ATC470-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC470-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03514-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno contra el Magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villareal (sustanciador), integrante de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Emilio Boggioni promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Michele Cotugno, quien falleci\u00f3 en el curso del proceso, siendo reconocidos como sus sucesores procesales Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno. <\/p>\n
1.1. Mediante providencia del 13 de abril de 1999, se dispuso el embargo y secuestro de las \u00abmejoras y construcciones que tiene el demandado\u00bb en el inmueble ubicado en la avenida San Mart\u00edn No. 7-55 de Cartagena. <\/p>\n
1.2. El 14 de mayo de 1999, se adelant\u00f3 el prenotado secuestro, en el que se entreg\u00f3 la administraci\u00f3n de los bienes al secuestre designado. <\/p>\n
1.3. Posteriormente, con prove\u00eddo del 10 de julio de 2015, se dispuso la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito y se levantaron las cautelas decretadas. <\/p>\n
1.4. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de auto del 20 de octubre de 2015, el estrado accionado orden\u00f3 al secuestre \u00abque haga entrega a la parte demandada de las mejoras y construcciones\u00bb ubicadas en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena. <\/p>\n
1.5. Seguidamente, con providencia del 18 de junio de 2019, el estrado convocado declar\u00f3 \u00abla ilegalidad\u00bb del auto de 20 de octubre de 2015, al considerar que: <\/p>\n
\u2026 no se realiz\u00f3 en debida forma el embargo del derecho sobre las mejoras pertenecientes al demandado, [toda vez que] ni en la diligencia de secuestro ni con posterioridad\u2026 se notific\u00f3 ni a la ejecutada ni al due\u00f1o del predio conforme a lo preceptuado en los art\u00edculos 681, 682 del CPC, como tampoco del 1964 del CC y por ello se tiene, en estricto sentido, que no existe ninguna medida cautelar como tal sobre el bien por su falta de perfeccionamiento. <\/p>\n
1.6. Contra esa decisi\u00f3n, la parte ejecutada formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con prove\u00eddo del 4 de septiembre de 2019 y, el segundo, mediante determinaci\u00f3n del 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
1.7. Acontecido lo anterior, los demandados solicitaron al Tribunal convocado la nulidad de lo actuado, petici\u00f3n que fue negada con auto 20 de agosto de 2021, decisi\u00f3n censurada en s\u00faplica, siendo confirmada con providencia del 10 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2. Por considerar que el referido juez ad quem incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, entre otras razones, por confirmar el prenotado prove\u00eddo de 18 de junio de 2019, que declar\u00f3 \u00abla ilegalidad\u00bb del auto de 20 de octubre de 2015, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 al secuestre \u00abque haga entrega a la parte demandada de las mejoras y construcciones\u00bb ubicadas en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, Giuseppina Vittoria Fiori, Pasquale y Antonina Cotugno, a trav\u00e9s de apoderado judicial, promovieron acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. La tramitaci\u00f3n de la mencionada acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala Especializada, la cual, mediante fallo de 13 de octubre de 2021 (STC13614-2021), concedi\u00f3 el resguardo; en consecuencia, orden\u00f3 al Tribunal enjuiciado que, \u00ab\u2026dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas\u2026, deje sin efecto la providencia de 13 de mayo de 2021, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra la dictada el 18 de junio de 2019, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron\u2026\u00bb; y que, cumplido lo anterior, \u00aben un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas\u2026, emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la all\u00ed demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n
4. Posteriormente, los promotores instauraron incidente de desacato contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, habida cuenta que, seg\u00fan ellos, \u00abpasadas las 48 horas iniciales\u2026, el magistrado sustanciador no acat\u00f3 las \u00f3rdenes impartidas\u00bb, comoquiera que \u00abtranscurrieron m\u00e1s de dos meses del a\u00f1o 2021, sin pronunciamiento de ninguna \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
