AC1490-2022 (2017-00019-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1490-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-31-03-002-2017-00019-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Sociedad Chin\u00e1cota Colonial S.A.S. y el se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo pretenden sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia del 12 de febrero de 2020, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 el se\u00f1or \u00c1lvaro Geovanny Espinel Oma\u00f1a en contra de los impugnantes. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
\u00c1lvaro Geovanny Espinel, como propietario del inmueble identificado con F.M.I. 264-1363, pide que se condene a Sociedad Chin\u00e1cota Colonial S.A.S. a que restituya dicho bien. Adem\u00e1s, al ser poseedor de mala fe, pretendi\u00f3 que sea condenado a \u00abpagar al demandante (\u2026) el valor de los frutos naturales o civiles derivados del referido inmueble\u00bb, los cuales estim\u00f3 en $75.359.604. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
Adujo que adquiri\u00f3 el inmueble objeto de la controversia a trav\u00e9s de compraventa celebrada con Orlando Gonz\u00e1lez Oma\u00f1a y que fue elevada a escritura p\u00fablica No. 486 del 01 de noviembre de 1988, protocolizada en la Notar\u00eda \u00danica de Chin\u00e1cota. Indic\u00f3 que el lote inicial fue segregado a trav\u00e9s del instrumento no. 417 del 02 de noviembre de 1989. Asever\u00f3, adem\u00e1s, que dicha porci\u00f3n de terreno fue enajenada a Roberto Sayago Hurtado y Berenice Fern\u00e1ndez de Sayago. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en atenci\u00f3n a dicha venta, el demandante \u00abse reserv\u00f3 para s\u00ed el resto del lote de terreno\u00bb, cuyos linderos se aclararon en la escritura no. 417 del 02 de noviembre de 1989. As\u00ed las cosas y pese a ser el propietario del aludido bien, al momento de la interposici\u00f3n de la demanda se encontraba privado de su posesi\u00f3n material \u00abdado que la sociedad CHIN\u00c1COTA COLONIAL S.A.S. se encuentra posey\u00e9ndolo materialmente, al haberlo integrado, clandestina, abusiva e ilegalmente, al predio e instalaciones donde funciona el hotel Colonial de Chin\u00e1cota, establecimiento de comercio de propiedad de dicha sociedad (\u2026)\u00bb. Indic\u00f3 que tal hecho ocurri\u00f3 aproximadamente en el mes de octubre de 2013, \u00abmes siguiente a la expedici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia que desconoci\u00f3 la calidad de poseedor alegada por el se\u00f1or Virgilio Ochoa Acevedo dentro del proceso ordinario de pertenencia urbana (\u2026) que este adelant\u00f3 infructuosamente el lote de terreno que es aqu\u00ed objeto de reivindicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su contestaci\u00f3n, el apoderado de la sociedad demandada aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Asegur\u00f3 que reconoce dominio ajeno en favor del se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo. En tal sentido, aclar\u00f3 que le paga arriendo a aquel y que ocupa el fundo en calidad de tenedora. Por otro lado, y en vista de la vinculaci\u00f3n efectuada por el Despacho al se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo el 22 de septiembre del 20171, este contest\u00f3 oportunamente. En tal escenario, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones denominadas \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n extintiva de dominio\u00bb2. Adem\u00e1s, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n a efectos de que se declarara que adquiri\u00f3 extraordinariamente el fundo3. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Segundo Civil Laboral del Circuito de Oralidad de Pamplona dict\u00f3 sentencia del 29 de noviembre de 2018, por la cual accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demanda \u00abpero claro est\u00e1 frente al accionado poseedor HUGO ARIEL L\u00d3PEZ TAMAYO\u00bb. En consecuencia, declar\u00f3 poseedor de mala fe a L\u00f3pez Tamayo, le orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto de la controversia y lo conden\u00f3 al pago de $118.814.430, a t\u00edtulo de los frutos civiles causados desde octubre del 2013 a octubre del 2018. Por otro lado, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva propuesta por la sociedad Chin\u00e1cota Colonial S.A.S. