AC1561-2022 (2016-76110-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1561-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2016-76110-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del 24 de febrero de 2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por ambas partes para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 13 de octubre de 2020, corregida el 4 de diciembre siguiente, que profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de competencia desleal que Transportes Expreso Palmira S.A. adelant\u00f3 contra Transportes Armenia S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 declarar que la convocada incurri\u00f3 en las conductas de competencia desleal previstas en los art\u00edculos 7 y 18 de la Ley 256 de 1996, al infringir los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996 y, en consecuencia, ordenarle prestar el servicio p\u00fablico de transporte por carretera en la ruta Cali-Armenia y viceversa con m\u00e1ximo dos (2) veh\u00edculos, seg\u00fan la capacidad transportadora otorgada en la Resoluci\u00f3n No 7986 de 1995, suspender la conexi\u00f3n y\/o empalme y condenarla a pagarle $1.116\u2019004.533 por perjuicios. <\/p>\n
Expuso que son dos empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros, encomiendas y correos en la ruta Cali-Armenia y viceversa, pero su contraparte debe hacerlo seg\u00fan las Resoluciones Nos. 4768 de 26 de marzo de 2015, 5784 de 11 de febrero de 2016 y 7986 de 1995, ya que fue autorizada para salir desde Armenia a las 7:00 pm y de Cali a las 15:00, con m\u00e1ximo dos (2) veh\u00edculos, mientras que ella puede operar hasta veinte (20) en ese trayecto, en las franjas indicadas en las Resoluciones No. 863 de 1992 y No. 7811 de 2001. <\/p>\n
La Resoluci\u00f3n No. 0155 de 1993 autoriz\u00f3 a Transportes Armenia S.A. para operar la ruta Cali-La Victoria y viceversa a las 6:00 am, 10:00 am, 15:00 pm y 17:00 pm, mientras que la Resoluci\u00f3n No. 0643 de 1993 la facult\u00f3 para transitar la ruta Cali-Cartago y regreso saliendo de Cali a las 9:00 am y de Cartago a las 20:00 y la Resoluci\u00f3n No. 06265 de 1993 le permiti\u00f3 utilizar la ruta Zarzal-La Paila-Armenia y vuelta, partiendo de Zarzal a las 8:30, 11:50 y 15:30 y de Armenia a las 8:00, 16:00 y 18:00. <\/p>\n
Aunque la Resoluci\u00f3n 7811 de 2011 previ\u00f3 la libertad de horarios para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, ello no signific\u00f3 incrementar la capacidad transportadora conferida a cada empresa, tanto as\u00ed que en oficio MT-65516 de 19 de diciembre de 2006 el Director de Tr\u00e1nsito y Transporte se\u00f1al\u00f3 que esa libertad de horarios debe aplicarse hasta el l\u00edmite que operativamente tiene permitido cada compa\u00f1\u00eda seg\u00fan la capacidad transportadora m\u00e1xima autorizada para cada ruta. <\/p>\n
Con el oficio MT No. 20144000260421, de 28 de julio de 2014, la Direcci\u00f3n de Transporte del Ministerio de Transporte le inform\u00f3 a Transportes Armenia S.A. que ten\u00eda autorizado un m\u00ednimo de un (1) veh\u00edculo y m\u00e1ximo dos (2) en la ruta Cali-Armenia y viceversa, y con el radicado MT No. 20144000260871 de 28 de julio de 2014 le indic\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 7811 de 2011 autoriza a las empresas para modificar o incrementar sus horarios, pero no la capacidad transportadora fijada a esa sociedad para cada ruta. <\/p>\n
A trav\u00e9s del oficio MT No. 2014000298091, de 14 de agosto de 2014, esa misma dependencia le hizo saber al Gerente de la Terminal de Armenia que la demandada solo pod\u00eda efectuar desde all\u00ed m\u00e1ximo tres (3) viajes diarios, cuyo origen fuera Armenia en la ruta Armenia-Cali, lo que tambi\u00e9n le comunic\u00f3 al Gerente de la Terminal de Cali a trav\u00e9s del oficio MT No. 2014000316221 de 28 de agosto de 2014; empero, esa compa\u00f1\u00eda realiza despachos en esa ruta desde las 5:30 am hasta las 7:30 pm, seg\u00fan actas de testimonio especial No. 030 y 031 de 2016 y env\u00eda m\u00e1s de ocho (8) veh\u00edculos; luego, ha excedido su capacidad transportadora. <\/p>\n
Ha incumplido los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996 al prestar un servicio para el cual no est\u00e1 autorizada y hacer uso de la figura de \u00abempalme de ruta\u00bb o \u00abconexi\u00f3n\u00bb aunque la Resoluci\u00f3n No. 0643 de 1993 no le concedi\u00f3 tal prerrogativa, por lo que ha facturado tiquetes \u00abCali- La Palma\u00bb a cero pesos ($0) y \u00abCali-Armenia\u00bb a veinti\u00fan mil ochocientos pesos ($21.800), obteniendo una ventaja competitiva significativa sobre los dem\u00e1s operadores, pues entre noviembre de 2014 y octubre de 2016 realiz\u00f3 8.160 despachos de Cali a Armenia y 10.394 viceversa, lo que hizo que Expreso Palmira S.A. dejara de obtener $1.116\u2019004.533, seg\u00fan an\u00e1lisis econ\u00f3mico financiero. <\/p>\n
Vulner\u00f3 el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 256 de 1996 al proceder en contrav\u00eda de las sanas costumbres mercantiles, del principio de la buena fe comercial y de los usos honestos, pues ha afectado la decisi\u00f3n del consumidor de optar por una u otra prestaci\u00f3n mercantil, al punto de romper la concurrencia de las empresas que brindan el mismo servicio, tanto as\u00ed que en Resoluci\u00f3n No. 014446 de 30 de septiembre de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte le abri\u00f3 una investigaci\u00f3n a causa de la queja presentada por Expreso Trejos S.A. y con la Resoluci\u00f3n No. 4768 de 26 de marzo de 2015 la declar\u00f3 responsable de incumplir los art\u00edculos 17 y 18, as\u00ed como el literal d) del art\u00edculo 46 de la Ley 336 de 1996 y la sancion\u00f3 con 50 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, lo que confirm\u00f3 en las Resoluciones Nos. 14878 de 2015 y 5784 de 2016, en las que zanj\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que tal compa\u00f1\u00eda interpuso. <\/p>\n
2. Transportes Armenia S.A. aleg\u00f3 \u00ab[i]nexistencia del incumplimiento a los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996\u00bb, \u00ab[i]nexistencia de la ventaja competitiva\u00bb, \u00ab[i]nexistencia de ventaja significativa\u00bb y objet\u00f3 el juramento estimatorio. <\/p>\n
3. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en sentencia de 14 de marzo de 2018, resolvi\u00f3: <\/p>\n
Primero. Declarar que Transportes Armenia S.A. incurri\u00f3 en los actos de competencia desleal contenidos en el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n ordenar a Transportes Armenia S.A. prestar el servicio p\u00fablico de transporte de carretera en la ruta Cali-Armenia y viceversa, \u00fanicamente de acuerdo con la capacidad transportadora que le fue otorgada por el Ministerio de Transporte o la entidad regional que haga sus veces. Suspender el uso de la figura de \u201cconexi\u00f3n y\/o \u201cempalme\u201d con el fin de ofertar el tramo Cali-Armenia. <\/p>\n
Tercero. Condenar a Transportes Armenia a pagar en favor de Transportes Expreso Palmira S.A. la suma de Doscientos setenta y nueve millones de pesos ($279\u2019000.000) por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. <\/p>\n
Cuarto. Desestimar las dem\u00e1s pretensiones formuladas por Transportes Expreso Palmira S.A. <\/p>\n
Quinto. Condenar en costas a Transportes Armenia S.A. para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente al 10% de las pretensiones acogidas. Esto es, la suma de veintisiete millones novecientos mil pesos ($27\u2019900.000), los cuales deber\u00e1 pagar Transportes Armenia S.A. a transportes Expreso Palmira S.A. dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. <\/p>\n
