AC1465-2022 (2017-00381-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1465-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05308-31-10-001-2017-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por NUBIA BEATRIZ BEDOYA MELGUIZO, respecto de la sentencia proferida el 22 de junio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que adelant\u00f3 contra los herederos determinados, ANDR\u00c9S y SANTIAGO SIERRA MONTOYA y los indeterminados del causante ANTONIO SIERRA SOTO. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductor del aludido juicio se solicit\u00f3 (i) declarar que entre Nubia Beatriz Bedoya Melguizo y Antonio Sierra Soto existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho; (ii) que entre ellos existi\u00f3 una sociedad patrimonial que se conform\u00f3 durante el tiempo de la uni\u00f3n y se pidi\u00f3 decretar su disoluci\u00f3n; y, por \u00faltimo, (iii) condenar en costas a la parte demandada. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso en lo esencial que: <\/p>\n
2.1. Por nueve (9) a\u00f1os, transcurridos entre el 20 de julio de 2007 y el 19 de octubre de 2016, las partes conformaron una uni\u00f3n de vida estable, permanente y singular, donde existi\u00f3 ayuda mutua tanto en el \u00e1mbito econ\u00f3mico como espiritual y en la que compartieron, techo, lecho y mesa, al extremo de comportarse tanto en el \u00e1mbito privado como en el p\u00fablico como marido y mujer, siendo reconocidos como tales por familiares y conocidos. <\/p>\n
2.2. De esa uni\u00f3n no se procrearon hijos. <\/p>\n
2.3. Los compa\u00f1eros no suscribieron capitulaciones maritales y la sociedad patrimonial que se form\u00f3 entre ellos no ha sido disuelta, ni liquidada. <\/p>\n
2.4. El se\u00f1or Sierra Soto, antes de establecer la uni\u00f3n marital de hecho con la gestora, estuvo casado con \u00c1ngela Mar\u00eda Montoya Aguirre de cuya alianza nacieron Santiago y Andr\u00e9s Sierra Montoya, actualmente mayores de edad. <\/p>\n
2.5 La sociedad conyugal constituida por el causante y su exc\u00f3nyuge fue disuelta y liquidada mediante sentencia de divorcio de 11 de febrero de 2004, dictada por el Juzgado Noveno de Familia de Medell\u00edn1. <\/p>\n
3. Previa inadmisi\u00f3n, el Juzgado de Familia en Oralidad de Girardota, mediante auto del 7 de marzo de 2018, dio el impulso procesal respectivo al libelo genitor2. <\/p>\n
4. Notificada la parte convocada, contest\u00f3 la demanda en tiempo, de la siguiente manera: <\/p>\n
4.1 Andr\u00e9s y Santiago Sierra Montoya, a trav\u00e9s del mismo apoderado judicial, se opusieron frontalmente a las s\u00faplicas del escrito rector, mediante la formulaci\u00f3n de las excepciones de fondo que denominaron \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, \u201ctemeridad y mala fe\u201d y \u201cla gen\u00e9rica\u201d3. <\/p>\n
4.2. El curador ad-litem de los herederos indeterminados se limit\u00f3 a manifestar que no le constaban los hechos de la demanda, por lo que se aten\u00eda a lo que se demostrara en el proceso4. <\/p>\n
5. La primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia emitida el 13 de marzo de 2020, a trav\u00e9s de la cual el juzgado de conocimiento no tuvo por probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los convocados, y en consecuencia, accedi\u00f3 a declarar que entre la convocante y el finado existi\u00f3 tanto una uni\u00f3n marital de hecho, como una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, desde el 20 de julio de 2007 y hasta el 19 de octubre de 2016; declar\u00f3 la \u00faltima disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n; y conden\u00f3 en costas a los demandados5. <\/p>\n
6. Apelado el precitado pronunciamiento por los convocados, mediante fallo de 22 de junio de 2021, el superior revoc\u00f3 lo resuelto por la a quo para, en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la accionante en favor de los recurrentes6. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Tras afirmar la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivos que pudieran ocasionar la invalidaci\u00f3n de lo actuado, el ad-quem esgrimi\u00f3 los razonamientos que se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. Inicialmente indic\u00f3, que en virtud a lo reglado en el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 54 de 1990, declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-075 de 2007, para que se configure una uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes se exige la concurrencia de cuatro elementos axiol\u00f3gicos, a saber: (i) la convivencia entre dos personas quienes pueden ser del mismo o diferente sexo; (ii) la unidad, que solo surge entre dos compa\u00f1eros o compa\u00f1eras permanentes y no entre varios; (iii) la ausencia de v\u00ednculo matrimonial entre ellos; y (iv) la comunidad de vida permanente y singular, es decir, que exista la voluntad real, estable, comprometida y concreta de conformar una familia. <\/p>\n
De ah\u00ed que, esta \u00faltima condici\u00f3n \u201ctoca con la duraci\u00f3n firme, la constancia y la perseverancia y sobre todo la estabilidad de la comunidad de vida y excluye la que es meramente pasajera o casual, en otros t\u00e9rminos, esa caracter\u00edstica concierne con la intenci\u00f3n y el compromiso de la pareja de unirse en una relaci\u00f3n estable\u201d. <\/p>\n
2. Luego de realizar un compendio de todo el acervo probatorio arrimado al proceso, concluy\u00f3 que en el sub examine existen dos grupos de declarantes cuyas atestaciones son contradictorias por cuanto \u201cel primero da cuenta que el finado ANTONIO SIERRA SOTO y la demandante conformaron una uni\u00f3n marital de hecho, en tanto que el segundo la desconoce\u201d. <\/p>\n
2.1. En el primer orden, encontr\u00f3 que las declaraciones de Claudia Mar\u00eda Serna, Diana Isabel G\u00f3mez Valencia, Flavio Rend\u00f3n Estrada y Glor\u00eda Elena Escobar Restrepo, personas allegadas al \u201cde cujus\u201d, dieron cuenta de que la gestora y Antonio Sierra Soto \u201cconvivieron desde el a\u00f1o 2007, hasta el 19 de octubre de 2016, cuando este falleci\u00f3, tanto en la finca La Serran\u00eda de su propiedad, como en el apartamento de la pretensora ubicado en el barrio 30 de mayo en el municipio de Barbosa, en donde con frecuencia cuando visitaban el pueblo para compartir con amigos decid\u00edan pernoctar, tambi\u00e9n coincidieron en afirmar que cuando se hac\u00edan reuniones de la administraci\u00f3n de esa municipalidad en la finca del extinto Sierra Soto, entre el a\u00f1o 2013-2015, la se\u00f1ora Nubia Beatriz tambi\u00e9n estaba presente, asegurando que a ninguno de ellos le conocieron parejas diferentes y que la relaci\u00f3n nunca se vio interrumpida, recordaron Flavio Rend\u00f3n y Claudia Mar\u00eda Serna que Antonio se refer\u00eda a Nubia Beatriz como Bedoya o Bedoyita, en lo que coinciden con Diana Isabel G\u00f3mez, quien agreg\u00f3 que la trataba cordialmente y con mucho cari\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2. Mientras que el segundo grupo compuesto por Jes\u00fas Alonso Barrera Uribe, Mar\u00eda Eugenia Restrepo Bustamante, V\u00edctor Manuel Cardona y \u00c1ngela Mar\u00eda Montoya Aguirre, descart\u00f3 \u201cde plano\u201d la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre la gestora y el finado, al insistir que