AC1367-2022 (2021-04684-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1367-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2021-04684-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide el recurso de reposici\u00f3n formulado por la sociedad Griffith Foods S.A.S., contra el auto proferido por el Despacho el 18 de enero de 2022, por medio del cual se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de exequ\u00e1tur presentada por Viscofan CZ S.R.O. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante el prove\u00eddo cuestionado, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la solicitud de exequ\u00e1tur que elev\u00f3 Viscofan CZ S.R.O., respecto de la sentencia proferida el 28 de abril de 2017 por el Juzgado Provincial de \u010cesk\u00e9 Bud\u011bjovice, Rep\u00fablica Checa, en el marco del juicio ejecutivo n\u00famero 13Cm165\/2013, adelantado por aquella frente a la compa\u00f1\u00eda Griffith Foods S.A.S. <\/p>\n
2. En tiempo, el mandatario judicial de la convocada radic\u00f3 escrito contentivo del presente recurso horizontal, con el prop\u00f3sito de que se rechace de plano la homologaci\u00f3n, o, en su lugar, se declare su inadmisi\u00f3n, al estimar que el libelo genitor \u201cno cumple con [los] requisito[s] previsto[s] en [los] numeral[es] 1\u00ba [y], 5\u00ba del art\u00edculo 606 (\u2026) [y en el] art\u00edculo 607\u201d, todos del C\u00f3digo General del Proceso, para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds1. <\/p>\n
En sustento de sus inconformidades expres\u00f3, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. A pesar de que el escrito rector presentado por la peticionaria \u201cs\u00ed hace referencia al cobro ejecutivo de una suma cierta de dinero\u201d, lo cierto es que ese capital \u201ces objeto de una retenci\u00f3n en garant\u00eda\u201d, que se ejerce en virtud de la facultad que consagra art\u00edculo 1326 del C\u00f3digo de Comercio; potestad que surgi\u00f3 desde el a\u00f1o 2001 por ministerio de la ley, en virtud del contrato de agencia comercial celebrado por las partes. De ah\u00ed que, como la prerrogativa de retenci\u00f3n constituye una garant\u00eda, la misma \u201cse trata de un derecho real\u201d porque adem\u00e1s de afectar un bien determinado, le brinda al acreedor la facultad de persecuci\u00f3n y preferencia, y por ende, \u201ces evidente que la solicitud de Exequ\u00e1tur versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3\u201d. <\/p>\n
2.2. De otra parte, indic\u00f3 que \u201cno se cumple con el requisito previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, dado que, desde el 2013, esto es, antes de la sentencia objeto de la demanda de exequatur, cursa ante el Juzgado Veintiuno Civil de Circuito de Medell\u00edn un proceso declarativo verbal de agencia comercial, identificado con el radicado No. 05001310301520130027300, promovido por el recurrente contra la demandante y las sociedades VISCOFAN, INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURA CELUL\u00d3SICAS S.A y VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, \u201cen el que se discute el mismo asunto del que es objeto la demanda de exequ\u00e1tur\u201d. <\/p>\n
2.3 Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 82, 251 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, referidos a que cuando la providencia que se pretenda homologar se encuentre en idioma extranjero, se debe aportar con la correspondiente traducci\u00f3n realizada por un interprete oficial, para lo cual seg\u00fan esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u201cno basta aducir la condici\u00f3n de traductor oficial, sino que es perentorio que al trabajo por ellos realizado se adjunte la documentaci\u00f3n id\u00f3nea que acredite \u00e9sta\u201d condici\u00f3n, y en el presente caso, \u201csi bien se allegaron las traducciones legales de los documentos, no se adjuntaron las credenciales de los int\u00e9rpretes\u201d. <\/p>\n
3. En su momento, la contraparte solicit\u00f3 \u201cmantener inc\u00f3lume la providencia impugnada\u201d, al considerar que los argumentos de la recurrente \u201ccarecen de sustento jur\u00eddico, f\u00e1ctico y probatorio\u201d. <\/p>\n
4. Agotado el respectivo traslado, corresponde resolver lo pertinente, previas las siguientes <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del recurso de reposici\u00f3n y su procedencia <\/p>\n
El inciso 1\u00ba del canon 318 del vigente estatuto procesal civil prev\u00e9 que \u201cel recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptible de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u201d. A su turno, el inciso 3\u00ba del canon 342 ejusdem, particularmente se\u00f1ala que \u201c[e]l auto que decida sobre la admisi\u00f3n del recurso ser\u00e1 dictado por el magistrado sustanciador y contra \u00e9l s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la confutada es una providencia de ponente, que admiti\u00f3 un tr\u00e1mite especial y que no es de aquellas pasible de apelaci\u00f3n, se encuentra que, efectivamente, el interpuesto es el medio id\u00f3neo de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, sobre este recurso se ha dicho en reiteradas oportunidades, que es un medio de defensa que le permite <\/p>\n
\u2026 al mismo funcionario judicial reexaminar sus propias decisiones, desde luego, en l\u00ednea de principio, en funci\u00f3n de las circunstancias existentes en el momento cuando las adopt\u00f3 y, en caso de hallarlas desacertadas, proceder, directamente, a revocarlas o reformarlas -art. 318 del C.G.P.-2 <\/p>\n
