calidad del donante o a sus atributos de la personalidad, toda vez que, por tratarse de una formalidad establecida por el legislador, su cumplimiento deviene imperativo por fuerza del precepto 18 del estatuto civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la excepci\u00f3n propuesta, en el sentido de que el demandante fue quien determin\u00f3 que los actos notariales se hicieran en Pamplona, estim\u00f3 que esta afirmaci\u00f3n no se prob\u00f3 y, con todo, carece de relevancia, pues el legislador se\u00f1al\u00f3 de manera minuciosa los requisitos del contrato de donaci\u00f3n y su inobservancia conduce a la nulidad, la cual debe declararse incluso de forma oficiosa. <\/p>\n
Por lo expuesto, orden\u00f3 devolver las cosas al estado precontractual, en el sentido de que la nuda propiedad retorne al donante, ya que el usufructo siempre lo conserv\u00f3. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Endilg\u00f3 una transgresi\u00f3n de los art\u00edculos 1741, 1742 y 1743 del C\u00f3digo Civil, por el desconocimiento del canon 2\u00b0 del decreto 1712 de 1989, en tanto la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n s\u00f3lo es procedente por la ausencia de insinuaci\u00f3n, la no presentaci\u00f3n personal de donante o donatario, o la falta de escritura p\u00fablica. <\/p>\n
De acuerdo con estas disposiciones, \u00aben ninguno de estos eventos se genera nulidad absoluta por la celebraci\u00f3n en domicilio distinto del donante\u00bb. Y es que, \u00abse generan nulidades relativas cuando se habla de la calidad de la persona, las cuales tambi\u00e9n corresponden al lugar de la realizaci\u00f3n de la insinuaci\u00f3n que corresponden al domicilio del donante\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en las donaciones criticadas, no se incumpli\u00f3 con los requisitos relativos a la naturaleza del negocio -aval\u00fao, certificado de libertad y tradici\u00f3n, y constancia de que el donatario contaba con lo necesario para la congrua subsistencia-. \u00abNo ocurriendo lo propio en cuanto a la calidad de las partes, puesto que en las mismas escrituras se indica que el se\u00f1or Parra se domiciliaba en el domicilio de Moniquir\u00e1\u2026 hay una carencia pero exclusivamente en la calidad de la persona y no a la naturaleza del negocio y por lo tanto no hay lugar a predicarse la nulidad absoluta, sino la relativa\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 casar el veredicto del Tribunal y declarar que no es procedente reconocer la nulidad absoluta de las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1327 y 1328 del 16 de diciembre de 2016. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dentro de la clasificaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n a que se refiere el t\u00edtulo \u00fanico de la Secci\u00f3n Sexta del C\u00f3digo General del Proceso, la casaci\u00f3n conserva su naturaleza extraordinaria, como se infiere de su procedencia limitada respecto a determinadas sentencias (art\u00edculo 334), por causales taxativas (art\u00edculo 336) y previo cumplimiento de los requisitos para su concesi\u00f3n (art\u00edculos 337, 338 y 340) y admisi\u00f3n (art\u00edculos 342, 344 y 346). <\/p>\n
La Sala admite pac\u00edficamente esta caracter\u00edstica en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[L]a casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, cuyo prop\u00f3sito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, [por lo que se] exige que el escrito presentado para sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, pues, por cuanto se trata de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, la labor de la Corte queda reducida al marco que el acusador establezca, de donde se sigue que es a \u00e9ste a quien con exclusividad le toca delimitar el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el Tribunal incurri\u00f3 en el desatino. <\/p>\n
De este modo, sea cual fuere la causal que se aduzca, esto es, independientemente que la cr\u00edtica cuestione vicios de juzgamiento o in procedendo, ese libelo constituye la moldura dentro de la cual la Corporaci\u00f3n debe discurrir su actividad; de ah\u00ed que competa al censor atender un m\u00ednimo de exigencias en procura de tornar id\u00f3nea la respectiva sustentaci\u00f3n; pues es a \u00e9l a quien corresponde delinear los perfiles dentro de los que ha de discurrir la Corte como Tribunal de Casaci\u00f3n (AC219, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00048-01). <\/p>\n