este \u201cvivi\u00f3 solo en la finca de Barbosa aproximadamente desde el 2007 [hasta el momento de su deceso] y que a veces estaba acompa\u00f1ado por el mayordomo, afirmando (\u2026) que el papel de la se\u00f1ora NUBIA BEATRIZ BEDOYA MELGUIZO se remit\u00eda a ayudarlo a hacer el aseo, cocinar y arreglarle la ropa, pues no observ\u00f3 entre ellos ning\u00fan comportamiento afectivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. De ah\u00ed que, en consideraci\u00f3n a la orfandad \u201cproactiva\u201d de elementos demostrativos en el plenario que permitieran estructurar la existencia de una uni\u00f3n marial de hecho, y en atenci\u00f3n lo reglado en los c\u00e1nones 164, 173 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, colig\u00f3 que la convocante no logr\u00f3 acreditar que durante el tiempo antedicho, hubiese tenido con el causante \u201cuna convivencia con la intenci\u00f3n de conformar una familia o que compartieran un proyecto de vida com\u00fan que pudiera perfilar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho o de una uni\u00f3n familiar de conformidad con los dictados de la ley 54 de 1990 art\u00edculo 1\u00ba\u201d; y resalt\u00f3 que \u201cpara que jur\u00eddicamente emerja tal clase de familia\u201d, no basta que dos personas ostenten una relaci\u00f3n estrecha como la que ten\u00eda la recurrente y el interfecto. <\/p>\n
El juzgador de segundo grado lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n anterior por cuanto, no encontr\u00f3 sustento de la uni\u00f3n que pregon\u00f3 la actora ni siquiera en sus propias afirmaciones y mucho menos en las declaraciones de quienes ella indic\u00f3 como sus testigos. <\/p>\n
4. Pues bien, en el interrogatorio de parte la demandante confes\u00f3 \u201cexpresiones y acontecimientos que lejos est\u00e1n de denotar que ambos hubieran tenido la mutua intenci\u00f3n de conformar una familia\u201d, tales como que (i) la censora no estaba afiliada como beneficiaria del finado al sistema de seguridad social; (ii) ellos nunca compartieron una residencia com\u00fan a pesar de que ambos viv\u00edan en el municipio de Barbosa; y (iii) si bien, la convocante estuvo en varias ocasiones en la finca de aquel, esto se debi\u00f3 a los contratos que uno y otro celebraron con la alcald\u00eda de esa municipalidad, para cuyo efecto la actora atend\u00eda a los invitados que concurr\u00edan al predio y elaboraba los alimentos que se ofrec\u00edan en dichos eventos. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, destac\u00f3 con base en las declaraciones recibidas a los testigos de la actora que, en primer orden, no se encontr\u00f3 certeza de la fecha en la que inici\u00f3 la proclamada convivencia, \u201cporque a pesar que aquella y la gran mayor\u00eda de los testigos coincidieron en expresar que lo fue el 20 de julio de 2007, la se\u00f1ora Gloria Elena Escobar Restrepo testimoni\u00f3 que en esa fecha conoci\u00f3 el se\u00f1or Sierra Soto, luego de aceptar acompa\u00f1ar a Nubia Beatriz a visitarlo en su finca de Barbosa, oportunidad en la cual esta le dijo que le causaba miedo acudir sola a esa locaci\u00f3n a cumplir con las m\u00faltiples invitaciones que aquel le hac\u00eda, lo cual descarta que para entonces, convivieran\u201d. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, no se demostr\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n sentimental, por cuanto en el plenario \u201csolo aparece el vago comentario de la se\u00f1ora Diana Isabel G\u00f3mez Valencia\u201d quien refiri\u00f3 que el finado profesaba un trato afectuoso, cordial y cari\u00f1oso a la recurrente, sin que esto implicara \u201cel surgimiento de cuestiones de quilatada importancia como las de su convivencia o de comportarse como una pareja de esposos\u201d. <\/p>\n
En tercer lugar, aflor\u00f3 la ausencia de pruebas que dieran cuenta del \u00e1nimo de permanencia o cohabitaci\u00f3n entre ellos, en raz\u00f3n a que testigos tra\u00eddos por la parte activa dieron cuenta de que las actividades que aquella realizaba en la propiedad del occiso se limitaban a labores propias de servicio dom\u00e9stico, pues, \u201ccuando visitaban la finca La Serran\u00eda, encontraban a la accionante, pero atendiendo a los invitados, haciendo el aseo y cocinando, es decir, en el transcurso de los eventos que en ese lugar llevaba a cabo el nombrado \u2018de cujus\u2019\u201d. <\/p>\n
6. De ah\u00ed que, las circunstancias y declaraciones anteladas solo demostraron \u201cuna estrecha relaci\u00f3n social de amistad de confianza y de trabajo, entre Nubia Beatriz y Antonio, ya que compart\u00edan reuniones tanto en la finca como en el pueblo de Barbosa, donde se les vio juntos realizando compras, departiendo con amigos y tomando caf\u00e9, pero sin que surgiera, por lo expuesto, entre ellos la llamada afecttio maritalis\u201d. <\/p>\n
7. De otra parte, de las pruebas obrantes en el plenario, el ad quem concluy\u00f3 que: (i) el occiso sent\u00f3 su residencia en la finca la Serran\u00eda de Barbosa Antioquia, desde el a\u00f1o 2007, con el prop\u00f3sito de desarrollar el objeto social de su empresa correspondiente a actividades agropecuarias y para el efecto suscribi\u00f3 varios contratos de prestaci\u00f3n de servicios con la alcald\u00eda municipal de esa localidad; (ii) la apelante no tuvo injerencia en el desarrollo de esa compa\u00f1\u00eda; (iii) ambos se prestaban dinero y se \u201ccolaboraba[n]\u201d econ\u00f3micamente cuanto uno u otro lo requer\u00eda, de lo cual, si bien se puede inferir que entre ellos exist\u00eda confianza, no se puede razonar \u201cque fuesen compa\u00f1eros permanentes con un proyecto de vida com\u00fan que los estimulara a compartir los objetivos y la asistencia propias de una pareja de esposos\u201d. <\/p>\n
Y aunque la suplicante acompa\u00f1\u00f3 en ocasiones al interfecto en el transcurso de su fatal enfermedad a diversos controles m\u00e9dicos, \u201cno aparece l\u00f3gico que en el peor momento del estado de salud de su presunto compa\u00f1ero, hubiera optado por [escudarse en otros miembros de la familia para que] acudieran en su auxilio para trasladarlo a la ciudad de Medell\u00edn con el fin de que se le suministrara una pronta atenci\u00f3n m\u00e9dica, lo cual tambi\u00e9n incide para adosar la ausencia de la procurada UMH\u201d; lo cierto es que fue \u00c1ngela Mar\u00eda Montoya Aguirre su exc\u00f3nyuge, quien se encarg\u00f3 de la asistencia personal en la cl\u00ednica durante sus \u00faltimos d\u00edas y de las exequias una vez se produjo el deceso. <\/p>\n