4. Al desatar la alzada interpuesta por ambas partes, el superior reform\u00f3 el fallo con asidero en que las leyes sobre competencia protegen la lealtad en los mecanismos que se utilizan para obrar en el mercado, lo que conduce a que el actuar de los competidores sea libre mediante la represi\u00f3n de actos desleales que atentan contra la transparencia. La infracci\u00f3n de normas es contraria a ese postulado mercantil, seg\u00fan el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, cuyos presupuestos son la inadvertencia normativa, la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva significativa y un nexo de causalidad, ya que se afecta el mercado y se genera una posici\u00f3n favorable del transgresor frente a los otros competidores que ejercen esa misma actividad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Transportes Armenia S.A. aplic\u00f3 la flexibilidad de horarios de la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2001 y admiti\u00f3 no atender la capacidad transportadora autorizada en la Resoluci\u00f3n No. 7986 de 1995 en el trayecto Cali-Armenia y viceversa, esto es, un m\u00ednimo de un (1) veh\u00edculo y m\u00e1ximo dos (2), por virtud de la interpretaci\u00f3n que hizo de esa reglamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Los pronunciamientos Nos. MT 1350-2-62001 de 13 de diciembre de 2004, MT 4550-2 de 19 de diciembre de 2006 y el rad. 2009-321-003235-2 de 22 de noviembre de 2009 del Ministerio de Transporte y dem\u00e1s documentos allegados, prueban que desde 2014 esa cartera ha sido uniforme sobre el alcance de la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2001 en cuanto a que no es posible exceder la capacidad transportadora por ruta, autorizada a cada empresa, seg\u00fan misivas que le envi\u00f3 a Transportes Armenia los d\u00edas 28 de julio, 9 de septiembre, y 28 de agosto de 2014. <\/p>\n
Al contrastar las pruebas con lo expuesto por el Ministerio de Transporte en el oficio de 6 de agosto de 2020, se confirma que el criterio aplicado por esa cartera ha sido uniforme respecto al no desconocimiento de la capacidad por ruta de las empresas en el ejercicio de libertad de horarios permitida por la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2001, tanto as\u00ed que explic\u00f3 que, con base en los principios de la actividad transportadora previstos en la Ley 105 de 1993, la Resoluci\u00f3n 1658 de 2011 y el Decreto 1079 de 2015, la restructuraci\u00f3n horaria es una medida para suplir la alta demanda del servicio de transporte terrestre, pero no permite a las empresas aumentar su capacidad transportadora en cada ruta, so pena de vulnerar la sana competencia. <\/p>\n
Carece de asidero la tesis de la enjuiciada, consistente en que la \u00abcapacidad transportadora\u00bb corresponde a la empresa, en general, mas no a la asignada por ruta, en concreto, y que lo expuesto por el Ministerio de Transporte en el referido oficio est\u00e1 desprovisto de legalidad; lo anterior, porque tal postura coincide con los principios que rigen ese servicio y con las pol\u00edticas p\u00fablicas existentes en ese campo, lo que no puede ser soslayado, so pretexto de cubrir la alta demanda del servicio, pues la flexibilidad horaria no permite olvidar las directrices dadas para el sector de la movilidad. <\/p>\n
No es dable admitir que desde julio de 2014 el Ministerio de Transporte adopt\u00f3 una interpretaci\u00f3n diferente de esas normas, lo que deja sin piso el argumento de confianza leg\u00edtima que esgrime la encartada para justificar su proceder, tanto as\u00ed que en los oficios No. MT 4550-265516 de 19 de diciembre de 2006 y No. 20091340151961 de 20 de abril de 2009 dicha cartera p\u00fablica le hizo saber que la libertad de horarios no implica el incremento de equipos en la ruta autorizada, requerimientos que desvirt\u00faan su buena fe. <\/p>\n
El transporte es un servicio p\u00fablico, lo que, al tenor del art\u00edculo 365 superior, impone al Estado su regulaci\u00f3n, control y vigilancia, funci\u00f3n asignada al Ministerio de Transporte, seg\u00fan el Decreto 101 de 2001, ente que lo regul\u00f3 y, en varias ocasiones, le ha informado a la encartada sobre la contrariedad en que ha incurrido, sin que tal desatenci\u00f3n califique como resultado de una interpretaci\u00f3n divergente, pues incluso le ha advertido acerca de la err\u00f3nea hermen\u00e9utica que tiene de tal regulaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocada transgredi\u00f3 los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996, el p\u00e1rrafo 2\u00ba del art\u00edculo 11 del Decreto 171 de 2001 y la Resoluci\u00f3n No. 7986 de 1995 al aplicar la libertad de horarios prevista en la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2011 sin respetar la capacidad transportadora asignada para operar la ruta Cali-Armenia y viceversa, lo que tipifica el acto desleal del art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, desatenci\u00f3n en que tambi\u00e9n incurri\u00f3 con la figura del \u00abempalme\u00bb seg\u00fan lo admiti\u00f3 su representante legal cuando absolvi\u00f3 interrogatorio, conducta por la que se le declar\u00f3 responsable en sede administrativa, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n No. 4.768 de 2015, confirmada en la No. 14.878 de 2015. <\/p>\n
Incurri\u00f3 tambi\u00e9n en la conducta del art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, pues obtuvo una ventaja competitiva significativa, como lo demuestra la comunicaci\u00f3n de 3 de noviembre de 2016, donde la Terminal de Transportes de Armenia inform\u00f3 sobre el n\u00famero de despachos realizados y de pasajeros movilizados por las empresas que han operado las rutas Cali-Armenia entre 2012 y 2016, de lo cual fluye que en esa \u00e9poca Transportes Armenia S.A. traslad\u00f3 un 40;73% de usuarios, mientras que la actora desplaz\u00f3 un 57,19% y que fue la tercera con m\u00e1s despachos realizados, con un 20,27% del mercado, lo que evidencia que ocup\u00f3 una considerable posici\u00f3n favorable frente a sus competidores. <\/p>\n
Aunque la impulsora y la convocada tuvieron un comportamiento positivo con propensi\u00f3n al incremento de veh\u00edculos-pasajeros, y a pesar que la enjuiciada no supera a la actora en esos aspectos, s\u00ed se posicion\u00f3 como la segunda mayor transportista de pasajeros y la tercera en realizar despachos entre 2012 y 2016, por lo que obtuvo una ventaja competitiva significativa relevante que tipifica la falta del art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, seg\u00fan fluye del dictamen decretado y que permite deducir que el 60% de los 226.476 pasajeros que moviliz\u00f3 entre noviembre de 2014 y octubre de 2016, de Cali a Armenia y viceversa, fueron resultado de infringir la Resoluci\u00f3n 7986 de 1995 que limit\u00f3 su capacidad transportadora. <\/p>\n
La impulsora tas\u00f3 en $1.116\u2019004.533 los perjuicios, porque su porcentaje de mercado es del 39% y los pasajeros transportados al margen de la ley fueron 136.264, pero no prob\u00f3 que estos la habr\u00edan preferido, lo que impide establecer que dej\u00f3 de percibir tal cantidad; tampoco demostr\u00f3 su capacidad para atenderlos sin exceder sus limitaciones transportadoras, ni que tal porcentaje de viajeros se volc\u00f3 preferentemente hac\u00eda Transportes Armenia S.A. solo por su amplia oferta horaria, lo que es poco probable porque a folios 30 y 31 del cuaderno 1.2 consta que la actora ofrece transporte entre Cali-Armenia y viceversa en diversas franjas horarias, pues despacha \u00ab\u2026 a las 7:10, 8:40, 10:10; 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17;40 y el mismo trayecto v\u00eda Palmira en los horarios 6:25, 7:55, 9:25, 10:55, 12:55, 13:55, 15:25, 16:55 y 18:25\u00bb, situaci\u00f3n que le permit\u00eda a los usuarios poder elegir entre las distintas empresas concurrentes, la m\u00e1s favorable a sus intereses, acto complejo que depende de diversas variables no corroboradas (fls. 421 a 433, cno. 1.4). <\/p>\n
