AC1368-2022 (2013-00001-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1368-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-31-03-015-2013-00001-01 <\/p>\n
Se resuelve el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado de la heredera Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango y de la sociedad Mar\u00eda S. Mill\u00e1n S. en C. contra el auto CSJ AC432\u20132022, 17 feb., que declar\u00f3 prematura la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la providencia censurada se dispuso \u00abdeclarar prematura la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango, en calidad de heredera y liquidadora de la sociedad Mar\u00eda S. Mill\u00e1n Arango y C\u00eda. S. en C.\u00bb. Lo anterior, en tanto que el tribunal omiti\u00f3 analizar lo atinente al inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n de los interesados, y no intent\u00f3 clarificar la existencia de mandatos ejecutables en el fallo de segunda instancia, ni adopt\u00f3 decisiones al respecto <\/p>\n
2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango, en calidad de liquidadora de la sociedad Mar\u00eda S. Mill\u00e1n Arango y C\u00eda. y heredera de Heriberto Mill\u00e1n Villafa\u00f1e, interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la precitada providencia. <\/p>\n
Para sustentar su cr\u00edtica indic\u00f3 que el inter\u00e9s para recurrir de la sociedad demandante proviene de una pretensi\u00f3n netamente declarativa que le fue desfavorable en segunda instancia, al reconocer el ad quem su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, por no ser parte del contrato de promesa cuya nulidad se solicit\u00f3. En tal virtud, sostuvo que es improcedente exigir la tasaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, dado que el suyo no tiene un contenido estrictamente econ\u00f3mico. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que el valor econ\u00f3mico del perjuicio sufrido por la sociedad demandante, si se exigiera su tasaci\u00f3n, corresponder\u00eda al valor total del inmueble objeto de litis, avaluado comercialmente en $3.394.310.880, lo que resulta suficiente para garantizar la cuant\u00eda para este tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, arguy\u00f3 que este despacho incurri\u00f3 en \u00abgraves y evidentes errores\u00bb al proferir el auto atacado, consistentes en (i) indicar que el juez de primera instancia rese\u00f1\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la sociedad demandante; (ii) incurrir en \u00abespeculaciones\u00bb al manifestar que en el contenido del auto que concedi\u00f3 el recurso se se\u00f1al\u00f3 que \u00abpareciera entenderse\u00bb que para el Tribunal el inter\u00e9s para recurrir deviene de la condena y de la no restituci\u00f3n del inmueble, cuando eso no se indic\u00f3 en el auto que concedi\u00f3 el recurso, dado que, seg\u00fan refiere, el Tribunal concedi\u00f3 el recurso porque sus pretensiones no fueron estrictamente econ\u00f3micas; (iii) se\u00f1alar que la sentencia fue favorable para la persona jur\u00eddica demandante, pues al negar su legitimaci\u00f3n para demandar la nulidad se trata de un fallo adverso; (iv) indicar que el \u00fanico \u00abpunto novedoso\u00bb en el fallo de segunda instancia haya sido la restituci\u00f3n dineraria, pues adem\u00e1s de ello, se declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la sociedad demandante; y (v) frente al mandato ejecutable, precis\u00f3 que es procedente cuando existe algo que ejecutar, no cuando se trate de una sentencia declarativa, que la condena econ\u00f3mica recay\u00f3 en la sucesi\u00f3n del promitente vendedor y que el Tribunal puede disponer lo pertinente en auto separado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El examen de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n (doctrina probable). <\/p>\n
