AC1491-2022 (2006-00107-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1491-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-004-2006-00107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual George Albert de la Rosa Chac\u00f3n y George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez pretenden sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instauraron en contra del Centro Cardiovascular Colombiano \u201cCl\u00ednica Santa Mar\u00eda\u201d y Juan Fernando Saldarriaga Llano. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
George Albert de la Rosa Chac\u00f3n y George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez pidieron que se declarara a los demandados civil y solidariamente responsables de los da\u00f1os y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos con ocasi\u00f3n de la muerte de la se\u00f1ora Johanna Mart\u00ednez Pinilla, ocurrida durante el procedimiento quir\u00fargico practicado. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
Afirmaron que la se\u00f1ora Mart\u00ednez Pinilla, esposa de George Albert de la Rosa Chac\u00f3n y madre de George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez, se someti\u00f3 a una liposucci\u00f3n posterior, lipo-inyecci\u00f3n gl\u00fatea y pr\u00f3tesis mamaria el 01 de octubre del 2004 en la Cl\u00ednica Cardiovascular Santa Mar\u00eda. Aseveraron que, durante la intervenci\u00f3n quir\u00fargica, la paciente present\u00f3 un embolismo graso pulmonar masivo que ocasion\u00f3 su muerte. <\/p>\n
Al observar el documento titulado \u00abautorizaci\u00f3n del paciente\u00bb, extra\u00f1aron el consentimiento informado \u00aben los t\u00e9rminos de que trata la Ley 23 de Febrero de 1.981\u00bb y de conformidad con los fallos que sobre la materia ha dictado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. As\u00ed las cosas, aseveraron que la ausencia de informaci\u00f3n para obtener el consentimiento de Mart\u00ednez ocasion\u00f3, en \u00faltimas, su muerte, \u00abdado que le impidi\u00f3 conocer los riesgos inherentes a ese tipo de procedimiento para optar por practicarse o no la intervenci\u00f3n quir\u00fargica que culmin\u00f3 con su muerte\u00bb1. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el apoderado de la pasiva se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Adem\u00e1s, propuso la excepci\u00f3n de fondo denominada \u00abobservancia de la lex artis ad hoc\u00bb y \u00abconsentimiento informado\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, la sociedad demandada manifest\u00f3 ser ciertos algunos hechos, negar otros y no constarle el resto. A su turno, formul\u00f3 como medio defensivo los nominados \u00abLa Cl\u00ednica no particip\u00f3 en el acto m\u00e9dico\u00bb; \u00abAusencia de culpa de la Cl\u00ednica\u00bb; \u00abSuficiente advertencia de los riesgos\u00bb; \u00abIndebida tasaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb e \u00abImposibilidad de presumir perjuicio moral\u00bb. Aunado a ello, interpuso demanda de mutua petici\u00f3n con la que pretendi\u00f3 que se declarara que los demandados en reconvenci\u00f3n \u00abadeudan al Centro Cardiovascular Colombiano Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda la suma de diecisiete millones novecientos treinta y seis mil ochenta y ocho pesos ($17.936.088), con ocasi\u00f3n de los servicios prestados a la paciente Johanna Mart\u00ednez Pinilla el 1 de octubre de 2004 en las instalaciones de la demandante en reconvenci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, en sentencia del 31 de octubre de 2014, por la cual desestim\u00f3 las pretensiones invocadas en el libelo principal y en el de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
Los recursos de apelaci\u00f3n formulados por la parte demandante3 y el demandado Centro Cardiovascular Colombiano Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda4 contra el fallo de primera instancia fueron desatados por el Tribunal -con sentencia del 30 de noviembre de 2020-. All\u00ed se confirm\u00f3 en su totalidad el fallo apelado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por explicar extensamente los presupuestos de la responsabilidad m\u00e9dica. Destac\u00f3 la obligaci\u00f3n del facultativo en contar con el asentimiento de paciente para aplicar los tratamientos m\u00e9dicos y quir\u00fargicos que puedan afectarlo, inform\u00e1ndole a su turno sobre los riesgos del procedimiento. Sentado lo anterior, precis\u00f3 que, aunque la a quo estim\u00f3 que el caso en concreto