AC1591-2022 (2022-00965-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1591-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00965-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dec\u00eddase el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca) y Once Civil Municipal de Manizales (Caldas), para conocer del proceso monitorio promovido por Consulta y Control de Ingenier\u00eda S.A.S. contra DQ Ingenier\u00eda S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El libelo justific\u00f3 la competencia \u00aben raz\u00f3n a lo consagrado en el numeral 3 del art\u00edculo 28 del CGP, el cual dispone que es competente del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones en los procesos originados en un negocio jur\u00eddico\u2026 que para este efecto es el municipio de Santiago de Cali\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia territorial y la remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo de Manizales, toda vez que la convocada tiene su domicilio y direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n en esa ciudad, conforme se advierte del certificado de existencia y representaci\u00f3n adosado con el libelo gestor. Adicionalmente, si bien trat\u00e1ndose de obligaciones derivadas de negocios jur\u00eddicos existe concurrencia de competencia entre el domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, en las facturas allegadas como prueba del negocio jur\u00eddico no se estableci\u00f3 este \u00faltimo, raz\u00f3n suficiente para aplicar el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de atribuciones, tras estimar que existen fueros concurrentes a elecci\u00f3n del demandante, el lugar del domicilio del demandado conforme lo regalado por el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, de conformidad con el numeral 3 del mismo precepto normativo. Advirti\u00e9ndose que el domicilio de la demandada es la ciudad de Manizales y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n es Cali, en atenci\u00f3n a que al no haberse indicado este \u00faltimo se aplica el inciso 3 del art\u00edculo 621 y el precepto 876 del C\u00f3digo de Comercio, situaci\u00f3n que encuentra sustento en el precedente de esta Corte (AC3144-2019), por cuanto la accionante, haciendo uso de la facultad que les otorga el legislador, opt\u00f3 por incoar la acci\u00f3n ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, conforme lo especific\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta de que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional de ambos, de acuerdo con consagrado por los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Antes de resolver el conflicto de competencia de la radicaci\u00f3n, por tener impacto en la decisi\u00f3n que se tomar\u00e1, es oportuno recordar que el objetivo primordial del proceso monitorio o de inyunci\u00f3n, como tambi\u00e9n se le conoce1, es que el acreedor obtenga el t\u00edtulo ejecutivo del que carece. <\/p>\n
Se trata, precisamente, de uno de los mecanismos para satisfacer el derecho de cr\u00e9dito, con miras a activar la responsabilidad del deudor incumplido, porque solamente al acreedor que tiene en su poder uno o varios documentos que provienen del deudor o hacen plena prueba en su contra y, adem\u00e1s, acreditan una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible, le es posible \u00abexigir coercitivamente la prestaci\u00f3n espec\u00edfica determinada en el t\u00edtulo y, en subsidio, trocado el bien o el servicio en dinero, realizar la expropiaci\u00f3n forzosa de los bienes del deudor por causa de utilidad privada, hasta concurrencia de su equivalente pecuniario de la prestaci\u00f3n y de los perjuicios del incumplimiento, mediante proceso ejecutivo\u00bb2, prerrogativas estas consagradas en el derecho sustancial, espec\u00edficamente en los mandatos 2488 y 2492 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De ah\u00ed que la finalidad del tr\u00e1mite inyuntivo estribe en que, posteriormente, pueda iniciarse el juicio ejecutivo para que el obligado pague, es decir, ejecute \u00abla prestaci\u00f3n de lo que se debe\u00bb o su equivalente, como lo se\u00f1ala el precepto 1626 \u00eddem, e indemnice los perjuicios causados con su incumplimiento. <\/p>\n
Explicado de otra forma, sin t\u00edtulo no hay ejecuci\u00f3n porque la ley (hoy la regla 422 del C\u00f3digo General del Proceso, antes la 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) exige para promover ese juicio de responsabilidad civil por el incumplimiento de una obligaci\u00f3n, que el acreedor satisfaga, primero, ese espec\u00edfico est\u00e1ndar de prueba. <\/p>\n
El proceso monitorio no hac\u00eda parte de los reglamentados por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que, en vigencia de ese estatuto, el acreedor hu\u00e9rfano de t\u00edtulo ejecutivo solo ten\u00eda dos opciones para obtenerlo. La primera alternativa consist\u00eda en promover un proceso declarativo para que, al final, la sentencia fuera el documento base de la ejecuci\u00f3n posterior, siempre que en ella se condenara el cumplimiento de una prestaci\u00f3n; la segunda radicaba en suscitar que el obligado reconociera la existencia y contenido de la prestaci\u00f3n inejecutada, mediante la convocatoria a una audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho (art\u00edculo 27 de la ley 640 de 2001), o la citaci\u00f3n a un interrogatorio de parte anticipado (mandato 294 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), hoy denominado por la legislaci\u00f3n vigente, extraprocesal (precepto 184 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Aunque el juicio monitorio data del siglo XIII3, tan solo fue incorporado en Colombia con la expedici\u00f3n de la ley 1564 de 2012, y se consagr\u00f3 como un mecanismo que, en adici\u00f3n a los mentados en el p\u00e1rrafo anterior, permite al titular del derecho de cr\u00e9dito proveerse de un t\u00edtulo ejecutivo y, as\u00ed, satisfacer su derecho sustancial de activar la responsabilidad del deudor renuente. <\/p>\n
