ATC510-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC510-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto de 5 de abril de 2022, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Luc\u00eda Concepci\u00f3n Arroyave Zuluaga, como agente oficiosa de su hijo Carlos Andr\u00e9s Santa Arroyave, contra el Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango (Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante fallo proferido el 14 de octubre de 2008, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn ampar\u00f3 el derechos fundamental a la salud de Carlos Andr\u00e9s Santa Arroyave, ordenando al Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional que, en el t\u00e9rmino de 48 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, procediera a \u00abautorizar\u2026 la realizaci\u00f3n de \u201cTratamiento en Centro de Rehabilitaci\u00f3n\u201d que requiere el accionante\u2026, as\u00ed como el \u201cTratamiento Psiqui\u00e1trico de Base\u201d contenido en el Acuerdo 002 de 2001. Igualmente, se ordena el Tratamiento Integral que requiere el accionante en raz\u00f3n de la \u201cEsquizofrenia Paranoide\u201d y la farmacodependencia que lo aqueja\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Luc\u00eda Concepci\u00f3n Arroyave Zuluaga, como agente oficiosa de su hijo Carlos Andr\u00e9s Santa Arroyave, radic\u00f3 ante el a-quo constitucional escrito en el que indic\u00f3 que \u00abpasado ya el t\u00e9rmino que se le dio\u2026 al accionado, ha acatado parcialmente lo ordenado en el fallo en sede de tutela, olvidando que un paciente que requiere atenci\u00f3n especial con medicamento esencial; no le suministran o le entregan incompleto el medicamento RIBOTRIL tabletas de 2mg., como lo ordena el galeno tratante, argumentando razones de contrato.\u00bb; asimismo, resalt\u00f3 que \u00abla omisi\u00f3n de la DIRECCI\u00d3N DE SANIDAD MILITAR DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL, al no generar la orden de internaci\u00f3n en centro de rehabilitaci\u00f3n para el tratamiento de [su] hijo CARLOS ANDR\u00c9S\u2026, pone en riesgo [su] vida ya que este genere peligro no solo para [ella], sino tambi\u00e9n para la sociedad, [es] una adulta mayor de 76 a\u00f1os de edad y [es] quien vela por sus cuidados\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal, por medio de auto de 23 de marzo de los corrientes, requiri\u00f3 al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con el fin de que realice las gestiones pertinentes encaminadas al cumplimiento inmediato del prenotado fallo de tutela. <\/p>\n
4. Debido a la falta de respuesta al anterior requerimiento, con prove\u00eddo de 30 de marzo de 2022 se dispuso tramitar el incidente conforme a lo reglado en el Decreto 2591 de 1991, contra el funcionario referido a espacio, surtiendo el traslado de rigor, as\u00ed como la notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la solicitud de resguardo g\u00e9nesis del asunto; t\u00e9rmino que culmin\u00f3 silente. <\/p>\n
5. El Tribunal constitucional de primera instancia, con providencia de 5 de abril de estas calendas, sancion\u00f3 por desacato al \u00abMayor General CARLOS ALBERTO RINC\u00d3N ARANGO en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb; imponi\u00e9ndole \u00abun (1) d\u00eda de arresto y multa de tres (3) salarios m\u00ednimos mensuales legales\u00bb, de conformidad con los art\u00edculos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 (folios 25 a 26 vuelto, cuaderno 1). <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n el a quo, tras destacar las \u00f3rdenes impartidas por el juez constitucional, consider\u00f3 que el incidentado \u00ab\u2026 no ha cumplido con el fallo de tutela del 14 de octubre de 2008, no ha explicado ni probado las gestiones realizadas en orden a cumplir con el fallo, no ha expuesto razones de peso que justifiquen su actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. El expediente se remiti\u00f3 a esta Corte para que fuera consultada la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Es menester indicar que el fallo emitido en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00ab\u2026 su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3. Con base en las anteriores premisas, para establecer si en el caso sub examine el convocado atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n fue ordenado a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito, como qued\u00f3 dicho, que en el t\u00e9rmino de 48 horas a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, \u00abautorizar\u2026 la realizaci\u00f3n de \u201cTratamiento en Centro de Rehabilitaci\u00f3n\u201d que requiere el accionante\u2026, as\u00ed como el \u201cTratamiento Psiqui\u00e1trico de Base\u201d contenido en el Acuerdo 002 de 2001. Igualmente, se ordena el Tratamiento Integral que requiere el accionante en raz\u00f3n de la \u201cEsquizofrenia Paranoide\u201d y la farmacodependencia que lo aqueja\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo constitucional es que esta Corte debe cotejar si la persona destinataria de ese mandato se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta negativa, como es apenas natural deber\u00e1 accederse a la aspiraci\u00f3n de la promotora del presente incidente. <\/p>\n
En efecto, sin mayor consideraci\u00f3n frente al particular, por innecesarias, de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del incidente de desacato, se desprende que ning\u00fan pronunciamiento efectu\u00f3 el incidentado, Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con miras a controvertir lo afirmado por la incidentante, ni tampoco aport\u00f3 prueba alguna para acreditar el cumplimiento del fallo o para justificar la falta de acatamiento de las \u00f3rdenes all\u00ed dispuestas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional no ha atendido lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, pues no acredit\u00f3 haber suministrado el medicamento \u00abribotril\u00bb, menos, las actuaciones tendientes a brindar el tratamiento en centro de rehabilitaci\u00f3n, ni el tratamiento psiqui\u00e1trico de base, que requiere el agenciado; raz\u00f3n por la cual contin\u00faa la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales que justific\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo tutelar cuyo cumplimiento se demanda en este tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
5. Por lo tanto, la decisi\u00f3n consultada habr\u00e1 de confirmarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Confirmar el auto de 5 de abril de 2022, objeto de consulta, por las razones expuestas en la parte motiva de este prove\u00eddo, sin perjuicio del cumplimiento que la autoridad accionada debe dar al fallo de tutela ya descrito en esta providencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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