2. Dentro del anterior contexto, el precepto 344 del C\u00f3digo General del Proceso establece, como requisitos especiales del escrito de sustentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n, \u00abla formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb (negrilla fuera de texto, numeral 2\u00b0). <\/p>\n
La claridad consiste en que \u00abla persona que acude a este mecanismo [formule] sus embates\u2026 con la indicaci\u00f3n de las razones por las cuales considera que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 y c\u00f3mo tal dislate tiene la virtualidad de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n. No es posible soportar la acusaci\u00f3n en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (AC3919, 20 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00650-01). <\/p>\n
La precisi\u00f3n obliga a \u00abque los embistes [est\u00e9n] orientados hacia los fundamentos reales de la decisi\u00f3n atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminaci\u00f3n no pueda ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentaci\u00f3n de la providencia cuya anulaci\u00f3n se pretende\u00bb (AC028, 16 en. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00380-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la completitud \u00abimpone al promotor que ataque la totalidad de las premisas del fallo cuestionado, de suerte que las controvierta en su integridad, sin que ninguna de ellas pueda quedar desprovista de cuestionamiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de acusaciones soportadas en la conculcaci\u00f3n directa de normas de derecho sustancial, los anteriores requisitos se expresan, en cuanto interesan al sub examine, as\u00ed: <\/p>\n
3.1. La claridad reclama, adem\u00e1s de la invocaci\u00f3n de por lo menos una disposici\u00f3n sustancial, la explicaci\u00f3n sobre la forma en que se configur\u00f3 la transgresi\u00f3n y su relevancia para la resoluci\u00f3n de la controversia, sin incurrir en ambig\u00fcedades o vaguedades que impidan desentra\u00f1ar el sentido de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese el pensamiento de la Sala: <\/p>\n
[C]uando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Adicionalmente, la violaci\u00f3n directa de la ley\u2026 \u2018es necesario demostrarla\u2019, por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreci\u00f3n debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo preciso que se manifieste en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal conducta y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte (CSJ, AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01, reiterado en AC280-2021)\u2026 (AC5722, 2 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2009-00595-01). <\/p>\n
3.2. La precisi\u00f3n se manifiesta en que la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada por el recurrente se encamine a desvirtuar la premisa mayor del razonamiento que sirvi\u00f3 al Tribunal para soportar su fallo, en el sentido de contradecir o desvirtuar las fuentes normativas que consider\u00f3 el sentenciador, o su adecuada hermen\u00e9utica. <\/p>\n
La jurisprudencia ha decantado que: <\/p>\n
El censor tiene a su cargo la tarea de presentarle a esta Colegiatura una cr\u00edtica acompasada con los pilares de la sentencia. Esto es, que guarden relaci\u00f3n con sus argumentos (simetr\u00eda), que los destruya totalmente (plenitud). Para as\u00ed derruir tambi\u00e9n la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que acompa\u00f1a al fallo de instancia en lo concerniente a las conclusiones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo. Tarea que, si no se evidencia, acarrea en \u00faltimas una formulaci\u00f3n de ataques sin la necesaria precisi\u00f3n o tino (desenfoque) (SC5605, 15 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00599-01). <\/p>\n
3.3. La integridad se expresa en que, el conjunto de los argumentos de derecho expuestos por el sentenciador de segunda instancia, sean criticados por el opugnante, sin dejar de lado ninguno de ellos. <\/p>\n
Es pac\u00edfico que: <\/p>\n
