ATC469-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC469-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-000158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 9 de marzo de 2022, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Isney Cuellar Rodr\u00edguez, en representaci\u00f3n de sus dos menores hijos, contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Barranquilla (Combarranquilla), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n y vida digna de sus menores hijos, que dice vulnerados por las convocadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene (i) al juzgado accionado la \u00abexpedici\u00f3n de una copia autentica del fallo mediante el cual se [le] reconoce la custodia de [sus] hijos\u2026, con fecha expedici\u00f3n reciente, para as\u00ed llenar uno de los requisitos que exige\u2026 Combarranquilla\u00bb; (ii) al ICBF que \u00abrealice los tr\u00e1mites administrativos internos que sean necesarios tendientes a la inmediata expedici\u00f3n de una constancia que se\u00f1ale que el padre biol\u00f3gico de [sus] hijos\u2026, no le est\u00e1 aportando ninguna ayuda econ\u00f3mica a los menores\u00bb; y (iii) a Combarranquilla que \u00abuna vez reciba y acepte como pruebas las constancias que se piden\u2026, realice\u2026 los tr\u00e1mites internos administrativos que sean necesarios tendientes al reconocimiento de los subsidios a que tienen derecho [sus] hijos desde el mes de febrero del a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de sus pretensiones la accionante manifest\u00f3 que: <\/p>\n
2.1. Erik Jos\u00e9 Manjarrez Pacheco es su compa\u00f1ero permanente \u00aby es quien tiene afiliado a [sus] hijos en la entidad Combarranquilla\u2026, a pesar de que no son sus hijos biol\u00f3gicos\u00bb, raz\u00f3n por la cual los menores, que \u00abpresentan discapacidad\u2026, recib\u00edan un subsidio desde la [prenotada caja de compensaci\u00f3n] para pagar sus estudios\u00bb. <\/p>\n
2.2. \u00abCuando los ni\u00f1os son discapacitados y quien los tiene afiliados no es su padre biol\u00f3gico, desde\u2026 Combarranquilla exigen un documento adicional este es, el documento que demuestra la custodia de los menores\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abuna constancia de que el padre biol\u00f3gico no le est\u00e1 aportando nada a los menores, es decir demostrar que no est\u00e1 cumpliendo con sus deberes como padre econ\u00f3micamente, como efectivamente sucede porque ni siquiera los visita\u00bb. <\/p>\n
2.3. Para conseguir la aludida constancia, \u00abacudi\u00f3 [a] la comisaria de familia del Barrio las Moras, y all\u00e1 [le] informaron que ya no estaban haciendo ese documento\u2026 y que no [le] pod\u00edan ayudar, por lo que entonces [se] dirigi\u00f3 al ICBF del Municipio de Soledad, en donde me informaron que ten\u00eda que presentar[s]e con el padre biol\u00f3gico\u00bb, cuyo paradero desconoce. <\/p>\n
2.4. El \u00abdocumento que [tiene] que demuestra que [ella] tiene la custodia, fue mediante fallo expedido por el Juez Primero Promiscuo de Familia de Soledad\u00bb, el cual \u00abtiene fecha de octubre del a\u00f1o 2017, que fue la fecha en que [se notific\u00f3] de ese fallo\u00bb, pero que Combarranquilla \u00abexige que\u2026 debe ser actualizado\u00bb. <\/p>\n
2.5. Combarranquilla le \u00abest\u00e1 solicitando un documento imposible\u00bb, pues la \u00abconstancia [que demuestre que el] padre biol\u00f3gico\u2026 no les ayuda econ\u00f3micamente [a sus hijos], [no la expide] el ICBF\u2026, [ni] el juzgado tampoco lo entrega, tampoco la comisaria de familia\u00bb; y que \u00abla raz\u00f3n de la tutela es que si no se [se] resuelve esta situaci\u00f3n a los ni\u00f1os no [les] dan el subsidio y [sus] hijos tienen discapacidad por lo que de paso se le viola su derecho a la educaci\u00f3n por no tener la posibilidad de acudir a un colegio especial\u00bb, porque \u00abpor su condici\u00f3n de discapacitados requieren de una educaci\u00f3n especial y esos colegios son car\u00edsimos y si no se llenan los requisitos imposibles\u2026 que exige\u2026 Combarranquilla, [sus] hijos se quedaran sin estudiar\u2026, porque [ella] no [tiene] ninguna posibilidad econ\u00f3mica para cancelar el colegio\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, el ICBF destac\u00f3 que \u00abno es dable expedir\u2026 una certificaci\u00f3n bajo los t\u00e9rminos que la querellante requiere, pues habr\u00eda lugar a la expedici\u00f3n de \u00e9sta, si en el marco de una audiencia de conciliaci\u00f3n se llegare a probar los hechos que aduce la accionante\u00bb. <\/p>\n
3.1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad destac\u00f3 que \u00abrevisados [sus] registros de peticiones y memoriales diarios no se avizora en el correo del despacho, ninguna solicitud de la accionante en tutela tendiente a obtener las copias aut\u00e9nticas\u00bb, pero que \u00aben aras de atender prevalentemente, el inter\u00e9s superior de los menores\u2026 y comoquiera que solo a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional se conoci\u00f3 la necesidad del documento requerido, se procede de inmediato a remitirle a la aqu\u00ed accionante copia autenticada actual de la sentencia\u2026\u00bb <\/p>\n
3.2. La Comisar\u00eda Tercera de Familia de Soledad dijo coadyuvar la solicitud de la promotora. <\/p>\n
3.3. La Procuradur\u00eda 5 Judicial II de Familia de Barranquilla destac\u00f3 que \u00abla presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n y vida digna de los menores\u2026 no se le podr\u00eda endilgar al ICBF\u2026 y Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, toda vez que dichas entidades no son las competentes para el desarrollo del tr\u00e1mite del subsidio familiar, quedando \u00fanicamente como el ente encargado de dicha funci\u00f3n Combarranquilla\u00bb. <\/p>\n
3.4. Combarranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en fallo de tutela de 9 de marzo de 2022, neg\u00f3 el amparo reclamado, por cuanto \u00abla accionante no acredita haber formulado una concreta petici\u00f3n por escrito que no se le hubiera resuelto en forma oportuna\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la querellante, quien insiste en que se debe conceder el amparo de los derechos fundamentales de sus menores hijos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, a Combarranquilla, entidad que suspendi\u00f3 el pago del subsidio que amparaba los menores hijos de la promotora del amparo, hasta tanto se alleguen una serie de documentos, cuya consecuci\u00f3n tilda de \u00abimposible\u00bb la gestora, poniendo en riesgo las garant\u00edas fundamentales de los prenombrados menores, quienes, adicionalmente, sufren de una discapacidad. <\/p>\n
Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), establece que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
2. Ahora, que la demanda de amparo se hubiese dirigido contra el ICBF y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, no conlleva la alteraci\u00f3n del funcionario competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de las prenotadas entidades se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, la queja de la actora se dirige, en esencia, a cuestionar la decisi\u00f3n de Combarranquilla de suspender el pago del subsidio familiar que se ven\u00eda entregando a sus hijos menores de edad, desconociendo su condici\u00f3n de discapacidad y so pretexto de la necesidad de allegar unos documentos, que le ha sido \u00abimposible\u00bb obtener a la promotora, actuaci\u00f3n que, en manera alguna, le es atribuible al mencionado juzgado ni al ICBF. <\/p>\n
3. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles Municipales de Soledad, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles Municipales de Soledad, de acuerdo con el reparto, para que se asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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