8. De otro lado, encontr\u00f3 que Antonio Sierra Soto, tampoco cambi\u00f3 a \u00c1ngela Mar\u00eda Montoya Aguirre como beneficiaria del seguro de vida que tom\u00f3 el 28 de diciembre de 2006, \u201cel cual reclam\u00f3 aquella en marzo 22 de 2017, a pesar de haberlo adquirido con posterioridad a su divorcio y con anterioridad al supuesto inicio de su convivencia con Nubia Beatriz, cuyo futuro econ\u00f3mico no asegur\u00f3, sabiendo que esta percib\u00eda unos ingresos econ\u00f3micos que no eran elevados, como aseadora, manipuladora de alimentos (\u2026) y portera del colegio en Barbosa; circunstancias que confluyen para descartar la existencia de un proyecto de vida com\u00fan y su voluntad de ayuda y socorro mutuos, a lo cual se suma que el nombrado V\u00edctor Manuel Cardona, mayordomo en la finca La Serran\u00eda, nunca la consider\u00f3 como compa\u00f1era de ese causante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9. Por todo lo anterior, el Tribunal consider\u00f3 que la demandante \u201cno demostr\u00f3 como le correspond\u00eda, en virtud del principio onus probandi incumbit actori, de acuerdo con el C\u00f3digo Civil art\u00edculo 1757 y el General del Proceso art\u00edculo 167 que entre ella y el fallecido ANTONIO SIERRA SOTO se constituy\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho bajo el r\u00f3tulo de la ley 54 de 1990 art\u00edculo 1\u00ba, postulado seg\u00fan el cual quien alega debe probar (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En el presente escrito rector se plantean expresamente dos cargos soportados en el motivo segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y una petici\u00f3n rotulada como \u201cnulidad derivada de la falta de valoraci\u00f3n de una prueba sobreviniente\u201d, sin especificar causal alguna de casaci\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se denuncia que el fallo del ad-quem viol\u00f3 indirectamente \u201clos art\u00edculos 1, 2, 5 y 8 de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas\u201d. <\/p>\n
En desarrollo de la acometida, la casacionista expuso, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
1. El Tribunal incurri\u00f3 en un \u201cfalso juicio de identidad\u201d al desnaturalizar, distorsionar y desdibujar desde el punto de vista objetivo el contenido real del interrogatorio de parte rendido por la demandante y de los testimonios ofrecidos por Claudia Mar\u00eda Serna, Flavio Rend\u00f3n Estrada, Diana Isabel G\u00f3mez Valencia, Gloria Elena Escobar Restrepo, as\u00ed como la declaraci\u00f3n extrajuicio propinada por Luis Guillermo Montoya Mej\u00eda; pues, contrario a los se\u00f1alamientos de que entre causante y la gestora prevaleci\u00f3 \u201cuna simple y estrecha relaci\u00f3n\u201d; los declarantes coincidieron en manifestar que \u201cvieron a la pareja, que los observaron y departieron con ellos, como marido y mujer, en forma p\u00fablica y permanente, haciendo compras, mercando, ayud\u00e1ndose econ\u00f3micamente el uno con el otro, socorri\u00e9ndose\u201d. <\/p>\n
Por lo que, esa Colegiatura se equivoc\u00f3 al afirmar que en el sub-examine no se encontraron demostrados los elementos axiol\u00f3gicos para establecer la uni\u00f3n marital de hecho, que existi\u00f3 \u201corfandad probatoria\u201d y que la actora no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba. <\/p>\n
2. Similar yerro cometi\u00f3 el juez colegiado al tergiversar el contenido de las certificaciones expedidas por Hernando Alonso Cata\u00f1o V\u00e9lez en condici\u00f3n de alcalde del municipio de Barbosa, y por Francisco Javier Arroyave m\u00e9dico tratante del finado, quienes, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 la casacionista, refrendaron la existencia de una relaci\u00f3n como compa\u00f1eros permanentes entre los pluricitados; por cuanto, por medio del primer legajo se descartar\u00eda de plano la suposici\u00f3n de que \u201cla presencia de la demandante en la Finca La Serran\u00eda obedec\u00eda a su labor en la alcald\u00eda de Barbosa\u201d y con la \u00faltima se demostrar\u00eda la \u201cpermanencia, el apoyo, el acompa\u00f1amiento la ayuda y el socorro mutuo entre la pareja\u201d por el acompa\u00f1amiento que la gestora brind\u00f3 al finado en sus citas m\u00e9dicas. <\/p>\n
3. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en un falso juicio de existencia por omisi\u00f3n, por falta de valoraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n extraproceso que suministr\u00f3 Luis Guillermo Montoya Mej\u00eda, mediante la que se corrobor\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde el a\u00f1o 2007 hasta la fecha del deceso de Antonio Sierra Soto. <\/p>\n
4. Finalmente, indic\u00f3 que esa Colegiatura desconoci\u00f3 \u201cla prueba documental solicitada como sobreviniente\u201d, referida a la \u201cSentencia de Segunda Instancia de fecha 17 de Febrero del 2021, proferida por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, con Ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya, (\u2026) mediante la cual conden\u00f3 a Protecci\u00f3n a reconocer y pagar la sustituci\u00f3n pensional a la se\u00f1ora Nubia Beatriz Bedoya Melguizo, en calidad de compa\u00f1era permanente a partir del 19 de octubre del 2016. Hecho y prueba que reafirma la [existencia de la] uni\u00f3n marital de hecho\u201d entre el interfecto y la apelante (subrayas y resaltado propios del texto). <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con apoyo igualmente en la causal segunda, se tilda a la sentencia del Tribunal de violar indirectamente la ley sustancial, contenida en los c\u00e1nones 1, 2, 5 y 8 de la Ley 54 de 1994 y los art\u00edculos 176 y 330 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de un error de derecho manifiesto y trascendente por no estimar las pruebas en su conjunto. <\/p>\n
En desarrollo del embate, la censora indic\u00f3, en concreto, lo siguiente: <\/p>\n
1. El ad quem desconoci\u00f3 el principio l\u00f3gico que rige la sana cr\u00edtica, pues \u201c(\u2026) es m\u00e1s que evidente qui\u00e9n miente a la justicia; cuando todos los testigos incluyendo la esposa del causante, reconocen la presencia permanente de la demandante en la Finca la Serran\u00eda, quienes coinciden en afirmar falsamente que la demandante laboraba en el aseo de la finca, cuando los mismos demandados aportan como prueba documental el contrato de prestaci\u00f3n de servicios (\u2026), prueba que descarta de plano esa afirmaci\u00f3n, pues es imposible f\u00edsicamente que si una persona trabaja como manipuladora de alimentos en el municipio de Barbosa, lo pueda hacer al mismo tiempo como aseadora en la finca la Serran\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando quien afirm\u00f3 ser el contador del causante en el testimonio rendido ante la juzgadora de primera instancia manifest\u00f3 no haber realizado ninguna liquidaci\u00f3n por concepto de prestaciones sociales en favor de la convocante; declaraci\u00f3n que rectifica que \u201cla presencia de Nubia Beatriz Bedoya, no obedec\u00eda al simple hecho de hacer el aseo, sino como su compa\u00f1era permanente tal y como afirmaron los testigos de la demandante y la prueba documental arrimada al plenario\u201d. <\/p>\n
2. Acto seguido, se\u00f1al\u00f3 que el yerro denunciado se avizora con mayor incidencia en la notable credibilidad que le dio el juez colegiado a la manifestaci\u00f3n del \u201ctestigo sospechoso\u201d V\u00edctor Manuel Cardona, quien trabaj\u00f3 \u201cdesde el 2013 al 2016, con el causante y que a su muerte continu\u00f3 laborando con Andr\u00e9s; testigo que tiene una dependencia econ\u00f3mica de uno de los demandados; testigo adem\u00e1s que incurre en contradicciones, pues dice que trabajaba los d\u00edas lunes, mi\u00e9rcoles y viernes; no obstante afirma que durante esos d\u00edas ve\u00eda a Nubia Beatriz, haciendo aseo en la Finca la Serran\u00eda, cuando contrariamente fue probado que la demandante para esos d\u00edas, laboraba en el Municipio de Barbosa como manipuladora de alimentos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que el precitado deponente se contradijo en su aserci\u00f3n \u201ccuando afirm[\u00f3] que la demandante nunca se qued\u00f3 en la finca con el causante; no obstante manifiest[\u00f3] que en algunas ocasiones le baj\u00f3 el bolso; en sentido l\u00f3gico, no se refer\u00eda al bolso de mano, sino al bolso con el equipaje de la demandante; pero adem\u00e1s, manifiest[\u00f3] que no ten\u00eda comunicaci\u00f3n con el causante; pues, si no ten\u00eda una buena o fluida comunicaci\u00f3n con el causante y si trabajaba los d\u00edas lunes, mi\u00e9rcoles y viernes, saliendo del trabajo a las 4 de la tarde se pregunta este vocero judicial \u00bf c\u00f3mo se dio cuenta que la demandante no pernoctaba en la finca los fines de semana con el se\u00f1or Antonio Sierra Soto?\u201d. <\/p>\n