[E]l censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que \u2018\u2026los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u2019 (Subrayado original. AC, 29 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2008-00576-01; reiterada AC2430, 18 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2013-00429-01). <\/p>\n
4. Aplicadas las anteriores consideraciones al cargo bajo escrutinio relucen sus incorrecciones t\u00e9cnicas, por desatender algunos de los requisitos antes explicados, a saber. <\/p>\n
4.1. En el embate propuesto se ignor\u00f3 el requisito de claridad, en tanto se invocaron m\u00faltiples disposiciones sin justificar la forma en que fueron conculcadas cada una de ellas, en el contexto de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Efectivamente, en la demanda de casaci\u00f3n se listaron como vulnerados los preceptos 1741, 1742 y 1743 del C\u00f3digo Civil, relativos a la invalidez de los negocios jur\u00eddicos; sin embargo, al desarrollarse el embate, la censora \u00fanicamente se centr\u00f3 en el primero, dejando de lado cualquier dilucidaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, con el fin de explicar c\u00f3mo se desconocieron los c\u00e1nones que gobiernan la titularidad de la nulidad absoluta y relativa. <\/p>\n
Yerro que deviene trascendente de considerarse que, \u00abcomo de vieja data lo tiene dicho la jurisprudencia\u00bb, el art\u00edculo \u00ab1741 del C\u00f3digo Civil\u2026 no detenta el aludido linaje [sustancial]\u00bb, \u00abpor constre\u00f1irse a indicar\u2026 en qu\u00e9 momento\u2026 un acto o contrato\u2026 est\u00e1 viciado absoluta o relativamente\u00bb (AC4227, 20 jul. 2015, rad. n.\u00b0 1999-00358-01). De all\u00ed que resultara necesario adentrarse en los c\u00e1nones 1742 y 1743, para justificar su naturaleza y la forma en que se vulner\u00f3. <\/p>\n
La deficiencia advertida no puede solventarse de acudirse al art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 1712 de 1989, cuyo contenido fue ampliamente analizado por la opugnante, en tanto esta norma se limita a se\u00f1alar los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de una escritura p\u00fablica de donaci\u00f3n, sin gobernar lo atinente a los derechos u obligaciones que emanan para las partes vinculadas con este negocio, raz\u00f3n para descartar su sustancialidad. <\/p>\n
La Sala, al referirse a los art\u00edculos 1\u00b0 y 3\u00b0 del decreto de marras, en palabras que son aplicables mutatis mutandi al precepto 2\u00b0, conceptu\u00f3: <\/p>\n
Ambos preceptos son descriptivos en cuanto a que los notarios p\u00fablicos son competentes para autorizar las donaciones entre vivos, cuyo monto exceda los cincuenta salarios m\u00ednimos, y establecer los requisitos para su procedencia, adem\u00e1s de consagrar los elementos que debe contener el instrumento p\u00fablico a trav\u00e9s del cual se realice el aludido negocio jur\u00eddico, pero sin que en ellos se haga referencia a la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o terminaci\u00f3n de un v\u00ednculo obligacional. <\/p>\n
La Corte, en auto de 10 de septiembre de 2012, exp. 2009-00629, reiter\u00f3 que del cariz requerido en el motivo de cuestionamiento planteado, \u201ccarecen \u2018los preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u2019 (auto 5 de agosto de 2009, reiterado el 12 de abril de 2011, expedientes 1999-00453 y 2000-24058)\u201d\u2026 (AC, 10 sep. 2013, rad. n.\u00b0 1999-00358-01). <\/p>\n
Luego, sobre el cargo de cierne una obscuridad que impide adentrarse en su estudio, so pena que Corte se vea avocada a complementar la acusaci\u00f3n y, por esta senda, sacrificar el principio dispositivo. <\/p>\n
4.2. Se agrega que la censura deviene incompleta, ya que dej\u00f3 de lado la consideraci\u00f3n central del ad quem, como es que el lugar de otorgamiento del acto notarial constituye un elemento de imperativa satisfacci\u00f3n, por fuerza del canon 18 del C\u00f3digo Civil y, por ende, su desatenci\u00f3n conduce a la nulidad absoluta del acto. <\/p>\n
Para explicar, se transcribe el argumento blandido en la sentencia de 24 de septiembre de 2019: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que la ley, en relaci\u00f3n con el acto de donaci\u00f3n, impuso como requisito formal ineludible que la insinuaci\u00f3n debe realizarse ante el notario del lugar del domicilio del donante, los actos examinados se encuentran viciados de nulidad absoluta, porque se realizaron en lugar diferente al domicilio del demandante, regla \u00e9sta que hace excepci\u00f3n a la general que es la libertad de escogencia de la notar\u00eda independiente del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes. <\/p>\n
