AC1513-2022 (2022-00865-00)<\/p>\n
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AC1513-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00865-00 <\/p>\n
Se dirime el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y Tercero Civil del Circuito de Neiva. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante la primera sede, Ra\u00fal D\u00edaz Torres radic\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra Mireya S\u00e1nchez Toscano, por el aparente incumplimiento de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales y los perjuicios ocasionados con el \u00abproceso ejecutivo laboral\u00bb que le adelanta ante el \u00abJuzgado Primero Laboral de Neiva\u00bb. Atribuy\u00f3 la competencia a los jueces de Ibagu\u00e9, entre otras circunstancias, porque \u00abel lugar donde ocurrieron los hechos y el domicilio de la demandada es la ciudad de Neiva\u00bb, donde la demandada se desempe\u00f1\u00f3 como funcionaria judicial y existen varios estrados judiciales que \u00abya han conocido y tomado decisiones en hechos que guardan relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La autoridad elegida se rehus\u00f3 a conocer la \u00abacci\u00f3n de responsabilidad incoada\u00bb y orden\u00f3 el env\u00edo del plenario a sus pares en Neiva, \u00abdonde se encuentra el domicilio de la demandada, (\u2026) el lugar de cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb y donde se tramita el \u00abproceso ejecutivo laboral y (\u2026) las medidas cautelares\u00bb que motivan las pretensiones resarcitorias del gestor (20 enero 2022). <\/p>\n
3. El receptor tambi\u00e9n repeli\u00f3 el asunto con fundamento en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 procesal, comoquiera que una de las obligaciones que el citado contrato le impon\u00eda a la accionada era la de \u00abmantener informado\u00bb a su cliente sobre su gesti\u00f3n, \u00abdeber de informaci\u00f3n que deb\u00eda ser atendido (\u2026) en el municipio de Natagaima, por ser este el lugar de residencia del demandante\u00bb. Por consiguiente, propuso la presente colisi\u00f3n (8 marzo 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, ata\u00f1e a esta Corporaci\u00f3n dirimirla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb, lo que obedece a la necesidad de garantizarle al convocado la posibilidad de ejercer en forma adecuada su defensa, lo que supone la ley, hace mejor desde el lugar donde tiene su asiento. <\/p>\n
Sin embargo, existen otros eventos que de igual forma regula el referido canon, en los que esa pauta concurre con distintos fueros, como acontece con las controversias de \u00edndole contractual o que envuelven un t\u00edtulo valor, referidas en el numeral 3\u00ba, que brinda al accionante la posibilidad de acudir en esos casos ante el juez del \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, si es que \u00e9ste no coincide con el domicilio de su contradictor. <\/p>\n
De cualquier modo, cuando se trata de fueros concurrentes, la facultad de escoger radica en el actor y a esa elecci\u00f3n deber\u00e1 plegarse la judicatura siempre que sea ejercida de acuerdo con la preceptiva legal o su raz\u00f3n de ser aflore del l\u00edbelo o de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n disponible. En tal sentido, como lo destac\u00f3 la Sala en AC057-2019, reiterado en AC612-2020, <\/p>\n
(\u2026) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor. (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
3. En el caso en concreto, seg\u00fan se extrae del escrito inicial, el accionante busca que se declare \u00abcivilmente responsable\u00bb a la demandada y que indemnice los \u00abda\u00f1os y perjuicios\u00bb, patrimoniales y extra patrimoniales, derivados del juicio ejecutivo laboral que le adelanta en el \u00abJuzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva\u00bb, de las medidas cautelares solicitadas en su contra y, especialmente, del \u00abincumplimiento\u00bb del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito ante notario p\u00fablico el 19 de diciembre de 2012, que concret\u00f3 en la negativa de la mandataria a cumplir su orden de \u00abapelar el auto que regul\u00f3 honorarios (\u2026) de fecha 3 de febrero de 2015\u00bb en el \u00abproceso n\u00b0 2018-00297-00\u00bb que cursaba en el \u00abJuzgado Primero Civil del Circuito de Neiva\u00bb, con lo que \u00abla abogada (\u2026) le neg\u00f3 el derecho a la defensa t\u00e9cnica, actuando de mala fe omitiendo el deber para el cual hab\u00eda sido contratada\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, la revisi\u00f3n del aludido contrato denota como principal obligaci\u00f3n a cargo de la abogada accionada la representaci\u00f3n y asistencia de su poderdante, \u00aben todas las audiencias y diligencias del proceso que se lleva contra la empresa Coomotor Florencia Ltda y Leasing Colombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Equidad O.C. y los se\u00f1ores Armando Lozano y Ramiro Verjan Ortiz\u00bb y, adicionalmente, evitar cualquier vencimiento de t\u00e9rminos procesales aunque mediaran motivos de \u00abfuerza mayor\u00bb, \u00abestar pendiente en el juzgado de las decisiones que tome el juez\u00bb y mantenerlo \u00abinformado del proceso\u00bb. <\/p>\n
Fue este \u00faltimo deber contractual el que sirvi\u00f3 al Juez de Neiva para negarse a impulsar la contienda, bajo el entendido que se trataba de un deber que \u00abdeb\u00eda ser atendido por la demandada en el municipio de Natagaima, por ser este el lugar de residencia del demandante\u00bb, inferencia que no encuentra respaldo en el contenido del cuestionado documento y tampoco en el l\u00edbelo introductor, que ninguna alusi\u00f3n hace a la inobservancia del \u00abdeber de informaci\u00f3n\u00bb como soporte de la acci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Por el contrario, como ya se indic\u00f3, el reproche que el actor le hace a su mandataria se concentra en la presunta desobediencia frente a las directrices que le imparti\u00f3 para la gesti\u00f3n de sus intereses en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que tramita el \u00abJuzgado Primero Civil del Circuito de Neiva\u00bb, de suerte que si en esa circunstancia se sustenta la litis la competencia para definirla corresponde al funcionario del lugar donde la demandada deb\u00eda cumplir la obligaci\u00f3n principal de acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda jur\u00eddica en cuesti\u00f3n, esto es, el Juez de Neiva, conforme al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y a la misma conclusi\u00f3n se arriba si se acude a la pauta prevista en el primer numeral de esa misma norma, pues como expresamente lo destac\u00f3 el actor en el respectivo ac\u00e1pite del escrito inicial, \u00abel domicilio de la demandada es la ciudad de Neiva\u00bb, lo que ratifica la competencia del juzgador de esa urbe para conocer la controversia, al margen de los reparos que su promotor pueda tener sobre la imparcialidad de los funcionarios de ese distrito judicial, que en cualquier caso podr\u00e1 esgrimir a trav\u00e9s de los mecanismos y en las oportunidades que le brinda la ley procesal. <\/p>\n
4. Descartadas as\u00ed las razones que llevaron al accionante a atribuir el conocimiento de su proceso a los estrados de Ibagu\u00e9, as\u00ed como el planteamiento que sirvi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva para desatender las reglas de competencia aplicables a esta actuaci\u00f3n, se dispondr\u00e1 el retorno del expediente a esa \u00faltima autoridad para que la asuma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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