3. Luego, arguy\u00f3 que dicha pifia resulta trascendente, porque el Tribunal revoc\u00f3 el fallo de primera instancia \u201cafectando y agravando con dicha decisi\u00f3n los derechos fundamentales (sic) el estado civil de la demandante\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, solicit\u00f3 que se \u201cejerza un control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad de la sentencia impugnada, teniendo a la familia conformada por el causante y [la actora], como n\u00facleo esencial de la sociedad (\u2026); conjurar el agravio [a ella causado] desconocer su verdadero estado civil (\u2026); corregir el error de hecho frente a la apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas y el error de derecho por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas por aplicaci\u00f3n indebida de las reglas de la l\u00f3gica, experiencia y ciencia que regulan la sana cr\u00edtica al dejar de valorar las pruebas en forma individual y en su conjunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
PETICI\u00d3N DE NULIDAD <\/p>\n
Sin esgrimir causal alguna de casaci\u00f3n y con sustento en el motivo quinto de anulabilidad consagrado en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, se solicita declarar la nulidad del auto No. 10290 de 11 de marzo de 2021 y de la sentencia de segundo grado confutada proferidos por el ad-quem, por incurrir en una \u201cnulidad derivada de la falta de valoraci\u00f3n de una prueba sobreviniente\u201d. <\/p>\n
Como motivos de su petici\u00f3n esgrimi\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
1. Con fundamento en los preceptos 327 y 281 ib\u00eddem, solicit\u00f3 al ad-quem, que previo a resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados, \u201cincorporar[a] y valorar[a] como prueba documental sobreviniente el fallo de segunda instancia, proferida por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u201d, por medio de la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n dictada por el juez laboral de primera instancia en la que se conden\u00f3 a reconocer y pagar a la demandante \u201cen calidad de compa\u00f1era permanente\u201d del causante, la sustituci\u00f3n pensional; empero no lo hizo. <\/p>\n
2. De ah\u00ed que, en el sub lite se configur\u00f3 la causal 5\u00aa de nulidad reglada en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque no obstante ser procedente \u201cla incorporaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n\u201d del fallo emitido por Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn como prueba sobreviniente, el ad-quem neg\u00f3 la petici\u00f3n con sustento en que la misma fue extempor\u00e1nea. <\/p>\n
3. Lo anterior, por cuanto si bien el estatuto procesal civil vigente no consagr\u00f3 la posibilidad de allegar pruebas sobrevinientes una vez se haya cerrado la etapa probatoria, lo cierto es que en virtud del principio de integraci\u00f3n normativa y de la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los c\u00e1nones 12, 42-6 y 165 ejusdem, los cuales \u201cfijan pautas, remiten al juez, a otras normas an\u00e1logas que regulan la materia\u201d, le otorgan herramientas y fundamentos jur\u00eddicos para acudir a otras \u00e1reas del derecho, que han reglamentado el asunto \u201ccomo sucede con la ley 906 del 2004, concretamente en el art\u00edculo 344 que lo faculta\u201d para hacerlo; y por ende, en virtud de la analog\u00eda se permite la incorporaci\u00f3n de esas probanzas en casos excepcionales. <\/p>\n
4. Por tanto, resalt\u00f3 la posibilidad y la importancia de estimar e incorporar el prove\u00eddo antelado, en raz\u00f3n a que por medio de \u00e9l la Sala de decisi\u00f3n laboral precitada concluy\u00f3 que \u201cNUBIA BEATRIZ BEDOYA MENGUIZO, logr\u00f3 acreditar la convivencia permanente y continua con el causante desde el a\u2000o 2007 y hasta el momento de su muerte, asi como la ayuda y socorro mutuo y el \u00e1nimo de formar familia\u201d. <\/p>\n
5. Ahora bien, en lo tocante a la extemporaneidad de la petici\u00f3n predicada por el ad quem, indic\u00f3 que le fue \u201cimposible (\u2026) solicitarla dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, toda vez que solo fue proferida hasta el 17 de febrero del a\u00f1o 2021, es decir con posterioridad al t\u00e9rmino de ejecutoria del recurso\u201d de alzada. <\/p>\n
6. Finalmente, destac\u00f3 que la trascendencia de la nulidad alegada se ve representada en que la \u201cfalta de valoraci\u00f3n de la prueba sobreviniente solicitada, afect\u00f3 en gran medida la decisi\u00f3n de segunda instancia, objeto de impugnaci\u00f3n, toda vez que mediante esta sentencia, se corrobora la uni\u00f3n marital de hecho entre [la casacionista] y el se\u00f1or ANTONIO SIERRA SOTO; Por ello precisamente se le reconoci\u00f3 el derecho a percibir la pensi\u00f3n\u201d 8. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aspecto formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, en la respectiva demanda se debe enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado. <\/p>\n
Frente al primero de los mencionados desaciertos, se ha dicho que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio9, por lo que en dicho escrito tambi\u00e9n \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d 10, esto es, si el fallador \u201cpretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente\u201d11. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como lo ha enfatizado la Sala, el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d 12. <\/p>\n
De otro lado, trat\u00e1ndose del segundo de los aludidos yerros, que se materializa cuando en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n (aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n) se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, la Corte ha dicho que \u201ces menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron\u201d 13. <\/p>\n
Ahora bien, una de las formas en las que se estructura la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho, incluye la omisi\u00f3n del deber de estimar de forma conjunta los elementos demostrativos, con la subsiguiente abstracci\u00f3n de los puntos que los enlazan, tal y como lo exige el canon precitado del adjetivo procesal civil, seg\u00fan el cual, \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. <\/p>\n
