AC1435-2022 (2022-01026-00)<\/p>\n
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Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1435-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-01026-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda (Caldas) y Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Fondo Nacional del Ahorro \u2018Carlos Lleras Restrepo\u2019 instaur\u00f3 demanda contra Diego Andr\u00e9s Tabares L\u00f3pez, con el prop\u00f3sito de obtener el recaudo de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 9976904 y hacer efectiva la garant\u00eda real constituida sobre el predio ubicado en la calle 9 # 11-28 cs 1 Barrio Horizontes del municipio de Villamar\u00eda, Caldas, e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-161726 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Manizales. <\/p>\n
2. Presentada la demanda ante el juez promiscuo municipal de Villamar\u00eda (Caldas), se justific\u00f3 en ella la competencia por ser este el lugar de \u00abubicaci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb, al tenor de lo contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, (archivo 01, expediente digital). <\/p>\n
3. El juzgado de aquella urbe, al que correspondi\u00f3 el asunto, se declar\u00f3 incompetente para asumirlo, tras considerar que el asiento principal del ente estatal convocante se halla en Bogot\u00e1 D.C., raz\u00f3n por la cual dispuso la remisi\u00f3n del pleito al juez de esa plaza, con resguardo en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, (archivo 03, ib.). <\/p>\n
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta capital tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite y dispuso su devoluci\u00f3n al primer despacho involucrado, aduciendo que \u00aball\u00ed se encuentra el domicilio secundario de la parte ejecutante, se ubica el domicilio del deudor, se sit\u00faa el inmueble puesto en garant\u00eda real, y adem\u00e1s, fue el distrito judicial elegido por el ejecutante para presentar su demanda\u00bb (archivo 12, ib.). Bajo ese razonamiento suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia, (archivo 15, ib.). <\/p>\n
5. Fue as\u00ed como arribaron las diligencias a esta Colegiatura para dirimir la colisi\u00f3n, a lo que se procede de conformidad con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
1.1. Conforme al primero, en las controversias en las cuales se ejerciten derechos reales, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
1.2. La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC162-2019, 25 ene., rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb., rad. 2018-03872-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ago., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras). <\/p>\n
1.3. La providencia CSJ AC140-2020, 24 ene., rad. 2019-00320-00 resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema con ocasi\u00f3n de un asunto donde concurr\u00edan los mencionados fueros, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador, soport\u00e1ndose \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
2. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los foros de las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una pauta de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras, como aqu\u00ed sucede, con la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las reglas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas. <\/p>\n
3. En el caso bajo examen se tiene que la entidad ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de car\u00e1cter financiero del Orden Nacional, seg\u00fan lo estatuido en la Ley 432 de 1998, de modo que, la competencia para conocer del compulsivo radicar\u00eda en el juez de su lugar de domicilio, vale decir, en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha destacado, que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (CSJ AC2462-2021, jun. 23, Rad: 2021-01782). <\/p>\n
4. No obstante, esta Corporaci\u00f3n, haciendo una interpretaci\u00f3n integradora de la normativa regente de la competencia territorial, ha hecho uso, en algunos casos, de la directriz contenida en el numeral 5\u00b0 eiusdem, conforme a la cual \u201ccuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924.00, AC010-2022, 17 en., rad. 2021-04723). <\/p>\n
5. De esa manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo p\u00fablico a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, puede escoger el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selecci\u00f3n que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicaci\u00f3n concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribi\u00f3 al domicilio principal del \u00f3rgano beneficiario. <\/p>\n
6. Sin embargo, en el sub examine del examen del libelo y sus anexos no logra advertirse la eventual existencia de sucursal del Fondo activante en el municipio de Villamar\u00eda, lugar donde se ubica el inmueble objeto de la garant\u00eda real y en el que se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9, que permita hacer operar tal precepto. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que en el primero \u00fanicamente se menciona el \u00abdomicilio principal\u00bb, que lo es la ciudad de Bogot\u00e1, e igualmente es en \u00e9sta donde pide ser notificado, y en los segundos ninguna prueba hay en torno a la existencia de sucursales de la entidad, habida cuenta que el certificado de existencia y representaci\u00f3n adosado se limita a referir a la sede principal, a lo que se suma el hecho de que consultada la p\u00e1gina Web de aquella entidad3, esta no registra sede administrativa en Villamar\u00eda (Caldas), por ende, no se atisba la concurrencia de supuestos que habiliten la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba antes referido y, por contera, la asignaci\u00f3n del asunto al primer despacho involucrado. <\/p>\n
7. Bajo ese entendido, dado que el numeral 10\u00ba del citado precepto de la codificaci\u00f3n instrumental asigna la competencia al fallador del \u201cdomicilio de la respectiva entidad\u201d, pese a que en este particular caso se pretende ejercer un derecho real, resulta innegable que la asignaci\u00f3n del asunto debe hac\u00e9rsele al juez de la capital de la Rep\u00fablica, por lo que a esa autoridad se remitir\u00e1 el expediente para que avoque su conocimiento. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n ejecutiva descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir las diligencias a ese despacho para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda (Caldas) y a la entidad promotora del proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n