se enmarcaba en los linderos de la responsabilidad civil contractual, lo cierto es que \u00abla parte demandante encamin\u00f3 el libelo a una responsabilidad extracontractual, pero realizando pretensiones relacionadas con el contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb. En efecto, examinada la demanda, not\u00f3 que los promotores optaron por reclamar en nombre propio, como terceros ajenos al contrato de prestaci\u00f3n de servicio m\u00e9dico quir\u00fargico, por los perjuicios que ellos directamente sufrieron por la muerte de su madre y c\u00f3nyuge, respectivamente. En ese sentido, en los hechos del escrito \u00abse alude a conductas culposas ejecutadas por el galeno Juan Fernando Saldarriaga Llano, que llevaron a la muerte de la se\u00f1ora Johana Mart\u00ednez Pinilla y ocasionaron un profundo dolor a los actores. Estamos entonces frente a un t\u00edpico caso de responsabilidad por culpa aquiliana regulado por el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese orden de ideas, no era posible que la parte activa solicitara perjuicios patrimoniales \u00aba favor del menor George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez, en la forma peticionado en el libelo, por resultar impropio, en tanto se refiere a dineros que aparentemente percib\u00eda o ten\u00eda de ingresos su madre, los cuales no pueden ser trasladados a su hijo. Como los accionantes fueron ajenos al contrato, solo pod\u00edan invocar su propio perjuicio por una conducta culposa del demandado, m\u00e1s no los de la se\u00f1ora Johana Mart\u00ednez Pinilla\u00bb. <\/p>\n
Evidenci\u00f3 que la norma que estaba llamada a regular la controversia era la contenida en el T\u00edtulo XXXIV del C\u00f3digo Civil, en los art\u00edculos 2341 y siguientes. En tal sentido, explic\u00f3 que dicha responsabilidad endilgada a la Cl\u00ednica \u00abse deriva de la imputaci\u00f3n al profesional en salud, cirujano Juan Fernando Saldarriaga Llano, con quien al parecer mediaba un contrato o facilitaci\u00f3n del quir\u00f3fano para la pr\u00e1ctica de la cirug\u00eda est\u00e9tica que pretend\u00eda realizar, lo que conlleva a que genere una responsabilidad de tipo directo frente al m\u00e9dico cirujano Juan 38 Fernando Saldarriaga Llano, y, por el hecho de un tercero, en relaci\u00f3n con el Centro Cardiovascular Colombiano Cl\u00ednica Santamar\u00eda, de acuerdo con la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, comenz\u00f3 por analizar si exist\u00eda responsabilidad del cirujano. En lo que concierne a la conducta culposa alegada, estim\u00f3 que \u00abla no obtenci\u00f3n del consentimiento informado constituye por s\u00ed misma una conducta culposa, por obrarse con negligencia y desconociendo claros preceptos legales\u00bb y que el asentimiento del paciente \u00abpuede ser acreditado por cualquier medio probatorio: documentos, testigos, interrogatorio de parte, incluso a trav\u00e9s de indicios\u00bb. En vista de tales consideraciones, evidenci\u00f3 que, de las historias cl\u00ednicas allegadas al pleito por ambas partes, \u00abencontramos una firma puesta por la paciente en el anverso del folio 37 (Fl. 211, Cuaderno principal), de fecha primero de octubre de 2004, donde autorizaba a la CL\u00cdNICA CARDIOVASCULAR SANTA MAR\u00cdA y al doctor JUAN FERNANDO SALDARRIAGA, para que le practicara una liposucci\u00f3n y pr\u00f3tesis mamaria, al igual que se realizaran los estudios y procedimientos necesarios para su recuperaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, se indic\u00f3 que hab\u00eda sido informada acerca del procedimiento por el m\u00e9dico y que tanto este como la cl\u00ednica se exoneraban de la responsabilidad civil por las eventuales complicaciones y consecuencias del tratamiento. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba folios 35 y 36 de la referida historia cl\u00ednica, se tiene un documento titulado como \u201cconsentimiento informado procedimiento de anestesia general\u201d, donde se le advirti\u00f3 de manera detallada sobre las posibles complicaciones en la aplicaci\u00f3n de la anestesia general, as\u00ed como de los riesgos en ella, entre estas, trombosis o embolias\u00bb. Observ\u00f3 c\u00f3mo la firma estampada por la se\u00f1ora Johanna Mart\u00ednez Pinilla no fue cuestionada por los demandantes a trav\u00e9s de la tacha de falsedad, por lo que se presume aut\u00e9ntica. As\u00ed mismo, tal presunci\u00f3n conlleva a la de la veracidad del contenido de las declaraciones de voluntad consignadas con antelaci\u00f3n