\u201cLa apreciaci\u00f3n en conjunto de los medios demostrativos guarda relaci\u00f3n con el denominado principio de unidad de la prueba, que impone un examen concentrado de todos ellos con independencia de su naturaleza y del inter\u00e9s del sujeto que los aport\u00f3, en palabras de Devis Echand\u00eda, \u2018Significa este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme\u2019. Esta exigencia se relaciona tambi\u00e9n con el principio de adquisici\u00f3n o comunidad de la prueba, por virtud del cual, \u00e9sta no pertenece a quien la aporta, sino que una vez practicada e introducida legalmente es del proceso y, por lo tanto, \u2018debe ten\u00e9rsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. Como el fin del proceso es la realizaci\u00f3n del derecho mediante la aplicaci\u00f3n de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quien las haya pedido o aportado\u201914. Desde esa perspectiva, en el sistema de la sana cr\u00edtica adoptado por nuestro ordenamiento procesal civil, la apreciaci\u00f3n probatoria es una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, con base en las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que, necesariamente, comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios suasorios allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. A partir de ese labor\u00edo, el Juez, en cumplimiento de esta exclusiva actividad procesal, le asigna m\u00e9rito a las pruebas de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto acerca de los hechos que, siendo objeto de discusi\u00f3n, quedaron demostrados en el juicio. Respecto a la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que impone la apreciaci\u00f3n de las pruebas en su conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que da lugar a un error de derecho, por desconocimiento de una prescripci\u00f3n legal instituida para evaluar las pruebas. No obstante, seg\u00fan se explic\u00f3 en SC 25. Nov. 2005, exp. 1998-00082-01, cuando se invoca esta causal de casaci\u00f3n, la labor del impugnante no puede limitarse a enunciar el presunto yerro, sino que debe demostrar que la valoraci\u00f3n probatoria fue realizada respecto de cada medio probatorio individualmente considerado, de manera aislada, sin conectarlo con los dem\u00e1s que obren en el plenario, y se puntualiz\u00f3, \u2018Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente t\u00e9cnico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente\u2019\u201d. <\/p>\n
De otra parte, cuando se censura la decisi\u00f3n de segundo grado por haberse dictado en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad establecidas en ley, es imprescindible que los reparos se formulen invocando el motivo quinto de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
No obstante, se hace necesario indicar que, en todo caso, se dar\u00e1 la inadmisi\u00f3n de dicha causal cuando se encuentre que el error procesal aducido no existe o que el mismo fue saneado, tal y como lo consagra la previsi\u00f3n contemplada en el numeral segundo del art\u00edculo 347 ib\u00eddem. <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte su incumplimiento en los dos cargos planteados, y si en gracia de discusi\u00f3n se admitir\u00e1, tambi\u00e9n en la petici\u00f3n presentada, como pasa a explicarse en detalle. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis formal de los ataques propuestos <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas con los dos embates propuestos, se advierte que los mismos deben inadmitirse, por las razones que pasan a explicarse en detalle: <\/p>\n
2.1. Respecto del primero <\/p>\n
Se hace necesario indicar que, en repetidas ocasiones, la Corte ha se\u00f1alado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s del proceso, y ello sigue siendo as\u00ed a\u00fan con la entrada en vigencia de la nueva codificaci\u00f3n procesal, por lo que para derruir la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a esta sede la sentencia proferida por el Tribunal, le corresponde al casacionista, am\u00e9n de interponer el recurso de casaci\u00f3n, sustentarlo con una demanda que llene las exigencias m\u00ednimas de t\u00e9cnica y de forma previstas por el legislador. <\/p>\n
En ese contexto, precisamente, se entiende que para combatir las cuestiones f\u00e1cticas consideradas en el fallo recurrido, campo donde opera el principio de soberan\u00eda del juzgador en la valoraci\u00f3n de las pruebas, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exija al recurrente, si de error de hecho se trata, singularizar con precisi\u00f3n y claridad las probanzas sobre las que recae, indicarse en qu\u00e9 consiste, demostrarlo y poner de presente su trascendencia. <\/p>\n
En consecuencia, el cumplimiento de las exigencias formales no pasa por presentar, a manera de alegaci\u00f3n de instancia, un nuevo an\u00e1lisis sobre el alcance de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, con pretensi\u00f3n de sobreponerse al que se efectu\u00f3 por el ad quem. La denuncia de un desatino de hecho en la ponderaci\u00f3n de las pruebas impone, por lo tanto, que <\/p>\n
\u201c\u2026 el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada15\u201d. <\/p>\n
Lo antelado, porque en el cargo examinado, la recurrente no demostr\u00f3 formalmente el error de hecho alegado, pues al desarrollar el embate no despleg\u00f3 la actividad necesaria en orden a demostrar el desatino f\u00e1ctico. Esto si se repara en que si bien individualiz\u00f3 las pruebas que consider\u00f3 tergiversadas, a saber, la declaraci\u00f3n de parte ofrecida por la demandante, los testimonios de Claudia Mar\u00eda Serna, Flavio Rend\u00f3n Estrada, Diana Isabel G\u00f3mez Valencia, Gloria Elena Escobar Restrepo, la declaraci\u00f3n extrajuicio de Luis Guillermo Montoya Mej\u00eda y las certificaciones expedidas por Hernando Alonso Cata\u00f1o V\u00e9lez y Francisco Javier Arroyave; y rese\u00f1\u00f3 su contenido material, olvid\u00f3 efectuar la obligada tarea de contraste entre lo que objetivamente dicen esas probanzas con lo que sobre ellas expuso y razon\u00f3 o debi\u00f3 razonar el Tribunal, para as\u00ed evidenciar el yerro en el que se pudo incurrir en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
De esa forma, los errores de hecho quedaron sin la necesaria acreditaci\u00f3n, am\u00e9n de que, al repasar las consideraciones del fallo impugnado, se advierte que el Tribunal s\u00ed valor\u00f3 las mencionadas, lo que descarta el yerro f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n probatoria, pues, se insiste, el juzgador de segunda instancia de ninguna forma ignor\u00f3 ni tergivers\u00f3 el aludido interrogatorio de parte, los testimonios, las declaraciones extrajuicio y las certificaciones. Solo que, en el \u00e1mbito de su discreta autonom\u00eda, las valor\u00f3 de una forma diferente a la propuesta por la accionante, lo que de por s\u00ed no puede servir de base para un reproche en sede de casaci\u00f3n, m\u00e1s si se trata de denunciar un yerro de hecho, concerniente a la desfiguraci\u00f3n o ignorancia de una prueba, cosa que, en efecto, no se present\u00f3. <\/p>\n
