AC1411-2022 (2022-00427-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1411-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00427-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Se precisan las falencias que presenta el libelo de la radicaci\u00f3n con el fin de que, dentro del t\u00e9rmino pertinente, sean subsanadas por el recurrente, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 357 y 358 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De acuerdo con el precepto 357, numeral 2, en concordancia con el art\u00edculo 82, del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda adolece de los siguientes requisitos: <\/p>\n
1.1. Las direcciones electr\u00f3nicas de todas las personas que deben ser parte (art. 82-10 del CGP), para lo cual deber\u00e1 la parte actora en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 6\u00ba y 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, agotar las diligencias a su alcance en aras de obtener y aportar el correo electr\u00f3nico actualizado de estas, requeridos para actuaciones procesales. <\/p>\n
1.2. Igualmente, se echa de menos la exigencia consagrada en el numeral 4\u00ba de la disposici\u00f3n en comento, atinente a expresar \u00ablos hechos concretos que\u2026 sirven de fundamento\u00bb para invocar la causal sexta de revisi\u00f3n. Por consiguiente, el promotor se\u00f1alar\u00e1 los motivos f\u00e1cticos precisos que sustentan ese motivo, de conformidad con las explicaciones que se hacen enseguida. <\/p>\n
1.2.1. La impugnaci\u00f3n extraordinaria se encuentra gobernada por el principio dispositivo, de acuerdo con el cual la Corte carece de competencia para enmendar o complementar la demanda, de tal manera que los hechos concretos deben ser puestos de presente en el libelo para hacer evidente su concordancia con las causales que pretenden hacerse valer. Al respecto ha reiterado la Sala que <\/p>\n
desde un comienzo debe el recurrente justificar por qu\u00e9 considera fundada la causal de revisi\u00f3n que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene \u2018una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusaci\u00f3n precisa con base en enunciados f\u00e1cticos que guarden completa simetr\u00eda con la causal de revisi\u00f3n que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostraci\u00f3n de esos supuestos, en principio, har\u00eda venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qu\u00e9 considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentaci\u00f3n que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos id\u00f3neos que justifican el inicio de este tr\u00e1mite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificaci\u00f3n definitiva de la cosa juzgada. De ah\u00ed que si el recurrente no expresa la causal de revisi\u00f3n que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurar\u00edan, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisi\u00f3n que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocaci\u00f3n para ser admitida, no s\u00f3lo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusi\u00f3n se tolerara esa deficiencia, tendr\u00eda que adelantarse una actuaci\u00f3n judicial que, a buen seguro, ning\u00fan resultado arrojar\u00eda, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jur\u00eddica, el juez de la revisi\u00f3n no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ ARC, 2 dic. 2009, rad. 2009-01923; reiterado en ARC, 27 ago. 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00). <\/p>\n
Obviamente, el cumplimiento de dicha \u00abcarga argumentativa cualificada\u00bb exige que \u00ablos hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los t\u00e9rminos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia\u00bb y que, en todo caso, <\/p>\n
pueda entreverse razonablemente que la demostraci\u00f3n de tales eventos har\u00eda fruct\u00edfera la tramitaci\u00f3n propuesta, toda vez que, encontr\u00e1ndose en juego el valor de la seguridad jur\u00eddica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de \u00e9xito surgida de una adecuada formulaci\u00f3n (CSJ AC3952-2017, reiterado en AC1425-2019, rad. 2019-00719, 24 abr. 2019). <\/p>\n
Para cumplir el requisito de exponer los hechos concretos que dan pie a las causales invocadas es necesario mostrar, desde el inicio del tr\u00e1mite, que de resultar cierto el relato f\u00e1ctico, aquellas pueden salir avante, es decir, que la impugnaci\u00f3n tiene cierta vocaci\u00f3n de prosperidad. Por el contrario, si el sustento f\u00e1ctico no se subsume en el motivo del mecanismo extraordinario que se pretende hacer valer, deber\u00e1 inadmitirse el libelo para que se hagan las adecuaciones pertinentes. <\/p>\n
1.2.2. La causal sexta de revisi\u00f3n se presenta cuando haya existido colusi\u00f3n o fraude de la otra parte, siempre que maniobras de ese talante le hayan causado perjuicios al recurrente. La jurisprudencia ha se\u00f1alado que este motivo exige <\/p>\n
una actividad voluntaria, determinada por uno o varios comportamientos, positivos o negativos, y no por simples hechos involuntarios o accidentales; que sea de finalidad procesal por su incidencia en el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia impugnada; que se trate de una actividad il\u00edcita, por no ser producto del ejercicio de una facultad legal o el cumplimiento de un deber o autorizaci\u00f3n legal; que sea enga\u00f1osa, porque constituya una maniobra o maquinaci\u00f3n que falsee en todo o en parte la verdad procesal formal, para inducir a error en cuanto a la certeza de ella; que persiga causar perjuicio a la otra parte o a terceros, porque tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella se derivan; y que sea obra de una o ambas partes\u2026. (10 jun. 2010, rad. n.\u00b0 2005-00951, reiterada en AC3926, 17 sep. 2019, rad. n.\u00b0 2019-02145). <\/p>\n