Como parte definitoria revoc\u00f3 los ordinales primero, segundo, tercero y quinto; en su lugar, declar\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00ab[a]usencia probatoria de la certitud del da\u00f1o alegado\u00bb. <\/p>\n
5. La accionante solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n del ordinal primero de la parte resolutiva del fallo, comoquiera que a lo largo de las motivaciones se expuso que el acto de competencia desleal estaba probado, mas no los perjuicios reclamados, situaci\u00f3n que conduc\u00eda a confirmar lo colegido por el a quo respecto de las pretensiones declarativas y revocar solamente lo decidido all\u00ed respecto del dem\u00e9rito. En auto de 4 de diciembre de 2020, el ad quem desestim\u00f3 tal solicitud, pero corrigi\u00f3 la sentencia en el sentido de revocar \u00fanicamente el ordinal tercero del fallo apelado y dejar en firme los dem\u00e1s. <\/p>\n
6. Ambas partes interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (15 abr. 2021). <\/p>\n
7. La Corte los admiti\u00f3 y fueron sustentados en tiempo. La actora formul\u00f3 un cargo por error de hecho. La convocada plante\u00f3 seis, en el primero denunci\u00f3 la infracci\u00f3n recta de la ley sustancial, en el segundo y quinto yerros de iure, en el tercero y cuarto de facto y en el sexto vicios de nulidad. Por econom\u00eda procesal se har\u00e1 en bloque el estudio de admisibilidad de las dos demandas, empezando con la de la gestora. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. <\/p>\n
En el \u00fanico cargo acusa la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2341 y 2488 del C\u00f3digo Civil, 20, numeral 1\u00ba de la Ley 256 de 1996 y 16 de la Ley 446 de 1998, por error de hecho, con estribo en que el Tribunal valor\u00f3 mal el peritaje que acredita los perjuicios, pues, aunque acogi\u00f3 las afirmaciones del auxiliar que respaldan tal p\u00e9rdida y no discuti\u00f3 la solvencia, exhaustividad, precisi\u00f3n, m\u00e9todo, ni las conclusiones e idoneidad, le rest\u00f3 m\u00e9rito sin justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello porque emple\u00f3 argumentos especulativos a pesar de que en el trabajo se precis\u00f3 que el dem\u00e9rito ocurri\u00f3 porque Transportes Armenia S.A. hizo despachos por fuera de las autorizaciones concedidas y que, al ser ello recurrente, le ha generado ingresos adicionales en detrimento de Expreso Palmira S.A. que s\u00ed funciona bajo la legalidad, para lo cual valu\u00f3 esa p\u00e9rdida seg\u00fan lo que esta dej\u00f3 de devengar a causa del mayor n\u00famero de despachos realizados por aqu\u00e9lla entre Cali y Armenia, sobrepasando la capacidad transportadora. <\/p>\n
El experto calcul\u00f3 el menoscabo con el n\u00famero de pasajeros que la convocada transport\u00f3 por fuera de la regulaci\u00f3n, lo multiplic\u00f3 por el valor del pasaje cobrado por Expreso Palmira S.A. y del resultado extrajo el 39% que es igual a la cuota de participaci\u00f3n que esta ten\u00eda en el mercado en esa \u00e9poca, lo que le permiti\u00f3 establecer, a partir de la capacidad de atenci\u00f3n de usuarios y del nivel de ventas, la p\u00e9rdida de $1.116\u2019004.533, ejercicio que refrend\u00f3 en audiencia y no fue desvirtuado, pero aun as\u00ed el ad quem dedujo que la tasaci\u00f3n carec\u00eda de bases porque no se demostr\u00f3 que los viajeros ilegalmente captados por Transportes Armenia S.A. habr\u00edan llegado a adquirir sus servicios, ni que hubiera podido atenderlos. <\/p>\n
Pas\u00f3 por alto el Tribunal que la gestora ha logrado obtener y conservar el 39% del mercado de transporte terrestre de pasajeros Armenia-Cali y viceversa cumpliendo las normas que regulan esa actividad, como consta en el dictamen que arrim\u00f3 y que no fue cuestionado, de ah\u00ed que pod\u00eda haber captado esos viajeros si la convocada no hubiera aumentado, sin raz\u00f3n, su capacidad transportadora al violar normas de competencia. Adem\u00e1s, su contraparte deb\u00eda probar que Expreso Palmira S.A. no estaba en condiciones de atender esos usuarios y desvirtuar las conclusiones del experto, seg\u00fan el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que no hizo. <\/p>\n
Valor\u00f3 mal el dictamen al exigirle a la promotora, adem\u00e1s de tasar el dem\u00e9rito, probar el porqu\u00e9 los pasajeros habr\u00edan contratado con ella y no con su contraparte, ni con ning\u00fan otro transportador que operaba la ruta Cali-Armenia y viceversa, pese a ser imposible de demostrar, pues supondr\u00eda entrevistar a cada viajero ilegalmente captado por la primera y as\u00ed saber sus razones para inclinarse hacia uno u otro prestador, yerros trascendentes porque de no haberse dado el fallador hubiera reconocido la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA DE TRANSPORTES ARMENIA S.A. <\/p>\n
a. El primer cargo acusa la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2001; art\u00edculo 48 del Decreto 171 de 2001; 17 y 18 de la Ley 336 de 1996, por indebida interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal err\u00f3 en la ex\u00e9gesis del art\u00edculo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n No. 7811 de 2001 y por eso hall\u00f3 la violaci\u00f3n de normas prevista en el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, a pesar que el transporte de pasajeros por carrera es un servicio p\u00fablico reglamentado en el Decreto 171 de 2001, cuyo art\u00edculo 48 define tanto la capacidad transportadora como el n\u00famero de veh\u00edculos exigidos para su adecuada y racional prestaci\u00f3n, mientras que su inciso final se refiere a aquella que ha sido conferida a cada empresa, expresi\u00f3n que utiliza la primera de esas normas que autoriz\u00f3 la modificaci\u00f3n o incremento de horarios a las compa\u00f1\u00edas que cumplen tal labor, con la \u00fanica restricci\u00f3n de no incrementar la capacidad autorizada a cada empresa, ni suspender los servicios en otras rutas, lo que condujo a Transportes Armenia S.A. a operar bajo la libertad de horarios. <\/p>\n
Infringi\u00f3, de forma directa, el par\u00e1grafo 1, art\u00edculo primero de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001 al colegir que la \u00abcapacidad transportadora\u00bb es de ruta y no de empresa, a pesar que esa norma dispuso que la libertad de horarios no implica un incremento de la capacidad autorizada a la demandada, yerro que lo llev\u00f3 a establecer que esta obr\u00f3 por fuera de los l\u00edmites de la autorizaci\u00f3n conferida para operar la ruta Armenia Cali y viceversa y que viol\u00f3 los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996, conclusi\u00f3n a la que no habr\u00eda llegado de haber entendido bien la aludida pauta legal. <\/p>\n
La correcta lectura de esa norma permit\u00eda deducir que Transportes Armenia S.A. estaba habilitada para prestar el servicio de transporte desde Armenia hac\u00eda Cali y viceversa, con libertad de horarios, sin exceder la capacidad transportadora autorizada para ella como empresa, m\u00e1s no la ruta, desliz que condujo al juzgador a acceder a las pretensiones cuando debi\u00f3 negarlas (fls. 11 a 25). <\/p>\n