a la firma. En efecto, \u00abla firma de la paciente en los mencionados documentos sienta el presupuesto de que ella fue informada por los m\u00e9dicos, cirujano y anestesi\u00f3logo, de los procedimientos que se le iban a practicar y 41 conoci\u00e9ndolos autoriz\u00f3 que se le practicaran \u00e9stos e incluso otros diferentes, en caso de ser necesario\u00bb. Inferencia que deb\u00eda ser desvirtuada por la parte activa para poder predicar la conducta culposa de la Cl\u00ednica, \u00abpero esto no fue lo que sucedi\u00f3 en este asunto, la inconformidad de los recurrentes recae en que el consentimiento informado no cumpli\u00f3 con los requisitos de ley, y el que s\u00ed lo hizo, correspond\u00eda a la especialidad de la anestesiolog\u00eda m\u00e1s no al de cirug\u00eda, por tanto, no se pod\u00eda tener cumplido el requisito con este\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, para la Corporaci\u00f3n, tanto la autorizaci\u00f3n de la paciente como el consentimiento informado para la aplicaci\u00f3n de la cirug\u00eda general cumplieron con los requisitos de ley. Ahora bien, el \u00abhecho de no consignarse por escrito todas y cada una de las explicaciones que el m\u00e9dico le dio al paciente, no puede conllevar a que fue inexistente o nula la informaci\u00f3n suministrada por el galeno\u00bb. De todas maneras, para el Tribunal \u00abla informaci\u00f3n atinente a la cirug\u00eda est\u00e9tica que se le iba a realizar le fue indicada a la paciente, pues ella as\u00ed lo asinti\u00f3 al suscribir el documento obrante a folio 211 del cuaderno principal\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo expuesto, del interrogatorio de parte rendido por el m\u00e9dico y a los testimonios de sus colegas, \u00absurge di\u00e1fano que el m\u00e9dico le explic\u00f3 a la paciente en qu\u00e9 consist\u00eda y los riesgos de la cirug\u00eda que se le iba a practicar, al igual que ella firm\u00f3 el documento o autorizaci\u00f3n que as\u00ed lo acreditaba, lo que implic\u00f3 que se haya iniciado con el procedimiento\u00bb. Por ende, no se le puede imputar la existencia de una conducta culposa al m\u00e9dico Juan Fernando Saldarriaga Llano y, en consecuencia, la del Centro Cardiovascular Colombiano Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda. <\/p>\n
Por otro lado, en lo que toca con la demanda de reconvenci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que se trata de un emolumento que no puede ser cargado a la sociedad conyugal o a la de su heredero. Esto es as\u00ed en tanto que \u00abla se\u00f1ora Johana Mart\u00ednez Pinilla, no suscribi\u00f3 contrato alguno que la vinculara en forma directa con la CL\u00cdNICA CARDIOVASCULAR SANTA MAR\u00cdA, o por lo menos, ning\u00fan documento o soporte se adun\u00f3 con el libelo demandatorio. Si bien se aport\u00f3 una factura de venta de unos servicios y un listado detallado de cargos por concepto a nombre de esta, en ninguno aparece su aceptaci\u00f3n o asentimiento alguno\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, tanto la demanda de reconvenci\u00f3n como la contestaci\u00f3n del escrito inicial y la declaraci\u00f3n rendida por su representante legal existen inconsistencias que hacen cuestionar al ad quem si \u00ab\u00bfexisti\u00f3 o no contrato entre la se\u00f1ora Johana Mart\u00ednez Pinilla y el Centro Cardiovascular Colombiano Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda?, \u00bfSi existi\u00f3 un contrato de arrendamiento del quir\u00f3fano de la Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda, con quien se realiz\u00f3 entonces?, y, \u00bfEn qu\u00e9 consisti\u00f3 y cu\u00e1l fue la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre el m\u00e9dico cirujano que practicar\u00eda la intervenci\u00f3n quir\u00fargica y el Centro Cardiovascular Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda?\u00bb. Apuntal\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abnada se conoci\u00f3 al interior del proceso sobre en qu\u00e9 consist\u00eda la negociaci\u00f3n y cu\u00e1les fueron sus condiciones, ni con quien se realiz\u00f3. As\u00ed, resulta sospechoso, por no decir lo menos, que en las instalaciones de la Cl\u00ednica se estuviera llevando a cabo una cirug\u00eda de estas caracter\u00edsticas, se estuvieran utilizando todos los implementos del quir\u00f3fano, pero no haya quedado ninguna evidencia escrita de ello\u00bb. <\/p>\n
