AC1625-2022 (2011-00405-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1625-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-005-2011-00405-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado por los demandantes frente a la sentencia proferida el 26 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso verbal por responsabilidad civil extracontractual adelantado por Virgilio Jos\u00e9 Escamilla Arrieta y Jorge Pallares Bosa contra la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pidieron declarar civilmente responsable a la convocada de los perjuicios materiales e inmateriales que les ocasion\u00f3 al denunciarlos penalmente, conden\u00e1ndola a pagar a cada uno, por raz\u00f3n de los primeros, doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) m\u00e1s los intereses moratorios causados y que se contin\u00faen generando hasta el pago de la obligaci\u00f3n, y de los segundos, cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento en que se satisfagan; adem\u00e1s, los costos extraprocesales por las diligencias obligatorias previas en procura de conciliar extrajudicialmente. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
4.- El superior, al desatar la apelaci\u00f3n de los perdedores, confirm\u00f3 el anterior fallo. <\/p>\n
5.- Los gestores formularon recurso de casaci\u00f3n, que el magistrado sustanciador concedi\u00f3 al estimar colmadas las exigencias legales, entre ellas el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir, por cuanto \u00ab[e]l apoderado recurrente, presenta el recurso, sin hacer menci\u00f3n sobre el valor de sus pretensiones econ\u00f3micas, pero revisado el plenario del proceso las pretensiones estimadas en $5.000.000.000 y 1.000 SMLM, por perjuicios materiales y morales\u00bb. <\/p>\n
6.- Contra la anterior determinaci\u00f3n, el extremo pasivo formul\u00f3 recurso de s\u00faplica que el funcionario declar\u00f3 improcedente, disponiendo ejecutar la orden previa de remision de la actuaci\u00f3n a esta sede. <\/p>\n
2.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las normas procesales consagran varios supuestos para conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ya que solo procede contra determinadas sentencias, cuando lo interpone en tiempo un litigante legitimado y, en caso de tratarse de reclamaciones netamente econ\u00f3micas, si la resoluci\u00f3n desfavorable al opugnador excede los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a lo que se suman los ordenamientos consecuenciales a la ejecutabilidad de las mismas, seg\u00fan las pautas dadas por los art\u00edculos 334 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y as\u00ed advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita la devoluci\u00f3n de las actuaciones para su escrutinio en forma. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se dijo en AC7929-2017, reiterado en AC210-2022, al se\u00f1alar que, <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n de admitir la impugnaci\u00f3n extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser as\u00ed, volver\u00e1 al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesi\u00f3n, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporaci\u00f3n, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013 en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros). <\/p>\n
2.- Ahora bien, en los pleitos de contenido esencialmente patrimonial el art\u00edculo 339 ibidem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos que militan en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que aquel asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
En AC6081-2017, reiterado entre otros en AC3302-2019 y AC4032-2019, la Corte manifest\u00f3 en relaci\u00f3n con el aparte transcrito que, <\/p>\n
[e]sta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad. <\/p>\n
A\u00f1adiendo que, <\/p>\n
[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01). <\/p>\n
3.- Trat\u00e1ndose de un proceso de responsabilidad civil donde varios gestores conforman un litisconsorcio facultativo, para efectos de establecer el monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n es menester examinar el desmedro patrimonial que la sentencia les irroga individualmente, comoquiera que al tenor del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo General del Proceso, deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados y los actos de cada uno no redundan en provecho ni en perjuicio de los otros. En tal virtud, no es factible para ese prop\u00f3sito realizar la sumatoria de las aspiraciones econ\u00f3micas de todos los afectados con el fallo censurado. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC-7068-2016, se memor\u00f3 lo expuesto en AC, 1\u00b0 mar. 2011, rad. n\u00b0 2010-01614-00, que en lo pertinente expuso: <\/p>\n
[\u2026] cuando de un litisconsorcio facultativo se trata, ha de examinarse en punto de las distintas personas que lo conforman y, concretamente, en relaci\u00f3n con el menoscabo que el fallo a cada una de ellas les irroga, individualmente consideradas, conforme a la autonom\u00eda e independencia que revisten sus pretensiones, habida cuenta que la apuntada especie litisconsorcial acaece cuando \u2018quienes integran la parte, por razones de econom\u00eda procesal y mediando v\u00ednculos ya sea sobre el objeto, la causa o los medios de prueba, acuden voluntariamente a formular pretensiones independientes entre s\u00ed, que bien podr\u00edan formularse en proceso separado\u2019 [\u2026]. De ah\u00ed, que el art\u00edculo (\u2026) [60 actualmente del C\u00f3digo General del Proceso] prescriba que los actos de cada uno de los litisconsortes no redundar\u00e1n en provecho ni perjuicio de los otros, sin que por ello se aflija la unidad del proceso. <\/p>\n
De igual manera, en prove\u00eddo CSJ AC, 28 feb. 2007, rad. n\u00b0 2006-01954-00, se sostuvo: <\/p>\n
[\u2026], cuando en la parte actora concurren varias personas, el inter\u00e9s o la cuant\u00eda para recurrir var\u00eda dependiendo de si son integrantes de un litisconsorcio facultativo, o uno necesario, pues en el primer caso, siendo que se consideran litigantes independientes, los valores reclamados no pueden ser sumados a efectos de estimar la cuant\u00eda del menoscabo que la sentencia les causa, ya que cada uno de ellos es titular de su propio inter\u00e9s, a diferencia del litisconsorcio necesario en el que s\u00ed representa un solo valor. Y como en este asunto los demandantes concurren integrando un litisconsorcio facultativo, la p\u00e9rdida que reclaman debe sopesarse de manera individual o separada. <\/p>\n
4.- En el sub judice, es evidente que el funcionario de segundo grado no realiz\u00f3 un estudio adecuado sobre el inter\u00e9s de los recurrentes para acudir en casaci\u00f3n porque parti\u00f3 de una base equivocada sobre el monto de las pretensiones desestimadas en las instancias, en tanto dio por sentado que alcanzaban $5.000.000.000 por perjuicios materiales y 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por da\u00f1os morales, por dem\u00e1s sin desagregarlas sin advertir que existe un litisconsorcio facultativo, cuando lo cierto es que las mismas ascienden, para cada uno, a doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) m\u00e1s los intereses moratorios hasta cuando se produzca su pago y a cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por da\u00f1o moral, am\u00e9n de los costos para procurar la conciliaci\u00f3n extrajudicial. <\/p>\n
El desatino, al parecer, deriva de una apresurada vista al pliego introductorio, en el cual, en efecto, se alude a las cifras citadas por el ad quem, pero no por el concepto relevante para determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, sino como parte de los hechos en donde se narra que en la denuncia penal que dio origen a este proceso la Sociedad Portuaria se constituy\u00f3 en parte civil y pidi\u00f3 ser indemnizada en cinco mil millones de pesos por perjuicios materiales y 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por los inmateriales. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis del fallador de instancia ha debido centrarse en las pretensiones que efectivamente se formularon en el presente proceso y que fueron materia de negativa en las instancias, pero recay\u00f3 sobre unos conceptos ajenos, por lo que se precipit\u00f3 al conceder el ataque sin dilucidar con grado de certeza las perspectivas de cada uno de los demandantes en cuanto a la reparaci\u00f3n de las afectaciones presuntamente sufridas, quedando incierto el componente econ\u00f3mico que estaba en juego para efectos de la viabilidad de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 que el recurso fue concedido de manera prematura y se devolver\u00e1n las diligencias al remitente para lo de su cargo. <\/p>\n
3.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento del Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n formulado por los demandantes. <\/p>\n
Segundo: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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