Valga aclarar que dicha irregularidad no puede tratarse como un defecto relativo a la calidad del donante y no del negocio jur\u00eddico, como lo expres\u00f3 la juez\u2026 de primer grado, o como un atributo de la personalidad como lo dijo el apoderado de la demandada principal, toda vez que ninguna otra interpretaci\u00f3n puede d\u00e1rsele a la norma en comento, si en cuenta se tiene que se trata de una formalidad impuesta por el legislador para la validez del acto notarial, que es de obligatorio cumplimiento, conforme lo dispone el art\u00edculo 18 del C\u00f3digo Civil, y su contravenci\u00f3n genera las consecuencias que se han puesto de presente (negrilla fuera de texto, audiencia de 24 de septiembre de 2019, minuto 11:18 a 11:19) <\/p>\n
Frente a este razonamiento ninguna cr\u00edtica se alz\u00f3 en casaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de insistir en que el defecto relativo a la autoridad notarial competente conduce a la invalidez relativa de la declaraci\u00f3n de voluntad, por estar asociado a \u00abla calidad de la persona\u00bb, inferencia que tampoco fue justificada dentro del marco normativo invocado como conculcado. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, ninguna manifestaci\u00f3n se hizo en torno a que el desconocimiento de requisitos legales, como los consagrados en el decreto 1712 de 1989, constituyen causal de invalidez absoluta, por fuerza del precepto 18 del C\u00f3digo Civil. En su lugar, el recurrente simplemente insisti\u00f3 en que este requerimiento se refiere a la persona, sin suministrar mayores ilustraciones, con el fin de soportar su interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta incorrecci\u00f3n, por atentar contra la exigencia de completitud, sumada a la ausencia de claridad antes advertida, conducen a la inadmisi\u00f3n del escrito de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Con todo, aunque se dejaran de lado los anteriores yerros, la demanda de casaci\u00f3n debe ser inadmitida en aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ordena que se inadmita el escrito de sustentaci\u00f3n \u00abcuando no es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u00bb. <\/p>\n
5.1. Y es que, cuando en el caso en concreto, se advierta que de tramitarse la casaci\u00f3n no se har\u00e1 realidad ninguna de sus finalidades, esto es, \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales\u2026, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb (art\u00edculo 333 del C.G.P.), deviene contrario al principio de econom\u00eda que se agote su tramitaci\u00f3n, imponi\u00e9ndose que se repela su estudio de forma inmediata. <\/p>\n
La jurisprudencia en vigor tiene dicho: <\/p>\n
Esto \u00faltimo es lo que la doctrina forjada paulatinamente por la Corte ha dado en llamar selecci\u00f3n negativa, figura que comenz\u00f3 su andadura con el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009 y que se mantuvo, con las precisiones anotadas, en el reciente estatuto adjetivo civil, y respecto de la cual se ha dicho, que su aplicaci\u00f3n \u2018no conlleva desconocer el derecho a un debido proceso constitucional y legal frente al recurrente, por cuanto la decisi\u00f3n ab initio termina adopt\u00e1ndose una vez ha sido escuchado, y respecto a la parte opositora en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, porque ninguna consecuencia adversa le acarrea, de ah\u00ed que a las claras resulta superfluo o\u00edrla con antelaci\u00f3n\u2019 (CSJ AC 3594-2018)\u2026 (AC5140, 3 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2005-00136-01). <\/p>\n
5.2. En el presente caso encuentra la Sala que, la interpretaci\u00f3n dispensada por el ad quem al art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 1712 de 1989, resulta adecuada a su contenido y al contexto de las normas que gobiernan la nulidad, lo que descarta una afectaci\u00f3n evidente a los derechos de la convocada. <\/p>\n