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por ambas partes contra el prove\u00eddo de primera instancia fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 12 de febrero de 2020-. All\u00ed se confirm\u00f3 en su totalidad el fallo impugnado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por estudiar los reparos efectuados por el apoderado de la parte demandante en su recurso de alzada. Sobre ellos, estim\u00f3 que el actor no logr\u00f3 probar las supuestas maquinaciones y enga\u00f1os de quien se dijo poseedor y no lo era, pues, por regla general, \u00ablo que la jurisprudencia ense\u00f1a es que la manifestaci\u00f3n del animus es suficiente para tenerlo por probado en quien lo afirma\u00bb. Asever\u00f3 que es improcedente presumir la existencia del fraude o deducirse de elucubraciones, pues la buena fe se presume. Por ende, debi\u00f3 la parte activa demostrar \u00abas\u00ed sea indiciariamente, la existencia de tal pacto de enga\u00f1o entre la sociedad Chin\u00e1cota Colonial y Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo\u00bb. Sin embargo, no hay prueba alguna que corrobore tal hecho pues, pese a no existir el aludido contrato de arrendamiento entre aquellos, debe tenerse en cuenta que la sociedad \u00abapenas se trab\u00f3 la relaci\u00f3n procesal, renunci\u00f3 a la posibilidad de postularse como usucapiente o mejorador de un bien que el demandante valor\u00f3 en m\u00e1s de 2.100 millones de pesos y sobre el cual, adem\u00e1s, realiz\u00f3 las millonarias inversiones que se aprecian en el mismo peritaje provisto por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la apelaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica demandada, memor\u00f3 que esta se dirigi\u00f3 contra la decisi\u00f3n de multarla por el incumplimiento de lo prescrito en el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo General del Proceso, a saber, informar qui\u00e9n era el verdadero poseedor y relacionar su direcci\u00f3n de notificaciones. Al respecto, el Colegiado asegur\u00f3 que los reparos esgrimidos no eran procedentes, en tanto que la recurrente, en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, no inform\u00f3 la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del se\u00f1or L\u00f3pez Tamayo. As\u00ed mismo, tampoco \u00abefectu\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n explicatoria del porqu\u00e9 no se inform\u00f3 oportunamente la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del se\u00f1alado poseyente en el t\u00e9rmino de traslado, pues apenas inform\u00f3 la direcci\u00f3n pedida (\u2026) y solo en el recurso de apelaci\u00f3n se mencion\u00f3, sin acreditarlo, que no conoc\u00eda la direcci\u00f3n, lo que impide el an\u00e1lisis del aspecto subjetivo de su omisi\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el remedio vertical incoado por el se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo, evidenci\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en determinar si \u00abel bien reclamado en reivindicaci\u00f3n es el mismo que posee Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo pese a las diferencias presentadas en el \u00e1rea que se registran en las escrituras y en el peritaje realizado dentro del proceso\u00bb. Para el efecto, apuntal\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn su contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) la apoderada de Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo transcribi\u00f3 id\u00e9nticamente la descripci\u00f3n, cabida y linderos de la tradici\u00f3n y actualidad del inmueble consignado en los hechos uno, dos y tres de la demanda, folio d\u00e9cimo, respondiendo a cada uno de esos hechos que \u201ces cierto\u201d. As\u00ed lo acredita el referido documento escriturario. Posteriormente, en la fase procesal de fijaci\u00f3n del litigio, realizada en la audiencia de 3 de julio del 2018, las partes de consuno aceptaron tener por probados los hechos 1 a 4 de la demanda, con relaci\u00f3n a la identificaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, la contradicci\u00f3n del dictamen se realiza interrogando al perito sobre su idoneidad, imparcialidad y el contenido del dictamen. En la audiencia de agosto 15 del 2018, cuando le correspondi\u00f3 a la apoderada de Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo, hoy apelante, el turno de interrogar al perito (\u2026) manifest\u00f3 \u201csin pregunta alguna, se\u00f1ora juez\u201d. Es decir, que lib\u00e9rrimamente la apoderada declin\u00f3 su derecho de efectuar la respectiva contradicci\u00f3n, renunciando a la etapa estelar de exponer al perito las deficiencias halladas en su experticia. <\/p>\n
Durante la fase de alegatos de conclusi\u00f3n realizada el 29 de noviembre del 2019, (\u2026) la apoderada bas\u00f3 su hip\u00f3tesis en el que el predio no fue identificado exclusivamente en que no coincide con las \u00e1reas inicialmente provistas en la demanda. <\/p>\n
Como se desprende de su interrogatorio realizado el 15 de agosto de 2018, el perito (\u2026) manifest\u00f3 que el predio cuya reivindicaci\u00f3n se reclama en la demanda y que \u00e9l visit\u00f3 y levant\u00f3 son el mismo y que la diferencia de \u00e1reas entre la demanda y su peritaje obedec\u00eda a que la medici\u00f3n del predio consignada en la demanda tiene coordenadas, o sea, se hizo con GPS, lo cual tiene un margen de error de 3 metros; mientras que \u00e9l, por ser el predio menor a una hect\u00e1rea, la hizo con el m\u00e9todo de triangulaci\u00f3n geom\u00e9trica\u00bb. <\/p>\n
