AC1339-2022 (2017-00541-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1339-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2017-00541-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal que promovi\u00f3 Feparvi S.A.S. contra Laura Paola Garz\u00f3n Pinz\u00f3n como heredera determinada de Camilo Garz\u00f3n Silva, los herederos indeterminados y Carlos Manuel Mujica Duarte. <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su reforma, la accionante pidi\u00f3 ser declarada como la actual cesionaria y \u00fanica titular del cr\u00e9dito contenido en el contrato de corretaje de fecha 16 de noviembre de 2010 -consistente en la obligaci\u00f3n de transferir 6.888 metros cuadrados del lote de terreno El Cangrejal, identificado con la matr\u00edcula 50N-867256 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos-, as\u00ed como de la hipoteca de segundo grado constituida para garantizar tal deuda, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, sobre el 25% del derecho de dominio del predio mencionado, cuyos deudores hipotecarios son V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho. <\/p>\n
Y se proclame que el gravamen citado fue indebidamente relacionado como activo en el juicio de sucesi\u00f3n de Camilo Garz\u00f3n Silva que cursa en el Juzgado 25 de Familia de Bogot\u00e1, por ende, tal cr\u00e9dito y la hipoteca deben ser excluidos de la masa partible. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de esas s\u00faplicas anot\u00f3 la reclamante, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Camilo Garz\u00f3n Silva fue el inicial acreedor de la obligaci\u00f3n surgida del contrato de corretaje de 16 de noviembre de 2010 -consistente en transferir 6.888 metros cuadrados del lote de terreno El Cangrejal identificado con la matr\u00edcula 50N-867256 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos-, la cual obtuvo por su labor de intermediaci\u00f3n en la compra de una porci\u00f3n de ese fundo que realizaron V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho a su anterior propietaria, Julia Torres Calvo. <\/p>\n
2.2. Tal deuda fue garantizada a trav\u00e9s de la hipoteca de segundo grado que los compradores constituyeron a favor de Garz\u00f3n Silva, mediante la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, la cual, aduce la demandante, tambi\u00e9n contiene la obligaci\u00f3n principal. <\/p>\n
2.3. Posteriormente Camilo Garz\u00f3n Silva, con escrito de 28 de junio de 2011 denominado \u00abcontrato de venta de derechos \u2013 cesi\u00f3n de derecho hipotecario\u00bb, cedi\u00f3 a Carlos Manuel Mujica Duarte el cr\u00e9dito y la garant\u00eda real mencionada, con entrega de la primera copia de la aludida escritura p\u00fablica, que presta m\u00e9rito ejecutivo, cesi\u00f3n notificada a los deudores el 16 de abril de 2012 y recibida a satisfacci\u00f3n por el cesionario; quien a su vez la cedi\u00f3 a Feparvi Ltda., hoy Feparvi S.A.S., el 19 de marzo de 2013, con entrega de otra reproducci\u00f3n de la aludida hipoteca y del original del contrato de corretaje. <\/p>\n
2.4. No obstante lo anterior, en el proceso de sucesi\u00f3n de Camilo Garz\u00f3n Silva que cursa en el Juzgado 25 Familia de Bogot\u00e1, en el cual solo ha sido reconocida como heredera Laura Paola Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, fue aprobado el inventario y los aval\u00faos que incluyeron la hipoteca mencionada, para lo cual tal heredera aport\u00f3 la doceava copia de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, a pesar de que el art\u00edculo 80 del decreto 960 de 1970 consagra que la \u00fanica que presta m\u00e9rito ejecutivo es la primera copia, al punto que ella previamente intent\u00f3 iniciar juicio ejecutivo hipotecario con aquella reproducci\u00f3n ante el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, siendo negado el mandamiento de pago por no aportar la citada copia. <\/p>\n
3. Una vez vinculados al tr\u00e1mite, Carlos Manuel Mujica Duarte guard\u00f3 silencio; Laura Paola Garz\u00f3n Pinz\u00f3n se opuso al petitum y propuso las excepciones de m\u00e9rito de \u00abnulidad absoluta de la tradici\u00f3n de la hipoteca\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abtacha de falsedad\u00bb; el curador ad-litem designado a los herederos indeterminados de Camilo Garz\u00f3n Silva radic\u00f3 las defensas perentorias de \u00abinoponibilidad de las cesiones celebradas, a causa de la falta de la notificaci\u00f3n de las mismas\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb. <\/p>\n
4. Agotadas las fases del proceso, el 3 de noviembre de 2020 el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 oficiosamente pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones del libelo. <\/p>\n
