AC1518-2022 (2022-00642-00)<\/p>\n
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AC1518-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00642-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la solicitud presentada por LUZ CARIME DUQUE RODR\u00cdGUEZ, para obtener el exequ\u00e1tur de la sentencia No. 24\/2016, proferida el 23 de mayo de 2016, por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer No. 1 de Zaragoza, Espa\u00f1a, por medio de la cual se decret\u00f3 el divorcio entre aquella y STALIN PEREA WANDURRAGA. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso indica que deber\u00e1 rechazarse la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n \u00absi faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del art\u00edculo precedente\u00bb, y, a su turno, el numeral 3\u00ba del canon 606 ib\u00eddem, establece como condici\u00f3n para que la providencia surta efectos en este territorio, que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo ese marco, al revisar en detalle la petici\u00f3n presentada y los anexos adjuntos, se advierte que no se satisface el precitado requisito, toda vez que la parte solicitante no alleg\u00f3 prueba id\u00f3nea de la ejecutoria del fallo, que por haber sido dictado en Espa\u00f1a, debe acreditarse seg\u00fan lo pactado en el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, entre el Reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Colombia, que en lo pertinente prev\u00e9 como exigencia: \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Atinente a c\u00f3mo se satisface este presupuesto, el art\u00edculo 2\u00b0 ib\u00eddem se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, no es id\u00f3nea la manifestaci\u00f3n realizada por el apoderado judicial de la peticionaria mediante la cual indica que \u201cel Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia ya no existe en Espa\u00f1a, por consiguiente, no puede expedir un certificado una entidad que ya no existe, ahora, la legalizaci\u00f3n de dicho documento actualmente la realiza el Ministerio de Justicia a trav\u00e9s del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad aut\u00f3noma en donde se dict\u00f3 la sentencia\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con la exposici\u00f3n de motivos precedente, la constancia de ejecutoria debe emanar de la actual Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia [antiguo Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia], documento que no se encuentra en el expediente, de lo cual se desprende que no es procedente dar curso a esta solicitud, es decir, se impone su rechazo frontal. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho en casos similares que <\/p>\n
En el caso que ahora se analiza, es evidente la falta del certificado al que se aludi\u00f3, seg\u00fan lo establecido por las dos naciones a efectos de reconocer la efectividad de las decisiones jurisdiccionales definitivas que se profieran en sus territorios. (\u2026) Como se explic\u00f3 en forma precedente, el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia\u2026\u00bb, actualmente Ministerio de Justicia, Subdirecci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, acorde con la exigencia especial contenida en el convenio bilateral suscrito por los gobiernos de Espa\u00f1a y Colombia, es el \u00fanico instrumento con el que se debe acreditar la ejecutoria de las sentencias, cuya efectividad se pretenda fuera del territorio en que se dictaron. (\u2026) En ese orden de ideas, ni la certificaci\u00f3n expedida por la secretar\u00eda del despacho judicial en el cual fue adoptada la determinaci\u00f3n objeto de este tr\u00e1mite sobre la firmeza de la misma, ni la apostilla de la copia de la providencia extranjera, tienen aptitud legal para reemplazar la formalidad especial que no observ\u00f3 el interesado para acreditar la ejecutoria de la resoluci\u00f3n judicial, pues, como se explic\u00f3 en forma precedente, aquella se demuestra exclusivamente con el referido certificado. (\u2026) En las condiciones rese\u00f1adas, y en atenci\u00f3n a que no se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 694 del ordenamiento adjetivo, en lo que ata\u00f1e a acreditar en debida forma que los pronunciamientos cuya convalidaci\u00f3n se reclama, se encuentren ejecutoriados de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, se rechazar\u00e1 el libelo, como as\u00ed lo precept\u00faan los art\u00edculos 85 y 695 ejusdem. (\u2026)1 <\/p>\n
Asimismo, en sentencia reciente, la Sala deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur por falta de constancia de ejecutoria emitida por la autoridad competente para el efecto, prove\u00eddo en el que se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con todo lo expuesto, se anticipa que no se conceder\u00e1 el exequ\u00e1tur solicitado, por lo siguiente: (\u2026) Existe reciprocidad diplom\u00e1tica entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a respecto al cumplimiento de sentencias civiles y de ello da cuenta el Convenio suscrito en Madrid, Espa\u00f1a el 30 de mayo de 19082, aprobado por Colombia con la Ley 7 del 13 de agosto de dicha anualidad, cuyo art\u00edculo 2 respecto a la constancia de ejecutoria se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. (…) En el sub lite para acreditar la ejecutoria de la sentencia a convalidar se aport\u00f3 por los solicitantes i) el fallo en la que se indic\u00f3 \u201c[s]iendo firme la sentencia respecto a la declaraci\u00f3n de divorcio, l\u00edbrese exhorto al Sr. Juez del Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio para su anotaci\u00f3n conforme a lo previsto en el art\u00edculo 755 de la nueva L.E.C.\u201d; y ii) un \u00abtestimonio\u00bb rendido por el \u00abSecretario Judicial\u00bb del Juzgado for\u00e1neo No. BC98340467. (\u2026) Sin embargo, dichos documentos no satisfacen lo convenido en 1908 por Espa\u00f1a y Colombia, por cuanto la firmeza de la providencia judicial se constata con la certificaci\u00f3n expedida por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, hoy la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones de Espa\u00f1a \u2013 Ministerio de Justicia, entidad autorizada de conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico para dar cuenta, con plena certeza, que la sentencia a homologar est\u00e1 en ejecutoriada, lo que aqu\u00ed no se cumpli\u00f3, por lo que tampoco se atiende al presupuesto semejante que dispone la legislaci\u00f3n patria en el art\u00edculo 606 del C.G. del P. (\u2026) En este orden de ideas, se concluye que as\u00ed la solicitud presentada cumpliera con los requisitos adicionales establecidos en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, no se abre paso a la concesi\u00f3n del exequ\u00e1tur respecto de la providencia No. 562 del 1 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 5\u00ba de M\u00e1laga, Rep\u00fablica de Espa\u00f1a, puesto que la prueba allegada para probar la ejecutor\u00eda no fue la id\u00f3nea para acreditar los supuestos b\u00e1sicos de la acci\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, en el libelo genitor se omitieron algunos de los requisitos formales, que por lo menos dar\u00edan lugar a la inadmisi\u00f3n del escrito inicial. Ellos son, a saber: <\/p>\n
No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, record\u00e1ndose que seg\u00fan los art\u00edculos 78-10 y 173-2 de la nueva codificaci\u00f3n procesal, no es posible decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Puesto que, como la reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado4, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 ib\u00eddem, el Despacho, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- RECHAZAR la demanda mediante la cual se pretende el exequ\u00e1tur de la mencionada sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- Reconocer personer\u00eda al abogado Jos\u00e9 de Jes\u00fas Casta\u00f1eda Naranjo, en los t\u00e9rminos y para los efectos en los que qued\u00f3 consagrado en el escrito de sustituci\u00f3n de poder a \u00e9l efectuado. <\/p>\n
TERCERO.- Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
1\u0002 CSJ, AC6220 de 27 de octubre de 2015. <\/p>\n