El fraude o colusi\u00f3n debe estar representado por \u00abhechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de \u00e9l, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, o que pudieron serlo, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, que al juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio\u00bb (18 dic. 2006, rad. n.\u00b0 2003-00159., reiterada en AC3926, 17 sep. 2019, rad. n.\u00b0 2019-02145). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la colusi\u00f3n \u00abimplica un pacto il\u00edcito en perjuicio de un tercero \u2018y que \u2018la hip\u00f3tesis de revisi\u00f3n contemplada en el numeral 6\u00ba\u2026 hace relaci\u00f3n a eventos ajenos al desenvolvimiento de las etapas del proceso y que se entretejen, precisamente, en zonas aleda\u00f1as al mismo con el prop\u00f3sito de defraudar sus resultas\u00bb (CSJ AC 2 de abril de 2011, Rad. 00173-00; reiterado en AC , 27 de abril de 20111 y 27 de agosto de 2012, Rads. 00102-00 y 01285-00). <\/p>\n
1.2.3. Los impugnantes narraron, en resumen, que pretendieron (ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio) la lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes herenciales de Horacio Pan Barrag\u00e1n realizadas por el Juzgado Segundo de Familia del mencionado municipio. Carlos Alberto Pan Avella, uno de los herederos reconocidos, retir\u00f3 del juzgado de origen el expediente de la sucesi\u00f3n para la protocolizarlo y desde entonces lo ha mantenido oculto de manera clandestina, injustificada e ilegal, perjudicando a los actores pues les ha impedido acreditar los presupuestos de la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Indicaron que en el proceso donde se tramita la pretensi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme se decret\u00f3 oficiosamente como prueba la totalidad del expediente del tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n, en atenci\u00f3n a que las copias parciales adosadas con el libelo no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio ni por el Tribunal Superior de Santa Marta quien profiri\u00f3 la sentencia que dio fin al conflicto suscitado dentro del mencionado proceso, fundamentando la carencia probatoria del expediente de la prueba allegada. <\/p>\n
Sostuvieron que la actuaci\u00f3n fraudulenta de ocultar el expediente decretado como prueba oficiosa hizo que el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2019, negara las pretensiones de lesi\u00f3n enorme por falta de prueba de sus elementos estructurales. Adem\u00e1s, tales maniobras torticeras fueron inadvertidas durante la primera instancia y fue solo ante el ad quem que se percataron de que Carlos Alberto Pan Avellana ten\u00eda en su poder el expediente requerido, aport\u00e1ndose certificaci\u00f3n de 24 de abril de 2014 suscrita por la secretaria del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, la cual no fue tenida en cuenta como prueba por el Tribunal pese a que fue solicitada de manera reiterada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, mientras se tramitaba la alzada tambi\u00e9n solicit\u00f3 decretar la exhibici\u00f3n del expediente del juicio mortuorio del se\u00f1or Pan Barrag\u00e1n (en poder de Carlos Alberto Pan Avellana); no obstante, esa petici\u00f3n fue negada, lo que evidencia que las maniobras fraudulentas no fueron atendidas en el decurso donde se ventilaron las pretensiones de lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n herencial, m\u00e1xime cuando en la sentencia de segunda instancia se argument\u00f3 que los demandantes contaban con otros mecanismos para obtener los elementos de persuasi\u00f3n requeridos, tales como la reconstrucci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
1.2.4. Los recurrentes no expusieron hechos concretos que se subsuman en la causal de revisi\u00f3n invocada, puesto que de su relato solamente emanan situaciones ocurridas al interior del proceso donde se profiri\u00f3 la sentencia impugnada y que, por tanto, fueron discutidos en su interior, a pesar de que, como se ha explicado, las actuaciones colusorias o constitutivas de fraude se caracterizan porque no pudieron hacerse valer en el respectivo plenario. Esto es as\u00ed porque los aspectos relatados tienen que ver con el decreto y pr\u00e1ctica de una prueba documental requerida tanto en primera como en segunda instancia. <\/p>\n
Los impugnantes no mostraron verdaderos hechos que vivifiquen las maniobras colusorias o fraudulentas de las partes, vale decir, el pacto o acuerdo il\u00edcito de ellas que les hubiese causado perjuicios. Esto es as\u00ed porque se limitaron a anotar que uno de los demandados supuestamente ocult\u00f3 una prueba requerida para sustentar la pretensi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme, las cuales fueron negadas primigeniamente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, elemento suasorio que, pese a ser solicitado su decreto, fue negado tanto en primera como en segunda instancia; sin demostrar que dicha \u00abmaniobra fraudulenta (sic)\u00bb le gener\u00f3 perjuicios ya que no se permiti\u00f3 acreditar los supuestos de hecho de sus pretensiones, favoreciendo con esto a la parte demandada. <\/p>\n