5. Esta Colegiatura, previo requerimiento a la autoridad judicial encargada de atender la orden constitucional, por auto de 25 de marzo de los corrientes, dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la mencionada sede judicial y con prove\u00eddo del pasado 31 de marzo pasado, tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Ante el primero de los requerimientos efectuados, la parte incidentada inform\u00f3 que \u00abmediante providencia de 8 de marzo de 2022\u2026 dej\u00f3 sin efecto la actuaci\u00f3n atacada en sede constitucional y [que] est\u00e1 a la espera de que el [a quo] remita la totalidad del expediente para poder proferir una nueva decisi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, adicion\u00f3 que \u00abmediante providencia de 29 de marzo de 2022\u2026 revoc\u00f3 en todas sus partes la actuaci\u00f3n de 18 de junio de 2019\u2026 y orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen para que hiciera un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos y directrices se\u00f1aladas por la\u2026 Corte Suprema de Justicia\u2026\u00bb <\/p>\n
7. Cumplido lo anterior y estando el tr\u00e1mite en punto de resolver el incidente de desacato, los accionantes comunicaron que \u00abmediante providencia adiada 29 de marzo de 2022, el\u2026 [incidentado] procede a resolver de nuevo la apelaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la que revoc\u00f3 el auto de 18 de junio de 2019 y, adem\u00e1s, orden\u00f3 devolver el expediente al fallador de primera instancia para que \u00abrealice un nuevo pronunciamiento respecto de la medida cautelar de embargo y secuestro sobre el bien [ubicado en la] Avenida San Mart\u00edn 7-44, puntualmente sobre la entrega, pero atendiendo las consideraciones aqu\u00ed se\u00f1aladas y las directrices de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resaltaron que, esta \u00faltima decisi\u00f3n, \u00abes un grave error del\u2026 Magistrado\u00bb, pues es dicho funcionario \u00abquien tiene que resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado, que trata sobre la entrega del bien a sus due\u00f1os, no es el a quo\u2026\u00bb y, adicionalmente, porque \u00abla acci\u00f3n constitucional se dirigi\u00f3 contra el\u2026 Tribunal Superior de Cartagena [y] la\u2026 Corte\u2026 le imparte las \u00f3rdenes es al\u2026 magistrado no al juez\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n destacaron que el incidentando, al devolver el expediente, \u00absin pronunciarse\u2026 incumple las \u00f3rdenes de tutela impartidas y tambi\u00e9n sus funciones legales de resolver la apelaci\u00f3n\u00bb; y que, por ello, solicitaron la adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n del prenotado prove\u00eddo de 29 de marzo pasado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026 no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia. (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04) <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026 no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem) <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb. (\u00cddem) <\/p>\n
En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no s\u00f3lo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la autoridad judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello (CC SU217\/19), es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En esa providencia, se orden\u00f3 al Tribunal enjuiciado que \u00ab\u2026dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas\u2026, deje sin efecto la providencia de 13 de mayo de 2021, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra la dictada el 18 de junio de 2019, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron\u2026\u00bb; y que, cumplido lo anterior, \u00aben un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas\u2026, emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la all\u00ed demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo\u00bb (CSJ STC13614-2021). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto: <\/p>\n
\u2026 al resolver sobre la procedencia de la entrega ordenada con auto del 20 de octubre de 2015, desconoci\u00f3 lo que aconteci\u00f3 en el proceso cuestionado, pues las diligencias daban cuenta que, sin duda, en el curso de la ejecuci\u00f3n, como resultado del embargo y secuestro decretado (con auto del 13 de abril de 1999) sobre las \u00abmejoras y construcciones\u00bb de propiedad del demandado, se aprehendi\u00f3 materialmente el predio ubicado en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, entregando su tenencia al secuestre designado en el asunto. <\/p>\n