Fue con base en esas pruebas, que en el fallo de segundo grado el ad-quem concluy\u00f3 que si bien la convocante se conoc\u00eda con el causante desde el a\u00f1o 2007, frecuentaba su residencia, se trataban mutuamente con afecto y entre ellos subsist\u00eda una estrecha relaci\u00f3n social de amistad, confianza y de trabajo, ello no era suficiente para colegir la existencia de un v\u00ednculo de pareja entre compa\u00f1eros permanentes por no encontrarse probado el \u00e1nimo de formar una comunidad de vida permanente y singular, con la voluntad real de conformar una familia; y m\u00e1s, cuando los testigos por ella misma tra\u00eddos al proceso adujeron que principalmente presenciaron la proximidad entre aquellos en virtud de las actividades de servicio dom\u00e9stico que la recurrente desarroll\u00f3 en la finca del causante en el marco de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados con la administraci\u00f3n municipal de Barbosa. <\/p>\n
En la parte pertinente de la sentencia, que corrobora lo antes expuesto, se lee: <\/p>\n
\u201cEn le plenario, solo aparece el vago comentario de la se\u00f1ora Diana Isabel G\u00f3mez Valencia quien refiri\u00f3 que Antonio trataba cordial y cari\u00f1osamente e Nubia Beatriz, de lo cual solo se desprende que se prodigaban un trato afectuoso y que no implican el surgimiento de cuestiones de quilatada importancia como las de su convivencia o de comportarse como una pareja de esposos, adem\u00e1s que las actividades descritas por los testigos tra\u00eddos por activa, se limitan a narrar que, cuando visitaban la finca La Serran\u00eda, encontraban a la accionante, pero atendiendo a los invitados, haciendo el aseo y cocinando, es decir, en el transcurso de los eventos que en ese lugar llevaba a cabo el nombrado \u201cde cujus\u201d, de lo cual tampoco se infiere su \u00e1nimo de permanencia o cohabitaci\u00f3n. (\u2026) Lo anterior solo muestra una estrecha relaci\u00f3n social de amistad de confianza y de trabajo, entre Nubia Beatriz y Antonio, ya que compart\u00edan reuniones tanto en la finca como en el pueblo de Barbosa, donde se les vio juntos realizando compras, departiendo con amigos y tomando caf\u00e9, pero sin que surgiera, por lo expuesto, entre ellos la llamada afectos maritales(\u2026)\u201d. <\/p>\n
De otro lado, se encuentra que el cargo no cumple con la obligaci\u00f3n de se\u00f1alar con precisi\u00f3n y claridad m\u00ednimas, la trascendencia del error cometido16; esto es, mostrando la manera en la que las pruebas que se dice \u201cdesdibujadas\u201d, habr\u00edan cambiado el resultado de la segunda instancia, m\u00e1s a\u00fan cuando el Tribunal, en su extensa exposici\u00f3n de consideraciones probatorias, detall\u00f3 dos grupos de pruebas, unas a favor y otras en contra de la tesis de la actora, decant\u00e1ndose con motivos serios por las pruebas que descartaban la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como desde el plano del error de hecho no hubo una cabal demostraci\u00f3n del ataque, y el mismo, por lo dem\u00e1s, no aparece configurado, se impondr\u00e1 la inadmisi\u00f3n del cargo, con base en lo disciplinado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, y el numeral 3\u00ba del siguiente precepto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo <\/p>\n
Se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, porque el Tribunal dej\u00f3 de valorar las pruebas en su conjunto, seg\u00fan el mandato previsto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, la censura carece de precisi\u00f3n y claridad, pues, por lo menos desde lo formal, que es lo examinado en este momento, no se hizo expl\u00edcito en qu\u00e9 forma el juzgador de segunda instancia dej\u00f3 de sopesar en su conjunto el material persuasivo recopilado regular y oportunamente en el proceso. Esto es, indicando los elementos de acreditaci\u00f3n presentes, as\u00ed como sus puntos de enlace y conexi\u00f3n, para despu\u00e9s, con miras en el fallo adoptado, indicar c\u00f3mo en este no se procedi\u00f3 al obligatorio an\u00e1lisis aunado o en perspectiva de las pruebas. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, si se quiere entrar mayormente en el asunto, e incluso descartar la \u201cevidente transgresi\u00f3n del ordenamiento\u201d17, cabe se\u00f1alar que el reparo elevado no cuenta con respaldo, porque del contenido del fallo confutado se observa que el sentenciador no desatendi\u00f3 dicha prescripci\u00f3n de linaje probatorio. <\/p>\n
Precisamente, la sentencia no solo hizo una relaci\u00f3n y compendio detallado de las pruebas recaudas en el proceso (documentos, testimonios, declaraciones extrajuicio e interrogatorios de parte), sino que fue a partir del escrutinio mancomunado y conexo de las confesiones efectuadas por la propia casacionista y de las declaraciones a las que razonadamente dio cr\u00e9dito, as\u00ed como de documentos como los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, la historia cl\u00ednica del causante, las constancias de pago de los servicios funerarios por parte de la exc\u00f3nyuge \u00c1ngela Mar\u00eda Montoya Aguirre y el seguro de vida que tom\u00f3 aquel en favor de esta con posterioridad al divorcio, el cual efectivamente fue reclamado, que sostuvo las conclusiones sobre la inexistencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre Nubia Beatriz Bedoya Melguizo y Antonio Sierra, desde 2007 a 2016. <\/p>\n
Al entrar en materia, acerca del interrogatorio de parte rendido por la casacionista, esa Colegiatura se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) la pregonada UMH aducida por la se\u00f1ora NUBIA BEATRIZ BEDOYA MELGUIZO, ni siquiera encuentra eco en sus propias aserciones y menos a\u00fan en las atestaciones de las personas cuyos testimonios solicit\u00f3, ni en las pruebas que invoc\u00f3 y trajo (\u2026) Particularmente la gestora de este proceso en su interrogatorio confes\u00f3 que no fue afiliada por el finado Antonio como su beneficiaria en salud, aduciendo que como trabajaba, le exig\u00edan que la cotizante fuese ella y que sus nexos de pareja tuvieron lugar entre la finca de aquel y el apartamento de esta, inmuebles ubicados en la misma municipalidad de Barbosa, amaneciendo ese causante, muchas veces en el apartamento y a pesar de que el nombrado causante laboraba en esa localidad, durante la semana solo acud\u00eda a almorzar a la residencia de la demandante, donde hac\u00eda la siesta y volv\u00eda a su trabajo, aseveraciones que comportan que no obstante que ambas personas viv\u00edan en Barbosa donde trabajaba Antonio, nunca tuvieron siquiera una residencia com\u00fan puesto que este solo iba al apartamento a almorzar, (\u2026), y, si bien, la pretensora estuvo varias veces en ese predio, ello se debi\u00f3 a los contratos que tuvo Antonio con el Municipio de Barbosa, con el cual ella tambi\u00e9n celebr\u00f3 convenciones, (\u2026), atendiendo a las personas que concurr\u00edan a los eventos que all\u00ed ten\u00edan lugar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Prosiguiendo con las atestaciones, en cuanto al g\u00e9nesis de la relaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u201c[e]s m\u00e1s, aflora marcada incertidumbre en cuanto a la fecha de la iniciaci\u00f3n de la proclamada convivencia entre la genitora de este litigio con el finado Antonio, porque a pesar que aquella y la gran mayor\u00eda de los testigos que adujo coincidieron en expresar que lo fue el 20 de julio de 2007, la se\u00f1ora Gloria Elena Escobar Restrepo testimoni\u00f3 que en esa fecha conoci\u00f3 el se\u00f1or Sierra Soto, luego de aceptar acompa\u00f1ar a Nubia Beatriz a visitarlo en su finca de Barbosa, oportunidad en la cual esta le dijo que le causaba miedo acudir sola a esa locaci\u00f3n a cumplir con las m\u00faltiples invitaciones que aquel le hac\u00eda, lo cual descarta que para entonces, convivieran. