AC1436-2022 (2021-04253-00)<\/p>\n
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AC1436-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04253-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandada frente al auto de 16 de marzo de 2020, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n instaurado contra la sentencia de 30 de enero del 2020. El prove\u00eddo se dict\u00f3 dentro del proceso reivindicatorio promovido por Gloria Espinosa de Ruiz contra Gloria Salgado Campos. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: La demandante pidi\u00f3 que se declare que le pertenece el domino pleno y absoluto del inmueble identificado con F.M.I. 50N-232613. En consecuencia, que se condene a la demandada a restituir a la demandante el bien objeto de la controversia y a pagar el valor de los frutos civiles o naturales que se hubieren podido producir desde el momento de la posesi\u00f3n hasta la fecha de la restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Causa petendi: la actora asever\u00f3 que es propietaria del inmueble identificado con F.M.I. 50N-232613, que se encuentra ubicado en la Transversal 43 No. 101-93, apartamento 101, de la ciudad de Bogot\u00e1. Sin embargo, sostuvo que se encuentra privada de la posesi\u00f3n material del mismo pues \u00abdicha posesi\u00f3n la tiene en la actualidad la demandada se\u00f1ora GLORIA SALGADO CAMPOS\u00bb, de mala fe y sin que a la fecha haya sido posible su restituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 15 de julio de 2019, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abexistencia de la cosa juzgada\u00bb y deneg\u00f3 las pretensiones del libelo inicial. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 30 de enero de 2020, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por la parte demandante, revoc\u00f3 la de primer grado. Por ende, determin\u00f3 que el inmueble pertenece a la se\u00f1ora Gloria Espinosa de Ruiz por lo que orden\u00f3 la restituci\u00f3n material de este. Adicionalmente, conden\u00f3 a Gloria Salgado Campos a pagar la suma de $25.426.033,94, a t\u00edtulo de frutos civiles, causados entre el 16 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2019. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo propuso el apoderado de la parte demandada1. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 16 de marzo de 20202, no accedi\u00f3 a tramitarlo. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se adujo la falta de demostraci\u00f3n del monto que se exige para la procedencia del medio de impugnaci\u00f3n. Al respecto, observ\u00f3 que la experticia allegada por el recurrente, \u00aben el que efect\u00faa una descripci\u00f3n del inmueble, del sector donde se localiza, menciona las caracter\u00edsticas generales de la construcci\u00f3n y tasa el aval\u00fao del predio materia del litigio en la suma de $1.036.618.500,00 (\u2026)\u00bb. Sin embargo, evidenci\u00f3 que la experticia no cuenta con los requisitos prescritos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para el Colegiado, el trabajo omiti\u00f3 suministrar la informaci\u00f3n requerida en los numerales 3, 5 a 7 y 10 del aludido canon. En cuando a los t\u00edtulos y certificaciones sobre la experticia profesional o t\u00e9cnica del perito, \u00abha de precisarse que si bien se aport\u00f3 copia de la licencia expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, que habilita al se\u00f1or Augusto Mauricio Garc\u00eda Pe\u00f1a para ejercer el cargo de perito avaluador de bienes muebles e inmuebles, lo cierto es que ese documento no acredita de forma id\u00f3nea el t\u00edtulos acad\u00e9mico obtenido\u00bb. Y en lo que ata\u00f1e con la certificaci\u00f3n laboral obrante a folio 39 reverso, \u00abesta solo demuestra la experiencia laboral como asistente judicial, m\u00e1s no como avaluador de bienes inmuebles, que es la especialidad que interesa en este asunto en particular\u00bb. <\/p>\n