5. Apelada tal decisi\u00f3n por la demandante, el Tribunal la confirm\u00f3 el 17 de marzo de 2021. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. En resumen, el juzgador ad-quem, tras relacionar los tipos de acciones judiciales procedentes contra los actos de partici\u00f3n, destac\u00f3 los presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n de exclusi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1388 del C\u00f3digo Civil y de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. Seguidamente estudi\u00f3 la legitimaci\u00f3n de la demandante coligiendo, de las cl\u00e1usulas 1\u00aa, 3\u00aa y 6\u00aa del \u00abcontrato de venta de derechos \u2013 cesi\u00f3n de derecho hipotecario\u00bb, que lo cedido por Carlos Manuel Mujica Duarte a Feparvi Ltda. fue la garant\u00eda hipotecaria de segundo grado constituida por V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho a Camilo Garz\u00f3n Silva; al paso que la segunda copia de la escritura p\u00fablica de hipoteca allegada -ya que no obra en el plenario la primera- deja ver que la obligaci\u00f3n constituida a favor de Garz\u00f3n Silva consistente en transferirle 6.888 metros cuadrados del lote de terreno El Cangrejal, para cubrir sus honorarios, no est\u00e1 plasmada en el gravamen hipotecario (cl\u00e1usulas 1, 4\u00aa y 5\u00aa), sino en el contrato de corretaje (cl\u00e1usula 9\u00aa). <\/p>\n
3. Respecto del pacto hipotecario, agreg\u00f3 el fallador colegiado, Feparvi tampoco aport\u00f3 la primera copia de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, presuntamente obtenida al momento de su cesi\u00f3n, ni acredit\u00f3 haber notificado esta cesi\u00f3n a los deudores, lo cual tambi\u00e9n desemboca en la falta de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Invocando la segunda causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la accionante adujo que el fallo vulner\u00f3 por v\u00eda indirecta los art\u00edculos 1603, 1959 a 1966, 2434, 2449 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En desarrollo del reproche expuso que, al tenor del art\u00edculo 2434 del C\u00f3digo Civil, nada obsta para que en el contrato accesorio de hipoteca est\u00e9 contenido el pacto principal garantizado con aquel gravamen, como sucedi\u00f3 en el presente caso, pues as\u00ed se desprende de la lectura de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, la cual tiene como objeto garantizar \u00ab\u2026el cumplimiento de la obligaci\u00f3n surgida a favor del acreedor hipotecario y a cargo de los hipotecantes en especial para cumplir con la escrituraci\u00f3n de un \u00e1rea de terreno de (\u2026) 6.888 metros cuadrados (\u2026) conforme a contrato suscrito entre las partes en la fecha por valor de (\u2026) $4.800.000.000, obligaci\u00f3n que ser\u00e1 cumplida en los plazos y fechas establecidas en el contrato suscrito entre las partes.\u00bb <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n fuera admitido que la redacci\u00f3n de la hipoteca no permite concluir que en tal acto est\u00e9 plasmado el cr\u00e9dito garantizado, la \u00abventa de derecho – cesi\u00f3n de derecho hipotecario\u00bb ajustado entre Camilo Garz\u00f3n Silva y Carlos Manuel Mujica Duarte, as\u00ed como la cesi\u00f3n que este realiz\u00f3 a Feparvi, s\u00ed dejan ver que el objeto de este negocio no s\u00f3lo fue la garant\u00eda hipotecaria sino tambi\u00e9n al cr\u00e9dito constituido a favor de Garz\u00f3n Silva, seg\u00fan se desprende del t\u00edtulo asignado a esos convenios y de sus cl\u00e1usulas primera, a cuyo tenor el cedente \u00ab\u2026en la calidad antes anotada manifiesto que vendo al comprador cesionario los derechos contenidos en la hipoteca abierta de segundo grado de cuant\u00eda determinada constituida a favor de Camilo Garz\u00f3n Silva, (\u2026) sobre el inmueble denominado El Cangrejal\u2026\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 la recurrente que \u00abaun cuando los aludidos contratos de cesi\u00f3n no hayan sido el mejor ejemplo de claridad y rigor jur\u00eddico\u00bb, el tribunal debi\u00f3 interpretarlos conforme la intenci\u00f3n claramente conocida de la partes (art. 1618 C.C.), d\u00e1ndoles efecto \u00fatil (art. 1620 id.), de forma sistem\u00e1tica por su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica (art. 1622), teniendo en cuenta las reglas de la experiencia y aplicando el principio de la buena fe (arts. 1603 C.C. y 871 C. de Co.), pues nadie compra una hipoteca, asumiendo un costo elevado, si no trae inmerso el cr\u00e9dito garantizado. <\/p>\n
Por ende, valorado en conjunto el acervo probatorio debi\u00f3 concluirse que lo cedido fue tanto la obligaci\u00f3n principal como su garant\u00eda. Sin embargo, aplicando un razonamiento formal deductivo y una interpretaci\u00f3n literal, ajenos al raciocinio indiciario, hipot\u00e9tico y altamente probable que debe emplearse en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio, el tribunal concluy\u00f3 que lo cedido fue s\u00f3lo el gravamen hipotecario, restando todo efecto a la cesi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Visto el primero de los cuestionamientos de la recurrente concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumple las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal embate luce incompleto, valga anotar, que no toca la totalidad de los argumentos en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, en relaci\u00f3n con la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito -no respecto del contrato de hipoteca- el fallador colegiado concluy\u00f3 que la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para reconocerla como la actual acreedora, tras valorar el \u00abcontrato de venta de derechos \u2013 cesi\u00f3n de derecho hipotecario\u00bb, la segunda copia de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 y el contrato de corretaje (cl\u00e1usula 9\u00aa). <\/p>\n