Se caracteriza, entonces, como un negocio jur\u00eddico gratuito, en el que solamente se grava el patrimonio del donante en favor del donatario, quien por este hecho recibe un beneficio. De all\u00ed que \u00ab[n]o hay donaci\u00f3n si habiendo por una parte disminuci\u00f3n de patrimonio, no hay por otra aumento; como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada, y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero\u00bb (art\u00edculo 1455 del estatuto civil). <\/p>\n
Precisamente, por el \u00e1nimo de liberalidad que es connatural a la donaci\u00f3n, y que puede afectar la subsistencia del donante o reducir ostensiblemente la prenda general de garant\u00eda, el legislador la someti\u00f3 a unas formalidades especiales, que son extra\u00f1as a otras manifestaciones de voluntad. <\/p>\n
5.2.2. La necesidad de insinuaci\u00f3n es un claro ejemplo de estas solemnidades, esto es, la autorizaci\u00f3n emanada de la autoridad competente para el perfeccionamiento del contrato, sometida al cumplimiento de todos los requisitos legales, para aquellas donaciones que superen el valor de cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales. <\/p>\n
Figurada tomada del derecho romano postcl\u00e1sico y exigida \u00abpor un doble motivo: a) Primero, en inter\u00e9s del donante y de su familia, pues la publicidad es a menudo un obst\u00e1culo a las liberalidades exageradas\u2026; b) Luego, en inter\u00e9s de terceros, que la publicidad pone en guardia contra los peligros de una liberalidad clandestina\u00bb (negrilla fuera de texto)1. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina asevere que \u00fanicamente \u00ablas donaciones moderadas[,] que no ponen en peligro la posibilidad de pagar a los acreedores o que no lesionen en forma notable las leg\u00edtimas de los hijos, constituyen una donaci\u00f3n l\u00edcita seg\u00fan la costumbre\u00bb2. <\/p>\n
5.2.3. Dentro de este contexto se explica que, el original art\u00edculo 1458 del C\u00f3digo Civil, exigiera que el donante gestionara una insinuaci\u00f3n ante el \u00abjuez competente\u00bb, so pena de que las donaciones, en cuanto excedieran de \u00abdos mil pesos\u00bb, fueran nulas. <\/p>\n
En consuno, el anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estableci\u00f3 que \u00ab[l]a insinuaci\u00f3n para donaciones entre vivos\u00bb deb\u00eda tramitarse como procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria (art\u00edculo 648), con los requisitos de notificaci\u00f3n, contradicci\u00f3n y publicaci\u00f3n propios de un juicio. <\/p>\n
Sin embargo, con la entrada en vigencia del decreto 1712 de 1989 se moriger\u00f3 el rigor de la insinuaci\u00f3n, por cuanto: (I) dej\u00f3 de requerirse un proceso judicial para obtenerla; (II) se permiti\u00f3 a los notarios emitirla; y (III) se excus\u00f3 su necesidad trat\u00e1ndose de donaciones inferiores a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales. <\/p>\n
Este relajamiento estuvo aparejado de la consagraci\u00f3n de nuevas exigencias, tendientes a facilitar el control de legalidad por parte de los notarios y favorecer la publicidad del acto. As\u00ed, los art\u00edculos 1\u00b0 a 3\u00b0 del referido decreto impusieron que, el tr\u00e1mite notarial, est\u00e1 condicionado a que: (I) donante y donatario sean plenamente capaces; (II) la solicitud debe ser realizada de com\u00fan acuerdo por los interesados; (III) la petici\u00f3n debe ser presentada personalmente o por conducto de apoderado judicial; (IV) el pedimento debe ser radicado ante el notario del domicilio del donante y, en caso de multiplicidad, en el asiento principal de sus negocios; y (V) debe aportarse \u00abprueba fehaciente del valor comercial del bien, de la calidad de propietario del donante y de que \u00e9ste conserva lo necesario para su congrua subsistencia\u00bb. <\/p>\n
La Corte, refiri\u00e9ndose a este cambio, asegur\u00f3: <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, a trav\u00e9s del decreto 1712 de 1\u00ba de agosto de 1989, que modific\u00f3 el art\u00edculo 1458 del C\u00f3digo Civil, el legislador, por un lado, autoriz\u00f3 que el tr\u00e1mite relativo a la insinuaci\u00f3n de la donaci\u00f3n se adelantara ante notario p\u00fablico, en aquellos eventos en que su cumplimiento se hiciera necesario; y, por el otro, estableci\u00f3 los nuevos criterios mediante los cuales tal dispensa emerg\u00eda inevitable, determin\u00f3 la solemnidad mediante la cual deb\u00edan otorgarse las donaciones y se\u00f1al\u00f3 los presupuestos que tendr\u00eda que reunir el acto que la contuviera. <\/p>\n