A su turno, si bien en el numeral 3 del escrito titulado \u00abdeclaraciones e informaciones\u00bb se relacionan los casos atendidos en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, \u00aball\u00ed no aparece el nombre de las partes y el de sus apoderados, ni el objeto de cada uno de los dict\u00e1menes elaborados, como lo determina la codificaci\u00f3n en comento\u00bb. A su turno, en cuanto a las afirmaciones que versan sobre los procesos en que ha sido designado por el abogado Luis Enrique Hern\u00e1ndez Dom\u00ednguez, \u00abninguna manifestaci\u00f3n hace en torno a los profesionales del derecho que representan los intereses de las partes en este litigio, esto es, N\u00e9stor Ra\u00fal Lozano Bernal, apoderado de la demandante, y Miguel \u00c1ngel Salgado Burgos, mandatario de la demandada\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la metodolog\u00eda utilizada, \u00abel peritazgo se limit\u00f3 a se\u00f1alar que para la valuaci\u00f3n del terreno y la construcci\u00f3n se aplic\u00f3 el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado, sin explicar cu\u00e1l fue la investigaci\u00f3n que realiz\u00f3 el experto, ni siquiera se hizo referencia de manera puntual a las negociaciones de los inmuebles con caracter\u00edsticas similares que le sirvieron de base para determinar el valor comercial del fundo y tampoco se incorpor\u00f3 la documental que soportara el quantum fijado\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, le rest\u00f3 m\u00e9rito convictivo al dictamen pericial allegado por el recurrente. Por otra parte, evidenci\u00f3 que el censor aport\u00f3 un certificado catastral del bien, que se\u00f1ala un aval\u00fao del fundo para el a\u00f1o 2020 de $691.079.000. Aunado a ello, dictamin\u00f3 que no es posible aplicarle el incremento del que trata el numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpues como inveteradamente se ha dicho por la jurisprudencia nacional, es \u00fanicamente para los juicios ejecutivos, no siendo, por tanto, aplicable por analog\u00eda a un contexto como el que nos ocupa que se disciplina por disposiciones especiales\u00bb. En vista de lo expuesto y como en el paginario no obra ning\u00fan otro elemento persuasivo que permita establecer la cuant\u00eda necesaria para recurrir en casaci\u00f3n, se resolvi\u00f3 no conceder la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso la pasiva. Para ello, critic\u00f3 la ausencia de estudio sobre la naturaleza de las pretensiones. Al respecto, dictamin\u00f3 que si bien las peticiones de la parte demandante son esencialmente econ\u00f3micas, no tienen dicha calidad las de la demandada pues \u00abla posici\u00f3n de la parte demanda tiene una particularidad que es su consideraci\u00f3n de TENEDORA y no POSEEDORA del predio, asunto que se sustenta en sentencia del 17 de Marzo de 2017 del Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirmada por el Tribunal en decisi\u00f3n del 27 de Mayo de 2017 proferida dentro del proceso reivindicatorio entre las mismas partes identificado con el n\u00famero 2011-0306\u00bb. As\u00ed pues, al ser tenedora del bien, \u00absus pretensiones no tienen consonancia con las de la parte demandante, de all\u00ed que las pretensiones de cada parte deban examinarse en forma independiente al momento de conceder el recurso de casaci\u00f3n. Diferente ser\u00eda la posici\u00f3n del propietario frente al poseedor, porque entre ellos si existe un inter\u00e9s de dominio frente al bien objeto de Litis\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que las \u00abpretensiones\u00bb \u2013 que en verdad refieren a las excepciones de m\u00e9rito propuestas \u2013 de Salgado Campos no gravitaron alrededor de aspectos monetarios, por lo que no son, en estricto rigor, patrimoniales. Por el contrario, \u00absus pretensiones son de naturaleza extra patrimonial, porque las pretensiones de un TENEDOR COMO EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO CONTIENEN ELEMENTO CREMATISTICO ALGUNO, tan solo pretenden mantener un statu quo consistente en habitar el inmueble que tiene m\u00e1s no posee\u00bb. <\/p>\n
Como segundo aspecto, asever\u00f3 que, sin perjuicio de lo dicho en precedencia, \u00abel dictamen allegado si cumple con el prop\u00f3sito de servir de antecedente procesal sobre el valor del inmueble a reivindicar si tenemos en cuenta entre otros aspectos el valor catastral y que \u00e9ste nunca corresponde al comercial\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, aclar\u00f3 que el dictamen pericial y el aval\u00fao catastral constituyen \u00abuna unidad inescindible, pues el segundo sirve de apoyo al primero atendiendo preceptos como el art\u00edculo 18 de la ley 820 de 2003 donde el comercial no excede el equivalente a dos (2) veces el aval\u00fao catastral vigente; el numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General