Y si bien en la inspecci\u00f3n judicial se hall\u00f3 un pagar\u00e9 firmado por la se\u00f1ora Mart\u00ednez Pinilla, es importante advertir que este se encontraba en blanco, \u00absin soporte alguno de la raz\u00f3n para su suscripci\u00f3n, es decir, qu\u00e9 se pretend\u00eda cubrir, m\u00e1xime que a lo largo del proceso fue coherente la Cl\u00ednica en se\u00f1alar que la \u00fanica relaci\u00f3n con ella fue la de arriendo del quir\u00f3fano. (Fls. 9-11, C-7 y 2, C-7A)\u00bb. Adem\u00e1s, de conformidad con la declaraci\u00f3n rendida en la aludida diligencia \u00abpara predicarse la existencia del t\u00edtulo valor, se hac\u00eda necesario la suscripci\u00f3n o aceptaci\u00f3n de la factura, atinente a la prestaci\u00f3n o venta de servicios de salud, lo no sucedi\u00f3 en este caso, ante el fallecimiento de la usuaria\u00bb. As\u00ed pues, si la se\u00f1ora Mart\u00ednez no acept\u00f3 la factura de venta, \u00abello conlleva a que el pagar\u00e9 no se haya constituido debidamente, por tanto, se repite, mucho menos puede trasladarse obligaci\u00f3n alguna a su c\u00f3nyuge y heredero por causa de su muerte\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo expuesto, si se considerara que la paciente s\u00ed se oblig\u00f3 con la cl\u00ednica en cuanto a los procedimientos m\u00e9dicos que se realizaron en raz\u00f3n a la emergencia que se present\u00f3 en la cirug\u00eda, \u00abes clara nuestra legislaci\u00f3n que cada uno de los c\u00f3nyuges es responsable de las deudas personales, a menos que hayan sido adquiridas para satisfacer las necesidades de la sociedad conyugal, y como en este caso, los servicios hospitalarios generados por la cirug\u00eda est\u00e9tica que se pretendi\u00f3 realizar la se\u00f1ora Johana Mart\u00ednez no estaba encaminada a su beneficio sino al personal, no puede trasmitirse al demandante George Albert de la Rosa Chac\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, los recurrentes alegaron la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 666, 1613, 2341, 2342, 2356 y siguientes del C\u00f3digo Civil. En efecto, reprocharon la inaplicaci\u00f3n de algunas de dichas normas y aplicaci\u00f3n indebida de otras, \u00abal determinar que no le era posible solicitar al entonces menor y demandante De La Rosa Mart\u00ednez, en ejercicio de su acci\u00f3n personal los perjuicios patrimoniales que le fueron causados con la muerte de su se\u00f1ora madre Johanna Mart\u00ednez Pinilla (Q.E.P.D.)\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que el Tribunal, al asegurar que George Alexander de la Rosa no contaba con la facultad para reclamar perjuicios patrimoniales, \u00abdesdibuja el perjuicio patrimonial solicitado por el menor George Alexander de la Rosa y le da un alcance que no tiene\u00bb. Aclararon que el menor demandante \u00abno estaba pretendiendo el percibir los ingresos de su madre, es decir, no buscaba reemplazarla en la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o que ella sufri\u00f3 como v\u00edctima, sino que muy por el contrario, lo que buscaba era que se le indemnizara el lucro cesante, valor que dej\u00f3 de recibir como hijo, para su sostenimiento\u00bb. Enfatizaron que el reclamo es sobre el porcentaje del ingreso para el sostenimiento del descendiente, producto del trabajo de la se\u00f1ora Johanna Mart\u00ednez. <\/p>\n
Apuntaron que la diferencia fundamental entre la acci\u00f3n personal y la acci\u00f3n hereditaria estriba en la titularidad del da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se reclama. En efecto, \u00abmientras en la acci\u00f3n personal quien sufre el da\u00f1o es quien lo reclama, en la acci\u00f3n hereditaria el demandante no pide un da\u00f1o sufrido por \u00e9l. En este evento el inter\u00e9s afectado no se radica en el patrimonio, personalidad o espiritualidad del sujeto que reclama, sino en otra persona que siendo tambi\u00e9n v\u00edctima de un da\u00f1o, no puede demandarlo -porque ha muerto- pero que con ocasi\u00f3n de su muerte trasfiere el derecho a demandar dicha indemnizaci\u00f3n a sus herederos\u00bb. <\/p>\n