1.1. Para soportar la decisi\u00f3n de declarar prematura la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Mill\u00e1n Arango contra el fallo de segunda instancia, en la providencia recurrida se sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDe igual manera, la admisi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, previamente concedida por el ad quem, supone un examen exhaustivo del cumplimiento de las fases procesales anteriores al arribo del expediente a la Corte. As\u00ed, de no haberse superado satisfactoriamente esas etapas preparatorias, resultar\u00e1 imperativo que el asunto retorne al Tribunal con el fin de que se subsanen los aspectos que tornan apresurada la concesi\u00f3n del citado remedio. A modo de ejemplo, tal proceder es de rigor \u00abcuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013en el evento que corresponda establecerla\u2013 no se ha examinado o lo han sido sobre supuestos equivocados\u00bb (CSJ AC1656-2019, 8 may.), tal como lo reconoce la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(…) el art\u00edculo 342 [del C\u00f3digo General del Proceso] previene acerca de que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para acudir en casaci\u00f3n \u201cfijada\u201d por el Tribunal no puede ser materia de \u201cexamen o modificaci\u00f3n\u201d por esta Corporaci\u00f3n; restricci\u00f3n que viene a ser an\u00e1loga a la que exist\u00eda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que \u201cno podr\u00e1 declararse inadmisible el recurso por raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casaci\u00f3n se plante\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si \u201cla tem\u00e1tica arriba a esta Corporaci\u00f3n legalmente definida\u201d, pues, no tendr\u00eda ning\u00fan sentido guardar silencio o avalar una ponderaci\u00f3n o mensura hecha \u201csobre bases irreales, lo cual, por s\u00ed, implicar\u00eda una decisi\u00f3n aparente o no definida\u201d (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)\u00bb (CSJ AC5735-2016, 1\u00ba sep.). <\/p>\n
1.2. La postura all\u00ed compendiada reproduce la hermen\u00e9utica que, en forma consistente, ha aplicado la Corte a la regla que prev\u00e9 el inciso final del citado art\u00edculo 342 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme con el cual \u00abLa cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb. <\/p>\n
En efecto, la jurisprudencia viene sosteniendo que <\/p>\n
\u00ab(…) no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad (…). Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ago. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01)\u00bb (CSJ AC4032\u20132019, 23 sep.). <\/p>\n
Por ese mismo sendero, indic\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u00abLa decisi\u00f3n de admisi\u00f3n (…) entra\u00f1a una cuidadosa labor de verificaci\u00f3n, sin que la Corte pueda obviar el an\u00e1lisis de alguno de tales requisitos, so pretexto de que el juzgador de instancia emiti\u00f3 una decisi\u00f3n previa, en tanto debe constatarse que, al concederse el remedio, no se haya desconocido el ordenamiento jur\u00eddico y, de haberlo hecho, deber\u00e1 advertir la situaci\u00f3n al fallador competente para que examine su decisi\u00f3n, devolviendo el expediente con la indicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n prematura de la impugnaci\u00f3n (AC, 4 jul. 2013, rad. n.\u00b0 2010-00109-01). Como novedad, el inciso final del art\u00edculo 342 ibidem prescribe que \u201c[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u201d, estableciendo as\u00ed una restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil (…). Nada obsta, por ejemplo, para que el juzgador desacierte al aplicar un mandato normativo y conceda el recurso por fuera de los c\u00e1nones legales, evento en el que debe contarse con herramientas suficientes para corregir la situaci\u00f3n, pues de mantenerla se generar\u00eda una flagrante desigualdad frente a los administrados que se vieron sometidos a otro est\u00e1ndar regulatorio, y significar\u00eda que el orden jur\u00eddico quede subordinado a la actuaci\u00f3n de los jueces, situaciones ambas inadmisibles\u00bb (CSJ AC4645\u20132017, 12 jul.). <\/p>\n
1.3. Los precedentes expuestos, que por su uniformidad constituyen doctrina probable \u2013a voces del art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896\u2013, permiten edificar una subregla jurisprudencial, seg\u00fan la cual: (i) la labor de justipreciar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n ha de valorarse por la Sala, con el prop\u00f3sito de verificar el cumplimiento de un est\u00e1ndar de adecuaci\u00f3n razonable: y (ii) si esos par\u00e1metros no son satisfechos, la actuaci\u00f3n debe ser devuelta al Tribunal, para que reexamine apropiadamente el asunto, dentro del marco de sus competencias. <\/p>\n
