AC1519-2022 (2022-00765-00) <\/p>\n
AC1519-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00765-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide lo pertinente sobre el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales, Veinticinco de Cali y el Tercero de Pereira, para conocer de la acci\u00f3n ejecutiva promovida por la ANA JUDITH ARROYAVE CAMPO contra JOSE DAVID RODRIGUEZ GARCIA, PAULA ANDREA G\u00d3MEZ HERN\u00c1NDEZ, MARTHA LUC\u00cdA GARC\u00cdA MU\u00d1OZ y ORLANDO RODR\u00cdGUEZ GARC\u00cdA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La cooperativa convocante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n librar orden coercitiva a su favor y en contra de la llamada a juicio, con el fin de obtener el pago de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 26 No. 29 A 57, bloque 102 apartamento 301 del Conjunto Cerrado Villas de la Pradera, en Dosquebradas Risaralda, por un valor total de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTRES CENTAVOS ($3.729.942.23). Para ello finc\u00f3 la competencia en los despachos judiciales de Cali, por la cuant\u00eda y porque dicha urbe fue \u201cestipulada como lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Previo reparto del asunto, el Despacho Veinticinco Civil Municipal de Cali, lo rechaz\u00f3 y remiti\u00f3 a los juzgadores de Pereira, debido a que, \u201cel domicilio de los demandados es la ciudad de Pereira \u2013 Risaralda y Cartago Valle. Ahora, pese a que la demandante se\u00f1ala que la competencia tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago, no se aporta documento alguno que d\u00e9 cuenta que es la ciudad de Cali. Por el contrario, del cuerpo del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n se advierte que el pago deb\u00eda materializarse a trav\u00e9s de un medio virtual, carente de una ubicaci\u00f3n f\u00edsica. Por el contrario, la obligaci\u00f3n principal del contrato de arrendamiento aportado, relacionado con la entrega del uso del bien inmueble, tiene como lugar de cumplimiento, Dos Quebradas (Risaralda)\u201d2. <\/p>\n
3. A su vez, el estrado de la municipalidad de destino, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento, y en consecuencia, propuso la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al resaltar, que de acuerdo con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y que adem\u00e1s, \u201c\u2026 la competencia recae en el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali, por ser en dicho Municipio el domicilio de la parte demandante, tal como se indica en el ACAPATITE de NOTIFICACIONES de la demanda (\u2026) aunado al hecho que en la cl\u00e1usula SEPTIMA del contrato de arrendamiento se ha acordado que \u201cLUGAR PARA EL PAGO. El arrendatario(s) pagara(n) el precio del arrendamiento mediante transferencia bancaria o consignaci\u00f3n de efectivo Bancolombia Cta. De ahorros #750-933933-76 a nombre del arrendador o en su defecto, podr\u00e1 acercarse al domicilio del arrendador para hacer el pago directamente\u201d, por lo que el libelo fue radicado en esa urbe3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las actuaciones a la Corte para dirimirla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra dos autoridades judiciales de diferente distrito judicial, corresponde, en principio, dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia Especializada en lo Civil, por ser la superior funcional com\u00fan a ambos, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), y 16 de la ley 270 de 1996 -modificado por el s\u00e9ptimo de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Se advierte, por otra parte, que los factores de competencia determinan el juez al que el ordenamiento jur\u00eddico le ha atribuido el conocimiento de un asunto en especial, y que para los efectos de resolver el dilema que motiva el presente pronunciamiento, las normas generales que regulan la materia son las encargadas de darle soluci\u00f3n. Por ello debe recordarse que al momento de acometer el estudio preliminar sobre el conocimiento del asunto que se le ha encomendado, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las reglas que consagra el referido estatuto, y en particular las contenidas en el T\u00edtulo II, Libro Primero, las cuales le han de orientar para que adopte la determinaci\u00f3n de rigor en torno de su propia competencia. <\/p>\n
3. El numeral primero del art\u00edculo 28 ejusdem consagra la regla general que \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d, previsi\u00f3n que complementa el numeral tercero ib\u00eddem en relaci\u00f3n con \u201c\u2026los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u2026\u201d, donde \u201ces tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u2026\u201d <\/p>\n
Lo cual significa que, si en la pr\u00e1ctica el domicilio del convocado no coincide con el sitio de satisfacci\u00f3n de las prestaciones, el actor puede escoger, entre la dupla de funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que rit\u00fae y decida el litigio en ciernes. <\/p>\n
Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible ese querer. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, para destacar que <\/p>\n
\u201cAl demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u201d (AC2434-2020). <\/p>\n
4. De conformidad con la exposici\u00f3n efectuada en p\u00e1rrafos precedentes, se advierte que, en el caso analizado, la ejecutante determin\u00f3 en su libelo que la competencia, por el factor territorial, la atribu\u00eda de acuerdo a lo se\u00f1alado en el numeral tercero del art\u00edculo 28 del C.G.P., relativo al lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, que como se indic\u00f3 anteriormente, se encuentra en Cali4. <\/p>\n
En efecto, al observar los documentos adosados a la demanda, en espec\u00edfico el contrato de arrendamiento, cl\u00e1usula s\u00e9ptima, se observa que en este se pact\u00f3 como lugar de pago \u201c\u2026 transferencia bancaria o consignaci\u00f3n (\u2026) o en su defecto, podr\u00e1 acercarse al domicilio del arrendador para hacer el pago directamente (\u2026)\u201d (Resaltado a prop\u00f3sito), mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de Cali5. <\/p>\n
5. De manera que se\u00f1alado como fue, que el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n era en la capital de Valle del Cauca, no cab\u00eda alternativa diferente a dejar las diligencias en el juzgador de esa ciudad, porque, se insiste, fue el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n y no el lugar del domicilio del demandado, el foro de competencia seleccionado expresamente en el escrito inaugural. <\/p>\n
Acertada result\u00f3 entonces la decisi\u00f3n del funcionario de Pereira, en el sentido de rechazar la actuaci\u00f3n, porque ese no fue el foro escogido por la demandante en el momento de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Sobre este aspecto ha se\u00f1alado la Sala que la parte demandante: <\/p>\n
\u201c(\u2026) tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u201d (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
Equivocada aparece, por su parte, la determinaci\u00f3n del juzgado de Cali, porque desconoci\u00f3 los t\u00e9rminos concretos en los que la actora seleccion\u00f3 la competencia territorial por: \u201chaberse estipulado como lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Debe recordarse, adem\u00e1s, que, pese a lo se\u00f1alado por el Juez de Pereira, en el sentido de que el domicilio de la demandante es la ciudad de Cali, porque as\u00ed \u201cse indica en el ACAPATITE de NOTIFICACIONES de la demanda\u201d, la Corte ha se\u00f1alado reiteradamente que no deben confundirse los conceptos de domicilio y lugar de notificaciones, pues ambos son diferentes, as\u00ed lo ha expresado: <\/p>\n
\u201cAlrededor del tema, la Corporaci\u00f3n ha expuesto: \u2018no es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal raz\u00f3n, pueda decirse que \u00e9sta debi\u00f3 formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que \u00e9ste sufri\u00f3 alteraci\u00f3n alguna\u2019\u2019 (auto de 20 de noviembre de 2000), percepci\u00f3n que ratific\u00f3 en auto de 30 de marzo de 2012, Exp. 2012-00423-00\u201d (CSJ AC 10 de julio de 2013, rad. 2013 00959 00). <\/p>\n
No hab\u00eda manera, entonces, para que el juzgador de Cali, motu proprio, eludiera el conocimiento del asunto, y menos sobre la base de un fuero no escogido por la convocante al radicar su demanda. <\/p>\n
6. En definitiva, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Despacho Veinticinco Civil Municipal de Cali, para que reasuma el conocimiento del asunto y contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente le corresponde, sin perjuicio del debate que, en su oportunidad, pueda plantear la parte ejecutada en relaci\u00f3n con la competencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali, corresponde conocer la acci\u00f3n ejecutiva promovida por ANA JUDITH ARROYAVE CAMPO contra JOSE DAVID RODRIGUEZ GARCIA, PAULA ANDREA GOMEZ HERNANDEZ, MARTHA LUCIA GARCIA MU\u00d1OZ y ORLANDO RODRIGUEZ GARCIA. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
1\u0002 Folio 30, anexo 01 Demanda, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, anexo 03 rechaza competencia, Ib. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 3, anexo 06 auto propone conflicto competencia, Ib. <\/p>\n
4\u0002 Folios 10 a 13, anexo 01 Demanda, Ib. <\/p>\n
5\u0002 Folio 13. Y 28 respectivamente. Ib. <\/p>\n
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AC1519-2022 (2022-00765-00) AC1519-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00765-00 Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Se decide lo pertinente sobre el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales, Veinticinco de Cali y el Tercero de Pereira, para conocer de la acci\u00f3n ejecutiva promovida por la ANA JUDITH […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62490","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62490\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}