b. El segundo alega el quebranto indirecto de los art\u00edculos 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001; 11 y 48 del Decreto 171 de 2001; 17 y 18 de la Ley 336 de 1996, como consecuencia de error de derecho por desconocimiento del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ello al haberle dado valor a los oficios MT 4550-265516 de 19 de diciembre de 2006; 20091340151961 de 20 de abril de 2009; 2014400026087; 20144000260421 de 28 de julio de 2014 y No. 20144000316221 de 28 de agosto siguiente, entre otros, pese a que ser simples conceptos del Ministerio de Transporte, expedidos, algunos, en respuesta a peticiones de las partes y que, por tanto, no son vinculantes, conforme lo dispone el art\u00edculo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015, situaci\u00f3n que impon\u00eda apreciarlos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, la l\u00f3gica y la experiencia, al estar proscrita la valoraci\u00f3n discrecional. <\/p>\n
A pesar de ello, el juzgador les dio valor vinculante, definitivo y obligatorio, sin advertir que carecen de tales efectos, seg\u00fan el art\u00edculo 28 de la Ley 1437 de 2011, que inaplic\u00f3, lo cual lo llev\u00f3 a concluir que Transportes Armenia S.A. infringi\u00f3 su capacidad transportadora e infringi\u00f3 los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 336 de 1996, aun cuando aplic\u00f3 la libertad de horarios dentro del margen de la habilitaci\u00f3n conferida para prestar el servicio de transporte. <\/p>\n
c. El tercero pide que si el anterior embate no resulta procedente, se analice desde la \u00f3ptica del error de hecho y se tenga en cuenta que los documentos aludidos carecen de car\u00e1cter vinculante y no son obligatorios ni ejecutables, seg\u00fan el art\u00edculo 28 de la Ley 1437 de 2011 y que por ello era imposible establecer con ellos la conducta desleal que vio configurada el Tribunal, m\u00e1xime cuando las dem\u00e1s pruebas revelan que Transportes Armenia S.A. obr\u00f3 seg\u00fan la ley, adem\u00e1s que la capacidad transportadora prevista en el par\u00e1grafo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001, sobre libertad de horarios, se refiere a la empresa y no a la ruta. <\/p>\n
d. El cuarto, denuncia la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, a causa de error de hecho, manifiesto y trascendente, en la valoraci\u00f3n del interrogatorio de la representante legal de Transportes Armenia S.A. y de los actos administrativos en que la Superintendencia de Puertos y Transporte la sancion\u00f3. <\/p>\n
Para el Tribunal, Adriana Luc\u00eda Grisales \u00c1lvarez, representante legal de esa compa\u00f1\u00eda, confes\u00f3 que aqu\u00e9lla prestaba el servicio en la ruta Cali-Armenia y viceversa a trav\u00e9s de la figura de \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb, pese a que tal directiva no admiti\u00f3 tal hecho, sino que durante 26 a\u00f1os su empresa ha prestado el servicio de forma directa, salvo un \u00fanico y aislado evento ocurrido en agosto de 2014 que no significa que fueron infringidas las normas sobre competencia, para lo cual transcribe el relato de esa directiva y aduce que de haberlo valorado bien, el ad quem no habr\u00eda hallado la violaci\u00f3n de normas que vio configurada. <\/p>\n
Err\u00f3 al concluir que hubo \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb por parte de Transportes Armenia S.A. y ello llev\u00f3 a que fuera sancionada en la Resoluci\u00f3n No. 14878 de 2015, porque su representante legal no admiti\u00f3 tal proceder, ni las resoluciones en que se apoy\u00f3 el fallo lo demuestran, m\u00e1xime cuando el primero de esos actos administrativos no pod\u00eda ser trasladado al proceso al ser inexistente la falta que all\u00ed se aduce. <\/p>\n
Ello porque el tr\u00e1mite en el que fue proferido tiene una finalidad distinta a la del reproche que se hace por competencia desleal, tanto as\u00ed que el hecho all\u00ed sancionado no implica la conducta de violaci\u00f3n de normas del art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, sobre todo porque las circunstancias debatidas en uno y otro campo carecen de id\u00e9ntica relaci\u00f3n f\u00e1ctica, pues mientras en aqu\u00e9l \u00e1mbito el an\u00e1lisis se circunscribi\u00f3 a la presunta prestaci\u00f3n del servicio de transporte bajo la modalidad de \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb, esta controversia versa sobre la aplicaci\u00f3n de la libertad de horarios prevista en la Resoluci\u00f3n no. 7811 de 2011; luego, lo f\u00e1ctico no era asimilable y por ello deb\u00eda el Tribunal medir el alcance de la sanci\u00f3n all\u00e1 impuesta, pero no lo hizo, lo que revela error de hecho, m\u00e1xime cuando la citada resoluci\u00f3n est\u00e1 demandada por vicios de motivaci\u00f3n y serias falencias, tanto as\u00ed que los tiquetes en que se fund\u00f3 son espurios como se aleg\u00f3 oportunamente. <\/p>\n
e. El quinto invoca la infracci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001; 11 y 48 del Decreto 171 de 2011; 17 y 18 de la Ley 336 de 1994, a causa del error de derecho al omitir los art\u00edculos 170 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso y concluir que Transportes Armenia S.A. burl\u00f3 el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996 al prestar el servicio de transporte en la ruta Armenia-Cali y viceversa en \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb en La Paila, con sustento en que as\u00ed lo admiti\u00f3 su representante legal cuando fue interrogada. <\/p>\n
Tal funcionaria desminti\u00f3 tal situaci\u00f3n y afirm\u00f3 que los tiquetes que as\u00ed lo sugieren fueron redarg\u00fcidos de falsos, conforme se expuso en la respuesta al libelo, donde, adem\u00e1s, aport\u00f3 dos de ellos (de n\u00fameros 14125 y 246, original y falsificado), como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 244 del estatuto procesal, para hacer ver que la decisi\u00f3n administrativa se fund\u00f3 en documentos falaces, por lo que se debieron decretar pruebas de oficio para corroborar tal afirmaci\u00f3n, toda vez que el art\u00edculo 169 ib\u00eddem le daba tales facultades; no obstante, los falladores de instancia coligieron la prestaci\u00f3n del servicio en la modalidad de conexi\u00f3n sin indagar sobre su autenticidad. <\/p>\n
El quebranto de la ley material se produjo, entonces, por no recaudar pruebas de oficio, debiendo hacerlo, a fin de establecer la falsedad o autenticidad de los tiquetes que serv\u00edan de sustento al supuesto \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb y que son ap\u00f3crifos, sobre todo porque los dem\u00e1s soportes allegados, entre ellos, los tiquetes originales que aport\u00f3 Transportes Armenia, la copia de los despachos que responden a esos boletos y dan cuenta de la ruta despachada, el veh\u00edculo y sus placas, as\u00ed como la declaraci\u00f3n de su representante legal, desvirt\u00faan tal conexi\u00f3n, panorama que forzaba el recaudo probatorio oficioso, pero que el ad quem pas\u00f3 por alto. <\/p>\n
f. El sexto invoca la causal quinta con estribo en que se corrigi\u00f3 oficiosamente la resolutiva de la sentencia, sin atender el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no enmend\u00f3 un error aritm\u00e9tico o por simple omisi\u00f3n, cambio o alteraci\u00f3n de palabras, sino que fue alterado el sentido de la decisi\u00f3n, pese a que el art\u00edculo 285 ib\u00edd. le prohib\u00eda al ad quem revocar o reformar su fallo, so pena de configurar una causal de invalidez originada en esa pieza. <\/p>\n