Apreciaron, con base en sentencias de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, que la tasaci\u00f3n del lucro cesante futuro \u00abde anta\u00f1o viene siendo reconocido por la jurisprudencia al c\u00f3nyuge sobreviviente y descendientes de v\u00edctimas fallecidas en diversas situaciones, accidente de tr\u00e1nsito, cirug\u00edas, entre otras\u00bb. As\u00ed las cosas, evidenciaron que \u00aben el evento en que hubiere valorado de manera correcta el material probatorio, hubiere accedido en su integridad a las pretensiones de la demanda, incluyendo la indemnizaci\u00f3n patrimonial pretendida por el joven George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez y no se hubiere excluido de forma contraria a la ley y la jurisprudencia el reconocimiento del lucro cesante, pasado y futuro, del entonces menor de edad\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denunciaron la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 16 de la Ley 23 de 1981, art\u00edculos 10, 11, 12 y 13 del Decreto 3380 de 1981, y el art\u00edculo 277 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Justamente, como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica de la paciente Johanna Mart\u00ednez Pinilla, el documento de creaci\u00f3n personal y directa del m\u00e9dico cirujano sin firma o constancia de la aquiescencia de la v\u00edctima y el instrumento denominado consentimiento informado. <\/p>\n
Consideraron que el error consisti\u00f3 en: a) \u00abdar por demostrado, sin estarlo, que con el denominado documento consentimiento informado, se cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de informarle a la paciente los riesgos a los que se somet\u00eda\u00bb; b) \u00abdar por demostrado, sin estarlo, que con las hojas llenadas a mano por el m\u00e9dico tratante (bit\u00e1cora personal), se pod\u00eda demostrar la supuesta informaci\u00f3n brindada a la paciente, incluyendo los riesgos a los que se somet\u00eda\u00bb; c) \u00abdar por demostrado sin estarlo, que la bit\u00e1cora personal de un m\u00e9dico equivale a la historia cl\u00ednica de un paciente\u00bb; y, d) \u00abno dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que en el texto de la historia cl\u00ednica no figuran los riesgos que le fueron informados a la paciente\u00bb. <\/p>\n
En efecto, tras transcribir las normas presuntamente transgredidas, aseveraron que, en el instrumento denominado consentimiento informado \u00absolo se se\u00f1ala que la se\u00f1ora Johanna Mart\u00ednez Pinilla (Q.E.P.D.) ha sido informada de su tratamiento quir\u00fargico, en ning\u00fan momento se se\u00f1ala que le informaron las complicaciones y cu\u00e1les\u00bb. A su turno, de la lectura en conjunto con la historia cl\u00ednica, se deriva que \u00abla paciente, firma el documento denominado consentimiento informado el d\u00eda primero (1) de Octubre de 2004, en un estado de ansiedad, que podr\u00eda nublar su juicio, y en el texto y alcance del mismo no se se\u00f1ala que le fueran indicados los riesgos de la intervenci\u00f3n, ello, es ratificado por el doctor Saldarriaga\u00bb. As\u00ed pues, dichos medios \u00abse deben analizar como la ausencia del consentimiento que se invoc\u00f3 en la demanda y no como erradamente lo hace el Tribunal, atribuy\u00e9ndole un alcance que no tiene\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, respecto al documento allegado por el cirujano demandado, constataron que \u00abel texto all\u00ed determinado era tan dif\u00edcil de leer, que el doctor Saldarriaga tuvo que hacerlo por el Despacho en su interrogatorio de parte, ahora, y si ello no fuera suficiente, el Tribunal le atribuy\u00f3 al mismo un alcance probatorio que no ten\u00eda, dio por sentado, sin estarlo, que lo all\u00ed determinado fuera cierto, que ello fue lo que ocurri\u00f3 cuando no era m\u00e1s que un documento creado por la parte demandada y donde ninguna otra persona interven\u00eda\u00bb. Adicionalmente, \u00aben los supuestos hechos del treinta (30) de Septiembre de 2004 no figura, la firma impuesta del doctor Saldarriaga, esta solo fue impuesta en el documento creado por el demandado, el d\u00eda dos (2) de Octubre de 2004, luego del fallecimiento de la se\u00f1ora Mart\u00ednez\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la actora, tal situaci\u00f3n implic\u00f3 una valoraci\u00f3n errada de la totalidad del material probatorio instrumental. Destacaron que \u00abla imposibilidad de corroborar el alcance del documento, el deficiente consentimiento informado y el hecho de que el mismo fue dado bajo un \u201cestado de ansiedad\u201d lo que confirma es que realmente no se obtuvo el consentimiento informado y ello, como se se\u00f1ala a folio 38 de la Sentencia ahora recurrida \u201cconstituye por s\u00ed misma una conducta culposa, por obrar con negligencia y desconociendo claros preceptos legales. Deducida la culpabilidad por la violaci\u00f3n al deber de informar y obtener el asentimiento del paciente\u2026\u201d\u00bb. Consideraron que es evidente la forma en que el