e inclusive el 90 del Estatuto Tributario Nacional, que nos muestran que el aval\u00fao comercial de un inmueble es siempre superior al catastral. Am\u00e9n de que en este asunto deben sumarse sumas como frutos que deben incluirse en un inter\u00e9s para recurrir analizado bajo el criterio de encontrarnos frente a pretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Por ello, debe adoptarse una postura \u00abflexible\u00bb frente al dictamen pericial \u00abque m\u00e1s que el inter\u00e9s para recurrir, lo que nos se\u00f1ala es el valor de un inmueble objeto de Litis, que por lo mismo se constituye en un elemento m\u00e1s del proceso para aplicar o bien la regla general o bien la consideraci\u00f3n que el dictamen si re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 226 del C.G. del P., o dados los errores que contengan, permitir que el perito los subsane en debida forma y no cerrar la puerta, porque ello conllevar\u00eda una denegaci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 06 de octubre de 2021. Sobre el argumento relacionado con la falta de an\u00e1lisis de la naturaleza de las pretensiones, estim\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta plausible jur\u00eddicamente tal postura y menos que las aspiraciones de la demandada no sean de contenido econ\u00f3mico. Adem\u00e1s de ser un aspecto sustancial zanjado de fondo en la sentencia de segundo grado, contrario sensu, tal discusi\u00f3n, en puridad, no sirve como soporte para determinar que se est\u00e9 frente a una determinaci\u00f3n eminentemente declarativa, por ende, en casos como el que se analiza, para la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, es imperativo acreditar el inter\u00e9s para recurrir que, como es bien sabido, se circunscribe al menoscabo patrimonial que se sufre con la resoluci\u00f3n desfavorable que no es otro que en el valor del fundo, m\u00e1s las condenas impuestas a la convocada, como en efecto refiere el inconforme\u00bb. <\/p>\n
Apuntal\u00f3 que no es admisible que por el hecho de que la demandante hubiera enfilado la acci\u00f3n de dominio y correlativamente la demandada se haya opuesto bajo el argumento de ser tenedora, \u00abcarezca de un componente econ\u00f3mico como lo afirma el recurrente pues, en rigor, el litigio vers\u00f3 sobre un bien que representa un derecho patrimonial que se ve reflejado en el valor comercial, por lo que es el factor que indiscutiblemente fija el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en lo que concierne a la ausencia de t\u00e9rmino al perito para subsanar las falencias evidenciadas, anot\u00f3 que \u00abel interesado desaprovech\u00f3 la posibilidad que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico -art\u00edculo 339 ib\u00eddem-, de aportar un dictamen pericial del valor comercial actual de la propiedad, pues aun cuando alleg\u00f3 un documento con esa finalidad, el mismo no brinda las condiciones impuestas por el art\u00edculo en cita, situaci\u00f3n que no es factible superar pretextando denegaci\u00f3n de justicia, en tanto que la disposici\u00f3n en comento pregona que una vez aportada la pericia \u201c\u2026el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u2026\u201d, norma que no admite ninguna clase de excepci\u00f3n u oportunidades adicionales para enmendarlo, como pretende el togado\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, para el Tribunal no se acredit\u00f3 la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, pues \u00abla \u00fanica referencia lo constituye el certificado expedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, que se\u00f1ala un aval\u00fao para el a\u00f1o 2020 de $691.079.000, y si a ello le sumamos el monto de frutos civiles a los que fue condenada la pasiva -$25.426.033.94, la conclusi\u00f3n no var\u00eda, ya que tales cifras resultan insuficientes para acceder a la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine el si prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. La regla 338 ejusdem prescribe su procedencia en pleitos en los cuales las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, siempre y cuando \u00ab(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (\u2026)\u00bb, los cuales, traducidos a pesos en 2020, equivaldr\u00edan a $ 877\u00b4803.000. <\/p>\n
