AC1507-2022 (2022-01029-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1507-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01029-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Envigado y Promiscuo de Familia de Santa B\u00e1rbara (Antioquia), con ocasi\u00f3n del conocimiento del proceso de interdicci\u00f3n de Mar\u00eda Girlesa Jim\u00e9nez Giraldo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de proferida la sentencia en la que se declar\u00f3 la pretendida interdicci\u00f3n (de 21 de febrero de 2019), y en el decurso del tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas de la curadora designada, el Juzgado Primero de Familia de Envigado, ante el cual se hab\u00eda adelantado la totalidad de la actuaci\u00f3n hasta ese momento, decidi\u00f3 apartarse del conocimiento del asunto y remitir las diligencias al Juzgado Promiscuo de Familia de Santa B\u00e1rbara, en consideraci\u00f3n a que a ese circuito judicial corresponde el municipio de Montebello, donde actualmente reside la se\u00f1ora Jim\u00e9nez Giraldo. <\/p>\n
2. El estrado receptor tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento de la causa, arguyendo que \u00abel mismo juez que tramit\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n es quien asume su revisi\u00f3n, sin atender la variaci\u00f3n del domicilio del titular del derecho, pues de haberse previsto la alteraci\u00f3n de competencia as\u00ed lo hubiere consagrado el legislador. Vemos entonces, que es el Juez que tramit\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n quien conserva el original del mismo en su archivo, tal como lo ense\u00f1aba la ley 1306 de 2009 e igualmente lo reglamenta ahora para el proceso de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, la ley 1996 de 2019 y es entonces este juez, en virtud del fuero de atracci\u00f3n, quien conoce de los asuntos posteriores relacionados con la capacidad y los asuntos personales del interdicto\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a autoridades con funciones jurisdiccionales de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
Acorde con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto (\u2026) \u201cSi el demandado, dice la Corte, en doctrina que es aplicable al caso, no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio\u201d (auto de 26 de agosto de 2009, Exp. 2009-00516-00 citado en auto de 15 de noviembre de 2011, Exp. 2011-02281-00)\u00bb (CSJ AC429-2018, 6 feb.). <\/p>\n
Expresado de otro modo, cuando un asunto es asignado a determinado funcionario, atendiendo cabalmente las pautas expuestas en los ordinales precedentes, por v\u00eda general aqu\u00e9l no podr\u00e1 desprenderse de su conocimiento, a menos que se concrete uno de los supuestos que prev\u00e9 la normativa procesal, a saber: <\/p>\n
(i) Cuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
(ii) Cuando un tr\u00e1mite de m\u00ednima o menor cuant\u00eda muta en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas. <\/p>\n
(iii) Cuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisi\u00f3n de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. <\/p>\n
(iv) En virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
(v) En caso de estructurarse la p\u00e9rdida de competencia que prev\u00e9 el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Para resolver el conflicto en referencia, basta con se\u00f1alar que ninguno de los supuestos de alteraci\u00f3n de la competencia referidos tuvo lugar en el proceso sometido al escrutinio del Juzgado Primero de Familia de Envigado. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que las excepciones que, para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda, preve\u00eda el ya derogado art\u00edculo 46 de la Ley 1306 de 2009, frente al fuero de atracci\u00f3n all\u00ed contemplado, operaban teniendo en cuenta el lugar de residencia \u00abdel interdicto\u00bb al momento de iniciar la actuaci\u00f3n; por consiguiente, las variaciones de la misma que tengan lugar posteriormente, no constituyen, por v\u00eda general, una excepci\u00f3n adicional al principio de perpetuatio iurisdictionis previamente expuesto; regla que resulta aplicable al asunto bajo estudio puesto que para el momento en que el primero de los falladores involucrados se apart\u00f3 del conocimiento del juicio, ya se hab\u00eda dado inicio a la rendici\u00f3n de cuentas que se le orden\u00f3 efectuar a la curadora designada en el asunto e, incluso, ya se hab\u00edan recaudado varios elementos de juicio con ese prop\u00f3sito en audiencia p\u00fablica. <\/p>\n