La promotora repara en que fueron mal apreciados los dos primeros acuerdos, dejando al margen de su censura la estimaci\u00f3n del contrato de corretaje ajustado entre Camilo Garz\u00f3n Silva, como corredor inmobiliario, y V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho, como interesados. <\/p>\n
Entonces, esta apreciaci\u00f3n probatoria no fue combatida en el primero de los cargos expuestos por Ferpavi, como quiera que \u00fanicamente estuvo dirigida a mostrar que, seg\u00fan la lectura de la recurrente, la escritura p\u00fablica contentiva del pacto hipotecario as\u00ed como su cesi\u00f3n evidenciaban que el cr\u00e9dito radicado en cabeza de Garz\u00f3n Silva tambi\u00e9n les fue transferido. <\/p>\n
Por ende, de afirmarse que el fallador colegiado incurri\u00f3 en la errada valoraci\u00f3n probatoria a \u00e9l endilgada a trav\u00e9s del reproche de que se trata, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda por cuanto esas supuestas falencias no desvirt\u00faan el restante argumento del Tribunal, con base en el cual desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n de exclusi\u00f3n sucesoral por falta de legitimaci\u00f3n de la promotora. <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, el ataque no cumple una exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, la Corte observa que tal cargo \u00fanicamente contiene una valoraci\u00f3n probatoria basada en una disparidad de criterios, de nuevo insuficiente para habilitar este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
El estrado judicial de \u00faltima instancia, aplicando criterios de l\u00f3gica formal deductiva, fund\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de la demandante en la interpretaci\u00f3n literal del \u00abcontrato de venta de derechos \u2013 cesi\u00f3n de derecho hipotecario\u00bb, la segunda copia de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 y el contrato de corretaje (cl\u00e1usula 9\u00aa). <\/p>\n
Por su parte, la recurrente suplica una interpretaci\u00f3n erigida, supuestamente, en la intenci\u00f3n de la partes, d\u00e1ndoles efecto \u00fatil a los pactos, sistem\u00e1tica por su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia y aplicando el principio de la buena fe. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que lo expuesto en tal cr\u00edtica es una disparidad de criterios sobre la estimaci\u00f3n de los citados convenios, no un error de hecho susceptible de invocaci\u00f3n por v\u00eda de casaci\u00f3n, al punto que la censura ni siquiera argumenta si las supuestas fallas f\u00e1cticas corresponden a la preterici\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o suposici\u00f3n de los elementos probatorios, sino que, a modo de alegato de instancia, implora se acoja su apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En efecto, el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: i) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; ii) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n en que se erigi\u00f3 el cargo bajo estudio -por faltas f\u00e1cticas-, ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
Con otras palabras, el ataque no demostr\u00f3 la falencia invocada porque se limit\u00f3 a exponer un punto de vista distinto al del fallador, cuando debi\u00f3 precisar, si de un yerro de hecho se trataba, que se gener\u00f3 la omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n de las pruebas; que a causa de uno o varios de estos errores las consideraciones del juzgador se tornaron contraevidentes e insostenibles de cara a lo que revela el material suasorio, y que la decisi\u00f3n planteada en las censuras era la \u00fanica viable. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que al respecto la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
De conformidad con el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando se alegue la violaci\u00f3n de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que impone, como ha afirmado con reiteraci\u00f3n la Corte, que \u00ab…m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533;), actividades todas que conducen a la acertada confecci\u00f3n de la censura en ese preciso aspecto. En el mismo sentido ha dicho la Corte, tambi\u00e9n con insistencia, que la demostraci\u00f3n del yerro \u00ab…se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada.\u00bb(sent. de 2 de febrero de 2001, exp. 5670), por manera que se precisa una tarea de confrontaci\u00f3n o de parang\u00f3n entre lo que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o contestaci\u00f3n y lo que en verdad ella debi\u00f3 decir. (CSJ AC, 30 mar 2009, rad. 1996-08781-01). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente indic\u00f3 que \u00ab(e)n el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente. (CSJ AC, 13 ene 2013, rad. 2009-00406). <\/p>\n