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Llegado finalmente a legajos como la historia cl\u00ednica del finado, los contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados entre este y la alcald\u00eda del precitado municipio, la certificaci\u00f3n del m\u00e9dico tratante, las constancias de pago por parte de su exc\u00f3nyuge de los gastos funerarios y al seguro de vida que tom\u00f3 aquel en favor de esta con posterioridad al divorcio, que esa Colegiatura indic\u00f3 en el prove\u00eddo fustigado, en primer t\u00e9rmino, que \u201cpese a que no se acredit\u00f3 que ese causante tuviera una UMH con la se\u00f1ora \u00c1NGELA MAR\u00cdA MONTOYA AGUIRRE luego de que se divorciara en el a\u00f1o 2004, para cuyo cometido se ados\u00f3 la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Antonio durante los \u00faltimos d\u00edas de su existencia, la cual se ve a folios 132 a 167 y lo concerniente al pago que aquella hizo de los servicios funerarios\u201d. <\/p>\n
En segundo orden que \u201cel cartulario refleja que el se\u00f1or ANTONIO SIERRA SOTO asent\u00f3 su residencia en la finca la Serran\u00eda de Barbosa desde el a\u00f1o 2007, con el \u00e1nimo de desarrollar el objeto social de su empresa Corporaci\u00f3n Protecci\u00f3n Ambiental Social Integral (CORPRASOI folio 188 a 194), suscribiendo contratos de prestaci\u00f3n de servicios con el municipio de Barbosa (folios 178 a 183), a la vez que tambi\u00e9n se dedic\u00f3 en el decurso de sus \u00faltimos a\u00f1os a la actividad agropecuaria, empresa en la cual, la se\u00f1ora Nubia Beatriz ninguna intervenci\u00f3n tuvo en su impulso, m\u00e1s all\u00e1 de sus propias afirmaciones\u201d. <\/p>\n
En tercer lugar que \u201csi bien la suplicante acompa\u00f1\u00f3 en diversas ocasiones al se\u00f1or Antonio en sus consultas m\u00e9dicas en el transcurso de su fatal enfermedad, como da cuenta la certificaci\u00f3n del m\u00e9dico Francisco Javier Arroyave (folios 22 de la cartilla principal), en contraposici\u00f3n a ello, en la foliatura aparece abundante documentaci\u00f3n expresiva de que la ex c\u00f3nyuge del finado Sierra Soto la se\u00f1ora \u00c1NGELA MAR\u00cdA MONTOYA AGUIRRE, fue quien se hizo cargo de sus \u00faltimos d\u00edas de su asistencia personal en la cl\u00ednica, y luego de su deceso afront\u00f3 lo relacionado con sus exequias, como tambi\u00e9n que, si como lo predica la propulsora de este proceso, era la compa\u00f1era permanente de Antonio, no aparece l\u00f3gico que en el peor momento del estado de salud de su presunto compa\u00f1ero, hubiera optado por acudir al hermano de este Mauricio Sierra Soto para informarle telef\u00f3nicamente lo mal que se encontraba y que fuese su otro hijo Andr\u00e9s, en compa\u00f1\u00eda de la se\u00f1ora \u00c1NGELA MAR\u00cdA MONTOYA AGUIRRE quienes acudieran en su auxilio para trasladarlo a la ciudad de Medell\u00edn con el fin de que se le suministrara una pronta atenci\u00f3n m\u00e9dica, lo cual tambi\u00e9n incide para adosar la ausencia de la procurada UMH\u201d. <\/p>\n
Para finalmente colegir que \u201cel presente juicio se reafirma, si se advierte que el se\u00f1or ANTONIO SIERRA SOTO no vari\u00f3 a la beneficiaria \u00c1NGELA MAR\u00cdA MONTOYA AGUIRRE que aparece en el seguro de vida que tom\u00f3 el 28 de diciembre de 2006 con la compa\u00f1\u00eda Coaxis, el cual reclam\u00f3 aquella en marzo 22 de 2017, a pesar de haberlo adquirido con posterioridad a su divorcio y con anterioridad al supuesto inicio de su convivencia con Nubia Beatriz, cuyo futuro econ\u00f3mico no asegur\u00f3, sabiendo que esta percib\u00eda unos ingresos econ\u00f3micos que no eran elevados, como aseadora, manipuladora de alimentos (folios 125 a 129) y portera del colegio en Barbosa, circunstancia que confluyen para descartar la existencia de un proyecto de vida com\u00fan y su voluntad de ayuda y socorro mutuos, a lo cual se suma que el nombrado V\u00edctor Manuel Cardona, mayordomo en la finca La Serran\u00eda, nunca la consider\u00f3 como compa\u00f1era de ese causante\u201d. <\/p>\n
Corroborado queda, en consecuencia, que por parte del juzgador de segundo grado s\u00ed existi\u00f3 tanto un examen individual, como una panor\u00e1mica auscultaci\u00f3n de las pruebas, raz\u00f3n suficiente para desestimar lo relativo a la no valoraci\u00f3n conjunta de los medios de acreditaci\u00f3n que se aportaron regular y oportunamente al plenario. <\/p>\n
En resumen, el cargo adem\u00e1s de carecer de precisi\u00f3n y claridad en su planteamiento, debe ser inadmitido porque la valoraci\u00f3n de las pruebas efectuada por el Tribunal no muestra una evidente transgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, en particular, del procesal que disciplina la materia de las pruebas, y m\u00e1s concretamente, el apartado de la valoraci\u00f3n, donde existe, lo ha dicho la jurisprudencia, un campo en el que opera la discreta autonom\u00eda del fallador. <\/p>\n
2.3. En lo atiente a la petici\u00f3n rotulada como \u201cnulidad derivada de la falta de valoraci\u00f3n de una prueba sobreviniente\u201d <\/p>\n
Sea lo primero indicar que la casacionista, para enfilar su ataque, omiti\u00f3 se\u00f1alar alguna de las causales de casaci\u00f3n del precepto 336 del C\u00f3digo General de Proceso para sustentar su denuncia, olvido que atenta contra la exigencia de claridad de todo libelo casacional; pues, para enrostrar la anulabilidad del auto No. 10290 de 11 de marzo de 2021 y de la sentencia fustigada, simplemente ech\u00f3 mano de lo que denomin\u00f3 \u201cpetici\u00f3n de nulidad\u201d con sustento en el motivo quinto del canon 133 ib\u00eddem. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica en indicar, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) el interesado deber\u00e1 formular sus reproches a trav\u00e9s de cargos separados, \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb (el numeral 2 del art\u00edculo 344). Para lo cual, deber\u00e1 indicar la causal esgrimida y, de arg\u00fcirse la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial, identificar la v\u00eda (directa o indirecta) y el error (de hecho o de derecho)\u201d (negritas ajenas al texto, CSJ, AC7388-2017). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, precis\u00f3 la Corte, que <\/p>\n
\u201cs\u00ed se erige como requisito formal de la demanda de casaci\u00f3n, que el censor especifique cu\u00e1l de las causales es la que se configura en el escrito incoativo del recurso extraordinario, y en qu\u00e9 consiste el desatino que da lugar al quiebre del fallo, en forma \u00abclara y precisa\u00bb para que pueda admitirse la demanda\u201d (CSJ, AC1549-2018). <\/p>\n
Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que el embate se estructur\u00f3 con apoyo en el motivo quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u201c[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u201d; tampoco hay lugar a admitir la demanda, por lo siguiente: <\/p>\n