Observ\u00f3 que el perito Nelson Ovidio Eugenio L\u00f3pez absolvi\u00f3 los interrogatorios correspondientes a la identidad y diferencias del \u00e1rea por \u00e9l obtenidas con el peritaje que se acompa\u00f1\u00f3 a la demanda de manera veros\u00edmil y consistente, sin que la apoderada del apelante hubiese efectuado preguntas tendientes a controvertir la pericia. Por lo dem\u00e1s, cuando el demandado acept\u00f3 ser poseedor, \u00abal mismo tiempo acept\u00f3 la identidad del predio, m\u00e1xime cuando en su contestaci\u00f3n no la cuestion\u00f3, sino que, por el contrario, la dio por cierta\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, sobre la calificaci\u00f3n como poseedor de mala fe de la pasiva, vislumbr\u00f3 que no existe justo t\u00edtulo que le permitiera a Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo acceder al bien. Ciertamente, de las pruebas obrantes en el plenario, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00aben la contestaci\u00f3n de la demanda en la cual plante\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio (\u2026) ni en la demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia intentada dentro de este mismo procedimiento con el mismo prop\u00f3sito por Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo (\u2026) este hizo alusi\u00f3n alguna a la existencia y mucho menos al rol de Virgilio Ochoa, a quien en su interrogatorio de parte reconoci\u00f3 como quien le transfiri\u00f3 la propiedad del inmueble, pues en esas entradas procesales se limit\u00f3 a expresar que ha ejercido la posesi\u00f3n desde el 6 de enero del 2006 hasta la actualidad, y que ha pose\u00eddo de manera libre, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por un t\u00e9rmino superior a 10 a\u00f1os (\u2026). <\/p>\n
Si el supuesto t\u00edtulo del cual deriva su convicci\u00f3n de buena fe Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo proviene de la compraventa que supuestamente le hizo Virgilio Ochoa, \u00bfc\u00f3mo es que ni en la contestaci\u00f3n de la demanda ni en la demanda de pertenencia respectiva intenta dentro de este procedimiento y que no prosper\u00f3 siquiera lo mencion\u00f3?\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, de la copia del interrogatorio de parte rendido por Virgilio Ochoa Acevedo el 18 de febrero del 2009 dentro del proceso de pertenencia 2008-0017, advirti\u00f3 que aquel persisti\u00f3 en sus derechos sobre el lote al 2012. Y, adem\u00e1s, \u00aben 2008 exig\u00eda la protecci\u00f3n de las autoridades para mantenerlos, mientras que en 2009 declar\u00f3 vivir all\u00ed, lo que contradice abiertamente el hecho de que le hubiese vendido derecho alguno sobre el inmueble a Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo en enero del 2006\u00bb. As\u00ed las cosas, evidenci\u00f3 que no se encontraba probado que la posesi\u00f3n del demandado hubiera iniciado en 2006, por lo que tampoco se cumplir\u00eda el requisito decenal de la prescripci\u00f3n extraordinaria. As\u00ed pues, no se halla t\u00edtulo alguno que vincule a la pasiva con el bien, siendo, inveros\u00edmil que no hubiese consultado el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio para verificar su tradici\u00f3n y \u00absi as\u00ed no lo hizo, ello es m\u00e1s indicativo de su incuria y negligencia\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se formul\u00f3 un \u00fanico cargo contra la sentencia del Tribunal. Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria indirectamente de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba. Observ\u00f3 que, de la valoraci\u00f3n del \u00abcertificado catastral correspondiente al n\u00famero predial 01-00-00-00-0131-0002-0-00-00-0000 y la Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 264-1363, el dictamen pericial presentado por el perito designado por el despacho NELSON OVIDIO EUGENIO LOPEZ y el allegado al proceso por el demandante realizado por el perito LUIS ANTONIO BARRIGA\u00bb se obtuvieron conclusiones erradas que no se desprenden de dichos medios de prueba. De manera que se \u00abtergiversa el contenido de las pruebas, distorsionando el juez su autonom\u00eda para la valoraci\u00f3n y la objetividad de la prueba al elaborar conclusiones que no corresponden con los elementos f\u00e1cticos que describen las pruebas\u00bb.4 <\/p>\n
En ese orden de ideas, y tras traer a colaci\u00f3n las sentencias SC211-2017 y SC6504-2015, sintetiz\u00f3 sus reparos en que \u00abno existe certeza alguna de que el predio ocupado, los predios objeto de los dict\u00e1menes periciales, y el registrado bajo la matr\u00edcula inmobiliaria 264-1364, sean los mismos, esto debido a la notoria divergencia m\u00e9trica referida, existente entre todos los medios de prueba\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Tal exigencia es esencial, porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. <\/p>\n