En efecto, desde la vigencia de dicho ordenamiento jur\u00eddico le corresponde al notario autorizar, mediante escritura, las donaciones cuyo valor exceda la suma de cincuenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, en aquellos eventos en que donante y donatario sean plenamente capaces, no contravengan ninguna disposici\u00f3n legal y lo soliciten de com\u00fan acuerdo por medio de escrito presentado personal y conjuntamente ante el notario del domicilio del primero, como lo prescriben los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba. Ahora bien, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00ba del mentado estatuto, se tiene que el instrumento p\u00fablico por cuyo conducto el fedatario autorice la correspondiente donaci\u00f3n, adem\u00e1s de los requisitos que le son propios y los exigidos por la ley, debe contener \u201cla prueba fehaciente del valor comercial del bien, de la calidad de propietario del donante y de que \u00e9ste conserva lo necesario para su congrua subsistencia\u201d. Y aun cuando la insinuaci\u00f3n, en aquellos casos legalmente requeridos, constituye, per se, un tr\u00e1mite independiente y antelado a la donaci\u00f3n propiamente dicha, lo cierto es que tal exigencia puede cumplirse y acreditarse en el mismo acto contentivo de \u00e9sta, en trat\u00e1ndose de objetos respecto de los cuales se requiera la solemnidad del documento escriturario para su transferencia, pues no otra cosa es lo que emerge del art\u00edculo 4\u00ba del citado decreto al prescribir que \u201ccuando se trate de bienes para cuya enajenaci\u00f3n seg\u00fan la ley se requiera escritura p\u00fablica, el mismo instrumento podr\u00e1 contener la insinuaci\u00f3n y la respectiva donaci\u00f3n\u201d (SC, 14 ag. 2006, rad. n.\u00b0 2001-00029-01). <\/p>\n
Recientemente reiter\u00f3: <\/p>\n
Para que pueda darse la insinuaci\u00f3n notarial es necesario, en primer lugar, que \u201cdonante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de com\u00fan acuerdo y no se contravenga ninguna disposici\u00f3n legal\u201d (art. 1\u00ba, Decreto 1712 de 1989); y, en segundo t\u00e9rmino, que la respectiva petici\u00f3n sea \u201cpresentada personal y conjuntamente\u201d por los dos o por \u201csus apoderados, ante el notario del domicilio del primero\u201d, o del lugar que corresponda al asiento principal de sus negocios, si tuviere varios (art. 2\u00ba, ib.) (SC10169, 26 jul. 2016, rad. n.\u00b0 2009-00210-01). <\/p>\n
5.2.4. Las nuevas exigencias constituyen en requisitos ad sustantiam actus de la insinuaci\u00f3n notarial, por tratarse de formalidades indispensables para que alcance efectos jur\u00eddicos, cuya ausencia conduce a la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n soportada en la misma, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil: \u00abla nulidad producida por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos\u2026 son nulidades absolutas\u00bb. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que encuentra respaldo en la doctrina especializada, a saber: \u00abLas causales de nulidad absoluta son\u2026 Falta de formalidades exigidas para la validez del negocio por raz\u00f3n de su naturaleza, no de la calidad o estado de los autores, por ejemplo: escritura p\u00fablica para los negocios sobre derechos inmuebles, insinuaci\u00f3n (autorizaci\u00f3n judicial) para donaciones superiores a cincuenta salarios m\u00ednimos\u00bb.3 <\/p>\n
Luego, siendo la donaci\u00f3n un contrato solemne, as\u00ed como la insinuaci\u00f3n notarial, en tanto est\u00e1n sujetos \u00aba la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ning\u00fan efecto civil\u00bb, la ausencia de cualquiera de ellas conduce a restarle efectos jur\u00eddicos por desatender normas de orden p\u00fablico. Remem\u00f3rese que \u00abla formalidad se exige so pena de nulidad, o sea que imperativamente la impone la ley y la voluntad por s\u00ed sola resulta impotente para hacer nacer un acto v\u00e1lido\u00bb (SC, 24 may. 2000, exp. n.\u00b0 5267). <\/p>\n