El a quo hab\u00eda acogido pr\u00e1cticamente todas las s\u00faplicas y el Tribunal revoc\u00f3 los ordinales primero, segundo, tercero y quinto, es decir, dej\u00f3 sin bases lo resuelto en torno a la conducta desleal atribuida a la citada, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de hacer que le hab\u00eda sido impuesta y la condena al pago de perjuicios y de costas, lo que significa que ese veredicto le fue favorable a Transportes Armenia S.A. pero, al corregirlo, el juzgador lo modific\u00f3 ya que revoc\u00f3 solamente la indemnizaci\u00f3n, pero dej\u00f3 en firme lo dem\u00e1s, con lo que cambi\u00f3 su decisi\u00f3n y mantuvo el \u00edtem en el que se hab\u00eda declarado que incurri\u00f3 en competencia desleal, luego, modific\u00f3 su prove\u00eddo, pese a que le estaba vedado hacerlo, lo que gener\u00f3 nulidad procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
3. Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
En tal sentido, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
4. Si el ataque se perfila por la quinta causal del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s y trascendencia que rigen las nulidades procesales, puesto que solo lograr\u00edan socavar la decisi\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su relevancia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el afectado. <\/p>\n
Frente a tal clase de cuestionamiento, en CSJ AC6080-2021, se reiter\u00f3 lo expuesto en CSJ AC4497-2018, en cuanto a que <\/p>\n
(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente. <\/p>\n
5. Ninguna de las demandas de casaci\u00f3n puede ser admitida, porque ambas presentan deficiencias formales y t\u00e9cnicas. <\/p>\n
5.1. La demanda de Expreso Palmira S.A. <\/p>\n
El \u00fanico cargo propuesto es incompleto, pues omite confrontar la tesis del ad quem consistente en que las frecuencias horarias que ten\u00eda Expreso Palmira S.A. le permit\u00eda optar a los viajeros, entre todas las empresas disponibles para cubrir la ruta Armenia Cali y el mismo trayecto v\u00eda Palmira, por la que que m\u00e1s se acomodara a sus intereses y esa actuaci\u00f3n depend\u00eda de diversas circunstancias las cuales no fueron demostradas, a pesar de ser necesario para hacer ver la cantidad de viajeros que hubieran escogido movilizarse con esa transportista. <\/p>\n
N\u00f3tese que el sentenciador neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n con estribo en que no se demostr\u00f3 que el 39% de los 136.264 pasajeros que Transportes Armenia S.A. moviliz\u00f3 al margen de la ley, habr\u00eda contratado con Expreso Palmira S.A. ni que esta tuviera las condiciones requeridas para movilizarlos, sin exceder su capacidad transportadora. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que tampoco se prob\u00f3 que ese porcentaje de usuarios acudi\u00f3 a la transportista demandada solo por su amplia oferta horaria, hip\u00f3tesis que vio poco probable, pues, seg\u00fan precis\u00f3, est\u00e1 demostrado, \u00abcon las documentales obrantes a folios 30 y 31 del cuaderno 1.2. que la accionante ofrece a los usuarios en la ruta Armenia Cali, \u201cv\u00eda panorama\u201d despachos a las 7:10, 8:40, 10:10; 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17;40 y el mismo trayecto v\u00eda Palmira en los horarios 6:25, 7:55, 9:25, 10:55, 12:55, 13:55, 15:25, 16:55 y 18:25\u00bb. <\/p>\n
Con base en esas inferencias estableci\u00f3, entonces, que eran diversas las alternativas de desplazamiento en las rutas Cali-Armenia y viceversa y que estas m\u00faltiples opciones le \u00abdaban a los usuarios la posibilidad de elegir, entre todas las empresas concurrentes, la m\u00e1s favorable a sus intereses; acto que, conforme a la teor\u00eda elaborada frente a este asunto, es compleja y depende de diversas circunstancias, que no se develan corroboradas en la disputa judicial de la referencia\u00bb. <\/p>\n
A pesar de ello, la recurrente no debati\u00f3 el argumento del fallador consistente en que las diversas frecuencias horarias que ten\u00eda Expreso Palmira S.A. le permit\u00eda a los usuarios optar, entre todas las empresas disponibles para cubrir la ruta Armenia Cali y el mismo trayecto v\u00eda Palmira, por la que m\u00e1s se acomodara a sus intereses y que esa escogencia depend\u00eda de diversas circunstancias, sin que estas hubieran sido constatadas, a pesar de ser indispensable para as\u00ed identificar la cantidad de viajeros que hubieran preferido movilizarse con ella. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la opugnadora se limit\u00f3 a decir que se valor\u00f3 err\u00f3neamente el peritaje que alleg\u00f3 para demostrar y cuantificar su p\u00e9rdida econ\u00f3mica a causa de la conducta desleal de su contraparte por exceder la capacidad transportadora, pero dej\u00f3 de confrontar la tesitura que llev\u00f3 a decir que Expreso Palmira S.A. deb\u00eda probar que el 39% de los pasajeros que su contendora transport\u00f3 en exceso de su capacidad transportadora habr\u00edan optado por viajar con ella y no con alguna otra empresa. <\/p>\n
Tal circunstancia hace que el ataque sea inid\u00f3neo, pues aun s\u00ed la cr\u00edtica se abriera paso y diera lugar a remover los \u00edtems cuestionados, la sentencia se mantendr\u00eda en pie en lo que respecta a la suerte de la indemnizaci\u00f3n reclamada, porque la premisa no atacada, que fue pieza clave en su construcci\u00f3n, le seguir\u00eda prestando apoyo. <\/p>\n
Como se explic\u00f3 en CSJ AC2229-2020, <\/p>\n
[u]no de los requisitos de la demanda, contemplado expresamente en el numeral 2\u00ba del referido art\u00edculo 344, es el de la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en forma \u201ccompleta\u201d, esto es, que la respectiva censura contenga un reproche de todos los fundamentos esenciales que sirvieron al Tribunal para adoptar la determinaci\u00f3n impugnada, porque como es natural, con uno ellos que se mantenga en pie, ning\u00fan sentido tendr\u00eda la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n de un recurso que, al final, no ser\u00eda \u00fatil para quebrar la decisi\u00f3n confutada, porque desprovistos de censura ciertos o algunos argumentos basilares, la presunci\u00f3n de legalidad que les asiste se mantiene y dejan a flote la resoluci\u00f3n dictada por el Tribunal. <\/p>\n
Tambi\u00e9n incurre en desenfoque porque sindica al ad quem de colegir que Expreso Palmira S.A. plante\u00f3 que los 136.264 pasajeros que la convocada absorbi\u00f3 por fuera de su capacidad transportadora habr\u00edan elegido viajar con ella, lo que no es cierto porque dicho fallador entendi\u00f3 que la p\u00e9rdida deb\u00eda ser calculada sobre el porcentaje de participaci\u00f3n que la accionante ten\u00eda en el mercado y que seg\u00fan el perito equivale al 39%, tanto que en eso se mostr\u00f3 de acuerdo con la accionante, solo que se convenci\u00f3 de la falta de prueba de que todos los viajeros que conforman tal proporci\u00f3n habr\u00edan optado por contratar con esa empresa y no con alguna de las otras oferentes de ese servicio. <\/p>\n
Ello significa que el ataque dej\u00f3 de discutir las verdaderas razones para establecer que el perjuicio de Expreso Palmira S.A. fuera hipot\u00e9tico al no estar demostrado, para presentar una propuesta argumentativa alterna. <\/p>\n