Tribunal tergivers\u00f3 el alcance del documento privado allegado por el doctor Saldarriaga, \u00abomiti\u00f3 el verdadero alcance del documento denominado consentimiento informado y el que se su firma, conforme se se\u00f1ala en la historia cl\u00ednica, se hizo bajo un estado de ansiedad, es decir, una situaci\u00f3n mental que no era la indicada para se\u00f1alar si los riesgos que eran explicados ser\u00edan asumidos por la se\u00f1ora Mart\u00ednez Pinilla, ya que la misma a sus treinta (30) a\u00f1os, con un hijo menor de edad, con un peso de 55 kilogramos, no hubiera expuesto su vida, si hubiese sabido o conocido que su vida estaba en riesgo por una intervenci\u00f3n est\u00e9tica\u00bb. <\/p>\n
La impugnante invoc\u00f3 \u00abla causal segunda de casaci\u00f3n, violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb. En tal sentido, manifestaron que la sentencia viola \u00abdirectamente\u00bb el art\u00edculo 277 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil como consecuencia de un error de derecho manifiesto y trascendente al desconocer dicha norma probatoria al valorar el documento aportado por el doctor Saldarriaga en la replica de la demanda. Asintieron en que el Tribunal err\u00f3 al dar por demostrado, sin estarlo, \u00abque el alcance del documento privado es el de plena prueba irrefutable sin necesidad de corroborar su contenido con la parte que supuestamente particip\u00f3 o con un tercero\u00bb. De manera que se sustituy\u00f3 el consentimiento informado del paciente con un escrito elaborado por la contraparte, sin que su contenido fuera ratificado por otro medio de prueba. <\/p>\n
Alegaron que el Colegiado debi\u00f3 aplicar \u00ablas normas, b\u00e1sicas y fundamentales, del procedimiento civil, en donde en concordancia con el debido proceso y el derecho de defensa, cuando alguien allegue un documento en donde particip\u00f3 un tercero, supuestamente, y este no lo ratifica, o que contiene informaci\u00f3n de naturaleza representativa, este solo puede valorarse como testimonio y no como prueba documental, otra hubiera sido la conclusi\u00f3n\u00bb. De haberlo hecho \u00abse hubiera podido concluir que los efectos del documento allegado por el Doctor Saldarriaga solamente, hubieren tenido el alcance de su testimonio y al confrontarlo con las restantes pruebas documentales, el mismo no pudiere reemplazar el alcance del consentimiento informado\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Analizadas las consideraciones presentadas por el casacionista, se observa que estas adolecen de vicios de forma que ameritan su inadmisi\u00f3n, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.- Respecto del cargo primero, es pertinente memorar que cuando se censura la sentencia de segunda instancia por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, el cargo debe quedar circunscrito a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica. Este yerro aparece cuando se transgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados, esto es, \u00abcuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u00bb (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun. de 2017, Exp. n\u00b0 2014-00173-01). Ello significa que no puede entrar en discrepancias con aspectos f\u00e1cticos (probatorios) definidos por el juzgador. <\/p>\n
Se advierte que en la formulaci\u00f3n del cargo en estudio se incurri\u00f3 en hibridismo o entremezclamiento de los motivos de casaci\u00f3n. Ciertamente, pese a que la recurrente dice sustentarlo con base en la causal primera de casaci\u00f3n, lo cierto es que lo desarrolla imputando al Tribunal yerros probatorios al momento de analizar la demanda. En tal sentido, manifestaron que el ad quem inobserv\u00f3 que el ni\u00f1o \u00aby demandante, no estaba pretendiendo el percibir los ingresos de su madre, es decir, no buscaba reemplazarla en la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o que ella sufri\u00f3 como v\u00edctima, sino que muy por el contrario, lo que buscaba era que se le indemnizara el lucro cesante, valor que dej\u00f3 de recibir como hijo, para su sostenimiento\u00bb. Es evidente que, tal como fue formulada el reparo, los errores en los que hubiera podido incurrir el Tribunal sobre este aspecto se encuentran en el campo f\u00e1ctico. Lo que se cuestiona es la labor hermen\u00e9utica que despleg\u00f3 el juez de la apelaci\u00f3n sobre la demanda principal. De esta manera, la acusaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido planteada por la v\u00eda indirecta, ocup\u00e1ndose de explicar por qu\u00e9 el entendimiento que dio el Colegiado al libelo inicial era contraevidente. <\/p>\n