Y es que las exigencias del decreto 1712 de 1989, en verdad, protegen a la sociedad en conjunto, al impedir que por fuerza de un acto gratuito una persona termine sin la capacidad patrimonial requerida para atender las obligaciones adquiridas, en perjuicio de los acreedores, o sin los recursos necesarios para subsistir en condiciones de dignidad, trasladando esta carga a la colectividad, de all\u00ed que observancia devenga forzosa por mandato de los art\u00edculos 18 y 1519 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese el pensamiento de este \u00f3rgano de cierre, al referirse a la incorporaci\u00f3n de los requerimientos de marras: \u00abprocura de salvaguardar los intereses del donante, pues con ellos, por ejemplo, se busca que el donante no quede sin los recursos indispensables para su adecuado sostenimiento, o evitar que los bienes a donar sean declarados por un valor inferior al que requiere insinuaci\u00f3n\u00bb (SC5131, 15 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2004-00250-01). <\/p>\n
5.2.5. Incluso, un an\u00e1lisis particular del art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 1712 de 1989, seg\u00fan la cual \u00ab[l]a solicitud deber\u00e1 ser presentada personal y conjuntamente por el donante y el donatario o sus apoderados, ante el notario del domicilio del primero de ellos\u00bb, conduce al resultado antes mencionado. <\/p>\n
Justamente, la exigencia transcrita dista de corresponder a una exigencia propia de las calidades personales del donante, como su capacidad, discernimiento, solvencia o liquidez; en realidad, define cu\u00e1l es la autoridad notarial competente para conocer de estos tr\u00e1mites, aspecto legal externo a los sujetos en s\u00ed mismos considerados. Y como \u00abla intervenci\u00f3n de funcionario determinado\u00bb constituye un ejemplo de las \u00absolemnidades ad substantiam actus\u00bb, su desconocimiento incide en la \u00abculminaci\u00f3n del acto o su eficacia\u00bb4. <\/p>\n
Interpretaci\u00f3n que se nutre de la finalidad subyacente a esta exigencia, como es permitir que los acreedores y herederos conozcan la circunscripci\u00f3n territorial en que el donante pudo haber dispuesto indiscriminadamente de sus activos y, por fuerza de la publicidad de las escrituras p\u00fablicas, tengan la informaci\u00f3n requerida para impetrar las acciones de reconstituci\u00f3n o compensatorias que resulten procedentes. <\/p>\n
5.2.6. En el sub examine, como deviene pac\u00edfico que el se\u00f1or Alberto Parra Boh\u00f3rquez efectu\u00f3 las insinuaciones y donaciones ante el Notario Segundo de Pamplona, a pesar de que era vecino de Moniquir\u00e1, como lo se\u00f1al\u00f3 el ad quem en consideraciones que resultan intangibles en este momento procesal, refulge con claridad el desconocimiento del requisito contenido en el art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 1712 de 1989. <\/p>\n
La anterior inobservancia conduce a la nulidad absoluta de los actos dispositivos, por mandato del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, como acertadamente lo colig\u00f3 el Tribunal, lo que excluye que en el fallo criticado se incurriera en una evidente transgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento de Sonia Aleyda Parra Rojas, motivo para su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
6. En resumen, por errores t\u00e9cnicos en la proposici\u00f3n de la censura, as\u00ed como por la ausencia de un indiscutible error de juzgamiento en perjuicio de la recurrente, el \u00fanico cargo propuesto debe ser repelido a estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por en nombre de Sonia Aleyda Parra Rojas, frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que en su contra promovi\u00f3 Alberto Parra Boh\u00f3rquez, con escrito de mutua petici\u00f3n y demanda acumulada. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Eug\u00e9ne Petit, Tratado elemental de derecho romano, Ed. Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, p. 434 y 435. <\/p>\n
2\u0002 Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo IV, De los contratos, Temis, 1975, p. 175. <\/p>\n
3\u0002 Miguel Betancourt Rey, Derecho privado, Categor\u00edas b\u00e1sicas, Universidad Nacional de Colombia, 1996, p. 226. <\/p>\n
4\u0002 Fernando Hinestrosa, Derecho Civil, Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, 1969, p. 206 y 207. <\/p>\n
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AC1338-2022 (2017-00410-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-024-2017-00410-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}