Y es que, si bien la Corte no desconoce que, como lo adujo el Tribunal acusado, \u00ablo que se embarg\u00f3, no es cosa distinta al cr\u00e9dito que surgi\u00f3 de la construcci\u00f3n o plantaci\u00f3n de mejoras (art. 970 del C.C.), por parte de los demandados\u00bb y que, por tanto, no hab\u00eda lugar a secuestrar el predio sobre el cual reposaban las referidas mejoras, lo cierto es que, err\u00f3neamente, se adelant\u00f3 la citada aprehensi\u00f3n material, situaci\u00f3n de la cual se desprendieron sendas consecuencias jur\u00eddicas, entre ellas, el que se priv\u00f3 de la tenencia del citado bien a quien la ven\u00eda ostentando y se confiri\u00f3 la administraci\u00f3n del mismo a un auxiliar de la justicia, quien efectivamente ejerci\u00f3 dicha labor, conforme lo reportan las actuaciones que reposan en el expediente. <\/p>\n
En este orden de ideas, al margen del yerro que se cometi\u00f3 al adelantar el prenotado secuestro del bien, lo cierto es que al disponerse la terminaci\u00f3n del proceso cuestionado y ordenarse el levantamiento de las cautelas, el juzgador debi\u00f3 adelantar las diligencias necesarias para restablecer las situaciones al estado en que se encontraban al momento de iniciarse la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, indiscutible es que el estrado criticado, al resolver sobre la procedencia de la entrega dispuesta con auto de 20 de octubre de 2015, desconoci\u00f3 los elementos de juicio que daban cuenta de la aprehensi\u00f3n material del predio ubicado en la Avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, por cuenta de las cautelas decretadas en el juicio cuestionado, y de las consecuencias que de dicha situaci\u00f3n se desprendieron, lo que impon\u00eda adoptar las medidas necesarias para restablecer las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al inicio de tal litigio. <\/p>\n
De igual manera, en esa oportunidad, se destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 contrario a lo que sostuvo el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, en el prove\u00eddo de 18 de junio de 2019, las diligencias denotan que el embargo decretado con auto del 13 de abril de 1999 s\u00ed fue notificado tanto al mejorante como al propietario del predio donde reposaban las mejoras. <\/p>\n
Y es que, de un lado, el mejorante fung\u00eda como demandado en el juicio cuestionado, por lo que al notificarse el auto que decret\u00f3 la aludida medida, aquel qued\u00f3 enterado de la existencia de la cautela; mientras que el propietario del predio se entiende enterado al momento de adelantarse la aprehensi\u00f3n material del mismo, pues fue a partir de ese momento que le surgi\u00f3 la posibilidad de oponerse a dicha medida e, incluso, reclamar su levantamiento, conforme se extracta de lo reglado en los art\u00edculos 686 y 687 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si el Tribunal convocado ha cumplido el mandato dispuesto por esta Colegiatura, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n
De tal labor, prontamente se desprende que dicha c\u00e9lula judicial ha obedecido lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, comoquiera que, examinados los elementos de juicio aportados a esta tramitaci\u00f3n, se observa que, con miras a cumplir el referido mandato, la autoridad convocada (i) dict\u00f3 el prove\u00eddo de 8 de marzo de 2022, con el que dej\u00f3 sin efectos el prove\u00eddo de 13 de mayo de 2021, que resolvi\u00f3 la alzada que se formul\u00f3 frente a la decisi\u00f3n de 18 de junio 2019; y (ii) profiri\u00f3 el auto de 29 de marzo de estas calendas, que decidi\u00f3, nuevamente, la prenotada alzada. <\/p>\n
A trav\u00e9s de esta \u00faltima decisi\u00f3n, el ad quem cuestionado revoc\u00f3 \u00aben todas sus partes el auto de\u2026 18 de junio del 2019\u00bb, que declar\u00f3 \u00abla ilegalidad\u00bb de la providencia de 20 de octubre de 2015, a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 al secuestre \u00abque haga entrega a la parte demandada de las mejoras y construcciones\u00bb ubicadas en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, es decir, que la orden de entrega consignada en el prenotado prove\u00eddo de 20 de octubre de 2015 recobr\u00f3 vigencia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que, como fundamento de la anotada decisi\u00f3n de 29 de marzo pasado, el Tribunal criticado consider\u00f3, con soporte en lo que expres\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la sentencia STC13614-2021, que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para declarar la ilegalidad del referido auto de 20 de octubre de 2015, por lo que se impon\u00eda la revocatoria de la determinaci\u00f3n que as\u00ed lo dispuso, esto es, de la proferida el 18 de junio de 2019. <\/p>\n