Afirmaciones que en verdad no muestran los \u00abhechos concretos\u00bb que, seg\u00fan el numeral 4 del precepto 357 del C\u00f3digo General del Proceso, puedan edificar la causal de revisi\u00f3n implorada, pues no vislumbra que la negativa del decreto probatorio solicitado por la parte demandante, el cual, valga la pena decir, fue objeto de los respectivos recursos ante las decisiones adoptadas dentro del tr\u00e1mite del proceso, tal como se afirm\u00f3 en el libelo gestor, obedezcan a las referidas maniobras. Tal carencia es opuesta a los presupuestos que esta Corporaci\u00f3n ha decantado en torno a la potencial estructuraci\u00f3n de la causal de revisi\u00f3n establecida en el numeral 6 del art\u00edculo 355 ib\u00eddem, para cuyo efecto deben concurrir los siguientes componentes: \u00aba) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.\u00bb (SC de 30 de oct. 2007, Rad. 2005-00791-00; reiterada en SC8712-2017, Rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2013-02995-00). <\/p>\n
M\u00e1s parece que el recurrente pretende obtener un reexamen de la actuaci\u00f3n, as\u00ed como otra oportunidad para obtener los documentos requeridos, pero al final las situaciones no se asimilan a presuntos de hechos externos al proceso fraguados en perjuicio del recurrente, que dejen ver la posible configuraci\u00f3n de una colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes, falta que impide tramitar el recurso extraordinario. <\/p>\n
2. Por consiguiente, mal puede abrirse este excepcional remedio procesal con apoyo en unos hechos que ciertamente no tienen suficiencia para concretar las causales correspondientes, conforme al art\u00edculo 357, numeral 4, del C\u00f3digo General del Proceso, justamente porque el precepto 358 ibidem, no permite el tr\u00e1mite de la demanda \u00abcuando no re\u00fana los requisitos formales exigidos en el art\u00edculo anterior…\u00bb. <\/p>\n
Es que si el derecho a impugnar las providencias judiciales tiene unos requerimientos de forma, estos son m\u00e1s exigentes en recursos extraordinarios, previstos de manera limitada contra sentencias y por determinadas causales, que por eso necesitan de una demanda tendiente a desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de decisi\u00f3n semejante, sin olvidar que el de revisi\u00f3n es para cuestionar una que est\u00e9 ejecutoriada (art. 354 id.) y que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
La esencia de este medio de refutaci\u00f3n radica en sus caracter\u00edsticas de dispositivo y extraordinario, que por tanto s\u00f3lo procede para casos excepcionales, a diferencia de los otros mecanismos de defensa procesal, sin que la Corte pueda enmendar o complementar la demanda, raz\u00f3n por la cual los hechos concretos que sirven de fundamento al recurrente para aducir una causal de revisi\u00f3n deben ser puestos de presente en el libelo para hacer evidente su concordancia con ella. Por eso se ha repetido que <\/p>\n
…desde un comienzo debe el recurrente justificar por qu\u00e9 considera fundada la causal de revisi\u00f3n que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene \u2018una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusaci\u00f3n precisa con base en enunciados f\u00e1cticos que guarden completa simetr\u00eda con la causal de revisi\u00f3n que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostraci\u00f3n de esos supuestos, en principio, har\u00eda venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qu\u00e9 considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentaci\u00f3n que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos id\u00f3neos que justifican el inicio de este tr\u00e1mite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificaci\u00f3n definitiva de la cosa juzgada. De ah\u00ed que si el recurrente no expresa la causal de revisi\u00f3n que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurar\u00edan, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisi\u00f3n que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocaci\u00f3n para ser admitida, no s\u00f3lo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusi\u00f3n se tolerara esa deficiencia, tendr\u00eda que adelantarse una actuaci\u00f3n judicial que, a buen seguro, ning\u00fan resultado arrojar\u00eda, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jur\u00eddica, el juez de la revisi\u00f3n no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ, ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en prove\u00eddo del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por las razones expuestas, se inadmitir\u00e1 el libelo para que se cumplan los anteriores requerimientos y se arrimen copias digitales del memorial que subsane las falencias anotadas supra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Inadmitir la demanda con la que Jaime Pan Merch\u00e1n y Laura Daniela Guar\u00edn Pan -sucesora procesal de Erly Yohana Pan Merch\u00e1n, representada por Ana Isabel Merch\u00e1n Contreras- pretendieron sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n frente a la sentencia del 28 de noviembre de 2019 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso declarativo que promovieron contra Dora Mar\u00eda Avella Riveros, Jos\u00e9 Ignacio Pan, Carlos Alberto, Yamile, Dora Mar\u00eda, Yesid Fernando, Cielo Astrid, Martha Luc\u00eda y Mirtha Lucy Pan Avella, Natalia Corredor Pan en representaci\u00f3n de Mar\u00eda del Carmen Pan Avella y Flor \u00c1ngela Pan Avella a trav\u00e9s de su representante Dora Mar\u00eda Avella Riveros. <\/p>\n
2. Conceder a la parte interesada el t\u00e9rmino legal de cinco (5) d\u00edas para subsanar los defectos anotados, so pena de rechazo. <\/p>\n
3. Reconocer personer\u00eda para actuar al abogado Francisco Luis Almonacid Galvis. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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