2. An\u00e1lisis concreto del recurso <\/p>\n
Centrado el despacho en los reproches esgrimidos por la recurrente y en los descargos presentados por la parte demandante, temprano se divisa el fracaso del remedio horizontal propuesto, como pasa a explicarse: <\/p>\n
2.1. En cuanto a la manifestaci\u00f3n de que la providencia cuya extensi\u00f3n de efectos se persigue no cumple con los requisitos consagrados en los incisos 1\u00ba y 5\u00ba del precepto 606 ejusdem, es preciso indicar que la Sala se abstiene de admitir a tr\u00e1mite la petici\u00f3n, e in limine declinar su estudio, cuando se hace evidente el incumplimiento de una o varias de las exigencias enlistadas, verbi gratia, como cuando se pretende la homologaci\u00f3n de una sentencia extranjera que decret\u00f3 el divorcio entre dos exc\u00f3nyuges y, en fundamento para tomar la decisi\u00f3n, el juez for\u00e1neo resolvi\u00f3 sobre una causal de divorcio no contemplada en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil (AC6044-2016). <\/p>\n
De ah\u00ed que, al momento de recibir una petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, el trabajo inicial de esta Corte se circunscribe a verificar el cumplimiento de los aspectos formales para su admisi\u00f3n; pues, el an\u00e1lisis de requisitos tales como los censurados en el embate, deben ser resueltos una vez se haya estudiado la demanda, la contestaci\u00f3n y estas se hayan contrarrestado con los elementos materiales probatorios, es decir, en la sentencia. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la Sala que, <\/p>\n
El hecho, simplemente, en la hip\u00f3tesis de oponerse a las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las del procedimiento\u201d (art\u00edculo 606, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso), se erige, respecto de la viabilidad de la homologaci\u00f3n, en una cuesti\u00f3n de fondo que debe ser estudiada en la oportunidad correspondiente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el examen de las situaciones denunciadas tales como que el fallo a homologar versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en el territorio patrio al momento de iniciarse el proceso en el que ese prove\u00eddo fue proferido y que en existe un proceso en curso sobre el mismo asunto, se har\u00e1, como en derecho corresponde, en la sentencia que ac\u00e1 haya de proferirse, y de cara a las pruebas aportadas y recaudadas. <\/p>\n
En consecuencia, no hay entonces forma de anticipar un juicio, propio de otra etapa, esto es, la que pone finiquito al devenir de la homologaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando, se insiste, no hay en el plenario elementos que al rompo lleven a avizorar que la sentencia dictada en un ejecutivo quirografario -hoy materia de homologaci\u00f3n- trate sobre un derecho real, o que en Colombia exista un proceso de id\u00e9ntico linaje al que dio pie al veredicto extranjero, atr\u00e1s detallado. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con la denuncia referida a que la actora desconoci\u00f3 los mandatos contenidos en los c\u00e1nones 251 y 607 del adjetivo procesal vigente, relativos a la forma en la que se debe allegar al plenario la sentencia extranjera de la que se pretende el reconocimiento porque en su criterio, si bien se aport\u00f3 dicha providencia en copia debidamente legalizada y con las traducciones legales de los documentos, \u201cno se adjuntaron las credenciales de los interpretes\u201d, tal y como alguna vez lo deprec\u00f3 la Corte en auto AC040-2022, se hace necesario indicar no le asiste raz\u00f3n a la censora por las razones que pasar\u00e1n a explicarse. <\/p>\n
Primigeniamente, cabe se\u00f1alar que cualquier parte en un proceso civil puede aportar al mismo -siempre y cuando lo haga en la oportunidad establecida para ello-, documentos otorgados en el extranjero -p\u00fablicos o privados- y extendidos en un idioma, lengua o dialecto, diferente al espa\u00f1ol o castellano debidamente traducidos y legalizados; afirmaci\u00f3n que encuentra sustento en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso3. <\/p>\n
De manera que esa autorizaci\u00f3n que da el legislador, lleva a considerar que la aportaci\u00f3n de un documento en idioma extranjero, para alcanzar m\u00e9rito probatorio, debe allegarse ante todo al proceso con su respectiva traducci\u00f3n efectuada por (i) el Ministerio de Relaciones Exteriores, (ii) por un int\u00e9rprete oficial o (iii) por traductor designado por el juez. A la par que si se trata de documento p\u00fablico debe contar con apostilla. <\/p>\n
Ahora bien, cuando el documento en idioma extranjero no se aporta traducido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o por un experto designado por el juez, la ley faculta para que se acuda a un int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que en Colombia ha obtenido el respectivo aval, seg\u00fan las normas que disciplinan el ejercicio de esa profesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, la resoluci\u00f3n 1959 de 2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores, define al traductor oficial como aquella \u201cpersona que realiza la traducci\u00f3n oficial y se encuentra debidamente acreditada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 2005 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan\u201d. <\/p>\n