2.- En el caso concreto, los disidentes, a lo largo del escrito de sustentaci\u00f3n, no especificaron cu\u00e1les normas sustanciales fueron violadas indirectamente. Tal yerro impide absolutamente que la Corte aborde el tema en estudio pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. Ciertamente, tal deficiencia deja el ataque del todo incompleto y vac\u00edo. Tal patolog\u00eda impide el estudio del cargo, pues, tal y como se dijo en AC3878-2019, <\/p>\n
\u00ab(…) tanto cuando se invoca la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n, como la indirecta de que trata la segunda, es imprescindible enunciar al menos un precepto material infringido y a partir del mismo desarrollar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n dentro de las exigencias de cada una de esas especialidades, lo que ni siquiera fue tenido en cuenta por el censor ya que ninguna cita normativa existe en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal donde esas dos variantes hac\u00edan parte del primer motivo de casaci\u00f3n pero que tiene relevancia en la actualidad por cuanto la exigencia de citar preceptos materiales se conserva para ambas en el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el impugnante desatendi\u00f3 el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisi\u00f3n mediante simples elucubraciones la equivocaci\u00f3n \u00abin iudicando\u00bb, que depende precisamente de la \u00abviolaci\u00f3n de norma de derecho sustancial\u00bb de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacci\u00f3n con el desempe\u00f1o del juzgador en su ejercicio de selecci\u00f3n del marco normativo y los alcances dados al mismo, as\u00ed como una adecuada estructuraci\u00f3n de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al r\u00e9gimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta\u00bb. <\/p>\n
3.- Si, en simple grado de discusi\u00f3n, se dejara de lado la falencia t\u00e9cnica advertida, la suerte de los cuestionamientos en estudio no ser\u00eda distinta. Se destaca que el cargo fue desarrollado a la manera de un alegato de instancia pues se limit\u00f3 a manifestar su desacuerdo en torno a la valoraci\u00f3n efectuada por el Tribunal y el juez a quo.5En ese sentido, el planteamiento esbozado no pas\u00f3 de ser una protesta que es extra\u00f1a en casaci\u00f3n, pues dista de corresponder a una cr\u00edtica precisa sobre la labor jurisdiccional. Los impugnantes no demostraron con contundencia un error ostensible en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, ya sea por olvido, tergiversaci\u00f3n o suposici\u00f3n de sus componentes.6 <\/p>\n
4.- Por las razones expuestas se inadmitir\u00e1 el cargo formulado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR el cargo formulado por la Sociedad Chin\u00e1cota Colonial S.A.S. y el se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo respecto de la sentencia del 12 de febrero de 2020, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 el se\u00f1or \u00c1lvaro Geovanny Espinel Oma\u00f1a en contra de los impugnantes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificado) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 209 a 213 del PDF \u00abV.D.R. PREDIO URBANO \u2013 PRINCIPAL \u2013 TOMO 2.PDF\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 216 a 224 ibidem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 2 a 7 del PDF \u00abV.D.R. PREDIO URBANO CUADERNO II\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Se\u00f1al\u00f3 que el Magistrado Ponente no tuvo en cuenta que \u00aben los documentos se evidencian diferencias de extensi\u00f3n territorial entre el inmueble que se describe en la demanda, con el que consta en el certificado catastral, y el examinado en los dict\u00e1menes realizados por dos peritos diferentes, pues entre los documentos mencionados al referirse a las mediciones de extensi\u00f3n territorial del inmueble se tiene, que las mismas var\u00edan la identidad del inmueble entre 5 mil a 7 mil metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 As\u00ed pues, lo que pretenden es imponer su perspectiva frente a lo que debi\u00f3 tenerse por acreditado, pues \u00aben casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb. CSJ AC 18 dic. 2009, citado en AC2395-2020 del 28 de septiembre. <\/p>\n
Tal orfandad argumentativa contrar\u00eda las exigencias formales del recurso de casaci\u00f3n, el cual: \u00ab(…) los errores de hecho (…) deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (…)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 200700456-01). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1490-2022 (2017-00019-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC1490-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-31-03-002-2017-00019-01 Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Sociedad Chin\u00e1cota Colonial S.A.S. y el se\u00f1or Hugo Ariel L\u00f3pez Tamayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62478\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}