Ese hibridismo se hace m\u00e1s patente cuando, en el mismo cargo, el censor pone de presente que: \u00aben el evento en que hubiere valorado de manera correcta el material probatorio, hubiere accedido en su integridad a las pretensiones de la demanda, incluyendo la indemnizaci\u00f3n patrimonial pretendida por el joven George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez y no se hubiere excluido de forma contraria a la ley y la jurisprudencia el reconocimiento del lucro cesante, pasado y futuro, del entonces menor de edad\u00bb. De ah\u00ed que el recurrente empez\u00f3 a trasegar por la v\u00eda de la causal segunda, cuando el embiste tuvo como p\u00e1bulo la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, la cual, se itera, no puede contener reproches de tipo f\u00e1ctico. <\/p>\n
3.- En lo que toca con el segundo ataque, los censores adujeron que el Tribunal incurri\u00f3 en la causal segunda de casaci\u00f3n por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica de la paciente Johanna Mart\u00ednez Pinilla, el documento de creaci\u00f3n personal y directa del m\u00e9dico cirujano sin firma o constancia de la anuencia de la v\u00edctima y el documento denominado \u00abconsentimiento informado\u00bb. Sin embargo, de la exposici\u00f3n efectuada, es manifiesta la mixtura en que incurrieron, comoquiera que los supuestos yerros son propios de las equivocaciones en derecho. Respecto del error de hecho, esta Sala ha explicado que \u00abel fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa\u00bb (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017). En contraposici\u00f3n con lo anterior, sobre el de derecho se ha considerado que este se presenta cuando se contrar\u00edan las normas que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio -en cuando a la aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo, contradicci\u00f3n o apreciaci\u00f3n- al momento de valorar jur\u00eddicamente los medios de convicci\u00f3n. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
\u00ab el error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). (\u2026) <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa contrariando as\u00ed el principio de legalidad (ii), en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan\u00bb (AC5865-2021 del 15 de diciembre). <\/p>\n
En ese orden de ideas, es palmaria la equivocaci\u00f3n de los recurrentes en el desarrollo de su cargo pues en ning\u00fan momento discuten la apreciaci\u00f3n del Tribunal respecto al contenido material de los medios de prueba que enuncia. Por el contrario, lo que cuestionan es el alcance probatorio que les otorg\u00f3 el ad quem, quien: i) omiti\u00f3 valorar en conjunto el consentimiento informado con la historia cl\u00ednica de la paciente; \u00abSi el ad quem hubiera valorado las pruebas dando el alance de ley, hubiera concluido que no se dio el consentimiento informado, en este caso, ajustado a los requisitos de ley, sin caer en la ritualidad de establecer una tarifa probatoria\u00bb. ii) apreci\u00f3 tal documental sin tener en cuenta el estado de ansiedad de la paciente; iii) no dio cuenta de la ilegibilidad del documento redactado por el mismo m\u00e9dico Saldarriaga y al que le \u00abatribuy\u00f3 al mismo un alcance probatorio que no ten\u00eda, dio por sentado, sin estarlo, que lo all\u00ed determinado fuera cierto, que ello fue lo que ocurri\u00f3 cuando no era m\u00e1s que un documento creado por la parte demandada y donde ninguna otra persona interven\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, para los demandantes, tales medios de prueba no permit\u00edan corroborar la existencia de un verdadero consentimiento informado otorgado por la se\u00f1ora Mart\u00ednez, ante \u00abla imposibilidad de corroborar el alcance del documento, el deficiente consentimiento informado y el hecho de que el mismo fue dado bajo un \u201cestado de ansiedad\u201d\u00bb. Lo anterior m\u00e1xime si se considera que la paciente se encontraba en \u00abuna situaci\u00f3n mental que no era la indicada para se\u00f1alar si los riesgos que eran explicados ser\u00edan asumidos por la se\u00f1ora Mart\u00ednez Pinilla, ya que la misma a sus treinta (30) a\u00f1os, con un hijo menor de edad, con un peso de 55 kilogramos, no hubiera expuesto su vida, si hubiese sabido o conocido que su vida estaba en riesgo por una intervenci\u00f3n est\u00e9tica\u00bb. <\/p>\n