Ello resulta justificado, pues exigir a la Corte que, pese a advertir una deficiencia en la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir, convalide la actuaci\u00f3n del ad quem y admita el remedio extraordinario, contrariar\u00eda el adecuado ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional, que impone que las providencias sean debidamente fundadas y configuren una derivaci\u00f3n racional del derecho vigente. <\/p>\n
2. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en procesos de nulidad absoluta. <\/p>\n
Si bien la nulidad absoluta de un contrato es un reclamo meramente declarativo, lo cierto es que los efectos de una convenci\u00f3n civil o comercial que se anulan \u2013al menos en la generalidad de los casos\u2013 tienen que ver con activos o derechos estimables en dinero. Por esta raz\u00f3n, la Corte ha establecido que es el valor que subyace a la negociaci\u00f3n el referente para determinar si, en el caso concreto, se cumple con el requisito del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abLa pretensi\u00f3n de nulidad absoluta del contrato de compraventa siempre estar\u00e1 vinculada a un objeto material, que per se refleja una connotaci\u00f3n econ\u00f3mica, lo que traduce que sea una pretensi\u00f3n esencialmente de esa naturaleza, por lo que el valor de los bienes involucrados en el mencionado contrato ser\u00e1 el referente a tener en cuenta para determinar la cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n, a m\u00e1s del car\u00e1cter declarativo del proceso. (\u2026) El justiprecio del inter\u00e9s en casaci\u00f3n se mide por el agravio inferido en la sentencia impugnada al recurrente, y no, necesariamente, por la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica de la demanda; \u00fanicamente por excepci\u00f3n, cuando es absolutoria, coincide con la misma. (\u2026) Por consiguiente, aplicada la doctrina de la Corporaci\u00f3n que considera la necesidad de establecer el perjuicio econ\u00f3mico sufrido por el recurrente debido a la sentencia que niega las pretensiones de nulidad absoluta de los contratos de compraventa impugnados, se observa que el Tribunal enjuiciado no fij\u00f3 la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n por considerar que las pretensiones de la demanda son eminentemente declarativas, y, como se trata de una facultad que es de su exclusivo resorte, refulge que la concesi\u00f3n del recurso fue prematura, por lo que se le devolver\u00e1 el expediente para que proceda de conformidad.\u00bb (CSJ, AC3056-2018, 24 jul.) <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Seguidamente, el ad quem concedi\u00f3 la casaci\u00f3n sin realizar ninguna labor de diferenciaci\u00f3n, y sin constatar los elementos de legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n de cada una de las impugnantes, limit\u00e1ndose la providencia a se\u00f1alar que \u00abel inter\u00e9s econ\u00f3mico de la recurrente quien ostenta la calidad de liquidadora de la sociedad MAR\u00cdA S. MILLAN ARANGO Y C\u00cdA S. EN C. y sucesora del se\u00f1or Mill\u00e1n Villafa\u00f1e (q.e.p.d) deviene de la condena impuesta en segunda instancia y del valor del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-776023 por valor de $1.843.268.160 el cual, en su sentir, constituy\u00f3 el inter\u00e9s para que la aludida sociedad promoviera la presente acci\u00f3n de nulidad y, frente al cual no se orden\u00f3 restituci\u00f3n. Con base en lo anterior, resulta di\u00e1fano que se supera el tope legal exigido para la concesi\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
Se advierte entonces que la concesi\u00f3n del recurso no estuvo precedida del examen riguroso e individualizado de sus requisitos para cada una de las opugnantes, puesto que no se hizo referencia a la legitimaci\u00f3n que las asiste, ni se individualiz\u00f3 la situaci\u00f3n de cada una de ellas, concluyendo indistintamente que exist\u00eda tal inter\u00e9s y emitiendo una conclusi\u00f3n com\u00fan, que no armoniza con las exigencias formales del referido remedio extraordinario. <\/p>\n