A la par, el art\u00edculo 338 del C.G.P. except\u00faa del justiprecio las \u00ab(\u2026) sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u00bb; en consonancia, con el par\u00e1grafo del precepto 334 \u00eddem, en el cual, tambi\u00e9n se excluyen de esa tasaci\u00f3n las de \u00ab(\u2026) impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha expuesto reiteradamente que \u00abla cuant\u00eda de este inter\u00e9s depende del valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesi\u00f3n o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, s\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (Auto 064 de 15 de mayo de 1991, reiterado en AC2918-2020 y AC867-2021). <\/p>\n
A su turno, el canon 339 ejusdem, ofrece sendas alternativas para la determinaci\u00f3n del monto econ\u00f3mico que acredita la configuraci\u00f3n del inter\u00e9s en la senda casacional. En efecto, dicho quantum se obtiene con los elementos de juicio que obran en el expediente. Ello sin perder de vista que el interesado puede aportar un dictamen a efectos de acreditar el justiprecio. De forma tal que el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n. De ah\u00ed, que la oportunidad para allegar el dictamen pericial sea en el momento de su interposici\u00f3n, que es precisamente la etapa en la cual se decide sobre la concesi\u00f3n del remedio, am\u00e9n que la carga de la prueba esta en cabeza del recurrente. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha se\u00f1alado que \u00ab[\u2026]el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines (CSJ AC1923-2018, 16 mayo)\u00bb. <\/p>\n
3. En el sub-ex\u00e1mine, anticipa la Corte que, tal como lo estableci\u00f3 ad-quem, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, lo tiene depurado la jurisprudencia de la Sala que, al estudiar asuntos an\u00e1logos a este, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) trat\u00e1ndose del proceso reivindicatorio, en principio, la apreciaci\u00f3n del fundo objeto del mismo ser\u00e1 la variable que define el inter\u00e9s jur\u00eddico del casacionista. Lo anterior, porque las pretensiones econ\u00f3micas en el se\u00f1alado juicio se relacionan con la declaraci\u00f3n del dominio y reintegro de la posesi\u00f3n de un inmueble a su due\u00f1o, por definici\u00f3n estimable econ\u00f3micamente, siendo su valor el agravio que el fallo cause a las partes, seg\u00fan corresponda\u00bb (CSJ AC2713-2020, reiterado, entre otros, en AC725-2021). <\/p>\n
3.2. Pues bien, a la luz de lo expuesto, el Tribunal, con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s comenz\u00f3 por advertir las razones por las cuales al dictamen pericial presentado por la demandada no pod\u00eda asign\u00e1rsele m\u00e9rito convictivo al no cumplir con los requisitos previstos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ciertamente, el trabajo del experto no cuenta con la informaci\u00f3n exigida por los numerales 3, 5, 6, 7 y 10. En particular, se observa la siguiente situaci\u00f3n: <\/p>\n
i) En cuanto a los documentos id\u00f3neos que habilitan al perito para su ejercicio, los t\u00edtulos acad\u00e9micos y los documentos que certifican su respectiva experiencia profesional, el profesional \u00fanicamente manifest\u00f3 ser \u00abauxiliar de la justicia en los ramos de perito avaluador de muebles e inmuebles con carn\u00e9 vigente\u00bb. Dicha aseveraci\u00f3n \u00fanicamente se acompa\u00f1\u00f3 la copia de la licencia expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que lo habilita para obrar como perito avaluador. Sin embargo, no se alleg\u00f3 ning\u00fan t\u00edtulo acad\u00e9mico o certificado de su experiencia profesional en el aval\u00fao de inmuebles. <\/p>\n
ii) Sobre la lista de los casos en que haya sido designado como perito dentro de los \u00faltimos 4 a\u00f1os, con inclusi\u00f3n del \u00abjuzgado o despacho en donde se present\u00f3, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual vers\u00f3 el dictamen\u00bb, la informaci\u00f3n contenida en el numeral 3 del documento denominado \u00abdeclaraciones e informaciones\u00bb, no muestra el nombre de las partes ni de los apoderados que participaron en los pleitos en los que obr\u00f3 como experto. <\/p>\n
iii) En cuanto a los procesos en que ha sido designado por la misma parte o por el mismo apoderado, se omiti\u00f3 indicar el objeto de los dict\u00e1menes rendidos. <\/p>\n
iv) Omiti\u00f3 indicar si se encuentra incurso en las causales contenidas en el art\u00edculo 50. <\/p>\n