A su turno, en el precepto 33 de la ley 962 de 2005 referido, establece como requisito para desarrollar el oficio de traductor e interprete oficial en Colombia, el deber de \u201caprobar los ex\u00e1menes que sobre la materia dispongan las universidades p\u00fablicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento\u201d. <\/p>\n
Y en lo atinente a la acreditaci\u00f3n necesaria para ejercer esa profesi\u00f3n, se\u00f1ala que \u201c[e]l documento que expidan las Universidades en que conste la aprobaci\u00f3n del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempe\u00f1arse como traductor e int\u00e9rprete oficial\u201d. (subrayas propias). <\/p>\n
Al respecto la Corte se ha pronunciado en AC2423-2020 <\/p>\n
\u201cLuego, entonces, a manera de anticipo, puede decirse que en el escenario de un proceso civil en Colombia, quien no est\u00e9 licenciado por el Ministerio del Interior y de Justicia, o no haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES, no puede ser tenido en cuenta como traductor o int\u00e9rprete oficial, y de contera, la traducci\u00f3n que se aporte, por \u00e9l confeccionada, tampoco alcanzar\u00e1 ning\u00fan m\u00e9rito probatorio, a tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el precepto 6\u00ba de la resoluci\u00f3n 1959 de 2020 antelada, establece que, previo a la solicitud de apostilla o de legalizaci\u00f3n de un documento que contiene una traducci\u00f3n oficial, \u201cse deber\u00e1 efectuar el reconocimiento o autenticaci\u00f3n de la firma del traductor oficial ante Notario P\u00fablico (\u2026) El Ministerio de Relaciones Exteriores apostillar\u00e1 o legalizar\u00e1 la firma del Notario p\u00fablico, dada su condici\u00f3n de particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas y en ning\u00fan caso podr\u00e1 apostillar o legalizar la firma del traductor oficial o sobre el contenido de la traducci\u00f3n oficial (\u2026)\u201d (Subraya fuera de texto). <\/p>\n
Cabe resaltar adem\u00e1s que de la informaci\u00f3n que se puede consultar en la p\u00e1gina web de la Canciller\u00eda4, se observa el aviso de que \u201ca partir del 1\u00b0 de diciembre de 2020, las traducciones oficiales elaboradas en Colombia que surten efectos legales en este pa\u00eds, no se apostillan o legalizan, debido a que la firma del traductor oficial ya es v\u00e1lida en el territorio nacional\u201d, como consecuencia del reconocimiento que se debe efectuar ante los Notarios P\u00fablicos. <\/p>\n
Por lo anterior, se puede colegir que, actualmente, las condiciones para ejercer el oficio de interprete oficial consisten en contar con la certificaci\u00f3n expedida por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES, en la que conste la aprobaci\u00f3n de los ex\u00e1menes previstos para tan fin y autenticar su r\u00fabrica ante Notario P\u00fablico. <\/p>\n
En consecuencia, al revisar el legajo adosado con la demanda5, se puede constatar que la solicitante aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea de la que se pretende el exequ\u00e1tur debidamente apostillada y traducida al castellano por Anna Oviedo como traductora oficial, cuya firma se encuentra autenticada por la Notaria D\u00e9cima del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1 D.C., tal y como lo exige los art\u00edculos 251 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como la ley 962 de 2005 y la resoluci\u00f3n 1959 de 2020; por lo que, se encuentra plenamente ajustado a los requisitos establecidos en las normas citadas y en los c\u00e1nones 82 y 605 de ese mismo compendio procesal que consagran las reglas para admisibilidad del tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
As\u00ed mismo, nada obsta para que, incoporada la prueba en el momento procesal oportuno, la parte interesada pueda objetar la misma, aduciendo, si cuenta con fundamentos jur\u00eddicos y probatorios para ello, la falta de idoneidad de quien realiz\u00f3 la traducci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De cuanto viene de exponerse, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la providencia recurrida en reposici\u00f3n, al no configurarse ninguna de las hip\u00f3tesis de inadmisi\u00f3n o de rechazo previstas en la ley. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- NO REPONER el auto de 18 de enero de 2022, que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de exequ\u00e1tur presentada por la sociedad Viscofan CZ S.R.O., respecto de la sentencia proferida el 28 de abril de 2017 por el Juzgado Provincial de \u010cesk\u00e9 Bud\u011bjovice, Rep\u00fablica Checa, dentro del juicio ejecutivo n\u00famero 13Cm165\/2013, adelantado por aquella frente a la compa\u00f1\u00eda Griffith Foods S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretar\u00eda que, en firme esta providencia, contin\u00fae el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
1\u0002 Anexo 11001020300020210468400-0013 memorial recurso reposici\u00f3n, ecosistema digital. <\/p>\n
2\u0002 AC1634-2021. <\/p>\n
3\u0002 \u201cART\u00cdCULO 251. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. \u201cPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducci\u00f3n, el juez designar\u00e1 un traductor. (\u2026) Los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el pa\u00eds extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds, y en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga. La firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el c\u00f3nsul colombiano. (\u2026) Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entender\u00e1n otorgados conforme a la ley del respectivo pa\u00eds\u201d. <\/p>\n