Justamente, en CSJ AC4243-2021 se enfatiz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) esta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba en sentido opuesto a la del ad quem, sino para hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n pugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas, porque tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-2017). <\/p>\n
Por ello, se inadmitir\u00e1 el libelo con el que la accionante dijo sustentar el recurso de casaci\u00f3n que propuso frente a la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
5.2. La demanda propuesta por Transportes Armenia S.A. <\/p>\n
Todos los cargos presentan las siguientes irregularidades: <\/p>\n
a. El primero, que denuncia el quebranto directo de la ley sustancial, es incompleto porque no cuestiona todos los pilares de la sentencia enjuiciada. <\/p>\n
En el fallo se coligi\u00f3 que la capacidad transportadora prevista en el art\u00edculo 48 del Decreto 171 de 2001 y en la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001 se refiere a la ruta y no a la empresa, como lo ha sostenido de manera uniforme el Ministerio de Transporte, tanto as\u00ed que ello coincide con los principios que rigen ese servicio y con las pol\u00edticas p\u00fablicas existentes al respecto. <\/p>\n
Se dijo tambi\u00e9n que no resulta posible aceptar que desde julio de 2014 esa cartera p\u00fablica adopt\u00f3 una interpretaci\u00f3n diversa respecto al alcance de las referidas normas, tal cual lo pretende hacer ver Transportes Armenia S.A. porque inclusive en 2006 le hizo saber que la libertad de horarios no implicaba el incremento de equipos en la ruta autorizada, requerimientos que desvirt\u00faan su buena fe, as\u00ed como la confianza leg\u00edtima que aleg\u00f3 tener con estribo en una interpretaci\u00f3n divergente, la cual no existe, fuera de que la regulaci\u00f3n est\u00e1 en contexto con la Ley 105 de 1993, as\u00ed como con la Resoluci\u00f3n 1658 de 2011 y el Decreto 1079 de 2015, lo que no puede ser soslayado, so pretexto de cubrir la alta demanda del servicio, pues la flexibilidad horaria no es motivo para obviar las directrices dadas para el sector de la movilidad. <\/p>\n
Frente a eso, la recurrente omite confrontar este segundo segmento, lo que impide aceptar la acusaci\u00f3n, pues aun si tuviera raz\u00f3n ser\u00eda imposible quebrar tal fallo dado que los referidos cimientos no controvertidos, consistentes en que la capacidad transportadora se refiere a la ruta y no a la empresa, en coherencia con la Ley 105 de 1993, as\u00ed como en la Resoluci\u00f3n 1658 de 2011 y con el Decreto 1079 de 2015, y en que tal regulaci\u00f3n no puede ser inadvertida con la excusa de cubrir la alta demanda del servicio, y que, seg\u00fan se vio, le sirven de soporte a sus conclusiones, lo mantendr\u00edan inc\u00f3lume, como se expres\u00f3 en CSJ AC4244-2021. <\/p>\n
Asimismo, el embate plantea un simple desacuerdo con el criterio del juzgador en torno al alcance y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 48 del Decreto 171 de 2001, as\u00ed como del art\u00edculo 1\u00ba, par\u00e1grafo 1, de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001 aun cuando deb\u00eda acreditar los yerros palmarios y trascendentes cometidos en la ex\u00e9gesis de esas normas. <\/p>\n
Respecto de tal exigencia, en CSJ AC3048-2021 se reiter\u00f3 que cuando se acuse la sentencia de quebrantar de manera indirecta la ley sustancial es preciso que el recurrente <\/p>\n
\u00abse ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
b. El segundo, que alega error de derecho, no precisa el yerro de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica en que habr\u00eda incurrido el juzgador al apreciar los oficios MT 4550-265516 de 19 de diciembre de 2006; 20091340151961 de 20 de abril de 2009; 2014400026087; 20144000260421 de 28 de julio de 2014 y No. 20144000316221 de 28 de agosto siguiente, provenientes del Ministerio de Transporte, pese a que era indispensable justificar el porqu\u00e9 tales piezas deb\u00edan ser excluidas aun cuando se trata de documentos provenientes de un organismo p\u00fablico y fueron oportunamente allegados al litigio. <\/p>\n
Aunque menciona que tales medios carecen de ejecuci\u00f3n y no son de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el art\u00edculo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 al ser resultado de peticiones y consultas que las partes le plantearon al Ministerio de Transporte, lo cierto es que ello no es \u00f3bice para inferir que, en el plano estrictamente judicial, estaban desprovistos de valor probatorio, pues de tal regulaci\u00f3n no fluye ese corolario, ni cualquier otro que evidencie desacierto del juzgador en su apreciaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la censora tampoco pone de presente que exista alguno del cual se pueda deducir obligatoriamente tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que una cosa es la limitaci\u00f3n que frente a tales comunicaciones se establece en lo p\u00fablico, y que resulta innegable a partir de las normas que cita la recurrente, las cuales, en algunos casos, tienden a establecer el alcance de las respuestas con las cuales la administraci\u00f3n zanja las consultas planteadas por los particulares, y otra, muy distinta, por cierto, la atinente a la eficacia demostrativa que tales conceptos puedan reportar en el escenario jurisdiccional. <\/p>\n
No se olvide que, en este \u00faltimo, las pruebas regular y tempestivamente allegadas son medio de convicci\u00f3n (art. 164 CGP), conforme al valor que oportunamente representen, siempre que cumplan con las exigencias que la ley adjetiva establece para cada una y resulten conducentes, \u00fatiles y pertinentes para la comprobaci\u00f3n de los hechos que buscan esclarecer. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aduce que no fueron valorados tales legajos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, la l\u00f3gica y la experiencia, pero no justifica por qu\u00e9 se debe entender que fueron ponderados por fuera de esos est\u00e1ndares de apreciaci\u00f3n racional y que, en cambio, se tasaron con apego a la discrecionalidad; luego, el ataque carece de claridad y precisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre ello, en CSJ AC5922-2021 se destac\u00f3 que <\/p>\n
[l]a claridad se traduce en que \u00abla persona que acude a este mecanismo debe formular sus embates\u2026 con la indicaci\u00f3n de las razones por las cuales considera que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 y c\u00f3mo tal dislate tiene la virtualidad de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n. No es posible soportar la acusaci\u00f3n en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (AC3919, 20 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00650-01). <\/p>\n
[l]a precisi\u00f3n obliga a \u00abque los embistes [est\u00e9n] orientados hacia los fundamentos reales de la decisi\u00f3n atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminaci\u00f3n no pueda ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentaci\u00f3n de la providencia cuya anulaci\u00f3n se pretende\u00bb (AC028, 16 en. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00380-01). <\/p>\n
En ese mismo pronunciamiento, se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que <\/p>\n
[e]n aplicaci\u00f3n de la exigencia de claridad, el casacionista tiene el deber de: (I) particularizar los medios demostrativos sobre los que eleva el reclamo; (II) identificar el ac\u00e1pite preciso de las probanzas sobre el que recae el reclamo; (III) contrastar la interpretaci\u00f3n blandida por el Tribunal frente a la que emana de la ontolog\u00eda del medio persuasivo; y (IV) explicar c\u00f3mo se vulneraron los c\u00e1nones legales mencionados con ocasi\u00f3n de la indebida valoraci\u00f3n suasoria. <\/p>\n