Es que admitir a tr\u00e1mite un escrito casacional fundado tan s\u00f3lo en un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente al plasmado en la providencia atacada desconocer\u00eda la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida la sentencia de \u00faltima instancia, como quiera que las conclusiones del juez fundadas en el examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n de un yerro apreciativo, evidente, incuestionable y trascendental, que en el caso de autos no se mostr\u00f3. <\/p>\n
Esa falencia tambi\u00e9n es motivo de inadmisi\u00f3n del libelo casacional porque, aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse la demanda, tanto por defectos formales como por errores t\u00e9cnicos, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Corte inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendr\u00e1 de seleccionarla en las siguientes hip\u00f3tesis: a) porque acusa errores de t\u00e9cnica, que adem\u00e1s de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualizaci\u00f3n de pruebas o la ausencia de demostraci\u00f3n del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casaci\u00f3n; c) porque los supuestos yerros f\u00e1cticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostr\u00f3 el error de derecho alegado o \u00e9ste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garant\u00edas de las partes ni comportaron una lesi\u00f3n may\u00fascula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se viol\u00f3, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. 2008-00668-01, entre otros). <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo tambi\u00e9n padece del referido desatino, suficiente para impedir su admisi\u00f3n, pues la argumentaci\u00f3n presentada para sustentarlo no pas\u00f3 de ser un alegato de instancia, ajeno a esta sede. <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, recuerda la Sala, porque viene al caso, que la interpretaci\u00f3n de un acuerdo de voluntades por el operador judicial s\u00f3lo constituye error de hecho cuando resulta abiertamente desfasada, en tanto que si existen varias y razonables sendas interpretativas cuando el administrador de justicia discurre por una de ellas esto no configura yerro f\u00e1ctico susceptible de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente en un caso de contornos similares esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Quiz\u00e1, precisamente en las condiciones anotadas, no est\u00e9 por dem\u00e1s recordar, como de manera inveterada lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, que \u201csi el juzgador, en la labor de hermen\u00e9utica de las cl\u00e1usulas de un contrato les asigna una inteligencia o interpretaci\u00f3n razonable o posible, no se configura en tal evento un yerro con las caracter\u00edsticas de evidente, porque como bien lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte ‘cuando una cl\u00e1usula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopci\u00f3n de una cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber manifiesto en la interpretaci\u00f3n’ (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya caracter\u00edstica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de la Corporaci\u00f3n, que ‘salte de bulto’ o ‘brille al ojo’, s\u00f3lo se presenta \u00abcuando la \u00fanica estimaci\u00f3n aceptada sea la sustitutiva que se propone. (Cas. Civ. de 30 de enero de 1962 , XCVIII, 4 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y 147; 6 de septiembre de 1983, a\u00fan no publicada, y sentencia de 10 de mayo de 1989, citada en Cas. Civ. sent. 229 de 25 de julio de 1992). (CSJ SC 150 de 2003, rad. 7714-01). <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en el primer motivo de casaci\u00f3n consagrado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se aduce la transgresi\u00f3n por v\u00eda directa de los art\u00edculos 1008, 1011, 1959 a 1966 del C\u00f3digo Civil por interpretaci\u00f3n errada. <\/p>\n
