AC1556-2022 (2022-01002-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1556-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01002-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Alexandra Rizo Henao, respecto de la sentencia del \u00ab21 de octubre de 2016\u00bb proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00b0 3 de Torremolinos, M\u00e1laga, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 30 de marzo de 2022, por intermedio de quien indic\u00f3 ser apoderada judicial de Alexandra Rizo Henao, se deprec\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo del ep\u00edgrafe, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio entre \u00e9sta y Jhon Fredy Floriano G\u00f3ngora. <\/p>\n
2. Adjunto con el libelo genitor se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica y reciprocidad entre los estados, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia, en ausencia de tratados internacionales aplicables, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse para el reconocimiento, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: \u2026 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de los anteriores requerimientos conduce a que el estudio del pedimento se cierre de plano, ante la inviabilidad de que la Corte pueda adentrarse a evaluar un prove\u00eddo sobre el que no se tiene certeza sobre su car\u00e1cter definitivo, como lo dispone expresamente el canon 607, a saber: \u00abLa Corte rechazar\u00e1 la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 al 4 del art\u00edculo precedente\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, la presente solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer las exigencias antes transcritas, huelga puntualizarlo, por cuanto no se alleg\u00f3 la constancia de que la sentencia a homologar est\u00e1 debidamente ejecutoriada en el pa\u00eds de proferimiento, de acuerdo con las normas que gobiernan el caso. <\/p>\n
Total, para demostrar la ejecutoria de las sentencias provenientes del Reino de Espa\u00f1a, el marco regulatorio a aplicar es el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre dicho pa\u00eds y Colombia, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, el cual prescribe que la ejecutoria \u00abse comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 2). <\/p>\n
Se trata de un caso de tarifa legal, por imponer una \u00fanica probanza para acreditar el car\u00e1cter definitivo de un prove\u00eddo emitido por un sentenciador espa\u00f1ol, de all\u00ed que su omisi\u00f3n no puede ser suplida de ninguna forma. La obligatoriedad de esta exigencia ha sido puesta de presente por la Corporaci\u00f3n en multiplicidad de casos, entre otros: <\/p>\n
A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial, el se\u00f1alado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a] reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00852-00). <\/p>\n
Tesis que tambi\u00e9n est\u00e1 contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2020-00368-00) y SC 2918 del 1\u00ba de agosto de 2019 (rad. n.\u00b0 2019-00928-00), los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
3. En desatenci\u00f3n de la anterior directriz se tiene que, junto al libelo genitor del presente tr\u00e1mite, no se adjunt\u00f3 el documento emanado de la autoridad antes mencionada, con el fin de comprobar la ejecutoria, sin que la manifestaci\u00f3n realizada por la autoridad judicial de Torremolinos, M\u00e1laga, Reino de Espa\u00f1a, pueda suplir la exigencia de marras por las razones dilucidadas. <\/p>\n
Por lo expuesto se rechazar\u00e1 la solicitud de reconocimiento, en aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 607 del actual estatuto adjetivo. <\/p>\n
4. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado1, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. No se arrib\u00f3 copia del Registro Civil de Nacimiento de ninguna de las dos hijas concebidas durante el matrimonio, seg\u00fan se indica a folios 5 y 10 del archivo digital \u201c01. Demanda y anexos\u201d. <\/p>\n
4.3. No incluy\u00f3 la direcci\u00f3n f\u00edsica ni de correo electr\u00f3nico de la solicitante, Alexandra Rizo Henao, as\u00ed como tampoco el n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. Igual situaci\u00f3n se predica de las direcciones de notificaci\u00f3n de Jhon Fredy Floriano G\u00f3ngora, de quien falta su completa identificaci\u00f3n en el texto del libelo genitor. <\/p>\n
4.4. La solicitante no formul\u00f3 petici\u00f3n alguna que estuviera encaminada a la inscripci\u00f3n de la sentencia que emanara del tr\u00e1mite de exequatur en los registros civiles de las partes. <\/p>\n
4.5. En la solicitud de exequatur se invirtieron los apellidos de la solicitante, nombrando a la misma como \u00abAlexandra Henao Rizo\u00bb (folio 1 archivo digital \u201c01. Demanda y anexos\u201d). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, no se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Roselia Rangel Bautista, como mandataria judicial de Alexandra Rizo Henao en el sub lite, por cuanto no se arrib\u00f3 el poder que, seg\u00fan la profesional en derecho, fue concedido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero.- Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por quien dice representar a Alexandra Rizo Henao para obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia se\u00f1alada en el encabezado de este auto. <\/p>\n
Segundo.- No reconocer personer\u00eda a la abogada Roselia Rangel Bautista. <\/p>\n
Tercero.- Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, devolviendo los anexos sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC1801-2020, 10 ago, 2020 rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n
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