c. El tercero, que denuncia yerro de facto, es confuso e incompleto porque no indica c\u00f3mo se produjo tal desatino, si por preterici\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n del contenido material de los documentos aludidos en el cargo anterior y que menciona en este, lo que indica que es abstracto al desconocerse la forma en que se pudo haber patentado el desacierto que se le atribuye al sentenciador en la valoraci\u00f3n objetiva denunciada. <\/p>\n
Al mismo tiempo, sugiere la existencia de otras pruebas que demuestran que Transportes Armenia S.A. obr\u00f3 seg\u00fan el ordenamiento legal, pero no precisa cu\u00e1les son y omite la labor de confrontaci\u00f3n espec\u00edfica entre lo que dice cada una de ellas y aquello que el fallador no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al apreciarlas, pues se limita a hacer suposiciones propias, a pesar que tal labor de contraste era necesaria para hacer ver, en cada caso, la notoriedad del yerro y, adicionalmente, su trascendencia en el resultado, de ah\u00ed que sea escueta la argumentaci\u00f3n que sustenta el embate. <\/p>\n
Por tanto, la anotada deficiencia le resta peso a la acusaci\u00f3n que, en \u00faltimas, no determina cu\u00e1l fue el desvar\u00edo del Tribunal al ponderar tales evidencias, ni c\u00f3mo ello impact\u00f3 en el resultado, lo que hace que el planteamiento sea abstracto. <\/p>\n
Sobre este aspecto, en CSJ AC3641-2020 se reiter\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01 y AC2195-2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se adentra en disquisiciones estrictamente jur\u00eddicas cuando aduce que, contrario a lo que entendi\u00f3 el Tribunal, la capacidad transportadora prevista en el par\u00e1grafo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 7811 de 2001 sobre libertad de horarios, se refiere a la empresa y no la ruta, pese a que tal discrepancia debi\u00f3 ser blandida a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n al estar referida sobre un punto de puro derecho, hibridismo que reafirma su inadmisibilidad. <\/p>\n
Sobre tal punto, en CSJ AC3017-2020, se reliev\u00f3 que: <\/p>\n
[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01 y AC982-2019). <\/p>\n
d. El cuarto, que alega error de hecho en la valoraci\u00f3n del interrogatorio de la representante legal de Transportes Armenia S.A. y de los actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales la Superintendencia de Puertos y Transporte sancion\u00f3 a esa compa\u00f1\u00eda, se exhibe incompleto. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en que del contenido de los oficios MT 4550-265516 de 19 de diciembre de 2006; 20091340151961 de 20 de abril de 2009; 2014400026087; 20144000260421 de 28 de julio de 2014 y No. 20144000316221 de 28 de agosto de ese a\u00f1o, provenientes del Ministerio de Transporte, as\u00ed como de la comunicaci\u00f3n que ese ente le remiti\u00f3 a Transportes Armenia S.A. el 28 de julio de 2014 y de las que misivas datan 28 de agosto y 9 de septiembre de 2014, dirigidas a las terminales de Transportes de Armenia y Cali, respectivamente, es factible establecer que esa cartera ha sido del criterio que la libertad de horarios no puede servir de pretexto para que se exceda la capacidad transportadora por ruta de cada empresa prestadora de ese servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Destac\u00f3 tambi\u00e9n que, seg\u00fan lo expuesto por esa entidad del orden nacional en el oficio de 6 de agosto de 2020, resulta indiscutible que en ning\u00fan caso se les permite a las empresas aumentar su capacidad transportadora que se tiene autorizada para cada ruta, toda vez que ello equivaldr\u00eda a burlar el principio de la sana competencia, para as\u00ed concluir que s\u00ed existi\u00f3 la violaci\u00f3n de normas denunciada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dedujo que Transportes Palmira S.A. ejerci\u00f3 actividades de \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb seg\u00fan lo expuso su representante legal cuando absolvi\u00f3 interrogatorio de parte, y que ello se reafirma con los actos administrativos que demuestran la sanci\u00f3n que le fue impuesta a esa compa\u00f1\u00eda por obrar por fuera de la capacidad transportadora concedida para funcionar en el mercado en el cual participa. <\/p>\n
Es claro, entonces, que fueron varias razones, obtenidas de diversas fuentes probatorias, las que llevaron al sentenciador a establecer que Transportes Armenia S.A. incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n de normas prevista en el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, lo que le permiti\u00f3 obtener una ventaja competitiva significativa frente a los dem\u00e1s entes que prestan ese servicio terrestre en la ruta Cali-Armenia y viceversa. <\/p>\n
A pesar de ello, la censora combate \u00fanicamente la conclusi\u00f3n relacionada con las figuras de \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb que esa autoridad estableci\u00f3 a partir de lo expuesto por la representante legal de Transportes Armenia S.A. en la audiencia de interrogatorio de parte, as\u00ed como de los actos administrativos que dan cuenta de la sanci\u00f3n que en ese \u00e1mbito le fue impuesta a tal entidad tras ser hallada responsable de obrar por fuera de la capacidad transportadora concedida para ejercer su labor en el mercado en el cual participa, sin advertir que el veredicto fustigado se fund\u00f3 tambi\u00e9n en otros razonamientos, ya vistos, que fueron pieza clave en su construcci\u00f3n. <\/p>\n
Quiere decir que la acusaci\u00f3n no es envolvente, sino inconclusa y fragmentada comoquiera que algunos de los soportes del fallo atacado se mantuvieron a salvo del ataque propuesto por la recurrente, raz\u00f3n de m\u00e1s para inadmitir el embiste, pues aun de suponer el acogimiento del reparo previamente compendiado la decisi\u00f3n de instancia seguir\u00eda inc\u00f3lume porque los puntos no discutidos la sostendr\u00edan. <\/p>\n
Como se expres\u00f3 en el ya mencionado CSJ AC3641-2020, <\/p>\n
[q]uien pretende comprobar un yerro de juzgamiento, entonces, no puede limitarse a exponer su versi\u00f3n particular de la controversia, como si de un alegato de instancia se tratara, sino que debe ocuparse de derruir todos y cada uno de los pilares de la sentencia que combate, pues mientras estos se mantengan inc\u00f3lumes, la providencia no puede ser quebrada\u2026. <\/p>\n
e. El quinto, que alega error de derecho, incurre en entremezclamiento de yerros porque, aunque alega el de iure, se entromete en el de facto cuando dice que el Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que la representante legal de Transportes Armenia S.A. confes\u00f3 que esa entidad hac\u00eda \u00abconexi\u00f3n o empalme\u00bb, pues esa directiva no admiti\u00f3 tal hecho, tanto as\u00ed que en la respuesta al libelo se expuso que los tiquetes que as\u00ed lo sugieren fueron redarg\u00fcidos de falsos. <\/p>\n
Tal hibridismo brota de bulto si se tiene en cuenta que la censora centra su inconformidad en que el ad quem, tergivers\u00f3 el contenido material del interrogatorio absuelto por la representante legal de la demandada, sin advertir que ese reparo est\u00e1 referido a un error de hecho que se habr\u00eda producido en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba. <\/p>\n