En desarrollo del reparo la censora anot\u00f3 que el tribunal exigi\u00f3 un requisito de validez no previsto para la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, como es la notificaci\u00f3n del deudor, lo cual muestra que confundi\u00f3 ese acuerdo de voluntades -del que record\u00f3 sus elementos- con la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual de convenios bilaterales que se rige por el canon 887 del C\u00f3digo de Comercio, en tanto aquel se perfecciona \u00fanicamente con la entrega del t\u00edtulo por el cedente al cesionario, sin que sea necesaria la notificaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n del deudor, pues a este s\u00f3lo le compete satisfacer la obligaci\u00f3n al actual acreedor. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 se\u00f1alando que la omisi\u00f3n de la aludida notificaci\u00f3n \u00fanicamente repercute en la titularidad del cr\u00e9dito, la que continuar\u00e1 radicada en el cedente; de all\u00ed que el juzgador ad-quem no debi\u00f3 restar eficacia a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito por la ausencia del aludido enteramiento. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, la recurrente critica la sentencia del Tribunal por conculcar rectamente los art\u00edculos 80 del decreto 960 de 1970 -por indebido empleo-, 1959 y 1964 del C\u00f3digo Civil por inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Soport\u00f3 su reproche reiterando que, conforme al canon 1959 del C\u00f3digo Civil, la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito se perfecciona entre el cedente -extremo contractual que incluye a sus herederos- y el cesionario, con la entrega del t\u00edtulo que la contiene. Pero en contrav\u00eda de tal mandato el fallador de segunda instancia exigi\u00f3 la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva del contrato de hipoteca, lo cual desemboc\u00f3 en la declaratoria de ausencia de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
Esta exigencia, contenida en el art\u00edculo 80 del decreto 960 de 1970, s\u00f3lo es viable trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos, no para pedir el reconocimiento de la titularidad de la obligaci\u00f3n como sucede en el sub lite. <\/p>\n
Por ende, la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y su garant\u00eda hipotecaria se perfeccion\u00f3 con la entrega del t\u00edtulo al cesionario por parte del cedente, siendo innecesaria la exhibici\u00f3n de la primera copia de la escritura p\u00fablica de hipoteca. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los dos \u00faltimos embates tampoco son admisibles para la Sala, habida cuenta que lucen desenfocados, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que, si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser admitida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del juzgador ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padecen los cargos bajo estudio, porque la reclamante censura la decisi\u00f3n del Tribunal por haberle exigido requisitos no previstos legalmente trat\u00e1ndose de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito realizada a su favor, como fueron la notificaci\u00f3n del deudor cedido y la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva del contrato accesorio de hipoteca. <\/p>\n
Sin embargo, estos requerimientos no est\u00e1n expuestos en la sentencia de \u00faltima instancia para validar la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito realizada a favor de la demandante, como pasa a verse. <\/p>\n
Con el escrito de reforma al libelo la peticionaria deprec\u00f3 ser declarada como actual y \u00fanica titular de dos acuerdo de voluntades: I) el cr\u00e9dito contenido en el contrato de corretaje de fecha 16 de noviembre de 2010 -consistente en la obligaci\u00f3n de transferir 6.888 metros cuadrados del lote de terreno El Cangrejal identificado con la matr\u00edcula 50N-867256 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos-; y II) la hipoteca de segundo grado constituida para garantizar aquella deuda, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 <\/p>\n
Respecto de la primera petici\u00f3n (cesi\u00f3n de cr\u00e9dito) el tribunal extract\u00f3 que a la solicitante no le fue otorgada, seg\u00fan el tenor literal de los convenios aportados. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e a la segunda (cesi\u00f3n del contrato de hipoteca) dedujo el juzgador que no fue allegada la primera copia que presta m\u00e9rito ejecutivo contentiva del gravamen, ni se notific\u00f3 tal cesi\u00f3n a los deudores hipotecarios. <\/p>\n
Como se desprende, para acoger la primera pretensi\u00f3n del libelo relativa al reconocimiento de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a favor de la accionante, el tribunal no exigi\u00f3 la notificaci\u00f3n del deudor cedido ni la incorporaci\u00f3n de la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva del contrato accesorio de hipoteca, pues estos requerimientos los extra\u00f1\u00f3 en trat\u00e1ndose del an\u00e1lisis de la segunda pretensi\u00f3n de la demanda, esto es, el reconocimiento de la cesi\u00f3n de la hipoteca. <\/p>\n
Por consecuencia, los dos \u00faltimos agravios endilgados al funcionario judicial fueron asim\u00e9tricos, por estar dirigidos a enjuiciar consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en \u00e9l, en tanto la recurrente entendi\u00f3, erradamente, que los requisitos a ella exigidos por el tribunal (primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva de la hipoteca que preste m\u00e9rito ejecutivo y notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de esta a los deudores hipotecarios) lo fueron para tenerla como titular de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito objeto de la litis, cuando en realidad eran para reconocerla como cesionaria de la hipoteca. <\/p>\n
