AC1447-2022 (2022-00955-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00955-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar y el despacho Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura contra \u00c1lvaro Roca Rojas, Jorge Alfredo Le\u00f3n Murillo, Javier Enrique Hern\u00e1ndez Heredia y Herederos determinados e indeterminados de Juli\u00e1n Alfonso Navarro Le\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil del Circuito de Melgar (reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n que se decrete \u00ab\u2026la expropiaci\u00f3n a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- de una zona de terreno (…), elaborada por la concesi\u00f3n V\u00eda 40 Express S.A.S. (\u2026) ubicado en la vereda Melgar (seg\u00fan folio de matr\u00edcula) Versalles (seg\u00fan escritura P\u00fablica), jurisdicci\u00f3n del Municipio de Melgar, Departamento del Tolima, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 366-43137 del oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar (…)\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00abDe conformidad con el numeral 5 del art\u00edculo 20 y en concordancia con el numeral 7 del art\u00edculo 28\u2026, ambos del C\u00f3digo General del Proceso, es usted competente se\u00f1or Juez Civil del Circuito para conocer sobre el presente asunto de Expropiaci\u00f3n Judicial\u00bb1. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Despacho Primero Civil del Circuito de Melgar, el cual -con prove\u00eddo del 20 de enero de 2022- resolvi\u00f3 rechazar la demanda por falta de competencia. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026En el presente asunto, verificada la naturaleza jur\u00eddica de la entidad promotora de la acci\u00f3n, se tiene que LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA es un establecimiento p\u00fablico, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, por lo que debe darse entonces aplicaci\u00f3n la regla fijada por el \u00f3rgano de cierre para efectos de determinar la competencia, que corresponde al JUEZ DE SU DOMICILIO, que para el caso en concreto, lo es el JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO- REPARTO- DE BOGOT\u00c1\u00bb2. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u0301. Sin embargo, este, mediante auto del 9 de febrero de 2022, opto\u0301 por rechazar la demanda. Y, promovi\u00f3\u0301 el conflicto negativo que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Preciso\u0301 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 Para este particular caso, la demanda fue presentada y tramitada ante la sede judicial referida, en raz\u00f3n a que el predio objeto de la acci\u00f3n se encuentra ubicado en la circunscripci\u00f3n territorial del municipio de Melgar (Tol), tal conducta procesal necesariamente comporta una renuncia al fuero subjetivo de competencia, para elegir al fuero real y as\u00ed\u0301 proteger los derechos fundamentales de los extremos procesales, clara expresi\u00f3n del principio dispositivo3que irradia al sistema procesal nacional, posici\u00f3n que expuso la Corte Suprema de Justicia y la cual se acoge por tener unos efectos en la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales4. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la inmediaci\u00f3n es otro de los principios del derecho procesal5 contenido en la ley , y su aplicaci\u00f3n en este caso tiene relaci\u00f3n directa con la protecci\u00f3n de derechos fundamentales como el debido proceso y su expresi\u00f3n caracter\u00edsticas, la posibilidad de contradecir pruebas; unos ejemplos, pueden ser la prueba pericial que se hace en el terreno donde se encuentra ubicado el bien a expropiar o el acto de diligencia de entrega del inmueble, en estas actuaciones, se pueden presentar oposiciones, y por tanto la necesidad de decretar pruebas, estas que con la inmediaci\u00f3n del juez natural garantizar\u00edan el debido proceso de los extremos procesales, lo que no suceder\u00eda por medio de un juez comisionado, ya que aunque presente dicho principio se ver\u00eda menguado o reducido\u00bb6. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el asunto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial -Ibagu\u00e9 y Bogot\u00e1-, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como quedo\u0301 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde esta\u0301 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, esta\u0301 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 23 marz. 2022, rad. 2021-04273-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. n\u00b0 2020-02912-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer del asunto. <\/p>\n
4. Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?7 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite\u00bb. (CSJ AC1867 de 2021, 14 jul. 2021, reiterado en AC909-2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
5. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble situado en el municipio de Melgar, que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura contra \u00c1lvaro Roca Rojas, Jorge Alfredo Le\u00f3n Murillo, Javier Enrique Hern\u00e1ndez Heredia y Herederos determinados e indeterminados de Juli\u00e1n Alfonso Navarro Le\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo a las consideraciones esgrimidas, y por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Tama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1\u0301, acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
5.1. Para abundar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que recientemente se aplic\u00f3 el mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado del orden nacional, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011\u00bb (CSJ AC2844, 14 jul. 2021, rad. 2021-02071-00). <\/p>\n
6. Por lo considerado, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u0301, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 164- 172. Archivo 02EscritoDemanda.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 171- 172. Archivo 02EscritoDemanda.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 8 del C. G. del P. <\/p>\n
4\u0002 Corte Suprema de Justicia auto No AC1723-2020, radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2020-01442-00 del 3 de agosto de 2020. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 6 del C. G. del P. <\/p>\n
6\u0002 Archivo 04AutoPlanteaConflictoCompetencia.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
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