Enjuicia la recurrente como causa de invalidez de la actuaci\u00f3n surtida en el proceso, el hecho de que el Tribunal denegara \u201cla incorporaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 17 de febrero de 2021\u201d, \u201cproferida por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u201d como \u201cprueba documental sobreviniente\u201d, por cuanto la entiende como una prueba fundamental en el sub examine, pues mediante esa decisi\u00f3n se confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, dictado por el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn, mediante la cual conden\u00f3 a la sociedad demandada \u201ca reconocer y pagar la sustituci\u00f3n pensional a la se\u00f1ora Nubia Beatriz Bedoya Melguizo, en calidad de compa\u00f1era permanente a partir del 19 de octubre del 2016\u201d. <\/p>\n
Ciertamente la nulidad que ac\u00e1 se solicita no la prev\u00e9 el actual estatuto procesal civil, ya que el \u00edtem quinto del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que el proceso es nulo en todo o en parte \u201c[c]uando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d. <\/p>\n
De all\u00ed la deficiencia referida, pues a pesar de que la casacionista indic\u00f3 en el desarrollo del ataque que los art\u00edculos 12, 42, 165, 281 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en virtud del principio de integraci\u00f3n normativa, brindan herramientas y fundamentos jur\u00eddicos para que el juez por medio de la analog\u00eda acuda a otras \u00e1reas del derecho que hayan reglamentado la materia para la incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de pruebas sobrevinientes, haciendo referencia puntalmente al inciso cuarto del canon 344 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004; lo cierto es que, en materia civil, no existe regla de orden legal por virtud de la cual le sea imperativo al juzgador, ordenar, en asuntos como el examinado, el decreto e incorporaci\u00f3n forzosa de una probanza como la solicitada. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de esa carga para el opugnante18, la Corte dijo en un caso semejante, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se omiti\u00f3 explicar a la Corte las razones por las cuales las pruebas en comento resultaban obligatorias, indicando las normas que as\u00ed lo ordenaban, inclusive en la hip\u00f3tesis de ser cierto, como se alega por la censura, que la no pr\u00e1ctica de tales medios era imputable a la jurisdicci\u00f3n. Como se sabe, la senda de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00fanicamente permite denunciar vicios procesales relacionados con pruebas oficiosas, cuando el medio respectivo responde a una exigencia legal expresa para proveer fallo de fondo. As\u00ed empez\u00f3 a perfilarlo la Sala en los fallos de 22 de mayo de 1998 (CCLII-1510, Volumen II, Primer Semestre), y 136 de 28 de junio de 2005, expediente 7901, a la postre g\u00e9nesis del art\u00edculo 133, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual el proceso es nulo, en todo o en parte, \u201c(\u2026) cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d, precepto que en un todo, se arroga la doctrina de esta Corte en el punto\u201d. <\/p>\n
Total que la recurrente no mostr\u00f3 ninguna norma procesal que ordenara el decreto de oficio de una sentencia dictada en otro proceso judicial, y m\u00e1s trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n proferida por un juez de otra especialidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria como es la laboral, con el prop\u00f3sito de establecer la acreditaci\u00f3n de los requisitos para la conformaci\u00f3n y existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes y el nacimiento de una sociedad patrimonial, sin que tenga cabida la referencia a normas de \u00edndole del procedimiento penal, pues, el numeral quinto del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que la nulidad encaja en los eventos en que \u201c\u2026se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d. <\/p>\n
Con todo, se hace necesario indicar que el hecho de que el juez ordinario laboral haya encontrado acredita la convivencia para condenar a la convocada a pagar la sustituci\u00f3n pensional en favor de la casacionista, no trasciende la especialidad que convoca a esta Sala de Casaci\u00f3n, porque el operador judicial que se encuentra llamado por la ley para conocer y definir el estado civil de las personas es el juez de familia de conformidad con el numeral 20 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De modo que, por su inadecuado planteamiento, as\u00ed como porque tampoco existe el vicio procesal denunciado, el cargo o petici\u00f3n de nulidad sobreviniente, no est\u00e1 llamado a ser aceptado a tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Existencia de factores que ameriten la selecci\u00f3n positiva en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto s\u00e9ptimo de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, porque, analizado el proceso, como lo fue, no se observa vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Colof\u00f3n de todo lo que antecede, se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada, y como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por NUBIA BEATRIZ BEDOYA MELGUIZO, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 22 de junio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que promovi\u00f3 contra los herederos determinados ANDR\u00c9S y SANTIAGO SIERRA MONTOYA y los indeterminados del causante ANTONIO SIERRA SOTO. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 78, anexo CJuzgado00120170038101, exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 79 a 89, anexo CJuzgado00120170038101, exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 79 a 89, ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 231 a 233, ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 328 a 321, anexo CJuzgado00120170038101, exp. digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 55 a 57, anexo 0012017008301 (10290) CdTribunal y CD, audiencia 22062021 parte 2 05308311000120170038101 expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 55 a 57, anexo 0012017008301 (10290) CdTribunal y CD, audiencia 22062021 parte 2 05308311000120170038101 expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Actuaci\u00f3n 9, anexo 007, cdno. Corte, expediente digital, ecosistema digital. <\/p>\n
9\u0002 Entre ellas, el libelo introductorio del proceso y su contestaci\u00f3n <\/p>\n
10\u0002 CSJ, AC2679-2020. <\/p>\n
11\u0002 CSJ, AC2213-2020. <\/p>\n
12\u0002 Cit., reiterado en AC2501-2021. <\/p>\n
13\u0002 CSJ, AC2679-2020, reiterado en AC2501-2021. <\/p>\n
14\u0002 Ibid. p\u00e1g. 110. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de agosto de 2014, rad. 2010-227-01 <\/p>\n
16\u0002 EL pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, trae dicha exigencia formal, as\u00ed: \u201cEn todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de la falta de requisitos formales es posible inadmitir la demanda de casaci\u00f3n \u201cCuando no es evidente la transgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u201d. <\/p>\n
18\u0002 En CSJ AC3785-2017, reiterado en CSJ AC5552-2017, CSJ AC8761-2017 y AC3531-2020. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1465-2022 (2017-00381-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC1465-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05308-31-10-001-2017-00381-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}