5. Como atr\u00e1s se dijera, no se verifica que la sede judicial acusada se hubiese separado de lo ordenado en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo superior, pues, como se dijo, el mandato que deb\u00eda ejecutar se circunscrib\u00eda a que, una vez se dejara sin efectos el prove\u00eddo de 13 de mayo de 2021, procediera a dictar \u00abuna nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la all\u00ed demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo\u00bb, orden que se cumpli\u00f3, \u00edntegramente, con el proferimiento de la prenotada providencia de 29 de marzo de esta anualidad. <\/p>\n
Entonces, es evidente que el estrado enjuiciado adelant\u00f3 las gestiones necesarias para acatar el mandato del juez constitucional. <\/p>\n
6. Cabe a\u00f1adir, en lo que ata\u00f1e a las inconformidades que adujeron los promotores en este escenario, enfiladas a cuestionar la legalidad de la orden contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva del mencionado prove\u00eddo de 29 de marzo de 2022, que orden\u00f3 devolver la actuaci\u00f3n al a quo, \u00ab a fin de que realice un nuevo pronunciamiento respecto a la medida cautelar de embargo y secuestro sobre las mejoras y construcciones que ten\u00eda el demandado sobre el local ubicado en el barrio Bocagrande, Av. San Mart\u00edn No. 7 \u2013 55\u00bb, espec\u00edficamente, \u00absobre la entrega de dichas mejoras, pero atendiendo las consideraciones aqu\u00ed se\u00f1aladas, y las directrices de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC13614-2021 de fecha 13 de octubre de 2021\u00bb; que dicha cuesti\u00f3n escapa a la competencia que, en este escenario, ostenta la Corporaci\u00f3n, comoquiera que es un aspecto que no fue objeto de an\u00e1lisis y resoluci\u00f3n en el fallo que se reputa desatendido, sino que constituye un hecho novedoso que deben plantear por la v\u00edas que consideren pertinentes. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que, como qued\u00f3 visto, en el fallo de tutela que se pregona desatendido, s\u00f3lo se censur\u00f3 al Tribunal convocado el haber confirmado la declaratoria de ilegalidad de la providencia de 20 de octubre de 2015, que orden\u00f3 al secuestre \u00abque haga entrega a la parte demandada de las mejoras y construcciones\u00bb ubicadas en la avenida San Mart\u00edn 7-55 de Cartagena, desconociendo que dicha orden resultaba procedente, ante las circunstancias particulares del caso, lo que conllevaba el quiebre de la decisi\u00f3n objeto de censura constitucional y, por tanto, deb\u00eda dejarse sin efecto con la finalidad que la alzada fuera resuelta nuevamente. <\/p>\n
Sin embargo, al ordenar a la sede judicial cuestionada, decidir nuevamente la apelaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n no limit\u00f3 el an\u00e1lisis que deb\u00eda hacerse en esa instancia, as\u00ed como tampoco dirigi\u00f3 la forma espec\u00edfica en la cual habr\u00eda de definirse el recurso, como parecen entenderlo los quejosos. <\/p>\n
7. En consecuencia, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el incidente formulado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar no probado el desacato endilgado al Magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villareal (sustanciador), integrante de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, respecto del cual se propuso el incidente. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente incidente. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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ATC470-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC470-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03514-03 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el incidente de desacato formulado por Giuseppina Vittoria Fiori, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62556","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62556","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62556"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62556\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}