3.2. La censora arguy\u00f3 que la decisi\u00f3n del tribunal se finc\u00f3 en distintos argumentos, tales como \u00abi) las pretensiones no fueron \u201cesencialmente econ\u00f3micas\u201d, en la medida en que la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta es meramente declarativa; ii) al negarle legitimaci\u00f3n en la causa por activa a la sociedad demandante, revoc\u00f3 \u00edntegramente el derecho que el juez de primera instancia hab\u00eda declarado a su favor, y tal derecho no tiene precio ni cuant\u00eda; iii) al negarle el Tribunal la legitimaci\u00f3n para invocar la nulidad (\u2026) le neg\u00f3, en \u00faltimas, el inter\u00e9s de que trata el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil (\u2026), y iv) a\u00fan en el evento de que se considere que tal inter\u00e9s es de car\u00e1cter econ\u00f3mico, el mismo ata\u00f1e al valor real del inmueble (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, ninguno de esos raciocinios consta en la providencia que concedi\u00f3 el recurso, ni pueden extraerse razonablemente de la breve argumentaci\u00f3n de la colegiatura, siendo aquellas aseveraciones propias de la recurrente, no del ad quem. En ese sentido, los argumentos del recurso reafirmar\u00edan la conclusi\u00f3n del Despacho, pues la diferencia entre la situaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica y de la heredera no fue identificada en el auto que concedi\u00f3 la casaci\u00f3n, lo que refleja lo prematuro de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Cabe agregar que en el auto recurrido no se declar\u00f3 improcedente el recurso extraordinario, sino que se rese\u00f1\u00f3 precisamente lo apresurado de su concesi\u00f3n. En tal sentido, las diligencias deben retornar al tribunal para que, en ejercicio de sus atribuciones, reexamine el asunto de manera completa y detallada, resolviendo lo que estime prudente con relaci\u00f3n a la suerte del remedio excepcional propuesto, aunque teniendo en cuenta las particularidades rese\u00f1adas previamente. <\/p>\n
Conforme se ha indicado, constituye doctrina probable la postura seg\u00fan la cual la Corte, en cumplimiento de su deber de defender la integridad del ordenamiento jur\u00eddico, debe abstenerse de tramitar una impugnaci\u00f3n extraordinaria cuya concesi\u00f3n vino precedida de inconsistencias en la labor valorativa de aspectos como la legitimaci\u00f3n o el agravio patrimonial del casacionista, con el prop\u00f3sito de que esas variables sean despejadas en debida forma. No obstante, ese reexamen no es del resorte de esta Corporaci\u00f3n, en tanto el estatuto procesal civil atribuy\u00f3 a la colegiatura ad quem la competencia para adelantar el an\u00e1lisis de la legitimaci\u00f3n y de la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. Finalmente, debe se\u00f1alarse que dentro del an\u00e1lisis que compete al ad quem, se debe incluir el examen de los efectos de la sentencia y la constataci\u00f3n de su ejecutabilidad, pues as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 341 del C\u00f3digo General del Proceso, mandato legal que no puede soslayarse, y cuya omisi\u00f3n ha llevado a la Corte a declarar la concesi\u00f3n prematura del recurso en diversos pronunciamientos1. <\/p>\n
Igualmente debe resaltarse que este caso fue sometido a reparto mediante acta individual de 2 de febrero de 2022, de modo que cualquier tardanza no puede ser atribuible al Despacho, y en el hipot\u00e9tico evento que lo fuera, tal circunstancia no justificar\u00eda eludir el cumplimiento estricto de las formalidades del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, entre las que se encuentra, como se ha dicho, su adecuada concesi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO REVOCAR el auto CSJ AC432-2022, 17 feb. <\/p>\n
SEGUNDO. Por Secretar\u00eda, dese cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal segundo de la providencia reci\u00e9n referida. <\/p>\n
TERCERO. Se reconoce personer\u00eda al abogado Enrique Mart\u00ednez Reyes como apoderado de la sociedad Mar\u00eda S. Mill\u00e1n y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n, y de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango, en los t\u00e9rminos del poder conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr\u00b8 por ejemplo, AC2849-2017, AC3282-2017, AC6135-2017, AC7929-2017, AC8501-2017, AC8501-2017, AC3369-2018, AC3883-2018, AC4035-2018, AC3032-2019. <\/p>\n
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