v) Tampoco relacion\u00f3 ni adjunto los documentos e informaci\u00f3n utilizada para el an\u00e1lisis de mercado efectuado y con base en el cual se estim\u00f3 es precio del predio. Es m\u00e1s, en el documento no aparecen registradas las cifras de las ofertas concretas del mercado que presuntamente sirvieron para promediar el valor comercial del metro cuadrado. <\/p>\n
Y es que tales falencias no son menores, habida cuenta que la peritaci\u00f3n debe observar dichos requerimientos enunciados, so pena de que la \u00abdecisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n.\u00ba 2012-00116-01; AC1641, 2 abr. 2014, rad. n.\u00ba 2009-01202-01)\u00bb (AC639-2021). <\/p>\n
Aunado a ello, no es posible atender a los reparos del actor en punto de adoptar una \u00abposici\u00f3n flexible\u00bb frente al dictamen y permitir que el perito subsane las falencias en debida forma, comoquiera que la norma procesal no consagra un t\u00e9rmino para tal fin. Por el contrario, prescribe que, allegada la experticia, \u00abel magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. De forma tal que es patente que el impugnante desperdici\u00f3 la oportunidad concedida para allegar una prueba pericial que le permitiera demostrar el inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
Adicionalmente, no sobra mencionar que en la actual ley de enjuiciamiento civil, el ad quem, no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n. Al respecto, \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
3.3. En vista de lo anterior, el Tribunal acudi\u00f3 a los elementos convictivos obrantes en plenario, tal como la certificaci\u00f3n catastral determinando el precio del bien por aval\u00fao del a\u00f1o 2020, el cual se\u00f1ala la suma de $691.079.000. A su turno, se\u00f1al\u00f3 que dicha cuant\u00eda no era plausible incrementarla conforme a los lineamientos del numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n subray\u00f3, \u00abno sirve el avalu\u0301o catastral de que da cuenta el recibo de impuesto predial y, por lo tanto, no son de recibo actualizaciones realizadas con para\u0301metros fijados para actualizar an\u0303o a an\u0303o ese tributo, pues, el aludido certificado representa simplemente un indicador fiscal, salvo lo dispuesto para el proceso ejecutivo\u00bb (CSJ., AC808-2017, 16 feb., rad. 2013-00580-01, citado en AC 409-2020, 12 de feb., rad 2020-00210). En consecuencia, el razonamiento seg\u00fan el cual las disposiciones del proceso ejecutivo en materia de aval\u00faos no son de aplicaci\u00f3n a efectos de tasar el inter\u00e9s en casaci\u00f3n, es acorde con los par\u00e1metros que ha sentado la Corte sobre la materia3. <\/p>\n
4. Sobre la negativa en la concesi\u00f3n del recurso, aduce el impugnante que sus pedimentos no son esencialmente econ\u00f3micos, en la medida en que \u00ablas pretensiones de la Se\u00f1ora GLORIA SALGADO CAMPOS, no gravitan alrededor de aspectos monetarios, no tienen un estricto rigor patrimonial. Sus pretensiones son de naturaleza extra patrimonial, porque las pretensiones de un TENEDOR COMO EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO CONTIENEN ELEMENTO CREMATISTICO ALGUNO, tan solo pretenden mantener un statu quo consistente en habitar el inmueble que tiene m\u00e1s no posee\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, siendo las pretensiones de la accionante genitora acogidas en juicio \u2013en menoscabo de la demandada, hoy recurrente\u2013, era ineludible que el perjuicio irrogado a la se\u00f1ora Salgado Campos, como poseedora, en sede extraordinaria corresponde al aval\u00fao del referido bien. Sin embargo, la prueba obrante en el plenario, como se dijo, no demuestra que este alcance el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n exigido por la norma adjetiva, por lo que se desprende que el remedio extraordinario fue bien denegado. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abContrario a lo alegado por la impugnante, la misma entidad y naturaleza de la acci\u00f3n de dominio revela su puro contenido econ\u00f3mico; pues, la pretensi\u00f3n principal deducida en demandas como la incoativa del presente proceso, tiene por objeto la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n del bien que se halla en poder del demandado, y cuyo titular del derecho de dominio es el actor.<\/p>\n