Ese defecto impide aceptar el cargo, porque como se indic\u00f3 en CSJ AC2337-2018, <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, los cargos deben formularse de manera separada, por lo que no es dable mezclar las diversas causales, v\u00edas o errores; en consecuencia, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, sin que sea dable fusionarlos o realizar cr\u00edticas comprensivas de varios de ellos. <\/p>\n
(\u2026) si se alega error de hecho no se puede cuestionar la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba porque a ella no pudo haber llegado el fallador al haber errado en la valoraci\u00f3n material como fase previa; en cambio, si se plantea error de derecho debe aceptarse que el tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el contenido material de la evidencia, solo que err\u00f3 en su calificaci\u00f3n jur\u00eddica porque le otorg\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a un medio que carec\u00eda de \u00e9l o dej\u00f3 de concederle peso al que s\u00ed lo ten\u00eda. <\/p>\n
Ello explica por qu\u00e9 no se puede aceptar la fusi\u00f3n o amalgamiento evidenciado, toda vez que los errores de hecho y de derecho tienen que ver con situaciones disimiles para las cuales la ley ha previsto un camino propio a trav\u00e9s del cual debe alegarse, uno y otro, por separado, sin que pueda la Corte dejar de lado tal hibridismo, porque la casaci\u00f3n es un recurso formal, dispositivo y extraordinario sujeto a unas reglas formales de t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, el embate es impreciso porque dice que el Tribunal debi\u00f3 decretar una prueba de oficio a fin de constatar la falsedad de los dos tiquetes que arrim\u00f3 cuando contest\u00f3 el libelo y que propend\u00edan demostrar que la decisi\u00f3n administrativa que la hall\u00f3 responsable de hacer conexi\u00f3n o empalme y la sancion\u00f3 se bas\u00f3 en medios espurios, pero no indica cu\u00e1l es el medio que de forma inquisitiva debi\u00f3 haberse acoplado al plenario. <\/p>\n
Entonces, al no singularizar las pruebas que oficiosamente debi\u00f3 ordenar el sentenciador de segundo grado, es inviable admitir a tr\u00e1mite un cargo frente al que, por la indeterminaci\u00f3n del planteamiento, resulta imposible establecer su trascendencia respecto del fallo reprochado. <\/p>\n
Frente a esta exigencia, en CSJ AC1492-2019 se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que <\/p>\n
(\u2026) el error de derecho por omitir el decreto de pruebas de oficio, reclama del impugnante una labor de se\u00f1alar, con la precisi\u00f3n y claridad debida, el medio de acreditaci\u00f3n que en concreto debi\u00f3 decretarse y practicarse, y que no fue valorado por el juzgador, por ejemplo, por carecer de alg\u00fan requisito previsto para su validez o eficacia. <\/p>\n
En \u00faltimas, el ataque ni siquiera se esfuerza por hacer ver la manera en que tal informaci\u00f3n habr\u00eda variado las resultas del proceso y, de contera, desvirtuado el sustento de las dem\u00e1s pruebas que sirvieron al Tribunal para justificar su veredicto, vaguedad que conspira contra su admisi\u00f3n. <\/p>\n
f. El sexto, que cabalga sobre la causal quinta de casaci\u00f3n, se funda en que el juzgador incurri\u00f3 en \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb al corregir su propia decisi\u00f3n porque la reform\u00f3 y mantuvo los \u00edtems en los cuales el a quo hab\u00eda declarado responsable a Transportes Armenia S.A. de la conducta de competencia desleal prevista en el art\u00edculo 18 de la Ley 256 de 1996, pese a que en el fallo que desat\u00f3 la alzada dijo revocar tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, no especifica la causal de invalidez que alega, ni la norma jur\u00eddica que la contiene, a pesar que deb\u00eda hacerlo porque en materia de nulidades procesales existe un sistema cerrado o n\u00famerus clausus que indica que solamente tienen la virtualidad de retrotraer -total o parcialmente- la actuaci\u00f3n aquellas anomal\u00edas previamente tipificadas en la ley como motivos de invalidez, tanto as\u00ed que las dem\u00e1s irregularidades se tendr\u00e1n por saneadas si no se invocan oportunamente, de ah\u00ed que el planteamiento no se amolda a las exigencias legales, entre ellas a la del art\u00edculo 136 del estatuto adjetivo que exige, entre otras cosas, expresar la causal invocada, deficiencia t\u00e9cnica que lo torna en una simple inconformidad con la forma como se desenvolvi\u00f3 el litigio en segunda instancia. <\/p>\n
Sobre ello, en CSJ AC3678-2021 se destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) las nulidades procesales se rigen, entre otros, por el principio de taxatividad o especificidad, lo que significa que solamente se puede invalidar la actuaci\u00f3n por alguno de los motivos previamente establecidos en la ley, pues en ese sentido rige un sistema numerus clausus, que traduce relaci\u00f3n cerrada o n\u00famero limitado, de ah\u00ed que solamente se puede invocar como motivo de invalidez procesal alguna de las circunstancias previstas como causal de nulidad. <\/p>\n
En todo caso, el reparo deviene intrascendente porque parte de un supuesto equivocado consistente en que el ad quem reform\u00f3 oficiosamente la sentencia de segunda instancia, lo que lejos est\u00e1 de ser cierto, pues lo que hizo fue enmendar una patente irregularidad advertida cuando resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n que en forma tempestiva plante\u00f3 la accionante, como consta en auto de 14 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Por lo tanto, se trat\u00f3 de un correctivo que busc\u00f3 armonizar el ac\u00e1pite resolutivo con la parte motiva del fallo, pues en esta \u00faltima se hab\u00eda fijado, y de forma inequ\u00edvoca, el rumbo y el alcance de la decisi\u00f3n que sin dicho ajuste resultaba incoherente y descontextualizada, pues su contenido dada a entender que se hab\u00eda abolido todo el fallo apelado, aun cuando de la considerativa se infer\u00eda claramente que estaba enfocada a reformarlo con la revocatoria de la condena en perjuicios, pero confirmando los dem\u00e1s aspectos. <\/p>\n
Ello significa que la referida enmienda era necesaria para superar el desliz ocurrido en la resolutiva de la sentencia y armonizar ese \u00edtem con la parte considerativa, porque, como se precis\u00f3 en CSJ SC4127-2021, esos dos elementos \u00ab\u2026forman una unidad tem\u00e1tica inescindible, al punto que una sustenta la otra y ambas integran el silogismo judicial, raz\u00f3n por la que deben ser interpretadas sistem\u00e1ticamente y no de forma insular\u00bb. <\/p>\n
6. En consecuencia, como los planteamientos de las aludidas demandas no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisibles las demandas de casaci\u00f3n presentadas por ambas partes para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia de 13 de octubre de 2020, corregida el 4 de diciembre siguiente, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. en el proceso de competencia desleal que adelant\u00f3 Transportes Expreso Palmira S.A. contra Transportes Armenia S.A. <\/p>\n
Segundo: T\u00f3mense las anotaciones pertinentes, por secretaria, y env\u00edese copia de la presente providencia al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC1561-2022 (2016-76110-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1561-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2016-76110-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del 24 de febrero de 2022) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por ambas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}