Se advierte entonces que las consideraciones desarrolladas parten de situaciones externas al contenido de los medios de prueba que alega fueron tergiversados. Ya sea, porque reclam\u00f3 la valoraci\u00f3n conjunta, o no se tomaron en cuenta las circunstancias bajo las cuales fue elaborado un documento, aunado al car\u00e1cter de ilegible del medio de prueba. O porque es imposible su contradicci\u00f3n ante la muerte de la testigo principal, y finalmente porque la parte se hizo a su propia prueba. En fin, todas estas apreciaciones son propias del error de derecho, lo que muestra la falta de idoneidad del cargo esbozado. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, el tercer reproche no menciona ninguna norma de car\u00e1cter sustancial que haya sido violada indirectamente, lo que descarta de entrada su admisibilidad. En efecto, el actor asever\u00f3 que la sentencia viola \u00abdirectamente el art\u00edculo 277 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente al momento de proferirse la decisi\u00f3n) todo como consecuencia de un error de derecho manifiesto y trascendente al desconocer la norma probatoria en cita, y darle alcances y efectos a un documento privado del cual carece\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la citada disposici\u00f3n5, tal como lo reconoce el mismo demandante, es de car\u00e1cter eminentemente procesal y no sustancial. Mem\u00f3rese que esta \u00faltima categor\u00eda alude a aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ, AC280-2021). <\/p>\n
En contraposici\u00f3n con ello, el canon denunciado regula aspectos relativos al r\u00e9gimen probatorio, por lo que es claro que \u00fanicamente disciplinan la actividad procesal en juicios civiles. Por ende, carece de las caracter\u00edsticas necesarias para ser considerada como tal. En ese sentido, esta Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u00abno tienen la calidad de norma sustancial las que (\u2026) van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (CSJ AC de 3 de octubre de 2003, Rad. 2000-00375-01, criterio reiterado en AC1427-2020, 13 Jul) (citado en AC3327-2021 del 26 de agosto). <\/p>\n
As\u00ed lo consider\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil respecto del canon 277 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, frente al cual se sostuvo lo siguiente: \u00ab[l]as reglas 187; 228; 248 a 254; 259; 262; 264; 268 a 270; 276; 277; 283; 285; 290; 291 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que no son sustanciales, toda vez que, como se desprende de su simple lectura, corresponden a normas de disciplina probatoria\u00bb. Tal yerro impide absolutamente que la Corte aborde el tema en estudio pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. Ciertamente, tal deficiencia deja el ataque del todo vac\u00edo. <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1n los cargos formulados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos formulados por George Albert de la Rosa Chac\u00f3n, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo George Alexander de la Rosa Mart\u00ednez, respecto de la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el proceso verbal que instauraron en contra el Centro Cardiovascular Colombiano \u201cCl\u00ednica Santa Mar\u00eda\u201d y a Juan Fernando Saldarriaga Llano. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 12-29 del PSD \u00abCUA 1 RAD 05001 31 03 004 2006 00107\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00abCUA 2 RAD 05001 31 03 004 2006 00107\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 890 del PSD \u00abCUA 1 RAD 05001 31 03 004 2006 00107\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 892-893 del PSD \u00abCUA 1 RAD 05001 31 03 004 2006 00107\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 ART\u00cdCULO 277. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. Salvo disposici\u00f3n en contrario los documentos privados de terceros s\u00f3lo se estimar\u00e1n por el juez. <\/p>\n
1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son aut\u00e9nticos de conformidad con el art\u00edculo 252. <\/p>\n
2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciar\u00e1n por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificaci\u00f3n. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1491-2022 (2006-00107-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC1491-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-004-2006-00107-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}