2. El cargo tercero igualmente padece de otra falencia t\u00e9cnica, como quiera que reprocha al fallador de \u00faltima instancia, por la senda recta, por exigir la primera copia de la escritura p\u00fablica 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, contentiva del contrato de hipoteca de marras, requerimiento que, aduce la demandante, s\u00f3lo es viable en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos. <\/p>\n
No obstante, desde la radicaci\u00f3n del libelo la promotora expuso que en el proceso de sucesi\u00f3n de Camilo Garz\u00f3n Silva que cursa en el Juzgado 25 Familia de Bogot\u00e1, por petici\u00f3n de la heredera reconocida, Laura Paola Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, fue incluido como activo sucesoral la hipoteca mencionada a pesar de que no alleg\u00f3 esa primera copia sino que aport\u00f3 la doceava reproducci\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, a lo largo del presente juicio la peticionaria expuso que la primera reproducci\u00f3n del aludido instrumento protocolario es la que presta m\u00e9rito para acreditar la titularidad del derecho all\u00ed contenido. <\/p>\n
Pero en el reproche ahora izado por v\u00eda extraordinaria abandona esa tesis y aduce, como unos de sus argumentos, no ser indispensable dicha copia, variaci\u00f3n que basta para que la Corte omita su estudio. <\/p>\n
Lo anterior en la medida en que esa mutaci\u00f3n argumentativa, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendor, debe ser repelida en este escenario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u00abmedio nuevo\u00bb, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota incoherencia en quien procede de tal manera, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta que ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, como a lo largo del pleito Feparvi plante\u00f3 que la primera copia de la escritura p\u00fablica de hipoteca era la \u00fanica que legitimaba al titular del derecho contenido en ese convenio, no es dable que, sorpresivamente y s\u00f3lo en sede casacional, plante\u00e9 una tesis totalmente contraria, aun cuando llegara a concordar con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Esa falencia basta para impedir la admisi\u00f3n del reclamo, pues este \u00f3rgano de cierre tiene doctrinado, de anta\u00f1o, que: <\/p>\n
Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. 2008-00156-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad consider\u00f3 sobre dicha tem\u00e1tica que: <\/p>\n
(\u2026), aunque podr\u00eda obviarse, no puede la Corte dejar de se\u00f1alar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 (C. 1, fl. 9), consistente en que \u201ces una copia simple, que no reviste la calidad de documento p\u00fablico, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto … \u201d, de donde el acusador colige la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casaci\u00f3n, pues no se aludi\u00f3 a \u00e9l con anticipaci\u00f3n, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo m\u00e1s que extempor\u00e1neo. Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aport\u00f3 junto con el escrito de formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa (C. 2, fls. 1 – 3), as\u00ed como tambi\u00e9n call\u00f3 de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidi\u00f3 tener tal elemento como prueba (C. 1, fls. 21 y 22; C. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, adem\u00e1s, observ\u00f3 en las restantes ocasiones que tuvo a disposici\u00f3n, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeci\u00f3n formal acerca del medio. En el punto, insistentemente se ha precisado que \u201ctoda alegaci\u00f3n conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d (CSJ SC-041 de 2005, rad. 2001-00198-01). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, debido a las manquedades anotadas habr\u00e1 de inadmitirse los reproches planteados por la recurrente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Reconocer personer\u00eda a Enrique Mart\u00ednez Reyes como apoderado judicial de la demandante, en los t\u00e9rminos de la sustituci\u00f3n de poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Tercero. Devolver por la secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Vicepresidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1339-2022 (2017-00541-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC1339-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2017-00541-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62439","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62439\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}