La controversia plantada en este tipo de juicios, en esencia, se circunscribe al v\u00ednculo jur\u00eddico que ambos extremos procesales tienen, o afirman tener, con respecto a un mismo bien: el actor invoca su t\u00edtulo de due\u00f1o, y el demandado el de poseedor con \u00e1nimus domini. Por supuesto, en forma derivada, tambi\u00e9n se debatir\u00e1 lo concerniente a las denominadas restituciones mutuas. Eso revela, per se, que toda la discusi\u00f3n est\u00e1 concentrada en un objeto de contenido econ\u00f3mico. Y tanto es as\u00ed, que si el promotor de la causa triunfa en sus aspiraciones, el convocado ser\u00e1 condenado a restituir la cosa, y a pagar el valor de los frutos; al paso que tambi\u00e9n el pretensor podr\u00e1 ser condenado a pagarle al accionado el valor de las mejoras que la ley autoriza.<\/p>\n
Como se ve, no es del \u00e1mbito del proceso reivindicatorio, ni siquiera por conexi\u00f3n, por consecuencia, o simplemente de modo accesorio, debatir y decidir cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda digna, o asuntos de naturaleza extrapatrimonial. No existen, pues, razones jur\u00eddicas que autoricen desatender la entidad y esencia misma de la acci\u00f3n de dominio, como \u00e9sta, para sostener que comporta objetos de litigio y decisi\u00f3n de contenido puramente constitucional o de otra estirpe que permitan apartarse de las exigencias consagradas en el art\u00edculo 338 del C.G.P.<\/p>\n
Corolario de lo expuesto es que resulta necesario demostrar la magnitud del detrimento pecuniario inferido a la recurrente con el fallo cuestionado, a fin de poder acceder al recurso extraordinario, lo que en este caso no aconteci\u00f3; al contrario, conforme lo dej\u00f3 bien explicado la magistrada sustanciadora, la cifra del valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable a la parte recurrente es inferior a la exigida por el citado precepto 338\u00bb (AC4330-2018). <\/p>\n
Esto, claro est\u00e1, sin que deba tenerse en cuenta que durante el tr\u00e1mite se haya aducido la calidad de tenedora de la actora, habida cuenta que aquella manifestaci\u00f3n es una discusi\u00f3n que corresponde al objeto de la controversia, que fue desvirtuada y que en nada afecta la naturaleza eminentemente econ\u00f3mica de esta. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, habr\u00e1 de condenarse en costas pues hubo pronunciamiento expreso de la demandante. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de enero del 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso reivindicatorio ya referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR en costas a cargo de la recurrente, ante el fracaso del recurso propuesto y por haber sido replicado. En la liquidaci\u00f3n que se elabore, se incluir\u00e1n como agencias en derecho la suma de seiscientos mil pesos ($600.000). <\/p>\n
TERCERO. Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 36 del PDF \u00ab01CuadernoTresTribunal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 59 del PDF \u00ab01CuadernoTresTribunal\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abEl u\u0301nico medio de conviccio\u0301n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotacio\u0301n que, ciertamente, no ostenta la \u201ccertificacio\u0301n catastral\u201d que aporto\u0301 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contemplo\u0301 la ley para ese caso especi\u0301fico, como es la cuantificacio\u0301n del intere\u0301s para recurrir en casacio\u0301n, que no es una tasacio\u0301n cualquiera, sino una determinacio\u0301n juri\u0301dica sobre el monto en te\u0301rminos econo\u0301micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del avalu\u0301o de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Adema\u0301s, bien se sabe que la aplicacio\u0301n analo\u0301gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador establecio\u0301, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado intere\u0301s para recurrir en casacio\u0301n\u00bb (CSJ AC4423- 2017, 13 jul. rad. 2017-01073). <\/p>\n
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AC1436-2022 (2021-04253-00) AC1436-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04253-00 Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandada frente al auto de 16 de marzo de 2020, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62469\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}