Ahora, no puede pasarse por alto que esta Corporaci\u00f3n, en situaciones muy excepcionales, ha reconocido que las reglas procesales expuestas podr\u00edan ceder con el prop\u00f3sito de materializar la especial protecci\u00f3n que merecen las personas con discapacidad mental (CSJ AC3281-2019, 13 ago.; AC3556-2018, 27 ago., entre otros). <\/p>\n
Sin embargo, en este asunto en particular no se avizora la concurrencia de los presupuestos que dan cabida a ese tratamiento diferencial, puesto que los elementos de juicio que hasta ahora reposan en la foliatura (de los cuales solo unos cuantos comprobantes de pago de medicamentos y una historia cl\u00ednica, referir\u00edan la presencia de la se\u00f1ora Jim\u00e9nez Giraldo en el municipio de Montebello) no evidencian que respecto de ella haya tenido ocurrencia un verdadero cambio de domicilio, como lo coligi\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Envigado al negarse a seguir tramitando el proceso en referencia. <\/p>\n
\u00abEl domicilio, atributo de la personalidad tiene por objeto vincular a una persona con el lugar donde habitualmente tiene sus principales intereses personales, familiares y econ\u00f3micos, es decir, es el \u201casiento jur\u00eddico de una persona\u201d, inconfundible con la residencia o habitaci\u00f3n, aunque en ciertos casos se use en forma impropia como su sin\u00f3nimo, tal cual lo entienden algunos juristas o textos legales en forma inexacta. Una tercera categor\u00eda es el lugar de notificaciones, complementaria pero no id\u00e9ntica. <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil colombiano, en su art\u00edculo 76, lo define como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, comportando dos elementos fundamentales: 1. El objetivo, consistente en la residencia, alusiva al vivir en un lugar determinado, hecho perceptible por los sentidos y demostrable por los medios ordinarios de prueba. 2. El subjetivo, consistente en el \u00e1nimo de permanecer en el lugar de la residencia, aspecto inmaterial que pertenece al fuero interno de la persona, acreditable por las presunciones previstas por el legislador. <\/p>\n
Un tercer concepto, diferente al de domicilio (1) y residencia (2), es el lugar de notificaciones (3). No se pueden confundir los tres, as\u00ed est\u00e9n relacionados. El lugar de notificaciones es una categor\u00eda eminentemente instrumental o procesal para actuaciones personales, gubernativas, procesales que se identifica como el lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica, la direcci\u00f3n postal, que est\u00e1n obligadas a llevar las personas, las partes, sus representantes o apoderados donde recibir\u00e1n notificaciones, informaciones, noticias, comunicaciones o enteramientos de una respuesta, de una providencia, de un proceso o de una actuaci\u00f3n administrativa o judicial, que no siempre coincide con el domicilio o con la residencia\u00bb (CSJ AC429-2018, 6 feb.) <\/p>\n
Igualmente, vale resaltar que la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en funci\u00f3n de un fuero de atracci\u00f3n que previ\u00f3 el legislador en su especial empe\u00f1o de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicci\u00f3n o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las orden\u00f3, en atenci\u00f3n a que, al conocer los antecedentes m\u00e9dicos y jur\u00eddicos que rodean el asunto, ese estrado est\u00e1 en mejor condici\u00f3n de velar por los intereses del sujeto de especial protecci\u00f3n (art\u00edculos 46 de la Ley 1306 de 2009 y 43 de la Ley1996 de 2019). <\/p>\n
A ello se suma que, seg\u00fan lo reportan las piezas procesales allegadas, ninguno de los intervinientes en la actuaci\u00f3n ha sugerido siquiera que la continuidad del juicio en la ciudad de Envigado represente un riesgo (actual o potencial) para el derecho a un debido proceso de la se\u00f1ora Jim\u00e9nez Giraldo, eventualidad que no se puede presumir, y menos cuando el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas y revisi\u00f3n de ayudas que contempla la Ley 1996 de 2019, se viene adelantando de manera completamente virtual, raz\u00f3n de m\u00e1s para colegir que, lejos de advertirse inconveniente, la aplicaci\u00f3n de la pauta de perpetuatio iurisdictionis luce adecuada, razonable y arm\u00f3nica con el derecho a acceder a una justicia pronta y efectiva. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La primera de las autoridades en contienda deber\u00e1 seguir conociendo del asunto, por no presentarse ninguna hip\u00f3tesis de variaci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero de Familia de Envigado para continuar con el proceso en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la citada dependencia e informar lo decidido a la otra entidad involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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