En nuestro pa\u00eds se introdujo el tr\u00e1mite inyuntivo puro (en oposici\u00f3n al documental), modalidad en la que basta la afirmaci\u00f3n del promotor sobre la existencia, contenido, e incumplimiento de la prestaci\u00f3n, para que pueda iniciar el tr\u00e1mite4. Tambi\u00e9n se opt\u00f3 por la tipolog\u00eda limitada que (a diferencia de la ilimitada) solamente se admite para las obligaciones dinerarias, contractuales, exigibles y que no est\u00e9n sometidas al cumplimiento de una prestaci\u00f3n a cargo del accionante (reglas 419 y 420, numeral 5, \u00eddem)5. <\/p>\n
La demanda debe cumplir los requisitos previstos en el precepto 420 de la obra citada, destacando que para su elaboraci\u00f3n puede emplearse los formatos que, con autorizaci\u00f3n legal, ha preparado el Consejo Superior de la Judicatura y se encuentran disponibles en su p\u00e1gina web6. <\/p>\n
Como la caracter\u00edstica esencial del proceso monitorio radica en invertir el contradictorio, si el libelo cumple las exigencias previstas en la disposici\u00f3n nombrada, se proferir\u00e1 un auto que no es susceptible de ser impugnado, mediante el cual se ordenar\u00e1 al deudor ejecutar la prestaci\u00f3n insatisfecha o explicar \u00ablas razones por las que considera no deber en todo o en parte\u00bb, pues si no lo hace el juez deber\u00e1 \u00abdicta[r] sentencia\u00bb que no \u00abadmite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenar\u00e1 al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelaci\u00f3n de la deuda\u00bb (ver regla 421 ejusdem). <\/p>\n
3. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n que, si \u00e9ste tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (AC2738, 5 may. 2016, rad. n.\u00ba 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 del referido precepto dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. n.\u00ba 2016-01858-00). <\/p>\n
Y como el proceso monitorio de nuestro pa\u00eds debe tener origen en un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes para conocerlo, a elecci\u00f3n del demandante, los Jueces Civiles del domicilio del demandado o \u00abdel lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, en aplicaci\u00f3n de los numerales 1 y 3 del precepto 28 ejusdem. <\/p>\n
4. Descendiendo las anteriores premisas al caso sub judice, se colige que lo procedente es aplicar la regla de competencia prevista por el numeral 3 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues adem\u00e1s de as\u00ed expresarlo el ac\u00e1pite pertinente del libelo introductorio, si bien se advierte que en las facturas de compra allegadas no se estipul\u00f3 un lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, el precepto 876 del C\u00f3digo de Comercio indica que las obligaciones que tengan por objeto sumas de dinero se deber\u00e1n cumplir en el domicilio del acreedor, siendo en este caso en particular la ciudad de Cali conforme se desprende del certificado de existencia y representaci\u00f3n de la convocante, adosado con la demanda. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca), por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n a la otra funcionaria involucrada en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CALAMANDREI, Piero (SENTIS MELENDO, Santiago, trad.), El procedimiento monitorio, Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina, Buenos Aires, 1946, p. 26. <\/p>\n
2\u0002 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones, T. I, tercera edici\u00f3n, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, 2007 p. 79 <\/p>\n
3\u0002 CORREA DELCASSO, Juan Pablo, El proceso monitorio, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1998, p. 13. <\/p>\n
4\u0002 A contrario sensu, en los monitorios documentales s\u00ed es necesario que el acreedor presente un documento (que no es t\u00edtulo ejecutivo) para promover el proceso. Sobre esta diferencia cfr. CALAMANDREI, Piero (SENTIS MELENDO, Santiago, trad.), ob. Cit. p. 27 y 28. Para constatar estas caracter\u00edsticas del inyuntivo colombiano pueden verse los art\u00edculos 419 a 421 de la ley 1564 de 2012. <\/p>\n
5\u0002 En otras latitudes existen monitorios ilimitados, donde no existen topes respecto de las obligaciones que puede cobrarse. <\/p>\n
6\u0002 El de la demanda en: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/7137091\/7146431\/Formato4.pdf\/f7394148-4d15-494c-8d3b-35c90a1e3984 <\/A> y el de la contestaci\u00f3n en: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/7137091\/7146431\/Formato4.pdf\/f7394148-4d15-494c-8d3b-35c90a1e3984 <\/A><\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AC1591-2022 (2022-00965-00) AC1591-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00965-00 Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Dec\u00eddase el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca) y Once Civil Municipal de Manizales (Caldas), para conocer del proceso monitorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}